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De nuevo el Tipnis

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El Tipnis ha vuelto a erigirse en tema de atención nacional ante la inminencia de la construcción de una carretera a través de ese lugar con la venia de los legisladores del gobierno que con un ¨se le mete nomás¨ dieron una voltereta a la decisión que habían tomado hace seis años. Por estos días en 2011, medio millar de habitantes del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure decidió marchar hasta La Paz en un trayecto de 600 kilómetros que duraría poco más de un mes, como recurso extremo para detener la construcción de una carretera que consideraban iba a herir de muerte a su territorio. Los temores de los marchistas cundieron en todo el país, aún más después de que recibieran una paliza inmisericorde de la policía que intentó desbandarlos el 25 de septiembre aquel año. Cuando, por fin, consiguieron subir las alturas y llegar a La Paz, fueron ovacionados por miles de ciudadanos que desbordaron los controles policiales para dar la bienvenida a quienes consideraron como heroes de una epopeya por salvaguardar uno de los pocos rincones naturales que quedan en el mundo.

Presionado por un movimiento genuino de opinión pública que había desbordado el país, cruzaba mares y llegaba a latitudes lejanas donde poco o nada se sabía de Bolivia, el presidente Morales firmó un ley que declaraba al Tipnis un territorio intangible, que no podía ser tocado. Fue la primera vez que un auténtico movimiento social torció el brazo de la primera autoridad nacional. Este pasado miércoles 9 de agosto, los senadores oficialistas levantaron la mano para aprobar la ley que suprimió la intangilidad del lugar y dejaron abierto el camino para construir la carretera por el centro del territorio.

(De este episodio marcante de la historia moderna del país tengo algunos capítulos narrativos y testimoniales en mi libro ¨Labrado en la memoria,  anotaciones de un reportero¨, editado por Plural y expuesto en la Feria del Libro de La Paz que concluye esta semana.)

Creo que el gobierno calculó muy mal si creyó que le saldría barato o gratis abrir la cuestión del Tipnis y tenerla resuelta para la campaña electoral de 2019-20 y la re-re-re con la que la mayoría oficialista parece de nuevo entusiasmada. Le está saliendo costoso. Miren ustedes.

Por las redes sociales abundan llamados para la defensa del lugar. El canción de Luis Rico que destaca el coraje de los habitantes del Tipnis resuena en millares de mensajes que recorren las redes. Junto a la canción, se ha vuelto viral la pintura del artista riberalteño José Moreno Aparicio que muestra en primer plano una paraba multicolor gigante de colores vistosos, que bate las alas como para aventar peligros sobre los que marchaban para llegar a La Paz hace seis años.

Los llamados a favor del parque y contra el status de tangibilidad que le han conferido los legisladores oficialistas parecen destinados a multiplicarse al aproximarse, en septiembre,  el aniversario de la ¨Masacre de Chaparina¨, el lugar donde ocurrió la paliza despiadada ejecutada por la policía y dirigida por autoridades del Ministerio del Interior.

Este movimiento corre independiente de la protesta de los partidos politicos de oposición, que han encontrado en la nueva norma una razón poderosa para actuar en conjunto. Todo cuenta con el aval de una opinion pública cuyo crecimiento luce incontenible, incluso para los propagandistas más empeñosos, pues está recubierta por principios de nobleza indiscutible como la defensa del medio ambiente y la protección de los pueblos indígenas. Son atributos que todo el mundo ama defender. (O casi todo el mundo). A eso se suma el convencimiento de que la carretera por el lugar tiene el propósito de ampliar las áreas de cultivos de coca, una promesa no desmentida del presidente Morales a los miembros de las federaciones que él también preside.

También hay el convencimiento de que no obstante la inquietud ya provocada por el paso dado por el legislativo, el debate no ha llegado a su fin y que la controversia reabierta está solo en sus comienzos. En el umbral parecen haber surgido batallas ecológicas y políticas con bajas cuya magnitude aún se desconoce.

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Decisión dudosa

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En el Día del Trabajo el presidente Morales firmó un decreto que le concede el poder de decidir qué sindicatos podrán existir legalmente. Cuál ha sido el origen de la idea convertida en decreto era, hasta la noche del viernes, una pregunta aún no respondida, pero la medida afecta el derecho de asociación y es un mal augurio para la relación entre el gobierno y los trabajadores. Que hubiera sido anunciada en el día en que los trabajadores de todo el mundo conmemoran es sugestivo.
El viceministro Rada aclaró que lo dispuesto en ese decreto –los otros tres fueron ofuscados, inclusive el del aumento salarial- está regido por la CPE. La pregunta inmediata fue, entonces, ¿era necesario un decreto para una cuestión tan sensible? ¿Qué razones de fondo para sacudir el que ahora luce como un avispero?
Las primeras reacciones al anuncio han sido de perplejidad y molestia, como habría sido previsible. Hasta ahora han sido los trabajadores los que decidían por iniciativa propia y sin ninguna interferencia externa formar un sindicato. Al tomar la decisión, simplemente la comunicaban a las autoridades del Ministerio de Trabajo. Desde ayer, la decisión que les avale la existencia legal deberá partir de una Resolución Suprema firmada por el Presidente del Estado Plurinacional. Citado por Página Siete, el Ministro de Economía y Finanzas Luis Arce dijo que “las personerías jurídicas de las organizaciones sindicales y las centrales obreras, cuyo objeto sea la defensa de los derechos laborales, y las centrales obreras cuyo objeto sea la defensa de los derechos laborales, podrán ser únicamente tramitadas ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social y concluirán en el proceso administrativo con la emisión de una Resolución Suprema; la van a firmar el Presidente del estado Plurinacional para reconocer a cualquier institución sindical”. Dicho en menos palabras: Ahora será el gobierno el que apruebe la formación de un sindicato. Antes sólo refrendaba la decisión asumida por los trabajadores. Ahora emitirá una resolución para conferirle existencia legal. “Ni el Presidente ni el Ministerio (del Trabajo) deberán avalar nada. Hay elecciones en las bases y quienes acreditan (en las urnas) la decisión de los dirigentes son las bases. Lo único que tiene que hacer el presidente es poner su sello. Las bases son las que tienen que decidir si aprueban o no” (la nueva entidad). La frase vino de Vilma Plata, la dirigente del magisterio temida por los gobiernos de la década de 1990 y comienzos de siglo y fue citada por El Diario el sábado.
El nuevo entripado fue la joya de la corona de una disputa que ha dividido a la Central Obrera Boliviana (COB), la institución mayor del sindicalismo nacional que este Primero de Mayo desfiló disgregada.
La decisión del gobierno, cuya necesidad es dudosa, agita el ambiente laboral cuando restan menos de 10 semanas para la visita al país de la cabeza de la institución que con coherencia indeclinable ha defendido las libertades sindicales y los derechos obreros a lo largo de siglos: el Papa Francisco.
Ignoro cuán ilustradas son las autoridades en doctrina social de la Iglesia Católica, pero al asumir decisiones como la adoptada este Primero de Mayo tendrían que haberlas consultado, si no quieren tener una espina en el zapato cuando ocurra aquella visita que en Bolivia despierta fe y entusiasmo.

Transparencia oscura

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Ha llegado a mi correo electrónico un Proyecto de “Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública”, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Dic. 2006). Es bueno establecer o mejorar normas que favorezcan el libre flujo de la información pública. Es malo que una institución que promueve la transparencia, sea tan poco clara en la descripción de sus metas. No examiné el mérito del proyecto, sino la abundancia de palabras y los tropezones de sintaxis y gramática elemental en un documento que, por definición, es…elemental.
El primer párrafo de la exposición de motivos deja al lector frente a un alud de palabras. “A lo largo de la historia de nuestro país, el ciudadano común ha encontrado una infinidad de impedimentos y obstáculos para la obtención de información pública, incluso sobre aquella que le concierne o afecta directamente, así como aquella que le afecta de manera sectorial o grupal”. Quizá los redactores quisieron decir: El ciudadano ha librado siempre una batalla desigual cuando trata de obtener información pública, incluso sobre aquella que le interesa de manera directa. Suele impedírselo una maraña burocrática, con frecuencia protegida por normas que complican el acceso del ciudadano a informaciones que un estado democrático debería colocar fácilmente a su disposición.
El siguiente párrafo es más complicado y hay que tomar un respiro profundo y armarse de coraje antes de emprender la lectura:
“Estos obstáculos al acceso a la información si bien se han venido ejerciendo principalmente desde la administración pública, también han tenido gran participación el ámbito de sector privado, aún más con el regreso de políticas gubernamentales de carácter neoliberal que han incurrido en el abuso del poder económico, de manejo de recursos económicos de la población de manera irrestricta. Estos hechos han generado actos de corrupción y malos manejos de los recursos e intereses públicos, de manera que se han generado negocios de carácter internacional irregulares como es el caso de los contratos para la explotación de nuestros recursos gasíferos, avalados por leyes y disposiciones irregulares y que tardíamente se dieron a conocer a la luz como la anterior Ley de Hidrocarburos. Ni que decir de los Gastos Reservados, de administración directa de la Presidencia de la Republica, y de los que hicieron uso y abuso los gobiernos demodictatoriales y con los cuales se causó dolor y sangre a la población boliviana”. ¿Entendió?
Una primera observación: Faltan comas y acentos. Pero eso es detalle menor. Veamos el resto. Los obstáculos no se EJERCEN, sino se colocan. Se ejerce un derecho y se levanta o se quita, se aparta un obstáculo. Lo que viene a continuación quiere decir que esos obstáculos también son puestos por el sector privado, pero está tan mal organizado el concepto que uno se marea, más aún con el adjetivo “neoliberal” que aparece emboscado en esta “neoredacción”. Luego hay una extrapolación. Los obstáculos han provocado una corrupción que incluso llegó a las leyes sobre hidrocarburos vigentes entonces. (Como no hay una nueva ley de hidrocarburos, quiere decir que los obstáculos y las acechanzas de corrupción permanecen.) La extrapolación llega al paroxismo: “Ni qué decir de los Gastos Reservados”(¿por qué con mayúsculas?), etc. Está bien que se proteste contra la manera discrecional y oscura de manejar fondos públicos, que pertenecen, por definición, a todos los bolivianos, no a un gobierno que, en todo caso, los administra. Pero en este contexto la cuestión parece jalada de los cabellos.
Vimos sólo dos párrafos. La introducción y la ley tienen 15 páginas.

¿Qué dijo Filemón Escóbar?

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La red trae reiteradas informaciones en torno a declaraciones que Filemón Escóbar habría formulado el 1 de mayo y que las habría difundido un canal de TV, o quizá más de uno.

“El gobierno busca multar al medio que difundió discurso de Filemón Escobar contra Evo Morales”, dice uno de los titulares. Otro titular: “Diputados piden sanciones contra Filemón Escobar por racista”. Uno más: “El MAS quiere enjuiciar a Filemón Escobar por insultar al Presidente”.
Ninguna de estas informaciones dice en qué consistieron esos insultos. Los editores ni siquiera declaran que se inhiben de incluirlos porque hay una ley –rechazada por medios y gremios bolivianos- que les prohíbe hacerlo. En este caso, si los medios –por ahora sólo los electrónicos- no pueden, por cuenta de esa norma o por razones de buen gusto, informar al lector sobre lo que ha dicho Filemón Escóbar, ex alter ego, ex compañero de ruta y ex maestro de muchos notables del partido de gobierno, mejor ignorar la información. Es como anunciar comercialmente un producto que lava bien, pero sin decir de qué se trata: si es un aditivo para el agua, si es un nuevo tipo de jabón, si es alguna vitamina para quien hace el trabajo, etc.
Observé ayer una situación semejante, en la que funcionarios oficiales, inclusive legisladores, declaraban solidaridad con una autoridad del servicio de caminos. Pero ningún medio informó, menos aún precisó, cuál había sido el motivo de la solidaridad.
Entretanto, seguirá el misterio sobre qué salió de la boca de Filemón Escóbar.

NA. En la noche, el noticiero estelar de PAT mostró al controvertido ex dirigente minero diciendo que la posición del gobierno frente al problema de la salud era criminal, y que ningún gobierno anterior, ni los regímenes militares, habían actuado de la manera en que actuaba el actual. Exhortó a los médicos y trabajadores del sector salud a continuar el movimiento huelguístico en que se encuentran desde hace más de un mes.

Defensor del Pueblo al Presidente: Hay que respetar la ley

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El Defensor del Pueblo, Rolando Villena, sumó este martes su voz para que las autoridades, empezando por el presidente Evo Morales, asuman una actitud coherente con las leyes que el mismo gobierno aprobó y respeten las normas respecto al TIPNIS. Sólo de ese modo, de acuerdo al defensor, se evitará una confrontación entre indígenas de aquel territorio, uno de los mayores focos de tensión en el país desde que el gobierno puso en marcha la construcción de una carretera cuyo diseño original parte en dos el lugar. El TIPNIS es considerado uno de los principales tesoros eclógicos bolivianos.
“…alentar para que en algún momento este conflicto se polarice aún más, nos podría llevar a un enfrentamiento, incluso entre los mismos indígenas, lo cual sería deplorable”, dijo Villena en una declaración a Erbol, el conglomerado radial que agrupa a unas 300 emisoras rurales. Ha sido la primera vez que una alta autoridad ha mencionado la posibilidad de un enfrentamiento en ese parque nacional.
El Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), está protegido por la constitución y por acuerdos internacionales. Una ley aprobada en octubre blindó legalmente aún más a la zona, al cabo de una marcha de más de dos meses emprendida desde San Ignacio de Moxos, en el Beni, hasta La Paz. La marcha fue brutalmente reprimida por la policía, que a palos y golpes intentó dispersarla. El procedimiento policial conmovió, con muy pocas excepciones, a todo del país y cuando los marchistas llegaron a la sede de gobierno fueron recibidos como héroes por la población paceña. El recibimiento fue más que  un plebiscito nacional.
A los dos días el presidente Morales firmó una ley para asegurar la protección del parque. Pero casi simultáneamente alentó a otros indígenas del lugar, considerados colonos porque viven en propiedades individuales y no en comunidad, a manifestarse a favor de la carretera que había sido prohibida por la ley que promulgó. Con ese aliento, una segunda marcha llegó a La Paz, pero desprovista del entusiasmo que había acompañado a la primera y bajo una indiferencia notoria de los lugares por los que pasó. En La Paz, el presidente recibió cordialmente a los contra-marchistas. Anoche, tras entregarles ropa y comida en el Coliseo Cerrado de La Paz, y tras decirles que consideraba legítima y auténtica la demanda para que sí se construya la carretera, les prometió que no volverían al TIPNIS con las manos vacías. La expresión fue entendida como una manera de asegurarles que la ley que había promulgado sería modificada para dar paso a la carretera, a cargo de una empresa de Brasil.
Las argumentaciones a favor de la obra, que está paralizada, recibieron un golpe demoledor de un reconocido dirigente y mentor del partido de gobierno, Rafael Puente, ex alcalde de Cochabamba. La ex autoridad, también ex vice-ministro de régimen interior (gobierno), dijo que el Consejo Indígena del Sur (CONISUR), protagonista de la contramarcha, es parte de las seis federaciones de cocaleros del Chapare que encabeza el presidente Morales.
En declaraciones que también recogió Erbol, Puente dijo: “Para colmo de descalificación, el núcleo conductor de la marcha, que es el que dirige (Gumercindo) Pradel y que es del llamado Conisur, esos tienen la tierra parcelada en términos de propiedad individual, no son miembros de una TCO (Territorio Comunitario de Origen). Peor (aún), están inscritos en las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba; entonces, ¿con qué legitimidad pueden enarbolar las banderas del TIPNIS como tal?”
Las palabras de Puente pusieron en carne viva el dilema ético y moral que enfrenta el gobierno.  Para leer por entero la nota de Erbol con la declaración del ex prefecto, oprimir aquí.

Alerta entre los periodistas

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 Los periodistas han declarado alerta ante el propósito de los asistentes a la  “cumbre social”  de anular la Ley de Imprenta que norma la libertad de prensa en Bolivia desde hace casi un siglo (1925). El campanazo lo ha dado la Asociación de Periodistas de La Paz, con el que se abre una nueva disputa entre el gobierno y los medios informativos no oficiales de Bolivia.

Como la mayoría de los bolivianos, desconozco el grado de conocimiento sobre este tema que puedan tener los participantes de esa reunión co-legislativa. Pero se puede anticipar un espinoso conflicto, en momentos que no lucen como los mejores del gobierno.

La institución profesional emitió anoche el siguiente parte informativo:

La Asociación de Periodistas de La Paz, advirtió hoy que la decisión de la denominada cumbre social de anular la Ley de Imprenta de 1925 por una nueva norma “constituye un grave atentado contra la libertad de expresión y el último intento del gobierno del MAS por ejercer un control sobre los medios y el contenido de los mensajes”.

El presidente de la APLP, Pedro Glasinovic hizo notar que “una nueva legislación tendrá como objetivo silenciar a la prensa independiente” y “atentará contra el derecho al trabajo de los periodistas convirtiendo al gobierno de Morales en autoritario”.

“Desde que el presidente Evo Morales inició su gobierno, las amenazas contra la prensa y los periodistas fueron permanentes con la velada intención de que todos los medios de comunicación se pongan al servicio del llamado proceso de cambio”, dijo Glasinovic.

El dirigente del gremio periodístico recordó que “la libertad de expresión es el pilar fundamental de la democracia” y que “sin prensa libre  no hay democracia”.

“Por lo tanto, la administración de gobierno saltará de la democracia a la dictadura”, advirtió.

Explicó que la actual legislación “es más que suficiente para normar el trabajo de los periodistas”. “Si la asamblea Legislativa trata una nueva ley que norme el trabajo de los medios y periodistas debe primero, cambiar la Constitución Política del Estado a través de un referéndum que será un desafío para el pueblo boliviano que debe decidir si quiere  una democracia o una dictadura”, insistió Glasinovic.

“La APLP permanecerá vigilante y espera el pronunciamiento de los organismos internacionales defensores de los Derechos Humanos y de la libertad de expresión”, dijo.

La ley del Tipnis, según Isaac Avalos

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El senador Isaac Ávalos ha hablado sobre la ley que declara intangible al Tipnis. “Nada, nada”, nada se podrá hacer en el parque. Ni cazar, ni pescar. Es su verbo. Acabo de oírlo en la TV. Que se cuiden los pájaros y las capivaras  y estén atentos los lagartos y los cocodrilos, los jochis, las serpientes, especialmente las pitones. Todos ellos deben entender y seguir lo que dice el honorable senador. Los peces grandes no podrán comerse a los chicos y las hormigas deben cuidarse de no abrir huecos para sus casas. El Tipnis es intocable. Es como si se hubiera ido a la luna. Está en otra dimensión. ¿Será?