Juicios de Moscú

La fiscal de allá y los fiscales de acá

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Tras conocer los resultados de un Consejo Electoral  sumiso, el presidente Nicolás Maduro bramó amenazas sobre todo el espectro opositor venezolano: supresión de la inmunidad de legisladores,  juicios y cárcel a quienes dudaren de la  legitimidad escuálida del nuevo cuerpo legislativo y una radicalización de su gobierno, visto en gran parte del mundo como cubanista y staliniano. Una voz volvió a retumbar. Luisa Ortega Días, la fiscal rebelde, denunció el fraude revelado por la empresa que prestaba servicios electrónicos y activó una investigación mientras el gobierno urdía planes para acallarla. Con  59 años, la fiscal se ha consolidado como ejemplo universal de autoridad valiente que ejerce el cargo ley en mano aun enfureciendo al gobierno. Aún purgada por Maduro el fin de semana, la funcionaria continuaba con una imagen de dignidad en el ejercicio de sus funciones.

Dos semanas antes, el tribunal de La Paz a cargo del Juicio del Siglo, negó por enésima vez el pedido de Svonko Matkovic Rivera para ser juzgado en libertad. El joven es del puñado de acusados de pretender alzarse en armas, someter al ejército y dividir Bolivia, en un empeño colosal de crear una nueva nación. Nada ha sido probado, aunque  algunos  aceptaron las acusaciones en un esfuerzo por recobrar la libertad tras años encarcelados.  Se declararon culpables, en reminiscencia inevitable de los Juicios de Moscú  (1936-38), cuando la policía soviética extrajo confesiones de los acusados.

Cuando llega al suelo la credibilidad pública respecto al juicio originado en el asalto al Hotel Las Américas y la muerte brutal de tres huéspedes, el tribunal que preside el juez Sixto Fernández  optó por unánimidad respetar el libreto oficial.   Ese libreto se hundió en el descrédito hace tres años cuando su gestor, el entonces fiscal Marcelo Soza, dijo que el gobierno lo había forzado a incriminar a líderes cruceños y fugó a Brasil donde confesó la fechoría. Los fiscales sucesores no han variado la acusación.  Al escucharlos defender la tesis, se  concluye que los testimonios de estos años y la propia confesión de Soza no existen. De hecho, el tribunal la declaró inexistente para el juicio porque carecía de autenticación oficial boliviana, algo que el propio refugiado Soza habría tenido que gestionar.

Es posible que el tribunal hubiese perdido una oportunidad para a sepultar el caso e identificar a los que forjaron la trama que Soza contó en detalle.  Pero faltó una fiscal Ortega con su temple ético  y agallas para marcar la diferencia.

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¿De Moscú a Palmasola?

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El mayor juicio penal de la historia boliviana tropezó todo el mes de junio en la desconfianza de la defensa sobre la calidad profesional de quienes deben guiar su administración, en tanto que el método de  ¨juicio abreviado¨ se adjudicó la confesión de culpa de otro detenido en Palmasola.

Tres forenses del gobierno decidieron que el general (r) Gary Prado Salmón, quien acababa de soportar una limpieza de escaras tras cirugías recurrentes en la parte inferior de la espalda y asomaba la posibilidad de una nueva operación, tenía condiciones de cumplir un horario igual al de cualquier persona con salud plena: ocho horas diarias.

La carga horaria con efecto inmediato determinada el jueves por los forenses es superior a la de 5 ½ horas que solía cumplir el militar hasta antes de la crisis más reciente, originada en el balazo que recibió hace 35 años cuando intentaba reimponer el orden en una zona rural cerca de Santa Cruz. Dobla también las cuatro horas diarias que habían recomendado sus médicos tratantes: dos en la mañana y dos en la tarde.

Los forenses oficiales no explicaron en qué mejoramiento de la salud del militar basaban el dictamen, que para la defensa revelaría que en la condición del paciente se estaría operando un fenómeno extraordinario.

El episodio derivó en una controversia y, a la postre, en una suspensión de la audiencia hasta el 4 de julio. Junio ha sido uno de los meses más accidentados de todo el proceso, que lleva más de tres años en Santa Cruz y más de siete desde el asalto al Hotel Las Américas que lo originó.

En estos días debe ocurrir la libertad plena de Gelafio Santisteban Stroebel, el joven militar boliviano que sirvió en las fuerzas de paz de las Naciones Unidas en Congo y Haití y a quien el ahora exiliado ex fiscal Marcelo Soza acusaba de participar en planes para sembrar el terror en Bolivia, doblegar al ejército y crear una nueva  nación. Los antecedentes no valieron y el ex fiscal apoyó la acusación en una auto-descripción como ¨experto en combate urbano¨ referida supuestamente a otro de los acusados ahora fuera de Bolivia en una conversación electrónica.

Con la acusación de terrorismo quitada, Santisteban esperaba salir esta semana de la prisión de Palmasola, en Santa Cruz, tras acogerse a un sistema de ¨juicio abreviado¨, para abogados de la defensa reminiscente de los ¨Juicios de Moscú¨ para suprimir a disidentes bajo Stalin.

Santisteban confesó ser culpable del delito de ¨alzamiento armado¨, que había negado durante todos los años de su detención. La misma decisión de optar por un proceso abreviado fue asumida el año pasado por otros cinco detenidos en el caso penal más célebre de la historia nacional (terrorismo, separatismo, magnicidio y alzamiento armado) contra 39 personas. Entre los acusados figuraba el padre del militar, el general (r) Gelafio Santisteban Hurtado, cuya exclusión del proceso habría sido parte del acuerdo alcanzado por Santisteban Stroebel.

En la Rusia bolchevique, el régimen encarceló a críticos y opositores prominentes quienes, ante la incredulidad de quienes los conocieron, admitieron culpas que siempre negaron. Con los cargos desprovistos de evidencias que los sostuvieran, los juicios pasaron al registro histórico como una farsa.

En Bolivia, diseñado para descongestionar las cárceles, el juicio abreviado es percibido por la defensa en el Juicio del Siglo como hecho a medida para que los acusados se declaren culpables y sancionen la tesis del gobierno como justificación del asalto al Hotel las Américas y la muerte de tres personas, seguido de persecución y enjuiciamiento de decenas de otras. Desde que empezó a aplicarse ha sido criticado por la Iglesia Católica y organizaciones defensoras de los derechos humanos como un señuelo cruel para que los acusados se inculpen.