Juicio de Siglo

El turno de los juicios abreviados

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Las audiencias del Juicio del Siglo (terrorismo, alzamiento armado y separatismo) se reiniciarán este lunes bajo el desconcierto causado por la admisión de culpa de “El Viejo”, personaje central de la acusación elaborada por el ex fiscal Marcelo Soza sobre una conspiración para derrotar al ejército y dividir Bolivia creando un nuevo país. Otros tres acusados, inclusive los dos sobrevivientes del asalto policial al Hotel Las Américas hace casi seis años, avanzaban con trámites similares el fin de semana.
Ignacio Villa Vargas (56) decidió a principios de año solicitar un juicio abreviado, un proceso rápido que, tras negociar con los fiscales acusadores y admitir culpa, resultó en una condena de ocho años de presidio, de la que ya ha cumplido dos tercios. No hay detalle inmediato de los términos finales de los acuerdos, pero una sentencia plena por separatismo puede representar 30 años de presidio, la pena máxima.
La decisión de “El Viejo” y otros detenidos aumentó la inquietud de la defensa, que en las semanas pasadas había tenido bajo jaque constante a la acusación, con argumentos que reforzaban la idea de que aquélla fue un montaje del gobierno. Lo ocurrido “es una nueva forma de extorsión. Antes fue económica. Ahora es más macabra. Se presiona con la libertad”, dijo Gary Prado Araúz, abogado de su padre, el general retirado Gary Prado Salmón, y de otros acusados.
La salud quebrantada, acosado por una diabetes sin control adecuado que repercutía sobre todo su organismo, “El Viejo” ha sido el eslabón más frágil de la cadena de 39 personas aglutinadas por el ex fiscal para sostener la acusación, cuya credibilidad trepidó cuando el ex fiscal Marcelo Soza fugó de Bolivia. Al pedir refugio, Soza dijo que era perseguido por el gobierno y, en una “Carta al Pueblo de Bolivia”, declaró que había sido presionado para imputar a personalidades de Santa Cruz. El documento no ha sido admitido como prueba por el tribunal a cargo del caso. Soza está refugiado en Brasil y la tesis que elaboró ha sido sostenida intransigentemente por quienes lo sucedieron.
Villa Vargas, quien asegura que fue originalmente contratado por el Ministerio de Gobierno y la policía para informar sobre los desplazamientos de Eduardo Rózsa Flores, fue “testigo clave” del ex fiscal. Para el ex magistrado ahora refugiado, Rózsa Flores, boliviano-húngaro-croata protagonista de la película “Chico”, que cuenta su propia vida, era cabeza de un movimiento secesionista similar a los que hubo en los Balcanes en los años de 1990. En el giro de pocas semanas, Soza convirtió a “El Viejo” en acusado, sindicándolo de “participación criminal” en la supuesta conjura que ha dado lugar al mayor juicio de la historia penal del país.
En la solicitud inicial para el juicio abreviado, Villa Vargas dijo que había contribuido a los dos atentados que, con daños materiales, ocurrieron a principios de 2009 en Santa Cruz, pero bajo órdenes y complicidad de quienes lo habían contratado. En un segundo memorial, suprimió la identidad de sus mandantes. Los términos de la tercera, no fueron de inmediato divulgados.
Juan Alberto Kudelka (32), era considerado como la mano derecha administrativa del industrial Branko Marinkovic, cuando el ex fiscal decidió incorporarlo a la lista de acusados. El joven fue acusado de “viabilizar fondos económicos” (entrega de dinero) que el ex fiscal dedujo que lo incluía en el tipo penal de terrorismo. Tampoco se conocían los términos del acuerdo que se tradujo en una sentencia de seis años y nueve meses de prisión. Desde 2010 está en el penal de San Padro, en La Paz.
Mario Tádic, húngaro-boliviano, y Elod Tóásó, húngaro, sobrevivieron al ataque al Hotel Las Américas. Ambos han hecho revelaciones importantes a lo largo de las audiencias que se realizan en Santa Cruz y han cuestionado la versión sobre el ataque policial presentada por el ex fiscal. Los términos acordados con los fiscales eran igualmente desconocidos hasta el viernes temprano.
Antes de que surgiese la etapa abreviada, la acusación del ex fiscal defendida por quienes sustituyeron a Soza había sido persistentemente golpeada. Desde un punto de vista logístico y militar, el general Gary Prado Salmón ridiculizó la idea de que Rózsa iba a formar una “milicia” con la que habría derrotado al ejército boliviano, paso necesario para formar otro país.
En una declaración ante el tribunal a fines del año pasado, Prado Salmón recordó que el ex fiscal Soza había dicho que la supuesta milicia sería formada por la guardia municipal de Santa Cruz (”no llega a 1.000 hombres, de los cuales ni la cuarta parte ha hecho el servicio militar”), las fraternidades y agrupaciones del Carnaval y las “barras” de los principales equipos de fútbol de Santa Cruz.
Ex comandante de la Octava División del Ejército, retirado desde 1988, declarado Héroe Nacional por el Congreso, y ex embajador boliviano en España y México, el militar rindió a Ernesto “Ché” Guevara en octubre de 1967 y puso fin a la campaña guerrillera de ese año.
Los juicios abreviados, bajo cuyas sombras deben ser retomadas las audiencias a partir de mañana en el Palacio de Justicia de Santa Cruz, no anulan los procesos por violación de derechos humanos en curso ante instancias internacionales.
Nota: Este articulo fue escrito el viernes por la mañana, antes de que, en la noche, se conocieran las sentencias sobre Tádic y Tóásó.

No hubo ley del talión

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El tribunal a cargo del juicio del siglo se encontró este lunes, antes de aplazar su reiniciación por dos días más, hasta el jueves, con un dilema: si había actuado de una manera con los acusados debía actuar igual al decidir sobre la condición de uno de sus integrantes. La juez ciudadana Julia Elena Gemio estaba incapacitada para asistir y requirió una licencia temporal en base a un dictámen de la Caja Nacional de Salud. Sufre de una parálisis facial y los médicos ordenaron reposo hasta el miércoles. La orden llegó al juez Sixto Fernández en un fax. La defensa le recordó que en todos los casos que involucraban a los acusados, desde Gary Prado Salmón hasta Ignacio Villa Vargas, pasando por el ex presidente de Cotas Ronald Castedo, había dado curso a sendos exámenes forenses para, al final, decidir que todos ellos debían estar presentes en el juicio.
El juez optó por conceder la licencia a la jurado sin mayores trámites y sin objeciones de la defensa, salvo uno de ellos que pidió –sin éxito- que el aplazamiento no incluyera otros actos dentro del proceso, especialmente audiencias de medidas cautelares que habían sido gestionadas con esfuerzo y desde semanas antes. Antes que exigir que a la jurado se aplicara el rigor mostrado con los acusados, la defensa aceptó mayoritariamente que se otorgue la licencia bajo la condición de que la orden médica sea certificada y entregada al tribunal en la versión original. No hubo ley de talión (ojo por ojo, etc.) El abogado Otto Ritter, del general Prado Salmón, felicitó al tribunal “por su ecuanimidad” y recordó que a su defendido no solamente le habían exigido certificados forenses sino que en alguna medida éstos fueron “interpretados”.
Otros plantearon que a partir de lo ocurrido se aplique la misma vara para medir a todos.
Me explicaron que si la baja de la Dra. Gemio fuese permanente, el juicio caería en un limbo, pues el tribunal no podría funcionar y habría que designar a otro, en un proceso que duraría meses. La Dra. Gemio fue voz disidente en algunos casos en los que el tribunal debía votar para tomar una decisión. Un ejemplo reciente: votó contra la decisión de sus colegas que obligaron a mantener a Ronald Castedo (tuvo un infarto a principios de año) en el juicio y no separarlo.

Juicio del siglo en limbo legal: Prado Salmón abandonó audiencia

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El general Gary Prado Salmón abandonó esta tarde el “juicio del siglo” en protesta por el que consideró un grave incumplimiento del juez respecto a la aplicación de una decisión del Tribunal Constitucional que dispuso la anulación de una declaratoria de rebeldía que le había impuesto el mismo tribunal en Tarja a fines de 2011. La aplicación plena de la decisión del TC habría llevado a la disolución del tribunal y al nombramiento de nuevos jueces.

“Uno no puede soportar tanto.  Esto es una pantomima”, dijo el general retirado, quien, como capitán del ejército, en 1967 rindió al jefe guerrillero cubano-argentino Ernesto “Ché” Guevara. La decisión del general conmocionó a la sala de audiencias del Palacio de Justicia de Santa Cruz. Los policías en la sala, a falta de órdenes directas, intentaron evitar que se fuera y cerraron la puerta principal del recinto. La mayoría de los presentes en la sala se puso de pie y, en medio de gritos –“déjenlo salir”, “abusivos”-, dejó perplejos a los policías durante unos instantes, hasta que el juez Sixto Fernández se acercó a la reja que divide el recinto y le dijo al general si era consciente de la medida que estaba tomando y sus consecuencias. El militar le dio que sí. Entonces, con un gesto, hizo que los soldados se apartaran y dejaran salir al general, en silla de ruedas desde 1981.

Minutos antes, el abogado Otto Ritter, había acusado al juez Fernández de incumplir la ley y de desobedecer al Tribunal Constitucional que, dijo, le ordenaba remitir el caso al tribunal de turno e instalar por completo en Santa Cruz el caso que cumplió cuatro años el pasado 16. “El juez desconoce la ley”, dijo y afirmó que el ministerio  público, presente a través de los abogados del gobierno en el caso, debía ordenar de inmediato la detención del magistrado.

Tras eso, dijo que su defendido abandonaba la sala de audiencias en protesta por la “inconsecuencia” que atribuyó al juez.

La decisión del general dejó al juicio en un limbo legal temporal, pues el proceso no puede continuar sin la presencia de todos los acusados.

La acusación, representada por el abogado del gobierno Sergio Céspedes, pidió que el juez de inmediato expidiera un mandamiento de aprehensión del general.

El juez decidió suspender la audiencia hasta el 6 de mayo, cuando haría conocer sus decisiones sobre el incidente.

El origen del incidente viene desde que, en el último trimestre de 2011,  fueron instaladas las audiencias en Tarija, para  año y medio después ser trasladadas a Santa Cruz, el pasado 18 de febrero. El general Prado Salmón no estaba presente en Tarija alegando problemas de salud, que esta semana fueron certificados por una forense oficial. La audiencia en Tarija no podía ser instalada sin la presencia de todos los acusados y el juez Fernández y un juez técnico declararon a Prado Salmón en rebeldía.

Con la ausencia del acusado legalmente resuelta, pasaron a juramentar a las jueces ciudadanas y las audiencias empezaron a desarrollarse.  Pero la semana antepasada  el Tribunal Constitucional anuló la declaratoria de rebeldía en vista de los argumentos de Prado Salmón sobre su salud, y ordenó una evaluación. La forense, venida desde Sucre, presentó su informe y concluyó que el general retirado no tenía condiciones de viajar a Tarija sin poner en grave riesgo su salud debido a problemas que le ocasionaría la altura.

Tras ese informe, la defensa esperaba que el juez ordenase retornar todo el proceso a sus inicios en Tarija, pero en Santa Cruz, y a entregar el caso al tribunal equivalente en esta ciudad, sede del juez natural, pues el caso tuvo origen en Santa Cruz, con la incursión policial armada al Hotel Las Américas el 16 de abril de 2009.

“Este juicio ya no tiene fuerza, ya no tiene fuerza moral”, dijo el abogado defensor Rolando Aróstegui. “Lo que hemos visto es una manifestación de su degradación”. Comentaba el hecho que el juez  Fernández no había logrado articular una reacción adecuada para el fallo del Tribunal Constitucional.

Personalmente, me pareció que el juez no sabía qué camino escoger. Enfrentarse al TC habría sido demasiado peligroso para su carrera. Aceptarlo y, como pedía la defensa, retrotraer el proceso a sus inicios en Tarija y desconocerse a sí mismo y a los jurados, era también peligroso. Estaba entre la espada y el precipicio y se dio un breve respiro hasta el 6 de mayo.