Juez

Juicio del Siglo: Tádic al ataque

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El juez Sixto Fernández no pudo estar presente en la reanudación de las audiencias de Juicio del Siglo, a causa de fallas de horarios de la aerolínea nacional BOA, que lo dejo varado en La Paz, dijo la juez técnica del proceso. Pero de igual manera el cochabambino Mario Tádic Astorga ocupó la tribuna informativa para denunciar que “en Bolivia no hay justicia”. Hizo la denuncia teniendo a las espaldas a las tres mujeres integrantes del jurado, que al cabo de casi una hora de espera de la cabeza del tribunal coincidieron en suspender la reiniciación de la audiencia hasta mañana martes, a las 09:30.
“Su vuelo está retrasado”, dijo la juez técnica Elena Julia Gemio Limachi, al informar que el fiscal Fernández se había quedado esperando que las autoridades de BOA anunciasen la orden de abordar el avión. La juez desconocía detalles (al parecer el vuelo fue cancelado o partió demasiado tarde para que el juez pudiese llegar en hrario al Palacio Legislativo) y sólo lamentó que los funcionarios encargados de reservar y comprar los pasajes para los miembros del tribunal no hubieran hecho el trámite con la antecedencia debida. Ella, con funcionarios más diligentes, consiguió espacio en un vuelo más temprano y se vino a Santa Cruz con sus colegas, las dos jueces ciudadanas. “Es una pena”, dijo, cuando me acerqué a pedirle algún detalle más.
Pocos minutos antes, Tádic Astorga había congregado a su alrededor a una veintena de periodistas y camarógrafos ante los cuales protestó porque la justicia no aplicaba la misma medida que había recibido, en su tiempo, el ahora vicepresidente Álvaro García Linera. García Linera fue beneficiado con la extinción de la causa por la demora de la justicia en expedir una sentencia tras permanecer preso preventivamente durante cinco años (1992-1997). Tádic planteó la extinción del proceso que lleva más de cuatro años.
Tádic subrayó el pasado guerrillero del vicepresidente y distribuyó fotocopias de una “Edición especial Referida al Terrorismo” de una publicación titulada Gaceta Ilustrada. La cubierta de la revista traía el diseño de un rostro blanco y el de un indígena sobre toda la parte norte y oeste del que sería el mapa de Bolivia. Algunas notas centrales de esa publicación eran reseñadas con tres títulos de la cubierta: “Frente Común para combatir el terrorismo en Bolivia”, “La muerte de E.G.T.K.” y “Salvemos a Bolivia de las garras del terrorismo”.
Los 39 acusados en el Juicio del Siglo deben defenderse de acusaciones de magnicidio, terrorismo, alzamiento armado y separatismo. La de hoy iba a ser una audiencia decisiva pues el tribunal debía resolver la demanda de la defensa del general Gary Prado Salmón para aplicar integralmente una decisión del Tribunal constitucional que podría determinar la disolución del propio tribunal. Prado Salmón estuvo presente en la audiencia abortada por la ausencia del juez.
Tádic y el rumano Elod Tóásó son los dos sobrevivientes del sangriento episodio del Hotel las Américas, en Santa Cruz el 16 de abril de 2009. Ambos están presos preventivamente desde entonces, al igual que la mayoría de los acusados.

El juicio del siglo: La ronda continúa

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El juez Sixto Fernández abrió un nuevo paréntesis  en el “juicio del siglo” hasta el 1 de abril, sin atender a la defensa que exigía conocer el fallo sobre las incidencias y excepciones ni a los fiscales que reclamaban que el proceso continuase a pesar del visible deterioro de la salud de dos acusados cuyos exámenes clínicos no habían sido completados debido a un paro médico.

¿“No ve cómo estoy sudando? El médico que me atendía esta mañana estaba en cirugía”, exclamó “El Viejo” Luis Ignacio Villa Vargas dirigiéndose al juez y al jurado, mientras que el abogado  del ex dirigente juvenil cruceño Alcides Mendoza decía que lo que ocurría en la sala mostraba las anomalías del proceso y que el juez debía ordenar que los enfermos permaneciesen en Santa Cruz sin volver a La Paz.  “El Viejo”, trémulo y cansado, las manos y el pecho sudorosos, recordó al tribunal que él mismo se pagaba los pasajes desde Cochabamba para venir a Santa Cruz, y corría con los gastos de alimentación de su guardia. (Las autoridades le reembolsan sus gastos tardíamente, explicó después.) Mendoza lucía similar palidez a la de la víspera, cuando su frecuencia cardíaca había marcado 50 latidos por minuto.

Los alegatos presentados por los enfermos y sus abogados desde los primeros minutos de la breve audiencia no habían impresionado a la acusación. El nuevo fiscal Iván Ortiz, sumado al caso tras la ausencia aún inexplicada del acusador principal Marcelo Soza, había dicho que el tribunal estaba ante “una burla cruel” y que la sesión debía continuar pues los enfermos tenían condiciones de escuchar la lectura del dictamen del juez por completo, o parcial, solamente la parte resolutiva. (“Soza es nuestro testigo estrella. No puede estar ausente”, dijo sarcásticamente el general Gary Prado Salmón después de la sesión, al subrayar que su decisión era llevar el caso hasta el final.)

El abogado del gobierno Sergio Céspedes introdujo en el debate una duda: los dos acusados no podían comprobar que habían estado en la víspera y hasta la mañana del viernes en la clínica Bilbao, de Santa Cruz, para someterse a los exámenes médicos cuyos resultados parciales no estaban certificados. La defensa le tomó la palabra y propuso que los guardias de los detenidos declaren si habían estado en la clínica. El juez no tuvo  opción sino trasladar la pregunta a los guardias. El sargento primero Juan Quispe Velasco dijo brevemente: “Hemos estado toda la noche en la clínica Bilbao”. El oficial a cargo del sargento, el subteniente Richard Gutiérrez Cuéllar, corroboró a su subordinado.

La abogada del gobierno reclamó que los abogados de la defensa no habían actuado lealmente y que debían haber procurado certificar el tratamiento de los defendidos.

Restaba escuchar la declaración del juez, quien se aproximaba a levantar la sesión y fijar nueva fecha para la audiencia sin revelar su dictamen. La defensa intentó sin éxito que el juez leyese su resolución, entre las cuales debía estar un pronunciamiento sobre la extinción del caso por vencimiento de plazo.  Uno de los abogados dijo que ya se conocía cuál sería el veredicto: rechazo a todas las excepciones, y que la parte considerativa podía ser entregada a la defensa para su análisis. El magistrado no dio curso al pedido y dijo que la nueva audiencia empezaría el 1 de abril, a las 11:30 de la mañana.

La nueva fecha es la misma que, en La Paz, se ha fijado para que el fiscal desaparecido Marcelo Soza declare sobre la grabación que se le atribuye y las fotografías que lo muestran  al lado de otros abogados del gobierno ahora presos por extorsión. Es también el Día de la Mentira, en un gran número de países.

Juicio del siglo se instalará en Santa Cruz

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Incorpora frase en reclamo de diplomático irlandés a Bolivia

A partir del lunes 18 de este mes, el controvertido “caso terrorismo” volverá a Santa Cruz, donde se inició en la madrugada del 16 de abril de 2009 con la incursión policial que derivó en la muerte acribillados a balazos del boliviano-húngaro-croata Eduardo Rózsa Flores, del húngaro Arpad Magyarosi  y del irlandés Michael Dwyer.

El cambio de la sede en la etapa final del prolongado juicio fue dispuesto la tarde de este lunes de por el juez del caso, actualmente radicado en Tarija, Sixto Fernández. Será el mayor de lo que va del siglo XXI y uno de los que mayor interés internacional ha concitado en Bolivia a lo largo de su historia. Sólo otros dos juicios causaron interés de similar magnitud en los últimos 50 años:  los que involucraron  al intelectual francés Regis Debray y al general Luis García Meza.

Al cabo de 46 meses de la ocurrencia del traumático episodio del 16 de abril de 2009, la decisión del juez Sixto Fernández conocida esta noche ocurre cuando está en su más baja credibilidad la versión del gobierno, de que el grupo que encabezaba Rózsa se disponía a lanzar una campaña terrorista-separatista y magnicida que, entre otros actos de terror, buscaba asesinar al presidente Evo Morales e iniciar un movimiento separatista armado para conformar una nación independiente.

Del grupo sobrevivieron dos, el boliviano-húngaro Mario Francisco Tádic y el rumano Elod Tóásó, ambos presos en el penal San Pedro, de La Paz. El mismo día de la operación policial-militar, el presidente asumió la orden de ataque sobre el grupo, alojado en el Hotel Las Américas desde hacía sólo pocas horas.

Desde la apertura del juicio, en Cochabamba el 2011, los abogados del gobierno tratan de convencer a los jueces de que la versión magnicida-terrorista-separatista es consistente y veraz, pero la defensa la ha golpeado constantemente atribuyéndole un sinnúmero de fallas e incongruencias. Una de las preguntas que no han sido aclaradas, o que para la mayoría del público son parte de los misterios que rodean el episodio, es quién ordenó que los registros del hotel céntrico de Santa Cruz fuesen borrados.

La decisión del traslado a Santa Cruz ocurrió a pocos días de una protesta del titular de asuntos exteriores irladeses Eamon Gilmor a su colega boliviano, el vicecanciller Carlos Aldurralde, durante  la reunión de la semana pasada en Santiago por la demora de la justicia boliviana en aclarar la muerte de Dwyer, que el forense de su país dijo que había ocurrido con un disparo directo al corazón, de arriba hacia abajo y de corta distancia. La detención de los dos sobrevivientes ha sobrepasado con creces los tres años meses que prevé la justicia de Bolivia como límite para las prisiones preventivas.  La autoridad irlandesa dijo sin ambages que a su país le urgía saber “las circnstancias en que el señor Dwyer fue asesinado”. Es la primera vez, que se sepa, que una autoridad irlandesa le dice a una boliviana que Dwyer fue asesinado.

No se conoció de inmediato el comentario que habría merecido la decisión del juez por parte del fiscal que conduce el caso, Marcelo Soza, quien se ha opuesto a ese traslado y ha asegurado que habría riesgos para la seguridad del tribunal. Las principales organizaciones cruceñas lo han criticado por esa afirmación.

En la versión que ofreció a Radio Fides de su decisión, el juez Fernández dijo lacónicamente que “el tribunal, compuesto por dos jueces técnicos y dos jueces ciudadanos, ha determinado el cambio de sede a la ciudad de Santa Cruz para el lunes 18:30”.

Las condiciones de salud de algunos de los 39 procesados pesaro de manera determinante en la decisión del juez.

El juez dijo que el acusado Ronald Castedo, ex presidente de COTAS, no estába en condiciones de trasladarse a Tarija, al igual que los generales Gary Prado Salmón y Lucio Áñez Ribera, ambos de trayectoria democrática, a quienes el fiscal fiscal atribuye la condición de arietes estratégicos de la supuesta conjura secesionista. El primero está en silla de ruedas desde  hace décadas y el otro sufre de graves afecciones cardíacas. Castedo, quien también padece de dolencias cardíacas, sufrió un infarto poco antes de que tuviese inicio en Tarija la sesión prevista para comienzos de enero y convalece en Santa Cruz.

“Ese ha sido uno de los motivos por los que se  ha dispuesto el traslado de la sede a Santa Cruz”, dijo el juez, citado por Fides.

El traslado fue una constante reivindicación de los ciudadanos cruceños involucrados en el juicio, cuyas idas y venidas, y la detención prolongada de casi todos los acusados por mucho más tiempo que los 36 meses previstos por las leyes, han tenido a este departamento en vilo permanente. Para los dos generales, que insistieron en que el juicio tendría que llevarse en Santa Cruz y rehusaron viajar a Cochabamba y Tarija, el anuncio del traslado constituyó una victoria en esta parte del proceso. El fiscal había dicho hace pocos días que serían detenidos por la policía y llevados a Tarija. La amenaza no fue cumplida.

Llas sesiones finales podrán ser vistas por toda la ciudadanía cruceña si, como se espera, las estaciones de TV obtienen autorización para retransmitir las sesiones.

El show debe acabar

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¿Qué justicia es ésta cuyos vocales, ante una decisión por un caso por el cual hay siete ex funcionarios oficiales  presos acusados de extorsión, pasan la palabra a la juez que envió a la cárcel al extorsionado, robado y desprovisto de sus bienes? Los vocales que decidieron este martes devolver el caso a la juez Eneas Gentile se excusaron de permitir que Jacob Ostreicher se defienda libre de la orden de prisión ratificada hace sólo unos días por…Eneas Gentile. Dijeron “paso” y le pidieron a la misma juez que revise su decisión. No les importó que el agro-inversionista lleve más de año y medio preso sin sentencia ni que el caso Ostreicher haya expuesto en carne viva (literalmente, en este caso) la ausencia de un sistema de justicia creíble en Bolivia. En cinco días (¿ustedes creen que serán cinco?) la juez deberá decir su veredicto.  Es inevitable especular que en poco tiempo habrá un film de resonancia mundial y que en las escenas desfilarán todos, de arriba abajo, -repito: de arriba abajo- los personajes del martirio de Ostreicher. Los del tercero, segundo y primer piso.
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Basta de llantos en la TV. Por favor, ¿es que la televisión no tiene otra forma de exhibir algún drama o tragedia sin mostrar las imágenes llorosas de los dolientes? Ocurre un desastre, acontece un crimen, un robo, un asalto, una enfermedad, una epidemia, un rapto, un accidente y ahí está, inevitablemente, la imagen de alguien llorando a gritos. Se trata de una explotación innecesaria del dolor al punto de volverlo una banalidad. Y algo más para los programas nocturnos de TV: Procuren que sus invitados hablen el castellano medianamente bien. Es lamentable la pobreza de la sintaxis de los que aparecen en esos programas. Bolivia corre el riesgo de figurar entre los países que peor hablan el castellano.
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¡Viva la ociosidad! Bolivia está a punto de ganar un título inmerecido: País de ociosos. Los legisladores nacionales deben discutir la norma que acuerda establecer un puente de feriados este año pues el Día de Navidad y el de Año Nuevo ocurrirán esta vez un martes. Entonces han decidido agregar el lunes al feriado y tener así dos temporadas de cuatro días. Un argumento reiteradamente utilizado para favorecer ese feriado múltiple es que ganará el turismo. Y ¿saben cuánto perderá Bolivia por ese feriado?: Más de 30 millones de dólares. Imaginen cuántas escuelas y cuántos hospitales se construirían con ese dinero.La iniciativa es como querer ganar indulgencias con oración ajena.

Actualización: Primó la cordura en el gobierno y la “opción feriadista” fue descartada. No habrá feriado “para el turismo”, como los postulantes de extender el asueto de Navidad y Año Nuevo querían.

Por favor, que no hable…

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La magistrada constitucional Mirtha Camacho Quiroga fue este fin de semana objeto de atención nacional junto a uno de sus colegas, Gualberto Cusi Mamani, a quien trató de callar –aunque con éxito sólo mediano- a raíz de la cuestión que ha hecho sonrojar a todos los magistrados de la Bolivia Plurinacional. Estoy seguro que Uds. recuerdan que el magistrado Cusi ganó titulares hace poco más de un mes cuando declaró, de modo muy sincero, que utiliza hojas de coca para consultarlas antes de asumir decisiones en casos complejos llevados a su atención como juez encargado de interpretar la CPE. De acuerdo al juez Cusi, las hojas nunca le fallaron, pues lo orientaron en la dirección correcta para sus decisiones interpretativas.
Su declaración, primero ante un canal de TV y luego ante sus colegas del Poder Legislativo, todavía causan rubor en todo el país. Más sorprendida -y sonrojada- por la revelación fue la magistrada Camacho Quiroga, profesora de música antes de graduarse de la Facultad de Derecho en Oruro. Para evitar ser identificada con las convicciones de su colega, interrumpió el pasado fin de semana una entrevista en la que el Dr. Cusi formulaba declaraciones a los reporteros, presumiblemente sobre sus habilidades en la lectura de hojas de coca. La juez pidió a los reporteros que por favor no lo entrevistaran pues sus declaraciones incomodaban a los jueces de todo el país.
Erbol trajo la noticia y recordó que, como no lograba detener la entrevista, la magistrada se identificó y muy molesta dijo que “la anterior vez (Cusi), cuando concedió una entrevista no sé a qué medio de comunicación (Gigavisión), (lo que dijo) repercutió sobre todos los magistrados”.

Trató de controlar micrófonos y cámaras, que, más bien, se orientaron hacia ella. De manera que la confesión pública del Dr. Cusi sobre su fe en los misterios y sabiduría de las hojas de coca se volvieron, aunque solamente por el día, otra vez un tema de conversación nacional. De la misma manera, fue tema de elaboración el intento parcial de su colega por acallarlo. No llegué a precisar si otros medios registraron el episodio.

Como sabemos, la lectura en coca es un rito ancestral en los Andes bolivianos, y probablemente más allá. El ritual, practicado principalmente por los “yatiris”, practicantes de médicos y curanderos reverenciados entre sus seguidores, consiste en dejar caer lentamente un puñado de hojas de coca. La posición que asumen al asentarse indicarían la respuesta a la cuestión planteada por el yatiri. La confesión del Dr. Cusi, la primera de un magistrado en Bolivia, dejó ansiosos a muchos quienes tienen sus casos pendientes de una resolución en el Tribunal Constitucional.
De acuerdo al registro informativo de Erbol, el Dr. Cusi dijo que respetaba el punto de vista de su colega y evitó comentarlo. Sin embargo, subrayó que todo cuanto decía tenía un carácter personal y agregó: “Yo no soy una persona que dice una cosa y al día siguiente hace otra; entonces, en ese sentido se mantendrá lo que se ha dicho y, es más, se ampliará”.
Creo que todos esperamos también con ansiedad conocer la ampliación.
Los magistrados en funciones fueron elegidos el año pasado (¿recuerdan que los votos nulos y blancos fueron superiores en número a los válidos?) en un raro acontecimiento mundial, pues son muy pocos los lugares de los que se sepa que los jueces son designados por voto popular. El gobierno ha encomiado esta manera de designar a los administradores de justicia como una manera de conferir un carácter más democrático a la justicia. No han sido claramente replicadas por el gobierno las objeciones al novísimo sistema. ¿Sobre qué bases un juez buscaría el voto popular, además de sus propios méritos e idoneidad profesionales? Una respuesta, demostrativa del escepticismo en torno a la innovación, estuvo en las abstenciones y en los votos blancos y nulos, holgadamente mayoritarios en la elección.
Los jueces fueron posesionados este año y aún están por verse los resultados de la innovación.  Tal vez la revelación del Dr. Cusi sea el comienzo.