Juez

La traducción no importa – II

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El Juez Sixto Fernández, a cargo del Juicio del Siglo, ordenó esta semana la comparecencia en Santa Cruz de un ingeniero en telecomunicaciones, que estudió en Hungría  hace casi 40 años, para que oficie de lector y traductor de las declaraciones del joven húngaro Elöd Tóásó cuando fue detenido por la policía en abril de 2009.

El ingeniero de telecomunicaciones Martín Santos estuvo en la audiencia del viernes en el Palacio de Justicia de Santa Cruz y durante toda la jornada leyó en voz alta documentación escrita en húngaro. Al tribunal le pareció suficiente que hubiera estudiado en Hungría a mediados de la década de 1980 y, al igual que hace tres años, le encomendó la delicada tarea de traductor instantáneo.

Leía en voz alta y luego traducía. Los jurados seguían la voz del traductor con tanta atención que parecía que entendían sin sombras de duda las expresiones del traductor.

Santos leyó decenas de páginas y dio lugar a una reiteración de las escenas surrealistas narradas en mi libro ¨Labrado en la Memoria¨, presentado en junio en la Feria del Libro de Santa Cruz.  El título de esta nota es similar a otro registrado en la misma obra.

Tóásó sobrevivió, junto con el boliviano-croata Mario Tádic, al asalto al Hotel Las Américas al rayar el alba del 16 de abril de 2009. En conexión con el asalto a cargo de una unidad policial ya disuelta murieron tres personas, entre ellas Eduardo Rózsa Flores, a quien se atribuye la responsabilidad de dirigir al grupo central de un plan de derrotar al ejército boliviano y dividir al país.

Ningún militar en servicio activo y tampoco los ministros de defensa sucesivos han contradicho la versión que supone la hazaña de lograr la capitulación de las armas bolivianas tras una cruenta guerra separatista.

Tóásó y Tadic se declararon culpables al cabo de años de negar los cargos que se les imputaban y recibieron condenas que les permitieron recuperar la libertad a comienzos de 2015.  Tiempo después, los dos lograron salir (subrepticiamente) del país y, al llegar a su nativa Hungría, Tóásó desmintió la admisión de culpa que le había dado la llave para salir libre. Tádic también se fue y nada se ha sabido de él.

La sesion fue de las más aburridas del proceso pero para el traductor Santos puede haber sido una jornada de las más tranquilas de su oficio. Podía haber leído arcoiris y haber dicho silpancho y nadie se habría dado cuenta, pues era el único que hablaba la lengua magiar. La sesión no registró ninguna interrupción.

Las audiencias serán reanudadas el 4 de septiembre cuando deberá continuar la lectura de las acusaciones.

 

Donde la justicia funciona

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Desde la posesión de Donald Trump como Presidente de Estados Unidos, se ha desencadenado un huracán de acontecimientos que para muchos latinoamericanos parece repetir situaciones que ellos ya han vivido pero con una diferencia fundamental: el funcionamiento de la justicia. Es conocida en los países dominados por populismos la estrategia para abrumar a la sociedad con medidas de corte radical e inesperado. No acaba de ser digerida una decisión cuando aparece otra. En el caso estadounidense, la justicia se ha puesto al frente de decisiones que los jueces consideran inconstitucionales.
Mientras el nuevo gobierno preparaba medidas para desmantelar las que implantó Barack Obama tras la crisis financiera de 2008, la peor desde la Gran Crisis de 1929, un juez federal del estado de Washington decidió la suspension de las órdenes ejecutivas sobre inmigración y refugiados que han levantado protestas en gran parte del mundo. Su alegato es que ese estado ha sido golpeado con la restricción a inmigrantes, que sustentan el funcionamiento y progreso de muchas de sus empresas, en especial las del área tecnológica.
La decision del juez James Robart prefiguraba una pugna abierta de poderes que de inmediato se levantaba como el mayor desafío para el nuevo gobernante, a solo dos semanas de haber jurado al cargo. El juez sostiene que la medida dispuesta por el nuevo presidente es inconstitucional y está dispuesto a probarlo. Otros estados han introducido demandas contra las órdenes ejecutivas del nuevo mandatario en un dominó que este fin de semana la nueva administración no conseguía detener.
En el fondo de la disputa hay un principio: nadie, ni siquiera el presidente, está encima de la ley. El respeto a ese principio confiere credibilidad a los gobernantes y les asegura el respaldo de la sociedad. No respetarlo lleva a la degradación de gobiernos, germina autoritarismos y alimenta su propia inestabilidad.
Las decisiones del nuevo presidente han sacudido la confianza de los aliados tradicionales de Estados Unidos. Pocas veces los diplomáticos estadounidenses han estado tan empeñados, sin gran éxito, en apaciguar a sus colegas aclarándoles que ciertas expresiones y actitudes no revisten gravedad.
En Inglaterra crecían por centenas de miles las peticiones firmadas para que la Primera Ministro Theresa May cancele la invitación para que Trump visite Londres más tarde este mes. Los diplomáticos informaban que si la visita se llevase a cabo, no sería la más feliz para un mandatario que apenas empieza su gestión y heriría gravemente la relación entre las dos naciones. Para Australia, otro aliado de los más leales, pasará tiempo antes de que se disipe el malestar creado cuando Trump, a mediados de la semana transcurrida, colgó el teléfono al primer ministro Malcolm Turnbull que reclamaba el cumplimiento de un acuerdo para recibir a 1.250 refugiados por ahora en suelo australiano.
Con México, las viejas heridas por las disputas del siglo antepasado que derivaron en la pérdida de gran parte de su territorio, parecían reabrirse. No era casualidad que en las redes sociales el juego favorito fuesen piñatas en las que el muñeco a golpear era el nuevo mandatario. Muchos observadores subrayaban que nunca un presidente había provocado tantos malestares con tantos países en tan poco tiempo.
Ni Israel se libró estos días de los vaivenes repentinos de la política exterior. Los guiños de simpatía desde el triunfo electoral y la posesión de Trump perdieron fuerza cuando la nueva administración advirtió a los israelíes que la pretensión de instalar nuevos asentamientos y construir miles de viviendas para colonos iba en contra ruta de la búsqueda de paz en una region donde la guerra y la violencia son diario vivir desde hace décadas.
En la semana tumultuosa que pasó, hubo una actitud consecuente de un multi milmillonario. Vincent Viola, designado para dirigir la Secretaría del Ejército, retiró su nominación. Su argumento fue convincente pues rebasaba de consecuencia: sería demasiado complicado apartarse de sus negocios e intereses, que entre otros incluyen un importante grupo financiero (Virtu Financial) y otros, como una participación mayoritaria en una línea aérea. Gracias, mejor no, decidió.

Un juicio a pique

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Hace poco más de una semana fueron reiniciadas las audiencias del Juicio del Siglo tras casi un mes de interrupción. Debo recalcar que asistir estos días como reportero al Palacio de Justicia de Santa Cruz trae consigo la extraña sensación de ingresar a un túnel oscuro donde manda la conveniencia del poder. A las sesiones han dejado de concurrir dos cartas que el Ministerio Público blandía entre los naipes con los que desde hace siete años sostiene que estuvo en marcha un plan siniestro bajo el cual el ejército iba a capitular vencido por las comparsas carnavaleras cruceñas y la policía municipal armada con bastones de goma. La sensación surreal persiste y todo apunta hacia una salida inesperada, incluso contra la voluntad de quienes propagaron la historia. No es ninguna premonición desatinada pues las sorpresas son una variante frecuente en el mayor juicio penal de la historia boliviana.
El curso de estos casi ocho años lo confirma, desde la fuga del arquitecto de la acusación Marcelo Soza, el apresamiento de fiscales y las confesiones estalinianas de algunos acusados para abrirse camino hacia la libertad, hasta el apartamiento del juicio del general Gary Prado Salmón, a quien el Ministerio Público atribuye la intención de descuartizar Bolivia y fundar una nueva nación desde la silla de ruedas en que está recluido hace más de tres décadas. A estos capítulos se suma ahora el alejamiento de Ronald Castedo, para el gobierno pieza articuladora de esa conjura a pesar de las deficiencias cardíacas crónicas que lo colocan entre las pocas personas en el mundo con múltiples cirugías cardiovasculares, inclusive extensores sucesivos dentro de otro extensor para desbloquear el flujo sanguíneo.
El surrealismo del caso viene desde sus orígenes. El presidente de la República anunció en tierras extranjeras que de él partió la orden de atacar el hotel donde murieron acribilladas tres personas con un salvajismo incomún en la historia nacional. Después vino la maquinaria propagandística del Estado a endosar la version, de la que, poco a poco, desaparecieron algunos puntales. No se ha vuelto a hablar de ¨magnicidio¨, por ejemplo.
Para jueces y fiscales, el caso parece tan fresco como el 16 de abril de 2009. Una excepción estos días partió de la juez ciudadana Sonia Mamani: discrepó de sus colegas Sixto Fernández, Julia Elena Gemio y Anastasia Callisaya, opuestos a la separación de Castedo. El trio recibió un fuerte revés cuando un tribunal de La Paz ordenó la separación mientras el ex ejecutivo de Cotas languidecía.
Las apuestas entre los que observan uno de los juicios más dilatados del mundo incluyen adivinar quién será el próximo separado, inclusive de entre los juzgadores. Entretanto, con la vacación judicial de La Paz en puertas, las audiencias fueron suspendidas hasta el 9 de enero. Con esta prolongada interrupción, a tres de los acusados aún presos les espera una nueva Navidad en Palmasola.

Juicio ensombrecido

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El tribunal que preside el juez Sixto Fernández intentó hace pocos días probar que es posible conducir un vehículo sin gasolina. Habría alcanzado renombre si conseguía continuar el Juicio del Siglo desprovisto de actas formales. No logró avanzar y el juicio que tiene a su cargo mantiene su ritmo geológico en busca de resolver la trama que empezó hace siete años con el asalto armado a un hotel, la muerte brutal de tres huéspedes, prisión para otros y el cuestionamiento a decenas de personas en un proceso que busca probar que desde Santa Cruz se planeaba derrotar al ejército y crear una nueva nación sudamericana.

El intento que promovió el juez falló y durante casi todo marzo las audiencias han estado en la oscuridad causada por la falta de actas. Solo el día 29 se reanudaron bajo cierta normalidad, cuestionable cuando en la balanza se colocan hechos como la confesión del autor de la acusación, desde hace dos años refugiado en Brasil, de que actuó bajo presiones del gobierno. Para la legalidad del proceso, esa confesión no existe.

La tentativa del juez ocasionó una rara coalición de defensores y acusadores, e incluso de una juez ciudadana que le reprochaba por desdeñarla, decía, porque carece de formación jurídica. La juez concuerda en que el tribunal violó normas legales al instalarse en Tarija hace tres años sin algunos acusados. Uno de ellos, inhabilitado físicamente, fue declarado rebelde para justificar su ausencia.

El traspié ha dado lugar a una andanada de acusaciones de los fiscales y abogados que cuestionan la habilidad del juez para conducir un juicio de la magnitud del caso que se arrastra desde 2009.

En lo que parece agregar sombras al mayor juicio penal de la historia boliviana reciente, un ambiente de sospecha se instaló en las audiencias la pasada semana cuando un desconocido, gorra blanca al revés, bermudas y zapatos tenis, fue sorprendido tomando desde un celular imágenes de los abogados acusadores. Llamado por el juez, el desconocido entregó su identidad y habló con él unos minutos, pero el magistrado informó que el fotógrafo misterioso sólo balbuceaba y que no había entendido lo que dijo.

El desconocido, después identificado con un nombre que nada decía para los presentes en la audiencia, se fue y de inmediato no se supo de dónde había venido ni qué hacía en el lugar. Algunos en la sala sospechaban que era agente del  gobierno y una investigación posterior los corroboró, pero no se supo más. Otros señalaban que las ondas del ¨caso Zapata-Morales-Quintana, etc.¨ rompían sus límites iniciales y que una paranoia desbordada empezaba a contagiar también a actores y protagonistas del Juicio del Siglo.

Ánimos crispados

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El Juicio del Siglo reanudará las sesiones orales este lunes, a pocos días de haber sido colocado cerca del colapso cuando un abogado del gobierno y otro de la defensa estuvieron a un paso de llegar a los puños, en un pugilato que sólo habría expresado la decadencia del mayor juicio penal de la historia boliviana.

Desde el inicio de la fase oral en Santa Cruz, hace tres años, el Juicio del Siglo ha estado repleto de incidentes, pero el de la semana antepasada eclipsó los anteriores, en medio de incitativas e interjecciones ante los ojos del tribunal primero de sentencia de La Paz, que preside el juez Sixto Fernández.

El 7 de enero, durante la sesión en la que hicieron crisis algunas de las tensiones y frustraciones acumuladas en años, el magistrado intentó reflexionar ¨a todas y cada una de  las partes¨. Esta semana podrían medirse los efectos de la reflexión sobre los ánimos de los involucrados, en un proceso que no exhibe señales de un final próximo, después de 80 meses de la invasión policial al Hotel Las Américas y la muerte violenta de tres ocupantes que, en la voz del gobierno, iban a cometer magnicidios, terrorismo y una guerra para dividir Bolivia.

¨Hay quienes quieren que el juicio fracase…¨, dijo el juez, al anunciar que había dispuesto mayor vigilancia de los policías siempre presentes en las audiencias para que observen el comportamiento de todos los asistentes. (La chispa de ese incidente había sido una interjección desde algún lugar donde su ubican los acusados y el público visitante). El llamado genérico del juez ¨a todas las partes¨ para que asuman un comportamiento profesional causó molestias en la defensa. Uno de los abogados le señaló que el incidente que acababa de ocurrir había sido causado por la interrupción exabrupta de un representante del Ministerio de Gobierno cuando hablaba un defensor.

Durante gran parte de las audiencias de diciembre y de comienzos de este mes, el tribunal ha estado  abrumado por una crisis interna cada vez más visible. Una de las jueces ciudadanas acusó a un fiscal de pretender imponerles su voluntad; luego las jueces ciudadanas acusaron a su colega técnica de no guardarles respeto y pidieron la intervención del juez presidente. Hace 10 días otro fiscal responsabilizó al juez Fernández de no conducir apropiadamente las sesiones.

En esa atmósfera tensa, el día 7 de enero hubo interjecciones airadas y un abogado defensor y un representante del Ministerio de Gobierno se levantaron de sus asientos con los puños cerrados rumbo al centro de la sala frente al tribunal. La intervención de sus colegas, que sujetaron a los dos, previno el pugilato que estaba por desencadenarse. La sesión iba a continuar, pero prevaleció la sugerencia apaciguadora del abogado defensor de funcionarios de COTAS para suspender la audiencia porque no existían condiciones para continuarla.

Luego de peregrinar por La Paz, Cochabamba, Tarija y Yacuiba forzado por problemas de salud que acosan a los acusados (uno de ellos sufrió un infarto), el caso está radicado en Santa Cruz desde enero de 2013. De los 21 acusados de entonces, quedan 16. Cinco optaron por juicios abreviados y se declararon culpables de delitos que les endilgaba la acusación y que ellos habían negado durante años. La abreviación fue calibrada para que la sentencia coincidiera con el tiempo que habían permanecido presos. Un tufillo evocador de  los Juicios de Moscú en la década de 1930 es inevitable para todo quien haya  leído un mínimo de la historia de esos años.

El juicio continúa en la fase declaratoria de los testigos de la acusación, cuyo número el juez decidió reducir para acelerarlo. Al acabar la presentación de testigos de cargo, deberá ocurrir el turno de los testigos de la defensa. Aún quedaría pendiente la presentación de pruebas en las que se basó el ahora ex fiscal Marcelo Soza Álvarez para articular la acusación. La gestión del ex fiscal duró más de tres años antes de que fuera apartado. Ahora está en Brasil, donde se le brindó refugio tras denunciar que  gran parte de su pliego acusatorio fue resultado de presiones del gobierno para involucrar a dirigentes de Santa Cruz en la trama que asegura buscaba derrotar al ejército y crear una nueva nación. Los documentos que el ex fiscal presentó en Brasil para obtener refugio no han sido aceptados entre las pruebas.

La acusación cree que se podrá llegar a la sentencia en cuestión de meses. La defensa no es tan optimista.  Con la experiencia de los años transcurridos, los abogados de la defensa creen que más realista sería hablar de años, tal vez hasta 2018.

 

Un boomerang

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El veredicto leído la noche del jueves por la juez que condenó a Leopoldo López a casi 14 años de prisión nació destinado a catalizar los sentimientos democráticos venezolanos. Una consecuencia inmediata que detectaron institutos de pesquisas ha sido el afianzamiento de la determinación de muchos venezolanos de votar en las elecciones legislativas del 6 de diciembre y a partir de ahí empezar a arriar las banderas del régimen del Socialismo del Siglo XXI en sus expresiones más brutales: el envilecimiento de la justicia, y la corrupción.
El diagnóstico del líder socialista español Felpe González, entre los primeros en comentar la sentencia, fue categórico: “Ni dentro ni fuera de Venezuela, nadie puede llamarse a engaño. Venezuela se ha convertido en una dictadura de facto. El Presidente decide por el Parlamento y por la Justicia”.
El conteo de los días y las horas hasta la cita con las urnas mantendrá en vilo a toda la región, de manera especial a los regímenes afines al que ahora preside Nicolás Maduro. Es difícil no temer que la travesía de estos 70 días estará acechada por peligros derivados de un régimen que se da cuenta que se encuentra en estado terminal.
Las tensiones y nuevas situaciones surgidas estos meses han acentuado las preocupaciones de las cancillerías del continente por la paz de Venezuela con algunos vecinos. Hay sospechas de que las alteraciones ocurridas en estos últimos dos meses pueden ser movimientos entre cuyas razones estaba la de obtener apoyo interno que ayude al régimen venezolano a escudarse ante una eventual catástrofe electoral.
Las pocas mediciones confiables del estado de opinión de los venezolanos han mostrado una dirección desfavorable para Maduro. Más del 80% los encuestados en julio, tenía una opinión negativa respecto al gobierno. Poco después de divulgados esos resultados, sobrevino un reavivamiento de las tensiones con Guyana, por el territorio al oeste del rio Esequibo, y casi de inmediato estalló la crisis fronteriza con el cierre y militarización venezolana de gran parte de la línea divisoria con Colombia. Con miles de desplazados, denuncias de violaciones masivas de derechos humanos y con la Organización de los Estados Americanos renuente a tratar la cuestión, la crisis se mantiene explosiva. No se conocen resultados de pesquisas de los últimos días.
Las elecciones legislativas son decisivas para el Socialismo del Siglo XXI en la región, donde ha tenido el privilegio de gobernar inundado por recursos del mayor auge de precios de las materias primas en casi un siglo. Con esa bonanza ahora eclipsada, ha sobrevenido el cansancio con las formas autoritarias de gobierno amenazadas con colapsar.
El jueves, al asumir la última fase de su defensa, el dirigente de Voluntad Popular dijo a la juez Susana Barreriro que ella tendría más dificultades en leer su sentencia que él en asumirla. Abogados defensores del líder venezolano presentes en la audiencia dijeron que fue, en efecto, eso lo que ocurrió, en consonancia con la magnitud de lo que la juez estaba dictando. La juez, dijeron, no estaba tranquila y su voz trepidaba.
A López no le permitieron presentar a ninguno de sus 68 testigos y la fiscalía tampoco consiguió probar la acusación de que sus discursos eran llamados a la violencia. La reproducción de las imágenes con los discursos que se le atribuían a López comprobaba, más bien, que había convocado a la paz y a la no violencia. La defensa, en una audiencia donde no hubo periodistas, no consiguió que se le permitiese exhibirlas.
La sentencia contra el opositor venezolano luce como su consagración como líder principal de las luchas democráticas de su país. Se debe suponer que eso no era lo que esperaba el gobierno de Maduro. El episodio del jueves parece resultar en un boomerang cuyo retorno puede sacudir por completo las bases desde donde fue lanzado.

Deshojando la cebolla

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La defensa en el Juicio del Siglo empezó esta semana a responder a la acusación contra 39 personas a las que se atribuye el propósito de sembrar el terror, desmembrar Bolivia y desarticular la división geopolítica del continente sudamericano. El fiscal que elaboró la acusación está refugiado en Brasil desde marzo y se dice perseguido por el gobierno que hizo que preparase, asegura, una tesis acorde con los intereses políticos de las autoridades. No hay signos que indiquen un desenlace próximo del mayor juicio penal de la historia boliviana surgido de un episodio sangriento hace cerca de seis años en Santa Cruz.
El año comenzó bajo la impaciencia de los acusados con la prolongación del proceso, cuya duración marca un récord. Al reanudarse las sesiones tras los feriados de fin de año, el acusado Juan Carlos Guedes, el ex dirigente de la Unión Juvenil Cruceñista que reconoce haber engañado al comandante de la supuesta gesta, Eduardo Rózsa Flores, vendiéndole una pistola (correcto) mugrienta y sin cacerinas con la que iría a dirigir la insurrección separatista, reclamó al juez Sixto Fernández por su dilatada prisión. “Pronto voy a cumplir seis años en la cárcel… ¿hasta cuándo?”, reclamó airado. Guedes ya ha escrito un libro sobre su prisión y dice que tiene pronta una narración adicional. Acusado de ser traficante de armas, subrayó que su domicilio nunca fue inspeccionado para verificar la acusación de que iba a ser el proveedor de pertrechos para miles de hombres.
A los frecuentes altibajos y suspensos del proceso que llegó Santa Cruz hace dos años tras peregrinar por La Paz, Cochabamba, Yacuiba y Tarija, se agregó esta semana una frase del presidente Evo Morales en la ceremonia de inauguración del Año Fiscal organizada por el Fiscal General de la Nación, Ramiro Guerrero. “Si castigas a los separatistas (acusados en el Juicio del Siglo), puedes ser el nuevo presidente” de Bolivia, le dijo al fiscal, citado por el diario El Deber. En la misma jornada, el mandatario sugirió un referéndum para reformar la Carta Constitucional. La frase acentuó la perplejidad entre quienes asisten al juicio cuando el mandatario se mostró partidario de suprimir el debido proceso. ¿Puede eliminarse un principio, un concepto fundamental en democracia? “Es un principio tan válido para los derechos humanos como lo es el que la tierra gira alrededor del sol o que el mundo es redondo”, dijo un abogado defensor. El principio es parte de la CPE.
Otros hechos anecdóticos han causado una huella temprana en las audiencias de este año. El 11 de septiembre, el general Gary Prado Salmón había planteado la suspensión de la detención domiciliaria que le impuso una juez en mayo de 2010. El general acusado subrayó esta semana que la juez que entonces le tomó la declaración tenía lista la decisión de siete páginas tamaño oficio y renglón seguido preparada antes de escucharlo.
En su más reciente petición, Prado Salmón pidió que se permita defenderse bajo entera libertad. Entre las razones para imponerle la detención actual estaba el recelo de la juez de entonces por evitar que se comunicase con otros acusados y con los medios informativos, debido al relieve del general, cuya compañía de Rangers rindió a Ernesto “Ché” Guevara en los parajes de Ñancahuazú en 1967. El militar hizo notar esta semana que la prohibición de contacto fue superada con las audiencias, en las que todos los acusados presentes conversan, hablan con los periodistas y suelen compartir café. No debía, especialmente, conversar con el general Lucio Añez Ribera, también retirado y ahora apartado del juicio por problemas que le dificultan la memoria. Con ese factor también superado, ya no existirían razones para mantener las restricciones a su liberad, planteó la defensa. El juez flexibilizó el horario de las restricciones incorporando sábados y domingos, pero negó extender formalmente la hora de retorno a su domicilio con el fin de facilitar el desplazamiento del general desde las universidades en las que dicta clases.
En una de las últimas sesiones, el juez Sexto Fernández hizo preguntas al coronel de policía Adalberto Torres Céspedes, uno los 39 acusados. El juez hizo una pregunta que uno de los fiscales objetó, en una situación inusual. No es común que un fiscal objete al juez que, en este caso, retiró la pregunta. El hecho sembró inquietud entre los acusados sobre quién efectivamente ordenaba la sesión.
Elod Toaso, uno de los dos sobrevivientes del asalto al Hotel Las Américas, reclamó que cuando él declaraba meses atrás, se había presentado una situación similar. Sus abogados quisieron objetar una pregunta del juez pero éste dijo que las preguntas del juez no eran objetables. Su abogada Erika Oroza tocó uno de los nervios más sensibles al afirmar que el proceso tenía un error básico insalvable: sus orígenes habían sido una denuncia fechada el 14 de abril de 2009, antes de que ocurriese una explosión sobre el portón de la residencia del cardenal Julio Terrazas y antes del asalto al Hotel Las Américas.
Las preguntas respecto a flaquezas de la acusación empezaron a ser expuestas por Gianni Prado, el abogado de Mario Tadic, al iniciarse la etapa de alegatos. Uno de los primeros puntos fueron las afirmaciones de un periodista español que, después, resultaron endebles pero que la acusación las utilizó como fuente básica. “Si hubiera habido probidad en la administración de la justicia, se habría visto que el caso fue armado”, dijo el abogado.
Las réplicas a la acusación deberán continuar, al reiniciarse las sesiones este 19 de enero.

Analogías

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Llevar adelante la pelota con la barriga o encontrarse “como chancho en trapecio” son formas populares de describir situaciones incómodas, habitualmente temporales. La analogía parece adecuarse al Juicio del Siglo que, hace poco más de una semana, ingresó a una nueva agonía con la baja intempestiva de una juez ciudadana, afectada por anemia aguda provocada por una úlcera. El médico Juan Carlos Santisteban,  uno de los acusados en el proceso de mayor envergadura de la historia penal boliviana,  cree que esa condición ha sido provocada por la presión en la que la juez Sonia Mamani Vargas se encuentra por la parte que le toca vivir en el juicio, del que es jurado desde hace más de dos años.

“La paciente puede llegar a sufrir desangres internos agudos que agravarían peligrosamente su condición”, me  dijo, poco después de haber visto los resultados de algunos análisis de la juez.  No fue sorpresa que la juez ciudadana hubiese luego anunciado, con un angustiado “ya no puedo más…”, su propósito de alejarse del tribunal para cuidar su salud. El  tema es inevitable periodísticamente por las dimensiones que el gobierno le atribuye: una conspiración para dividir Bolivia, derrota del ejército nacional mediante.

El caso lleva más de 65 meses desde el episodio del Hotel Las Américas, una expresión del ritmo geológico con el que opera la justicia. Aún no ha llegado a la sentencia, etapa que no debía haber pasado de  36 meses,  término límite establecido en pleno procesamiento del caso y mayor al que existía al comenzar la investigación.  Para el vicepresidente Álvaro García, la prolongación del caso es “una vergüenza” y “un delito” del que responsabiliza a los fiscales y jueces encargados. Sus palabras son como un conteo de protección para los que conducen el caso. (9-8-7-6-5, 4…)

Entretanto, luce impracticable acelerar etapas al cabo de tanto tiempo y cuando tiene vez más menos creyentes la tesis del gobierno, denunciada por el presidente tras el episodio violento del hotel (intento de magnicidio, terrorismo y división del país).  Además, todavía está en curso la fase de declaración de los acusados, y en desarrollo un incidente causado por la carta y confesiones del ex fiscal Marcelo Soza, que ha dicho ante el Consejo Nacional de Refugiados de Brasil que la acusación que él articuló es un  fraude porque la preparó tras siembra de pruebas y bajo presión del gobierno.  Por sobre todo, está la incapacidad temporal de la juez ciudadana, sin  cuyo concurso el tribunal está trabado. Los juristas dicen que todas las decisiones tomadas por el jurado serían nulas y restaría, entonces, la elección de otro tribunal, lo que supondría volver hasta principios de 2012, cuando asumió el  tribunal actual.

Instalado en Santa Cruz a comienzos de 2013 tras peregrinar por Cochabamba, Yacuiba y Tarija, el proceso sufrió varios traspiés antes del receso decretado hasta el lunes 29 por el juez.  En solo dos  días, el tribunal tuvo que sortear obstáculos interpuestos por los fiscales, disconformes con la posibilidad de que el  hiper-testigo Boris Villegas especifique en qué circunstancias había conocido a Juan Carlos Guedes, el ex dirigente de la Unión Juvenil Cruceñista a quien el ex fiscal Soza endilgaba la condición de mercader de armas para el supuesto Armagedón boliviano.  Guedes, quien ha dicho que sólo vendió una pistola mugrienta y sin cacerinas a Eduardo Rosza Flores, fue el primer detenido después de los dos sobrevivientes del asalto al hotel. Los  fiscales se opusieron sin éxito a la autorización del tribunal para que el ex alto funcionario del Ministerio de Gobierno, Villegas, contase pormenores de cómo había conocido al ex dirigente cruceñista, quien ha escrito un libro sobre su detención y encarcelamiento y tiene otro en camino.

A ese entredicho se sumó la presencia de Caroline Dwyer, quien vino desde Irlanda en una nueva cruzada por saber más detalles sobre la muerte de su hijo, Michael Dwyer, el 16 de abril de 2009. También murieron el boliviano-húngaro-croata Rózsa Flores y el húngaro Arpad Magyarosi.

“Michael fue ejecutado por un bala al corazón”, dijo la señora Dwyer el 18 de septiembre, en la única declaración que hizo y leyó ante  medios bolivianos.  “Mientras yacía muerto o moribundo recibió cuatro tiros más en su espalda”.  El informe de la patóloga oficial de Irlanda que transcribe esa conclusión yace en la cancillería boliviana y, asegura la defensa, nunca fue entregado ni al juez ni a los fiscales a cargo del proceso que mañana, al vencer el receso decretado por el juez, ingresaría a un nuevo capítulo. Tras el cansancio de una carrera de más de cinco años, el caso semeja cada vez más al de una pelota empujada con la barriga.

Crisis en el Juicio del Siglo

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Un recuento de la jornada de hoy

El Juicio del Siglo que se desarrolla en Santa Cruz desde comienzos de año ingresó este lunes a una zona de crisis con la ausencia de una de las jueces técnicas debido a problemas de salud.
La falta de la juez Luisa Elena Jemio Limachi, que sufre de parálisis facial, fue reprobada por el presidente del tribunal, el juez Sixto Fernández, quien la semana antepasada había asegurado que la juez estaría presente, y por el fiscal del Ministerio Público, Sergio Céspedes, quien dijo que la actitud de la magistrada equivalía a querer apartarse del juicio más controvertido de la historia boliviana este siglo y a la vez pretender ejerciendo funciones. “Es una vergüenza”, dijo, al poner en entredicho las excusas de la magistrada. Dijo también que la actitud de la jueza parecía “una tomadura de pelo”. El juez Fernández remató diciendo que la juez había estado en audiencias el viernes, lo que ponía en duda la imposibilidad de venir a Santa Cruz.
Desde La Paz, donde sigue tratamiento para su dolencia, la juez envió una carta al tribunal, criticando a sus colegas del jurado por haber emitido una orden para comparecer en las sesiones sin tomar en cuenta los certificados médicos que acreditaban su condición de paciente, ni su condición de parte del jurado. El reclamo de la juez era también por el procedimiento, pues no podría ser notificada para comparecer en un acto del que, por integrar el tribunal, es parte. La juez ha sido disidente en algunas cuestiones decididas por sus colegas del tribunal.
A la crisis en el tribunal se agregó la inasistencia de uno de los acusados, afectado por una dolencia estomacal; la falta de abogado para otro, que pidió un defensor público, y un reclamo de El Viejo que demandó garantías para su seguridad, pues en la vivienda donde suele estar con sus hijos en los momentos en que está fuera de la prisión de Palmasola, fueron encontrados explosivos. “Es la tercera vez” que ocurre ese tipo de incidentes que amenazan su seguridad personal y de su familia, dijo Luis Ignacio villa Vargas, próximo en la lista de acusados para declarar ante el tribunal.
Un cuarto incidente fue descubierto durante la sesión: Ronald Castedo, el ex presidente de Cotas, estuvo interno en la Clínica Foianini de Santa Cruz durante seis días recibiendo tratamiento de urgencia a causa de complicaciones en su sistema cardiovascular. Castedo ya fue operado en mayo pasado, cuando le colocaron un extensor en una de sus arterias. Su condición no fue suficiente para avalar el reclamo de su defensa para que se lo aparte del juicio y el juez determinó, con los informes de una forense venida de Sucre, que debía continuar asistiendo a las sesiones. Al informar sobre la recaída de Castedo, la defensa subrayó que el ex ejecutivo de Cotas cumplía con el mandato del juez pese a los riesgos que, subrayó, corre su salud.
La inasistencia de la juez Jemio fue un desaire para el juez Fernández, quien, ante preguntas incómodas de la defensa que reclamaba que Jemio fuese excluida del juicio para reconducir el proceso por un carril normal había afirmado que ésta sí estaría presente este lunes. No hizo ningún comentario respecto a su vaticinio incumplido, pero aseguró que la juez, pese a su dolencia, había asistido a audiencias en La Paz, lo que evidenciaría una actitud discriminatoria sobre el juicio en curo en Santa Cruz.
La sesión fue suspendida hasta este martes en la mañana. Se espera que en las horas que siguen el ex funcionario de Cotas Carlos Eduardo Pereira supere su dolencia estomacal, y que pueda organizarse una defensoría pública para Juan Alberto Kudelka. La abogada Verónica Suárez, que lo defendía, no estuvo presente en la sesión.

Juicio del Siglo empantanado

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Las dolencias de una juez han puesto en aprietos al tribunal que preside el Juicio del Siglo, donde los cargos de conspiración para matar al presidente Morales van de la mano de los de alzamiento armado, terrorismo y separatismo. Es una de las acusaciones más graves formuladas por el Ministerio Público en contra de un grupo de ciudadanos en toda la historia nacional.
Los problemas de salud no son nuevos para este tribunal, cuyas audiencias tienen lugar en Santa Cruz desde principios de año. Ya tuvo que tomar decisiones cuando uno de los acusados sufrió un infarto en plena sala de audiencias a principios de año, en Tarija. Ahora tiene dificultades para decidir entre apartar del proceso a la juez Julia Elena Gemio o mantenerla. Los miembros del tribunal no son substituibles y deben acompañar los casos que se les asigna hasta el final del proceso. Un alejamiento de la magistrada debilitaría al tribunal pues una baja adicional por cualquier motivo podría llevar a su disolución. Mantenerla conlleva el riesgo de repetidas demoras y pausas en el proceso que estalló el 16 de abril de 2009, cuando ocurrió la incursión policial al Hotel Las Américas y que con el correr de meses y años es causa de exasperación entre los acusados y sus parientes. En el mes de julio hubo sólo dos sesiones parciales, en los días 29 y 31, y el debate fue dominado por la ausencia de la juez.
La magistrada, de 46 años, tiene baja dictada por la Caja Nacional de Salud, corroborada por la forense a la que regularmente recurre el tribunal, la sucrense Sheila Cádiz Gutiérrez. Sufrió una parálisis facial y su rehabilitación puede llevar unos 30 días. El pasado jueves juez Sixto Fernández optó por suspender las audiencias hasta el 12 de agosto. Ante la pregunta de si, por tratarse de una dolencia de origen nervioso, no estaría simplemente prorrogando la decisión de apartar del proceso a la jueza, respondió que estaba seguro que la magistrada se reincorporaría. La afirmación sobre un problema de difícil predicción, pues por su origen nervioso la recuperación depende también de otros factores, dio lugar a comentarios sarcásticos de la defensa. “El juez se ha vuelto un especialista médico que, además, lee el futuro”, dijo Otto Ritter.
La reanudación de las audiencias dentro una semana mostrará si el optimismo del juez era justificado o si la defensa tenía razón al plantear su alejamiento.
La dolencia de la juez plantea otros ángulos que fueron recordados por la defensa en las dos sesiones finales. El tribunal no aceptó separar a Ronald Castedo del proceso colectivo que involucra a 39 imputados. A principios de año, el ex presidente de COTAS sufrió un infarto que obligó a trasladar las audiencias de Tarija a Santa Cruz. En mayo, Castedo sufrió un desmejoramiento notable y otra vez debió ser internado de urgencia. Los médicos le colocaron un “stent” para facilitar el fluido sanguíneo por una de sus arterias. La forense oficial opinó que Castedo podía continuar asistiendo a las sesiones, en línea con la argumentación de la acusación. Desde entonces ha habido sólo tres o cuatro sesiones que han aumentado las semanas que lleva el proceso, rumbo a cumplir 52 meses.
El tribunal ha sido también inflexible con otros acusados, inclusive el general Gary Prado Salmón, a quien se le exigió un examen forense minucioso que también determinó que debe asistir a las sesiones, durante las cuales su esposa María del Carmen y su hijo, el abogado Gary Prado Araúz, lo auxilian con fisioterapia en un angosto corredor al lado de los asientos del público.
La exasperación por la dilación del proceso fue notoria el jueves cuando dos acusados, Gelaffio Santisteban y Juan Carlos Guedes, expusieron brevemente sus propios problemas de salud. Santisteban tuvo una fractura en la muñeca (“ni me acuerdo en qué año ni cuándo; estoy tanto tiempo preso”), pero las autoridades del penal de La Paz no le permitieron ser tratado por un especialista. Le dijeron continuamente que sólo tenía una luxación. Ahora padece de una bursitis crónica y tampoco recibe el tratamiento adecuado.
Guedes, normalmente de voz altisonante, apenas consiguió hablar a causa de una laringitis aguda resultado dijo, de un edema pulmonar causado por “la pateadura que recibí de la UTARC” (la unidad que invadió el hotel. “Estoy perdiendo la voz”, le dijo al tribunal. “Pronto debo declarar y no sé si podré hacerlo”.