Juez Fernández

Todo por el juicio

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El Juicio del Siglo debe reiniciar audiencias mañana lunes, tras la interrupción abrupta de hace dos semanas cuando una de las jueces anunció que dejaba las sesiones para atender un llamado mayor y presenciar el desfile escolar del aniversario de La Paz en el que sus dos hijos, como reconocimiento al desempeño en sus estudios, eran abanderados. No podía no asistir, dijo, pues los tenia semiabandonados desde que se incorporó al juicio oral hace más de cuatro años, sin haber conocido los alcances del proceso que debía durar, según le aseguraron, un máximo de tres. En esas circunstancias, advirtió, la responsabilidad con sus hijos era superior a cualquier otra.

Fue la primera vez que en público se habló de la duración máxima que habría tenido el juicio. Tampoco estuvo claro de quién partió la afirmación de que no duraría más de tres años.

Las sesiones orales se realizan en Santa Cruz y la decisión de la juez Sonia Mamani reiteró la precariedad del mayor juicio penal de la historia boliviana cuyo origen remoto es el asalto policial al Hotel Las Américas, el 16 de abril de 2009 en Santa Cruz, la muerte cruel de tres huéspedes y el arresto y exilio de decenas de personas, casi todas personalidades cruceñas. La acusación principal es un supuesto complot para desmembrar al país tras rendir al ejército nacional.  En la vanguardia de esa conspiración gigantesca, de acuerdo a la tesis del ahora ex fiscal Marcelo Soza, fugitivo en Brasil, estaría el general Gary Prado Salmón, general ahora retirado a quien el congreso declaró Héroe Nacional en 1988 por sus convicciones democráticas y su victoria sobre la insurgencia guerrillera de hace medio siglo, que comandaba  Ernesto Ché Guevara.

A su separación del proceso dictada en septiembre, han seguido las de otros: el ex presidente de COTAS Ronald Castedo y el neumólogo Juan Carlos Santisteban. Mucho antes había sido separado el general retirado Lucio Añez, otro militar de credenciales democráticas (fue fundamental en la caída de la dictadura del general Luis García Mesa, en 1981).

La salida de la juez Sonia Mamani habría sido el colapso de todo el proceso en curso. Los jueces ciudadanos -solo dos desde el principio, pues un tercero nunca llegó a ser juramentado- habrían quedado en minoría frente a los dos jueces técnicos, situación contraria a las normas vigentes.

Con la inminencia de un derrumbe, el tribunal que preside el juez Sixto Fernández se vio contra las cuerdas y no tuvo otra opción que dictar una salida para el marginamiento de la juez sin llegar a una ruptura: suspender las audiencias hasta el 24 de julio. Los propios fiscales acusadores se empeñaron evitar un desenlace fatal para el juicio y recordaron que al final del proceso, con la emisión de sentencias, los jueces serían recompensados por su trabajo. No hubo una cuantificación monetaria de la eventual recompensa, pero se la estimaba equivalente al servicio que habian prestado en un caso en el que el interés del gobierno ha sido de primera linea.

Si la salida de la juez no ha tenido mayores consecuencias y si las  expresiones ocurridas en la última sesión han sido restañadas, será visto a partir del reinicio de las audiencias.

En la sesión de la semana antepasada, Fernández fue increpado por la juez, quien dijo que el presidente del tribunal la había acusado de dilatar las audiencias, pero que quien dilataba más era el propio Fernández.

 

Crónica de un martes

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Corrige título: martes, no matres.

Los tres testigos llegaron protegidos por murallas compuestas por decenas de policías en traje de fajina, en una movilización raras veces vista para individuos de quienes se esperaban detalles esclarecedores para el mayor juicio penal de la historia boliviana y la muerte brutal de tres personas.
El episodio sucedió hace ocho años pero la presencia masiva de la policía y las decisiones del tribunal que preside el juez Sixto Fernández trajeron de nuevo a la memoria escenas que aún conmueven de manera especial al oriente boliviano. El martes, blindados por sus camaradas y en calidad de testigos de descargo, ingresaron al salón de audiencias Walter Andrade, Marilyn Vargas y Gary López, con jerarquías de capitán, dragoneante y subteniente de policías cuando, lanzado por una unidad policial ya disuelta de la que los tres eran parte, ocurrió el ataque al Hotel Las Américas.
La movilización hacía pensar en declaraciones capaces de quitar los velos que aún cubren lo ocurrido en el Hotel Las Américas al rayar la madrugada del 16 de abril de 2009. Tres huéspedes del hotel murieron esa madrugada: uno acribillado a balazos, otro con un disparo que le destrozó la tráquea y un tercero con un disparo que le partió el corazón.
Bajo protestas de la defensa de la docena de acusados, el juez dispuso que la audiencia fuese reservada. De la sala salieron parientes, amigos, periodistas, fotógrafos y camarógrafos antes de que los testigos llegasen. La medida fue inusual, pues otros policías e investigadores oficiales habían declarado en público sin que se alegase seguridad personal ni secretos vitales para la seguridad del estado.
La cuarentena para la prensa se extendió a todo el piso y solo estuvieron exentas las gradas hacia el primer piso. El Secretario del Tribunal ordenó que salieran de los pasillos para ampliar el perímetro-sin-prensa diciendo que el juez Fernández lo había dispuesto así. El diario El Deber informó al día siguiente que el magistrado había negado tres veces haber impartido tal orden. La ocurrencia parecía evocar el Viernes Santo que acababa de pasar.
La exclusión tuvo lugar en medio de protestas de los parientes de los juzgados y la inconformidad de los periodistas. Maria del Carmen Morales, esposa del general (r) Gary Prado Salmón, reclamó con vehemencia contra la que calificó como una censura ¨propia de dictaduras¨ para proteger al trio policial al que responsabilizó de gran parte de lo ocurrido en el hotel. Recordó que a su esposo, Héroe Nacional declarado por el Congreso, lo habían obligado a declarar aún convaleciente en su domicilio bajo el sistema de comunicaciones Skype, sin respeto a su privacidad.
Pese a la parafernalia protectiva, ninguno de los tres declaró, aseguraron personas que lograron informarse sobre la sesión. Una de ellas dijo que los policías ni siquiera llegaron a jurar, requisito indispensable para quienes van a declarar pero en este caso innecesario pues los policías no lo harían, amparados en el derecho a la reserva por cuestiones de seguridad nacional que el tribunal les reconoció.
Los policías habían sido traídos bajo el patrocinio de Alcides Mendoza, el ex dirigente de la Unión Juvenil Cruceñista preso, junto a otro dirigente de la agrupación, Juan Carlos Guedes, pocos días después del asalto al hotel. Ambos, junto a Svonko Matkovic, están en el penal de Palmasola, en Santa Cruz. Se los acusa de ser parte de un plan terrorista y separatista. El autor de la acusación, el ex fiscal Marcelo Soza, está refugiado en Brasil desde 2014 tras fugar del país y denunciar que la tesis acusatoria fue en gran parte obra de las autoridades para desarticular a la oposición al gobierno del presidente Morales en Santa Cruz.
Mendoza dijo que al trio se le pagó el transporte terrestre pero declinó el alojamiento. Los tres tenían reserva para pasar la noche en el Hotel Las Américas en las mismas habitaciones de los que murieron hace ocho años. Ninguno se presentó y las piezas estuvieron vacías, dijo el abogado Gary Prado Araúz, defensor de Mendoza. Las habitaciones suelen ser objeto de curiosidad de huéspedes del hotel atraídos por el recuerdo del violento episodio de 2009.

El ¨Yo acuso¨del general

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El Juicio del Siglo, en curso en Santa Cruz desde hace tres años, está desde el martes en un terreno más quebradizo y pantanoso de lo habitual, y parece próximo a definiciones importantes desde que el general (r) Gary Prado Salmón acusó al tribunal de haberlo sentenciado a muerte ¨a corto plazo¨. En respuesta, el tribunal ignoró su condición convaleciente y desencadenó el desenlace anunciado: las escaras que soporta desde hace años se abrieron en la propia sala de audiencias y quedó patente la amenaza de una septicemia capaz de volver ese plazo dramáticamente más corto.
El viernes, las audiencias fueron suspendidas hasta la semana subsiguiente, en un nuevo aplazamiento del proceso que tuvo sus orígenes cuando fuerzas de la policía atacaron un hotel y mataron a tres personas, apresaron a dos sobrevivientes y desencadenaron una amplia persecución sobre dirigentes de Santa Cruz. Entre los 39 acusados está el general Prado Salmón, quien desde 2013 se defiende en el juicio oral acusado de tramar una campaña terrorista con miras a dividir al país en cuyo ejército ganó máximos honores.
El juez Sixto Fernández y la acusación, que sostiene que el general declarado Héroe Nacional por el Congreso, conspiró para despedazar Bolivia, no vieron otra salida el viernes que aplazar la audiencia, que se había reinstalado tras semanas de repetidas interrupciones originadas en la salud del militar.
En la semana que pasó los acusadores perdieron una batalla fundamental: la de la opinión pública. Que sobre una camilla desgastada y sucia oficiales del Cuerpo de Bomberos colocasen sin el debido cuidado al soldado vencedor de una campaña decisiva para Bolivia, fue demasiado crudo y cruel para que cualquier miembro del gobierno, por más fervor oficialista que tuviere, condonase las imágenes que registraron los medios.
Nadie salió a defender la causa oficialista. Dos prominentes figuras del partido de gobierno, el ex embajador en Brasil Jerjes Justiniano y Osvaldo Peredo, líder de la guerrilla igualmente efímera que sucedió a la que derrotó el general Prado Salmón, enviaron una carta al presidente Morales pidiendo una amnistía para los procesados.
Al principio, el presidente decía que los supuestos terroristas habían querido matarlo, pero la acusación de magnicidio fue suprimida de la acusación y quedaron solo las de ¨terrorismo y alzamiento armado¨ que desde hace más de tres años los acusadores tratan de probar. Una de las mayores acusaciones durante el juicio ha involucrado a funcionarios del gobierno de haber colocado un explosivo en la puerta de la casa del Cardenal Julio Terrazas.
En el alegato que presentó al reiniciarse las audiencias el martes, el militar destacó que, pese a ser considerado ¨la pieza más importante¨ del proceso, ninguna de las declaraciones de unos 40 testigos de cargo presentados por la acusación lo involucra en terrorismo o alzamiento armado. Aún más, dijo al tribunal, en sus declaraciones bajo juramento esos testigos dijeron que no tuvieron ningún contacto con él. Declaró que solo dos oficiales de la policía, no presentes en los actos investigados para el proceso, llegaron a decir, citando otras declaraciones que descartó como comprobadamente falsas, que él había estado en el stand de Cotas donde se afirma que operaban los supuestos sediciosos. El militar está en silla de ruedas desde hace 35 años.
¨Usted, señor Juez¨, le dijo al juez Fernández, ¨ha demostrado desde el primer día de su participación en este juicio una manifiesta parcialidad con el gobierno en contra mía, claramente por instrucciones superiores. Yo, personalmente atribuyo también una parte de esa animosidad a su militancia en el PCB y sus simpatías hacia Ernesto Guevara¨.
En un frase que pareció también dirigida a sus colegas militares, registró: ¨Quiero dejar constancia de que me siento satisfecho y orgulloso del deber cumplido en la campaña de Ñancahuazú en 1967 como militar profesional…de haber conducido adecuadamente a mis hombres al combate contra una fuerza extranjera invasora, de haber derrotado militarmente al Ché, de haberlo entregado vivo a mis superiores, mientras los miembros del Partido Comunista que lo habían hecho venir lo abandonaban¨.
En otra declaración polémica dijo que no dudaba que en el proceso ¨se mueven intereses políticos¨ y que en dos ocasiones el jefe del Estado ofreció públicamente al Fiscal General ¨la candidatura a la presidencia en el futuro a cambio de una sentencia condenatoria a ´esos terroristas que me querían asesinar´¨. Agregó más filo a sus palabras al referir que altas autoridades del gobierno habían estado detenidas acusadas de terrorismo. ¨Y ahora resulta que los terroristas somos los que nada hemos hecho¨.
Reclamó que ya en agosto pasado había señalado al tribunal que su salud requiere de cuidados especiales por las úlceras. Por eso su familia había decidido traer a las audiencias una camilla que, sin embargo, no ayudó a curar sus cicatrices en la baja espalda pues cada subida y descenso al vehículo que lo transportaba desde su casa implicaba presión sobre la parte afectada de su cuerpo.
Este fin de semana era difícil apostar por la reinstalación de audiencias el 18 de julio o por el futuro del propio proceso. Su continuidad ha quedado ligada a la salud del general y, por extensión, también a la de otros acusados que han desfallecido durante las audiencias.

Las últimas horas de un jurado

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Sin llegar a una sentencia y después de dos años de funciones, este viernes cayó el jurado que presidía las audiencias del Juicio del Siglo y abrió un paréntesis mayúsculo para el juicio que concentra la atención jurídica y política de gran parte del país desde 2009. En la tarde anterior,  “El Viejo” Ignacio Villa Vargas había recusado a todo el tribunal, formado por dos jueces técnicos y dos jueces ciudadanas, y cuando las últimas se avinieron a la recusación dejaron al tribunal sin quórum  y su presidente debió suspender indefinidamente las audiencias que se realizaban en Santa Cruz desde principios de 2013.

Con el incidente, los faros de atención de los medios se volcaron hacia el “caso Soza”, las acusaciones de extorsión que pesan  sobre  el ex poderoso fiscal  y su fuga a Brasil,  como ramas noticiosas independientes del juicio que hizo famoso al magistrado en todo el país.

Villa Vargas puso en entredicho la integridad ética de los jurados pues al menos una de las jueces ciudadanas era acusada de haber mentido: tendría una hija como empleada del Ministerio de Transparencia a pesar de haber jurado al asumir la función que nadie del círculo más estrecho de su familia tenía vínculos con el gobierno.  El extenso planteamiento de recusación, leído durante la sesión matutina y  parte de la vespertina del viernes, traía certificados para atestiguar la condición de funcionaria que atribuía a una hija de Anastasia Callisaya Katari.

Después de consultas entre los miembros del  tribunal a lo largo de más de una hora, los tribunos anunciaron su decisión individualmente y en voz alta y fundamentada, como  había requerido la defensa.  La primera en pronunciar su voto fue la juez técnica Elena Gemio. Tras destacar que su carrera profesión había sido labrada desde los niveles  más humildes y que sus méritos eran propios, votó contra la recusación. El juez Fernández intentó  una  inusual alteración de turnos a fin de  exponer su voto similar antes de que lo hicieran las jueces ciudadanas, pero el abogado defensor de “El Viejo” Guido Colque le advirtió que le correspondía ser el último en tanto que otros defensores señalaban en voz alta que la decisión de las jueces también  debía ser fundamentada.

Dio entonces la palabra a la juez ciudadana Sonia Mamani. La juez  dijo que el proceso pesaba fuertemente sobre su salud  y que había tomado una decisión. “Me cansé”,  dijo, embargada de emoción. “He decidido aceptar mi recusación”.  La sala empezó a aplaudir la decisión que algunos interpretaban como acto valiente de la juez ciudadana pero el presidente Fernández impuso silencio. La juez ciudadana Callisaya Katari, también emocionada y titubeante, pronunció algunas palabras entre las que se destacaba su aceptación a la recusación y su colega le extendió un pañuelo. Es la mayor y más humilde de las tres  jueces. La sala también empezó a aplaudir, pero el juez Fernández volvió a ordenar silencio.

El juez presidente dijo que su decisión era de rechazo a la recusación. Pero con el tribunal necesitado de por lo menos tres personas y reducido a sólo dos, dio por finalizada la audiencia. El caso pasó a partir de ese momento al siguiente Tribunal de Sentencia, el número dos, de La Paz, donde el proceso tiene sede.

No había informaciones claras sobre los pasos siguientes y abogados de la defensa decían que la convocatoria que emitiría el nuevo tribunal demoraría cuando menos un mes. Con la elección de las nuevas juezas ciudadanas también en la agenda inmediata, la  demora sería mayor.

El  colapso del tribunal a cargo del Juez Fernández, quien lucía extenuado al recoger los documentos del proceso que había consultado durante la tensa sesión, fue resultado inmediato de la fuga del Fiscal Soza a Brasil y de la carta “al pueblo de Bolivia” que, con la firma del magistrado y registro notarial  brasileño, publicaron los periódicos de Santa Cruz.

No hubo ningún comentario inmediato de la acusación y fue notoria la ausencia del Fiscal Sergio Céspedes durante toda la  jornada. Céspedes ocupa la función que correspondió a Soza.

En pocos lugares el ex fiscal había sido tan echado de menos estos días como en el Palacio de Justicia, donde se celebraban las audiencias del Juicio del Siglo. Las noticias de la desaparición de la ex autoridad judicial, primero, y la confirmación que está en  Brasil, en busca de ganar la condición de refugiado político, después, habían sido seguidas con ansiedad en el lugar donde desde hace más de un año se ventila el caso más sonado de la historia judicial boliviana en lo que va de la centuria.

“¡Cómo habría querido que el ex fiscal Soza estuviera aquí”!, exclamó Juan Carlos Guedes, el cuarto declarante desde que el año pasado comenzó la fase oral. “Él debía responder personalmente por todas las ilegalidades de este juicio”.  Las palabras de Guedes fueron compartidas por gran parte de los acusados y sus abogados.

“Claro que debería estar aquí”, dijo el general Gary Prado Salmón, quien, en el diseño acusatorio elaborado por el ex fiscal, era el “cerebro militar” de la conspiración que iría a enfrentarse con el ejército al que sirvió y bajo el cual rindió al guerrillero argentino-cubano Ernesto “Ché” Guevara en 1967.

“El Viejo”, por lo general locuaz, fue parco. “Debería estar aquí en Bolivia sí, pero en Chonchocoro”.