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Tras el texto de un rechazo

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Hace más de una semana que los bolivianos nos enteramos que Estados Unidos había rechazado el pedido boliviano para la extradición del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. Han pasado ocho días y el país ignora el contenido de la nota oficial de rechazo. Hemos leído y escuchado especulaciones sobre lo que se cree que contiene la nota. Nadie puede discutir el interés en ese documento. Es sólo natural que los bolivianos quieran conocer la respuesta completa de Estados Unidos al pedido de extradición. Habría sido importante que los medios hicieran todos los esfuerzos para difundirla. La niebla y la imprecisión que cubrieron la información fueron patentes desde el principio.
Veamos los encabezamientos de la noticia en algunos medios:
El Día. El presidente Evo Morales rechazó rotundamente el viernes la negativa del gobierno de Estados Unidos de extraditar al ex mandatario Gonzalo Sánchez de Lozada (2002-03) para que responda al juicio por genocidio que se le sigue en Bolivia, y consideró que el país del norte se convierte en “refugio de delincuentes y el paraíso de la impunidad”. Primera observación. No se rechaza una negativa. El verbo está mal aplicado. Se la puede condenar, criticar, censurar, expresar malestar. El siguiente párrafo dice que las autoridades han recibido una nota del gobierno de Estados Unidos en la que se justifica la negativa porque “la sociedad civil no puede ser responsable de las acciones militares”. Luego cita una frase del presidente Morales: “Rechazo rotundamente, no comparto ese término y con ese pretexto tratan de cómo Estados Unidos se convierta en refugio de delincuentes, que Estados Unidos sea el paraíso de la impunidad”. La frase es muy pobre y confusa. Podía haber sido mejorada de no mediar el juicio en curso contra ANF, Página Siete y El Diario. La nota asegura que existe una nota oficial de Estados Unidos, pero no explica si los reporteros trataron de conseguirla ni las razones para que las autoridades la hubieran vedado al público.
El Mundo. Estados Unidos rechazó la solicitud de extradición del ex presidente boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada, según pudo confirmar el periódico digital Oxígeno en diversas fuentes. Mientras tanto, la Cancillería del Estado Plurinacional aún no emite el comunicado en el que dará a conocer su posición sobre esta versión informativa.
Comento: 1) No es profesional respaldar una información tan importante en “diversas fuentes” mencionadas por una publicación digital poco conocida. 2) El lector queda aguardando que le digan por qué, según “la fuente gubernamental consultada por el periódico digital Oxígeno”, la cancillería “no emite el comunicado en el que dará a conocer su posición sobre esta versión informativa”. ¿Por qué tanto sigilo? Uno grita por explicaciones. Luego, el lector se entera que es sólo una versión. Pregunto: ¿Habría otras versiones?
La Razón (digital): Evo morales condena el rechazo de EE.UU. a la extradición de Goni y ve “imposible” que ese país entregue a la ex autoridad. El uso del verbo es correcto. Luego vienen párrafos importantes: El presidente Evo Morales confirmó que Estados Unidos informó al gobierno, mediante una nota, que rechazó la solicitud de extradición del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. Cuestionó la decisión y consideró que, a partir de esta posición, será “imposible” que el país del norte entregue “a estos delincuentes que cometieron delitos de lesa humanidad”. Comento: El párrafo es trepidante. Debía decir: El presidente Evo Morales confirmó que Estados Unidos ha rechazado, etc. Luego, si el presidente de un país afirma que aquellos cuya extradición es solicitada son “delincuentes que cometieron delitos de lesa humanidad” hay escasas posibilidades de que esas personas reciban un juicio imparcial. Especialmente cuando se sospecha de la dependencia del Poder Judicial en Bolivia respecto al Ejecutivo. El siguiente párrafo requiere de precisión: “El Estado boliviano solicitó la extradición del ex mandatario para que responda por los sucesos de octubre de 2003, que concluyó (¿sí?) con la muerte de 67 personas. Es decir: Los sucesos concluyó…Norma básica es que el sujeto (los sucesos) guarde correspondencia con el verbo.
Página Siete tiene un titular apropiado: “Morales condena rechazo de EEUU a extradición de Goni”. Los dos párrafos siguientes, sin embargo, deben llevar muletas para sostenerse: …y consideró que el país del norte se convierte en “refugio de delincuentes…” Más preciso sería: Con esa decisión tiende a convertirse, etc. Todas las crónicas hablan de un presidente ‘visiblemente molesto”. Pegunto: ¿Podía ser invisible la molestia? Sus palabras ya expresan su molestia. El adverbio es innecesario.
El Deber. Estados Unidos rechazó la solicitud boliviana de extradición del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, según confirmaron fuentes gubernamentales. La Cancillería anunció un comunicado oficial sobre el tema, pero hasta anoche no dio a conocer ningún reporte. Observación: El “según” es innecesario. “Pero hasta anoche no dio…Mejor: no había dado. Sigue la pregunta: ¿Por qué no intentar una explicación del sigilo en torno a la nota oficial? Por ejemplo: Eran desconocidas las razones por las cuales la Cancillería no difundió de inmediato el texto de la nota estadounidense. Las agencias informativas internacionales que sirven a El Deber tampoco trajeron información o el texto de la decisión.
El Diario. Tuvo mayor fluidez: “Estados Unidos negó la solicitud de extradición del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, quien se encuentra en Miami desde octubre de 2003 y a quien se acusa como principal responsable de la masacre de octubre de ese año. Aunque no se dieron a conocer los pormenores de la decisión adoptada por el país del Norte, las fuentes que lograron contactarse con los medios, etc.
Hoy Bolivia.com. Comentario previo: Los medios no están obligados a transcribir disparates que, por definición, son desechables. El siguiente párrafo viene al caso: El Diputado del Movimiento al Socialismo Galo Bonifaz informó que su partido pedirá al gobierno de Evo Morales que encabece una campaña para que las sedes de la ONU y la OEA se trasladen a países defensores de los derechos humanos. Comento: El proponente ignora la magnitud de esa proposición. Ni cuando estaba viva la URSS hubo un planteamiento semejante. Habría que ver qué países apoyarían la sugerencia. Y cuáles los candidatos donde los derechos humanos sean respetados plenamente. Quizá en Marte, ahora que Curiosity se desplaza por ese planeta. Qué trabajo le pidieron al Presidente Morales!

Transparencia oscura

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Ha llegado a mi correo electrónico un Proyecto de “Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública”, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Dic. 2006). Es bueno establecer o mejorar normas que favorezcan el libre flujo de la información pública. Es malo que una institución que promueve la transparencia, sea tan poco clara en la descripción de sus metas. No examiné el mérito del proyecto, sino la abundancia de palabras y los tropezones de sintaxis y gramática elemental en un documento que, por definición, es…elemental.
El primer párrafo de la exposición de motivos deja al lector frente a un alud de palabras. “A lo largo de la historia de nuestro país, el ciudadano común ha encontrado una infinidad de impedimentos y obstáculos para la obtención de información pública, incluso sobre aquella que le concierne o afecta directamente, así como aquella que le afecta de manera sectorial o grupal”. Quizá los redactores quisieron decir: El ciudadano ha librado siempre una batalla desigual cuando trata de obtener información pública, incluso sobre aquella que le interesa de manera directa. Suele impedírselo una maraña burocrática, con frecuencia protegida por normas que complican el acceso del ciudadano a informaciones que un estado democrático debería colocar fácilmente a su disposición.
El siguiente párrafo es más complicado y hay que tomar un respiro profundo y armarse de coraje antes de emprender la lectura:
“Estos obstáculos al acceso a la información si bien se han venido ejerciendo principalmente desde la administración pública, también han tenido gran participación el ámbito de sector privado, aún más con el regreso de políticas gubernamentales de carácter neoliberal que han incurrido en el abuso del poder económico, de manejo de recursos económicos de la población de manera irrestricta. Estos hechos han generado actos de corrupción y malos manejos de los recursos e intereses públicos, de manera que se han generado negocios de carácter internacional irregulares como es el caso de los contratos para la explotación de nuestros recursos gasíferos, avalados por leyes y disposiciones irregulares y que tardíamente se dieron a conocer a la luz como la anterior Ley de Hidrocarburos. Ni que decir de los Gastos Reservados, de administración directa de la Presidencia de la Republica, y de los que hicieron uso y abuso los gobiernos demodictatoriales y con los cuales se causó dolor y sangre a la población boliviana”. ¿Entendió?
Una primera observación: Faltan comas y acentos. Pero eso es detalle menor. Veamos el resto. Los obstáculos no se EJERCEN, sino se colocan. Se ejerce un derecho y se levanta o se quita, se aparta un obstáculo. Lo que viene a continuación quiere decir que esos obstáculos también son puestos por el sector privado, pero está tan mal organizado el concepto que uno se marea, más aún con el adjetivo “neoliberal” que aparece emboscado en esta “neoredacción”. Luego hay una extrapolación. Los obstáculos han provocado una corrupción que incluso llegó a las leyes sobre hidrocarburos vigentes entonces. (Como no hay una nueva ley de hidrocarburos, quiere decir que los obstáculos y las acechanzas de corrupción permanecen.) La extrapolación llega al paroxismo: “Ni qué decir de los Gastos Reservados”(¿por qué con mayúsculas?), etc. Está bien que se proteste contra la manera discrecional y oscura de manejar fondos públicos, que pertenecen, por definición, a todos los bolivianos, no a un gobierno que, en todo caso, los administra. Pero en este contexto la cuestión parece jalada de los cabellos.
Vimos sólo dos párrafos. La introducción y la ley tienen 15 páginas.

Tropiezos informativos

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Los manuales de periodismo insisten en un punto esencial de la comunicación: la precisión. Una información imprecisa suele llevar a engaño y, de persistir a largo plazo, sus consecuencias pueden ser graves. Por eso es una obsesión de los buenos editores lograr la mayor precisión posible en las informaciones que se ofrecen al público. Este lunes decidí leer con cierto cuidado los titulares y algunos párrafos de algunos medios impresos. Comparto con Uds. mi lectura y mis comentarios.
El Día. El gobierno retrocede y anulará el DS 1126 (Sobretítulo). Firman un acta que pone fin a las movilizaciones (Título). El primer párrafo: El gobierno y el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB) firmaron anoche un acta preliminar de entendimiento que, entre otros temas, garantiza la docencia asistencial y compromete la promulgación de un decreto de inaplicabilidad de la norma que repone de 6 a 8 horas la jornada laboral para el sector de la salud pública, que pone fin a las medidas de presión asumidas por la (s) universidades.
Primera observación: ¿Por qué “anulará”? ¿Desde cuándo el periodismo “predice” sin ninguna salvaguardia? (Puede decirse: Ha anunciado que, está previsto que, etc. Los meteorólogos me darán la razón.) Luego, el título contiene una afirmación inexacta. No es correcto decir que con el acta se ha puesto fin a las movilizaciones. Quizá era una presunción, pero no un hecho que hubiese ocurrido. El conflicto persistía este lunes en la mañana.  El compromiso, entonces, era para poner fin al conflicto. En el primer párrafo se lee que el acta “compromete la promulgación de un decreto de inaplicabilidad…”etc. Si es inaplicable, quiere decir que es irreal. El lector se pregunta: Entonces, ¿por qué no derogarla y dejar de marear a la perdiz? A menos que por “inaplicabilidad” se quiera decir que la medida sí será abrogada y que lo será en cuestión de días, para que el gobierno pueda salvar la cara. Pero esto, claro está, no lo ha dicho ni insinuado nadie.
El titular de El Deber es correcto: “El gobierno anuncia acuerdo con sectores”. Pero el primer párrafo tiene tropiezos: “La reunión entre las autoridades gubernamentales y los ejecutivos de la Central Obrera Boliviana (COB) fue positiva”. ¿Quién lo afirma? Luego: “El gobierno y el sistema universitario nacional suscribieron anoche, en La Paz, un convenio de 10 puntos y varios anexos que satisface las demandas…” Este lunes no se veía esa satisfacción. También anuncia un decreto que “garantizará (¿?) la inaplicabilidad”.
La Razón repite lo mismo: “Gobierno emitirá un decreto para garantizar inaplicabilidad del 1126”. Después, al iniciar la información: “El conflicto de salud está a poco de resolverse”. A las pruebas me remito, digo yo. Sigue: “El gobierno se compromete a emitir un decreto que garantice la inaplicabilidad del Decreto Supremo 1126, en concordancia con el espíritu (¿no será solamente “con” sin necesidad de involucrar al espíritu?) de la propuesta realizada por el sistema de la universidad boliviana en coordinación con la COB y el sector salud”.
El titular de Los Tiempos es un hecho objetivo: “El gobierno logra avances con salud y universidades”. El subtítulo es también objetivo: “El diálogo instalado entre el gobierno y la Central Obrera Boliviana (COB) dio sus primeros resultados antes de la medianoche”. También lo es el primer párrafo: “El sistema universitario logró un convenio de 10 puntos que satisface sus demandas, y los médicos y salubristas firmaron un preacuerdo con la comisión de ministros, el que será evaluado hoy”. El párrafo siguiente tropieza con la “inaplicabilidad”. (“En el área de salud, el gobierno prometió un decreto que garantizará la inaplicabilidad del 1126 que dispone…”)
¿Por qué no explicar que el término es confuso y que, por lo visto, quiere evitar la palabra “abrogación”? De haber sido dicho así se habría evitado la niebla que la rodea. Queda, entonces, la sospecha de que las autoridades querrían tenerla como recurso para la anunciada “cumbre” sobre la salud. A propósito cumbre es lo más alto, la cima; generalmente se aplica a reuniones presidenciales con decisiones que suelen ser inapelables. Las otras son “lomas” o, con más precisión, “de alto nivel”.
Sigamos. El Diario también tiene un titular correcto: “Gobierno llega a un acuerdo con CEUB”. Dice en su primer párrafo: “El ministro de gobierno, Carlos Romero, y el secretario general del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB), Eduardo Cortez, anunciaron ayer la firma de un convenio interinstitucional que será socializado hoy ante el sistema universitario y que podría desactivar las movilizaciones de los estudiantes de las facultades de medicina en todo el país.” Es también correcto, aunque para mi gusto la palabreja “socializar” podría fácilmente ser substituida por “debatir”, “discutir” o “analizar”.
La Prensa también se apega a la “inaplicabilidad” y a la afirmación de que el convenio y sus anexos “satisfacen” las demandas del sector salud y de la Universidad Boliviana. “Gobierno garantiza la inaplicabilidad del 1126”, asegura el titular. Si es inaplicable, ¿para qué aferrarse a un término que no calza? Y ¿por qué asegurar algo que no tiene respaldo en los hechos como la satisfacción de las demandas del sector salud/UB?
El Mundo trae un titular y un primer párrafo correctos (salvo la “inaplicabilidad”): “Gobierno y Ceub firman acta de entendimiento”.
Página Siete está en la calzada correcta. Sobretítulo: Ofrece norma para garantizar la inaplicabilidad del decreto 1126. Título: El gobierno abre vía para la solución del conflicto social. Subtítulo: El ejecutivo firmó un convenio con el sistema universitario. La COB lo apoya, aunque los salubristas anuncian que las movilizaciones aún continuarán.
Esta mañana, Erbol titulaba su crónica: “A pesar del anuncio de suspensión de la medida gubernamental (sobretítulo): Continúa huelga de médicos y trabajadores en salud que piden abrogación DS 1126” (decir “abrogar” habría sido más correcto). En el primer párrafo decía: El presidente del Colegio Médico de Bolivia, Alfonso Barrios, a la conclusión de la reunión con el gobierno, en la Vicepresidencia, manifestó que continúa la huelga indefinida del sector hasta la abrogación del Decreto Supremo 1126, a pesar del acuerdo de la suspensión del decreto polémico.
El periódico oficialista Cambio arriesgaba, con su título, un salto al vacío sin red de protección: GOBIERNO pone fin al conflicto universitario. (La nota es breve y no contiene detalles ilustrativos del problema). Amén.