Grabación
Crónica de un derrumbe
La jornada de este martes parece destinada a marcar el curso de muchas cosas en Bolivia. El fiscal Marcelo Soza, el poderoso del “caso terrorismo” que tuvo de puntillas a la región económicamente más pujante del país, desapareció, renunció y nadie pudo dar cuenta inmediata de su paradero. Ahora el gobierno del presidente Morales y del Movimiento al Socialismo está en un torbellino cuyas perspectivas lucen inciertas.
En el centro del torbellino yace una fecha: 16 de abril de 2009. Ese mismo día el Presidente llegaba a Cumaná, oriente de Venezuela, donde denunció una conspiración para matarlo, y anunció que había dejado “instrucciones precisas” para ejecutar la operación del Hotel las Américas. Resultado: Tres muertos acribillados a balazos que, en la versión oficial, atacaron a la compañía policial de una manera extraña, que quizá Freud podría explicar. Estaban desnudos o en calzoncillos.
Si en algún momento no estuvo claro, el martes era imposible no imaginar por qué el Ministerio Público y los fiscales investigadores se opusieron a que “el juicio del siglo” fuese traído a Santa Cruz. Aquí el caso comenzó a ganar una atención nacional que no había alcanzado en La Paz, Cochabamba, Yacuiba o Tarija. Ocurrió lo que el fiscal probablemente más temía. En mengua la credibilidad del fiscal y la del gobierno, los argumentos de la defensa denunciando que todo había sido una “montadura” resonaron más, y las fallas y omisiones del proceso se hicieron más visibles y revelaron facetas crueles y grotescas.
Las cámaras de TV pudieron mostrar diariamente imágenes que golpeaban la tesis del fiscal de que en Santa Cruz se había gestado una conspiración para matar al Presidente Morales, ejecutar planes terroristas y desembocar en un alzamiento armado que separaría a la región de Bolivia.
Un general en silla de ruedas, con molestias y dolencias consiguientes y hace décadas retirado del ejército a quien el fiscal Soza atribuía la condición de cerebro de la conjura; un mecánico de aviación que no conseguía que fuese exhibida ante los jueces la pistola ametralladora “mugrienta” y sin cacerinas que apuntalaría aquella hazaña monumental de dividir al país; un joven enviado a la cárcel porque su número de teléfono estaba registrado en el de Eduardo Rózsa Flores, el supuesto comandante de la conspiración; un médico cuya consanguinidad con Rózsa lo volvía sospechoso; un ex funcionario que cotizó un equipo de telecomunicaciones; un joven militar de carrera internacional que tuvo el infortunio de venir a Bolivia en el momento equivocado, y un informante con vómitos y trombosis causados por una diabetes descontrolada apodado “El Viejo”, a quien el fiscal consideró un momento su testigo principal y después decidió que debía ser un acusado más. Son sólo algunas de muchas figuras del reparto.
¿Podía una conjura de la magnitud denunciada ser ejecutada con esos improbables protagonistas? La pregunta incómoda cala hondo.
La fecha en la base del torbellino dice mucho. Han pasado casi cuatro años y aún no hay una sentencia. Las leyes establecen que los procesos no deberán durar más de tres años. Antes del “caso terrorismo” el límite era de 18 meses.
Las velas del caso empezaban a agarrar viento cuando apareció el imponderable que les dio ímpetu olímpico: una grabación que registra supuestamente al fiscal Soza hablando con un interlocutor a quien comenta en lenguaje salpicado de vulgaridades situaciones sensibles del gobierno y de la investigación a su cargo.
En la grabación, cuya autenticidad plena sólo podrá darla un veredicto técnico, se escuchan frases supuestamente de Soza en las que al menos un par de veces se dice que “el presidente ya conocía, ¿no vé?”.
La declaración del mandatario al llegar a Cumaná sobre sus “instrucciones precisas” para poner en marcha la operación precisa de aclaraciones. Por ejemplo, ¿en qué informes las basó? Las instrucciones ¿incluían acribillar al grupo en el hotel? ¿Quiénes prepararon esa operación? ¿Con qué finalidad? ¿Hubo intervención extranjera? A la declaración de Cumaná siguieron muchas otras a lo largo de estos años ante diferentes audiencias y personalidades, dentro y fuera de Bolivia.
El hilo de esta madeja, como dijo la senadora Gonzáles que detonó el que ahora puede llamarse “caso Soza”, conduciría a otros hechos vívidos en la memoria boliviana, desde Porvenir hasta Chaparina. El “caso terrorismo” fue una lanza que perforó la resistencia del departamento que más y mayor resistencia oponía al gobierno. Ahora que la lanza se dobla empieza un capítulo diferente.
La grabación
La grabación presentada a principios de esta semana que expone la voz de un supuesto Fiscal Marcelo Soza admitiendo ante un interlocutor una complicidad inaceptable de funcionarios oficiales en escándalos que han conmovido al país, incluso en el denominado “caso terrorismo” (siembra de “pruebas”), es demasiado grave para atajarla con un juicio contra la senadora Carmen Eva Gonzáles. Es saludable la iniciativa del fiscal General Ramiro Guerrero de ordenar una amplia investigación a cargo de una comisión de fiscales.
De resultar cierta la grabación, el país estaría ante un escándalo merecedor de todas las sanciones que prescribe la ley. De resultar una armazón, la sociedad exigirá el mismo castigo, aún más al tratarse de un delito contra el buen nombre de las personas. La honra y la reputación son tan frecuentemente ignoradas en nuestro medio que un delito de esa naturaleza recibiría el repudio inmediato de todo el país.
Para muchos de los que han escuchado al Dr. Soza, el tono de la voz que viene en la grabación tiene mucha similitud con la del magistrado. Pero no hace falta ser un perito para decir que es difícil y complejo simular la voz de cualquier persona, para no hablar de la coherencia y sentido de las frases. Las que se escuchan en la grabación son pobres en sintaxis, repletas de vulgaridades. Quienes conocen al fiscal podrían ayudar a dilucidar este punto diciendo si el tipo de lenguaje de la grabación corresponde al de las conversaciones coloquiales de la autoridad judicial.
Las afirmaciones de que se trata de una “montadura” con el afán de desprestigiar al gobierno pueden ser demasiado livianas frente a la magnitud del supuesto contenido de la grabación. Creo que el país exige una aclaración.
Mientras tanto, en Santa Cruz 