García

La persistencia irlandesa

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El décimo aniversario del ataque al hotel Las Américas y la muerte brutal del boliviano-croata Eduardo Rózsa Flores y dos de sus compañeros en un grupo al que el gobierno le atribuía fines subversivos, pasó sin mucha bulla en Santa Cruz, salvo crónicas especiales de los medios escritos. Pero Irlanda destacó la fecha y un editorial del Irish Times, el diario irlandés más influyente, reflejó lo que puede aguardar a los responsables del violento episodio.

Nada hace pensar que la familia de Michael Dwayer, rematado en el suelo con un balazo al pecho que le partió el corazón, vaya a desistir en su empeño declarado de colocar en el banquillo de un tribunal internacional a los que resultaren culpables.

¨Aunque han pasado 10 años desde que Michael Dwyer fue muerto por la policía boliviana, las circunstancias que rodearon su muerte aún permanecen en el misterio¨, dijo el martes  el editorial del diario que cubrió con mayor amplitud y rigor los incidentes relacionados con el episodio.

Dice el comentario: Gracias a los esfuerzos persistentes de la familia del joven, por entonces con menos de 30 años, ¨una cosa puede darse por cierta: la versión oficial de lo ocurrido en el Hotel Las Américas de Santa Cruz, como originalmente dijeron el presidente boliviano Evo Morales y su poderoso Vicepresidente Álvaro García Linera, ha resultado ser demostradamente falsa¨.

El diario dice que la familia ha reunido un material impresionante, tanto forense como de testigos oculares, que han destruido la credibilidad de las autoridades bolivianas respecto a la incursión policial que resultó en la muerte de Michael Dwyer bajo ejecución sumaria,  y los hechos que condujeron a ese final.

Además de Rózsa y Dwayer, también murió el  rumano Arpad Magyarosi, tan joven como el irlandés. Salvaron la vida Mario Tádic, boliviano-croata, y Elöd Toaso, húngaro. Tras estar presos por seis años, salieron en libertad condicional pero en cuanto se les presentó la oportunidad fugaron de Bolivia. Toasó está escribiendo un relato de sus años preso, incluso sobre la justicia boliviana, en la que ha dicho no creer en absoluto.  Tádic, cochabambino pero con nacionalidad croata,  bajo cuyas banderas luchó en la Guerra de los Balcanes y fue condecorado, vive entre Croacia y Chile.

La publicación agrega: La ejecución sumaria de Dwyer  ha sido ensombrecida por el debate sobre qué hacía en Bolivia y  las compañías con  las que anduvo. Pero estas son consideraciones secundarias de cara a la evidencia de que las fuerzas de seguridad tuvieron muchas oportunidades de arrestarlo en vez de dispararle a quemarropa directo al corazón para luego ocultar el hecho con la versión de que había muerto en un tiroteo.

Los Dwyers entregaron sus evidencias al funcionario oficial de las Naciones Unidas que investiga ejecuciones extra judiciales sumarias. Después de un examen de los hechos,  concluyó que había evidencias suficientes para sostener que se había tratado de una ejecución extrajudicial. El funcionario emitió denuncias ante las autoridades bolivianos, el nivel más alto de denuncia disponible. La Comisión Interamericna de Derechos Humanos también revisó las evidencias recogidas por los Dwyers y dictaminó que el estado boliviano tenía que responder. El gobierno de Morales, recalca la nota,  respondió criticando la integridad de la comisión.

La Paz, dice el comentario, continua escondiéndose detrás de un proceso derivado del asalto policial. Sostiene que no puede abrir las puertas a una comisión internacional investigadora, un compromiso hecho por Morales durante su visita oficial a Irlanda en 2015, mientras el proceso en curso no llegue al final.

El comentario subraya que el llamado ¨caso terrorismo No. 1¨ ha derivado en una farsa y no muestra signos de estar próximo  al final. Ahora luce  como una farsa  que durante una década ha neutralizado  a la que una vez fue una robusta oposición a Morales en Santa Cruz.

Hacia el referéndum

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El gobierno y los sectores que postulan el Sí en el referéndum del día 21 afirman que la obra del régimen que ha cumplido 10 años se mantendrá solo si continúa a cargo de  sus dos líderes principales. Todo peligraría si en el aún distante 2019 no fueran candidatos el presidente Evo Morales y el Vicepresidente Álvaro García para otros cinco años hasta llegar a 20 años continuos de gobierno.

El argumento no es sustentable. Algunos observadores citan un hecho histórico  inescapable. ¿Qué creen que decía Víctor Paz Estenssoro, cumplidos dos períodos alternados, cuando buscaba la reelección en 1964? Que el proceso que encabezaba y que ejecutó las reformas más amplias y profundas de la vida boliviana se iba a truncar si él no era candidato y que sólo él podría conducir el proceso de desarrollo económico que empezaba a asomar.

La insistencia en la reelección, que el estadista reconoció después como un error, llevó a su partido al descalabro y nunca más volvió a ser la fuerza que había escindido el Siglo XX boliviano en antes y después. Una lección fue que la obstinación por el ¨solo yo¨ obstruye el paso de nuevos líderes y puede llevar a desenlaces catastróficos.

Los bolivianos hemos sido convocados para aprobar o rechazar la modificación de la CPE para que el Presidente Morales y el Vicepresidente García puedan optar por una nueva reelección o se vayan a sus casas en 2020. Muchos están de acuerdo en que la convocatoria ha sido impropia por múltiples razones. Entre ellas, la impertinencia de un referéndum con efecto inmediato, contra la norma universal de legislar para el futuro, que busca apagar toda sospecha de que se articuló la modificación en beneficio de los proponentes. En nuestro caso, no ha habido reparos en sostener que, en efecto, se trata de habilitar a dos ciudadanos, lo cual empaña aún más la legitimidad del referéndum.

Otra pregunta que mortifica al ciudadano es si la modificación de la CPE que se busca será la única. Hay dudas de si podría jurarse que no habrá más e incluso sobre otros temas y si no se corre el riesgo de volver la CPE una armazón legal de plastilina, moldeable a toda circunstancia.

La prisa por el plebiscito del 21 ha sido explicada por los malos momentos que se avecinan para el país a causa de la reducción dramática del valor de sus exportaciones. El período que se anuncia puede durar años. Punto crucial es la pregunta que se  harán muchos bolivianos: Con referéndum o sin él, ¿podrá evitarse una rendición de cuentas sobre los años de la abundancia e investigación de hechos todavía no esclarecidos que marcaron al país? La lista puede ser larga.

 

Las conspiraciones

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El discurso oficial de estas semanas ha estado pródigo en denuncias sobre conspiraciones que aumentan en decibelios al aproximarse la fecha en que los bolivianos decidirán si se altera la CPE para beneficiar al presidente Evo Morales y a su Vicepresidente Álvaro García con la posibilidad de una nueva reelección. El ruido ha sido atizado por los resultados dispares de dos encuestas, una enrarecida por la presencia de un ¨voto secreto¨ inédito en la cuantificación y otra por no abarcar sino al eje central y truncar una tendencia que parecía favorecer al NO. Las encuestadoras pueden haber perdido fe del público y otra vez son densas las sospechas sobre la capacidad del TSE de administrar el referéndum con imparcialidad.
Los argumentos por la prórroga del binomio tienen un eje: Solo Evo Morales podría garantizar continuidad al proceso que inició hace dos lustros y que está rumbo al tercero; ningún otro sería capaz. La afirmación, una manera de diseminar temor, es insostenible en un debate racional. Los que miran la historia ven que alterar la CPE sobre un supuesto carácter imprescindible de personas lleva a un terreno incierto. Muchos que se creyeron imprescindibles, pronto se hallaron ante situaciones desagradables.
Como es habitual, en las teorías conspirativas figuran Estados Unidos, una derecha genérica y medios informativos. Esta vez ingresaron por la puerta grande también las llamadas ¨redes sociales¨ que expresan opiniones individuales, gran parte sin mayor autoridad.
También ha llegado raudo a la categoría conspirativa el perro potosino más famoso. ¨Petardo¨, gracias a las denuncias del Primer Mandatario, se ha convertido en baluarte del No a la secuencia reeleccionista. Cuando hace una semana el presidente dijo a un canal televisivo ¨para mí, la oposición se reduce a un perro y a un zorro¨, alusión a un opositor, catapultó la fama del can potosino y revalorizó su imagen asociada a quienes, desde Potosí, rechazan alterar la Carta Magna para dar libre tránsito a los re-aspirantes. Las encuestas aún no han detectado tendencias generadas por la matriculación política nacional del can.
Hace un par de meses, invitado por líderes de Santa Cruz, el can había sido recibido con un churrasco abundante. La noticia que los líderes potosinos dieron esos días era que ¨Petardo¨ se había multiplicado y que eran varios los canes que llevaban el mismo nombre.
La serie la inauguró la Ministra de Comunicación Marianela Paco, cuando aseguró que en Bolivia hay una ¨conspiración mediática pro-chilena¨. La declaración fue vaga, no identificó medios, circunstancias ni casos específicos, pero puede haber tenido un efecto Espada de Damocles sobre los medios.

Las olas en el sexto aniversario

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El Juicio del Siglo recibió esta semana el mayor sacudón desde la fuga a Brasil del ex fiscal Marcelo Soza y avivó la creencia difundida de que el caso fue montado con fines políticos para doblegar a la oposición al gobierno del presidente Evo Morales en el oriente nacional.
El coronel Germán Rómulo Cardona Álvarez emergió el lunes de un relativo anonimato al anunciar que abandonaba Bolivia rumbo a España, temeroso de su seguridad. Semanas antes había denunciado que tenía otro origen el armamento que respalda la tesis oficial de que en el país se preparaba la secesión del oriente con una guerra que iba a estremecer al continente. En una buena parte, dijo, las armas provenían de otros procesos penales, incluso de algunos vinculados al narcotráfico, y eran custodiadas en la VIII División del Ejército con sede en Santa Cruz.
Con 12 años de servicio en las Fuerzas Armadas, la mitad como asesor jurídico, el oficial dijo que eran armas bajo custodia del Ejército las que el gobierno aseguró que estaban en poder de Eduardo Rózsa Flores, muerto junto con dos de sus acompañantes como secuela de la invasión al Hotel Las Américas de Santa Cruz, al amanecer del 16 de abril de 2009.
La defensa en el Juicio del Siglo aguarda que en la exhibición de pruebas los fiscales acusadores también faciliten los números de serie y otras características de las armas presentadas entonces para hacer comparaciones con las que deberían estar bajo custodia del Ejército.
El oficial afirmó también que las armas, a cuya entrega asegura que se opuso pues eran parte de las pruebas de otros procesos, fueron retiradas personalmente por autoridades del primer círculo del gobierno. Para éste, el coronel Cardona es fantasioso, esquizofrénico, incompetente y ultraconservador. Mientras la fiscalía del Juicio del Siglo declaraba que la denuncia no sería investigada, el presidente del Senado ofrecía garantías para que el coronel volviera para presentar pruebas de sus denuncias. Al cerrar la semana era improbable que la oferta fuese aceptada. Antes de viajar, el militar había dicho que no retornaría bajo el actual gobierno.
El coronel que ahora tramita refugio en España denunció también que habría un muerto más, un mayor del ejército relacionado con la custodia de las armas incautadas. En su versión, este oficial tuvo a su cargo el inventario de las armas como Oficial de Material Bélico en 2009. Uno o dos años después (no recuerda fechas) el oficial ingresó a Urgencias Médicas del Hospital Militar de Santa Cruz con problemas respiratorios e “inexplicablemente murió” a causa de un grave choque alérgico. Ni ha habido mayor información sobre este caso.
La noticia de la denuncia, contenida en un informe “ultra secreto” que en febrero había presentado al comando militar, retumbó en la sala de audiencias del Palacio de Justicia de Santa Cruz, donde se desarrolla el juicio desde hace más de dos años y que no lograba reinstalarse a causa de un accidente nasal sufrido por uno de los 39 acusados.
Las autoridades negaron la existencia del informe, que el militar calificó como “ultrasecreto”. El desmentido no alcanzaba siquiera a calenbtar motores cuando El Deber, en su edición del jueves, informó que el documento había sido recibido oficialmente en las oficinas del ejército el 5 de marzo y publicó el registro de recepción. La Agencia de Noticias Fides dio detalles de su contenido y, entre otras afirmaciones, reportó que el coronel afirmaba que en el Chapare hay sindicatos para la producción de drogas a cargo de colombianos vinculados a las FARC.
No se espera que la declaración del coronel vaya a alterar el curso inmediato del juicio. No lo alteró la “Carta al Pueblo de Bolivia” del ex fiscal que poco más o menos decía: ¡Pamplinas! Muchos actos de la acusación resultaron de presiones del gobierno.
El tribunal que preside el juez Sixto Fernández decidió que el documento de Soza carecía de vida legal y no lo consideró ni como referencia. El penalista José Hoffman comparó la decisión del tribunal a desconocer la existencia de un niño porque carece de certificado de bautismo.
El ex fiscal Soza, citado por Radio Erbol y El Deber, atizó el fuego: “Es un dato cierto. Ya existían rumores dentro de la misma policía de que el armamento que se encontró en el Hotel Las Américas y en el stand de COTAS había salido de un operativo anterior al caso terrorismo. El coronel Cardona dice la verdad y el gobierno va a tratar de desacreditarlo”.
La búsqueda de refugio del militar en España agregó otro elemento al enturbiamiento de la relación entre España y países gobernados por regímenes de izquierda en el continente. Los lazos hispano-venezolanos atraviesan la peor tensión de este siglo y parece encaminada a empeorar con el viaje, en tres semanas, que anuncia el líder socialista Felipe González acompañado, entre otras personalidades, del ex presidente brasileño Fernando Henrique Cardoso, para defender a presos prominentes del gobierno. El presidente Nicolás Maduro tuvo expresiones iracundas (racista y golpista fueron las más suaves) y ambos países tienen a sus respectivos embajadores de vuelta a sus sedes para consultas. No se conocen sus reacciones respecto a Cardoso y otros líderes que se enrumbarán a Venezuela. Ricardo Lagos, de Chile, José María Sanguinetti (Uruguay), Alan García (Perú), figuran entre los defensores.
Estos días ha surgido una iniciativa para plantear al gobierno que, en homenaje a la visita del Santo Padre este julio, decrete una amnistía. “Es una oportunidad irrepetible que no vamos a desaprovechar”, me dijo el ex prefecto de Santa Cruz, Rolando Aróstegui, defensor de tres acusados. Si el gobierno se interesará en agarrar el guante, es algo a ser definido en las próximas semanas. Tras cruzar el umbral del sexto aniversario el Juicio del Siglo (terrorismo, alzamiento armado y separatismo) está ante uno de sus momentos más críticos.

Ante una distopía

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Dirigentes de prestigio  internacional  enfilan baterías para sumarse a la defensa de líderes venezolanos encarcelados por el régimen de Nicolás  Maduro, en una actitud colectiva a favor de los derechos democráticos que perfila un movimiento en ruta opuesta a los regímenes socialistas del  siglo XXI. El paso anunciado por Felipe González (España),  Fernando Henrique Cardoso (Brasil),  Aecio Neves (Brasil), Alan García (Perú), Irving Cotler (Canadá, defensor de Nelson Mandela) y otros líderes de DNA democrático reconocido,  ha molestado al régimen venezolano cuando sobran los dedos de una mano para contar a los países que lo apoyan sin cuestionarlo y crece la inconformidad con el silencio de los gobiernos simpatizantes del  “chavismo”.

El trabajo del equipo legal potenciado por esas personalidades puede convertirse en el mayor desenmascaramiento de una situación que, para un gran número de venezolanos, es una distopía, la utopía al revés que se vuelve indeseable porque representa el polo opuesto de lo que muchos soñaron.

Son cada vez menos los venezolanos convencidos de que en su país existen las  libertades básicas;  son cada vez más los que creen que de la libertad de la que gozaron durante décadas ha desaparecido, y que la propaganda monótona proclama logros que se desvanecen con la escasez de casi todo, en un país que años atrás era sinónimo de abundancia.

La perspectiva de mayor visibilidad que supone la acción de los nuevos defensores para los detalles de la crisis en que está sumido el  país bolivariano  no es grata a los ojos oficiales. “Malandro” ha sido el calificativo más liviano que las autoridades venezolanas han endilgado a González. A partir de ahí se puede medir el calibre de otros adjetivos.

En las décadas de 1960, 1970 y 1980, Venezuela fue refugio seguro para muchos militantes de izquierda que huyeron de las dictaduras del sur del continente. Allí encontraron acogida y oportunidades que se les negaba en sus países.  La presencia de líderes de talla mayúscula al lado de los encarcelados es una respuesta incómoda para el silencio con el que ahora los regímenes de izquierda condonan las medidas que aplica el régimen de Maduro sobre sus opositores.

Ese silencio puede empezar a romperse cuando la defensa robustecida de los líderes encarcelados empiece a ganar una resonancia mundial mayor y se afirme la idea de que en la nación líder del Socialismo del  Siglo XXI rige una distopía.

(*) https://haroldolmos.wordpress.com

Analogías

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Llevar adelante la pelota con la barriga o encontrarse “como chancho en trapecio” son formas populares de describir situaciones incómodas, habitualmente temporales. La analogía parece adecuarse al Juicio del Siglo que, hace poco más de una semana, ingresó a una nueva agonía con la baja intempestiva de una juez ciudadana, afectada por anemia aguda provocada por una úlcera. El médico Juan Carlos Santisteban,  uno de los acusados en el proceso de mayor envergadura de la historia penal boliviana,  cree que esa condición ha sido provocada por la presión en la que la juez Sonia Mamani Vargas se encuentra por la parte que le toca vivir en el juicio, del que es jurado desde hace más de dos años.

“La paciente puede llegar a sufrir desangres internos agudos que agravarían peligrosamente su condición”, me  dijo, poco después de haber visto los resultados de algunos análisis de la juez.  No fue sorpresa que la juez ciudadana hubiese luego anunciado, con un angustiado “ya no puedo más…”, su propósito de alejarse del tribunal para cuidar su salud. El  tema es inevitable periodísticamente por las dimensiones que el gobierno le atribuye: una conspiración para dividir Bolivia, derrota del ejército nacional mediante.

El caso lleva más de 65 meses desde el episodio del Hotel Las Américas, una expresión del ritmo geológico con el que opera la justicia. Aún no ha llegado a la sentencia, etapa que no debía haber pasado de  36 meses,  término límite establecido en pleno procesamiento del caso y mayor al que existía al comenzar la investigación.  Para el vicepresidente Álvaro García, la prolongación del caso es “una vergüenza” y “un delito” del que responsabiliza a los fiscales y jueces encargados. Sus palabras son como un conteo de protección para los que conducen el caso. (9-8-7-6-5, 4…)

Entretanto, luce impracticable acelerar etapas al cabo de tanto tiempo y cuando tiene vez más menos creyentes la tesis del gobierno, denunciada por el presidente tras el episodio violento del hotel (intento de magnicidio, terrorismo y división del país).  Además, todavía está en curso la fase de declaración de los acusados, y en desarrollo un incidente causado por la carta y confesiones del ex fiscal Marcelo Soza, que ha dicho ante el Consejo Nacional de Refugiados de Brasil que la acusación que él articuló es un  fraude porque la preparó tras siembra de pruebas y bajo presión del gobierno.  Por sobre todo, está la incapacidad temporal de la juez ciudadana, sin  cuyo concurso el tribunal está trabado. Los juristas dicen que todas las decisiones tomadas por el jurado serían nulas y restaría, entonces, la elección de otro tribunal, lo que supondría volver hasta principios de 2012, cuando asumió el  tribunal actual.

Instalado en Santa Cruz a comienzos de 2013 tras peregrinar por Cochabamba, Yacuiba y Tarija, el proceso sufrió varios traspiés antes del receso decretado hasta el lunes 29 por el juez.  En solo dos  días, el tribunal tuvo que sortear obstáculos interpuestos por los fiscales, disconformes con la posibilidad de que el  hiper-testigo Boris Villegas especifique en qué circunstancias había conocido a Juan Carlos Guedes, el ex dirigente de la Unión Juvenil Cruceñista a quien el ex fiscal Soza endilgaba la condición de mercader de armas para el supuesto Armagedón boliviano.  Guedes, quien ha dicho que sólo vendió una pistola mugrienta y sin cacerinas a Eduardo Rosza Flores, fue el primer detenido después de los dos sobrevivientes del asalto al hotel. Los  fiscales se opusieron sin éxito a la autorización del tribunal para que el ex alto funcionario del Ministerio de Gobierno, Villegas, contase pormenores de cómo había conocido al ex dirigente cruceñista, quien ha escrito un libro sobre su detención y encarcelamiento y tiene otro en camino.

A ese entredicho se sumó la presencia de Caroline Dwyer, quien vino desde Irlanda en una nueva cruzada por saber más detalles sobre la muerte de su hijo, Michael Dwyer, el 16 de abril de 2009. También murieron el boliviano-húngaro-croata Rózsa Flores y el húngaro Arpad Magyarosi.

“Michael fue ejecutado por un bala al corazón”, dijo la señora Dwyer el 18 de septiembre, en la única declaración que hizo y leyó ante  medios bolivianos.  “Mientras yacía muerto o moribundo recibió cuatro tiros más en su espalda”.  El informe de la patóloga oficial de Irlanda que transcribe esa conclusión yace en la cancillería boliviana y, asegura la defensa, nunca fue entregado ni al juez ni a los fiscales a cargo del proceso que mañana, al vencer el receso decretado por el juez, ingresaría a un nuevo capítulo. Tras el cansancio de una carrera de más de cinco años, el caso semeja cada vez más al de una pelota empujada con la barriga.