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Todo vale

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En el climax de un antagonismo sin perspectivas de calma, el gobierno ha llevado a las calles estos días a miles de ciudadanos para celebrar un supuesto derecho humano del presidente Evo Morales a postularse a la presidencia cuantas veces él y sus partidarios lo quieran, con la creencia de que esa ambición está apoyada en el Pacto de San José, la norma diseñada para proteger los derechos humanos en el hemisferio. La oposición hizo otro tanto, sobre todo en Santa Cruz, Cochabamba y La Paz, y dejó en evidencia que si bien el gobierno tiene poder movilizador basado en el empleo, negocios e intereses que genera el estado, gran parte del país repudia su movimiento reeleccionista. El argumento de ¨el pueblo me lo pide¨ o ¨me sacrifico por mi pueblo¨ ha sonado cínico y oportunista, tan conocido en otros tiempos en estas y otras latitudes, pues se sabe que tras la frase hay intereses apoyados por un esfuerzo propagandístico masivo a costa del estado para favorecer a la clase gobernante.  Pocos dejarían de sonrojarse si la dijeran. Imaginen a Ricardo Lagos pronunciándola, a Mauricio Macri o a Pepe Mujica.

El gobierno y su partido se han prodigado en buscar argumentos que respalden el pronunciamiento del Tribunal Constitucional que abrió la ruta para una presidencia vitalicia del presidente Evo Morales. El dictamen, el más controvertido en la historia de esa instancia, fue la chispa para un polvorín que bajo cualquier visión está lejos de apagarse. Hasta ahora no se conoce una sola opinión institucional que sostenga que la interpretación de que el supuesto derecho humano del presidente a hacerse reelegir cuantas veces quiera es superior a la norma que limita la reelección. No es mínima la ansiedad para que en algún momento la Corte Interamericana de Derechos Humanos expida una aclaración.

La jugada de los abogados del presidente es vista como una ¨avivada¨ mayúscula, pues a ningún jurista se le habría ocurrido, cuando la norma fue aprobada en 1969, que sería esgrimida para favorecer la presidencia vitalicia. El Pacto fue concebido para amparar a individuos ante abusos de poderes del Estado, no para garantizar ambiciones presidenciales vitalicias, han sostenido quienes creen que el argumento reeleccionista es disparatado. Sorprende, entonces, que el TCP lo hubiera endosado, en una decisión de tinta indeleble para la historia de sus integrantes.

El fondo del debate en torno a un tema nada enaltecedor echa más sombras a la justicia boliviana bajo el gobierno del MAS y atiza otros casos irresueltos sobre los que se impone la voluntad del Poder Ejecutivo. Tema central en todos estos años de gobierno MAS ha sido el asalto al hotel Las Américas (2009), de cuyas sombras las autoridades no consiguen apartarse.

Es una conclusión generalizada que todo intento de conferir alguna credibilidad a la justicia pasa por el esclarecimiento convincente de ese episodio brutal.  Para los acusados, los jueces Sixto Fernández, Julia Elena Gemio, Anastasia Callisaya y Sonia Mamani carecen de confiabilidad y los creen dóciles al gobierno. Pregunten en privado a cualquiera de ellos y recibirán una rotunda confirmación. Los fiscales están bajo órdenes del Ministerio Público, que les instruye acusar y lograr sentencias. Ningún otro norte los aparta de la que consideran una misión suprema que se impone sobre todo y para la cual la verdad o la falta de evidencias parecen apenas una variable. Tres aún están presos en Palmasola. Svonko Matkovic Ribera, Juan Carlos Guedes y Alcides Mendoza han tocado en vano todas las puertas en procura de siquiera la prisión domiciliaria. Incluso escribieron al Papa Francisco cuando éste vino a Santa Cruz en 2015. Media docena de otros admitió la comisión de delitos negados durante seis años, en confesiones que parecieron replicar las de los Juicios de Moscú en las purgas de los años de 1930. Y queda un puñado bajo prisión domiciliaria, a la cual han se han visto forzados a adecuar sus vidas.

La justicia, en fin, está llena de ¨mala praxis¨ y es legítimo preguntarse a quién cobrar. Todo el país podría preguntarse a quién responsabilizar por ¨mala praxis¨ con proyectos e inversiones mal concebidos, mal ejecutados y por los sobreprecios que conllevaron.

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La fiscal de allá y los fiscales de acá

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Tras conocer los resultados de un Consejo Electoral  sumiso, el presidente Nicolás Maduro bramó amenazas sobre todo el espectro opositor venezolano: supresión de la inmunidad de legisladores,  juicios y cárcel a quienes dudaren de la  legitimidad escuálida del nuevo cuerpo legislativo y una radicalización de su gobierno, visto en gran parte del mundo como cubanista y staliniano. Una voz volvió a retumbar. Luisa Ortega Días, la fiscal rebelde, denunció el fraude revelado por la empresa que prestaba servicios electrónicos y activó una investigación mientras el gobierno urdía planes para acallarla. Con  59 años, la fiscal se ha consolidado como ejemplo universal de autoridad valiente que ejerce el cargo ley en mano aun enfureciendo al gobierno. Aún purgada por Maduro el fin de semana, la funcionaria continuaba con una imagen de dignidad en el ejercicio de sus funciones.

Dos semanas antes, el tribunal de La Paz a cargo del Juicio del Siglo, negó por enésima vez el pedido de Svonko Matkovic Rivera para ser juzgado en libertad. El joven es del puñado de acusados de pretender alzarse en armas, someter al ejército y dividir Bolivia, en un empeño colosal de crear una nueva nación. Nada ha sido probado, aunque  algunos  aceptaron las acusaciones en un esfuerzo por recobrar la libertad tras años encarcelados.  Se declararon culpables, en reminiscencia inevitable de los Juicios de Moscú  (1936-38), cuando la policía soviética extrajo confesiones de los acusados.

Cuando llega al suelo la credibilidad pública respecto al juicio originado en el asalto al Hotel Las Américas y la muerte brutal de tres huéspedes, el tribunal que preside el juez Sixto Fernández  optó por unánimidad respetar el libreto oficial.   Ese libreto se hundió en el descrédito hace tres años cuando su gestor, el entonces fiscal Marcelo Soza, dijo que el gobierno lo había forzado a incriminar a líderes cruceños y fugó a Brasil donde confesó la fechoría. Los fiscales sucesores no han variado la acusación.  Al escucharlos defender la tesis, se  concluye que los testimonios de estos años y la propia confesión de Soza no existen. De hecho, el tribunal la declaró inexistente para el juicio porque carecía de autenticación oficial boliviana, algo que el propio refugiado Soza habría tenido que gestionar.

Es posible que el tribunal hubiese perdido una oportunidad para a sepultar el caso e identificar a los que forjaron la trama que Soza contó en detalle.  Pero faltó una fiscal Ortega con su temple ético  y agallas para marcar la diferencia.

Un juicio a pique

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Hace poco más de una semana fueron reiniciadas las audiencias del Juicio del Siglo tras casi un mes de interrupción. Debo recalcar que asistir estos días como reportero al Palacio de Justicia de Santa Cruz trae consigo la extraña sensación de ingresar a un túnel oscuro donde manda la conveniencia del poder. A las sesiones han dejado de concurrir dos cartas que el Ministerio Público blandía entre los naipes con los que desde hace siete años sostiene que estuvo en marcha un plan siniestro bajo el cual el ejército iba a capitular vencido por las comparsas carnavaleras cruceñas y la policía municipal armada con bastones de goma. La sensación surreal persiste y todo apunta hacia una salida inesperada, incluso contra la voluntad de quienes propagaron la historia. No es ninguna premonición desatinada pues las sorpresas son una variante frecuente en el mayor juicio penal de la historia boliviana.
El curso de estos casi ocho años lo confirma, desde la fuga del arquitecto de la acusación Marcelo Soza, el apresamiento de fiscales y las confesiones estalinianas de algunos acusados para abrirse camino hacia la libertad, hasta el apartamiento del juicio del general Gary Prado Salmón, a quien el Ministerio Público atribuye la intención de descuartizar Bolivia y fundar una nueva nación desde la silla de ruedas en que está recluido hace más de tres décadas. A estos capítulos se suma ahora el alejamiento de Ronald Castedo, para el gobierno pieza articuladora de esa conjura a pesar de las deficiencias cardíacas crónicas que lo colocan entre las pocas personas en el mundo con múltiples cirugías cardiovasculares, inclusive extensores sucesivos dentro de otro extensor para desbloquear el flujo sanguíneo.
El surrealismo del caso viene desde sus orígenes. El presidente de la República anunció en tierras extranjeras que de él partió la orden de atacar el hotel donde murieron acribilladas tres personas con un salvajismo incomún en la historia nacional. Después vino la maquinaria propagandística del Estado a endosar la version, de la que, poco a poco, desaparecieron algunos puntales. No se ha vuelto a hablar de ¨magnicidio¨, por ejemplo.
Para jueces y fiscales, el caso parece tan fresco como el 16 de abril de 2009. Una excepción estos días partió de la juez ciudadana Sonia Mamani: discrepó de sus colegas Sixto Fernández, Julia Elena Gemio y Anastasia Callisaya, opuestos a la separación de Castedo. El trio recibió un fuerte revés cuando un tribunal de La Paz ordenó la separación mientras el ex ejecutivo de Cotas languidecía.
Las apuestas entre los que observan uno de los juicios más dilatados del mundo incluyen adivinar quién será el próximo separado, inclusive de entre los juzgadores. Entretanto, con la vacación judicial de La Paz en puertas, las audiencias fueron suspendidas hasta el 9 de enero. Con esta prolongada interrupción, a tres de los acusados aún presos les espera una nueva Navidad en Palmasola.

Juicio ensombrecido

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El tribunal que preside el juez Sixto Fernández intentó hace pocos días probar que es posible conducir un vehículo sin gasolina. Habría alcanzado renombre si conseguía continuar el Juicio del Siglo desprovisto de actas formales. No logró avanzar y el juicio que tiene a su cargo mantiene su ritmo geológico en busca de resolver la trama que empezó hace siete años con el asalto armado a un hotel, la muerte brutal de tres huéspedes, prisión para otros y el cuestionamiento a decenas de personas en un proceso que busca probar que desde Santa Cruz se planeaba derrotar al ejército y crear una nueva nación sudamericana.

El intento que promovió el juez falló y durante casi todo marzo las audiencias han estado en la oscuridad causada por la falta de actas. Solo el día 29 se reanudaron bajo cierta normalidad, cuestionable cuando en la balanza se colocan hechos como la confesión del autor de la acusación, desde hace dos años refugiado en Brasil, de que actuó bajo presiones del gobierno. Para la legalidad del proceso, esa confesión no existe.

La tentativa del juez ocasionó una rara coalición de defensores y acusadores, e incluso de una juez ciudadana que le reprochaba por desdeñarla, decía, porque carece de formación jurídica. La juez concuerda en que el tribunal violó normas legales al instalarse en Tarija hace tres años sin algunos acusados. Uno de ellos, inhabilitado físicamente, fue declarado rebelde para justificar su ausencia.

El traspié ha dado lugar a una andanada de acusaciones de los fiscales y abogados que cuestionan la habilidad del juez para conducir un juicio de la magnitud del caso que se arrastra desde 2009.

En lo que parece agregar sombras al mayor juicio penal de la historia boliviana reciente, un ambiente de sospecha se instaló en las audiencias la pasada semana cuando un desconocido, gorra blanca al revés, bermudas y zapatos tenis, fue sorprendido tomando desde un celular imágenes de los abogados acusadores. Llamado por el juez, el desconocido entregó su identidad y habló con él unos minutos, pero el magistrado informó que el fotógrafo misterioso sólo balbuceaba y que no había entendido lo que dijo.

El desconocido, después identificado con un nombre que nada decía para los presentes en la audiencia, se fue y de inmediato no se supo de dónde había venido ni qué hacía en el lugar. Algunos en la sala sospechaban que era agente del  gobierno y una investigación posterior los corroboró, pero no se supo más. Otros señalaban que las ondas del ¨caso Zapata-Morales-Quintana, etc.¨ rompían sus límites iniciales y que una paranoia desbordada empezaba a contagiar también a actores y protagonistas del Juicio del Siglo.

Ánimos crispados

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El Juicio del Siglo reanudará las sesiones orales este lunes, a pocos días de haber sido colocado cerca del colapso cuando un abogado del gobierno y otro de la defensa estuvieron a un paso de llegar a los puños, en un pugilato que sólo habría expresado la decadencia del mayor juicio penal de la historia boliviana.

Desde el inicio de la fase oral en Santa Cruz, hace tres años, el Juicio del Siglo ha estado repleto de incidentes, pero el de la semana antepasada eclipsó los anteriores, en medio de incitativas e interjecciones ante los ojos del tribunal primero de sentencia de La Paz, que preside el juez Sixto Fernández.

El 7 de enero, durante la sesión en la que hicieron crisis algunas de las tensiones y frustraciones acumuladas en años, el magistrado intentó reflexionar ¨a todas y cada una de  las partes¨. Esta semana podrían medirse los efectos de la reflexión sobre los ánimos de los involucrados, en un proceso que no exhibe señales de un final próximo, después de 80 meses de la invasión policial al Hotel Las Américas y la muerte violenta de tres ocupantes que, en la voz del gobierno, iban a cometer magnicidios, terrorismo y una guerra para dividir Bolivia.

¨Hay quienes quieren que el juicio fracase…¨, dijo el juez, al anunciar que había dispuesto mayor vigilancia de los policías siempre presentes en las audiencias para que observen el comportamiento de todos los asistentes. (La chispa de ese incidente había sido una interjección desde algún lugar donde su ubican los acusados y el público visitante). El llamado genérico del juez ¨a todas las partes¨ para que asuman un comportamiento profesional causó molestias en la defensa. Uno de los abogados le señaló que el incidente que acababa de ocurrir había sido causado por la interrupción exabrupta de un representante del Ministerio de Gobierno cuando hablaba un defensor.

Durante gran parte de las audiencias de diciembre y de comienzos de este mes, el tribunal ha estado  abrumado por una crisis interna cada vez más visible. Una de las jueces ciudadanas acusó a un fiscal de pretender imponerles su voluntad; luego las jueces ciudadanas acusaron a su colega técnica de no guardarles respeto y pidieron la intervención del juez presidente. Hace 10 días otro fiscal responsabilizó al juez Fernández de no conducir apropiadamente las sesiones.

En esa atmósfera tensa, el día 7 de enero hubo interjecciones airadas y un abogado defensor y un representante del Ministerio de Gobierno se levantaron de sus asientos con los puños cerrados rumbo al centro de la sala frente al tribunal. La intervención de sus colegas, que sujetaron a los dos, previno el pugilato que estaba por desencadenarse. La sesión iba a continuar, pero prevaleció la sugerencia apaciguadora del abogado defensor de funcionarios de COTAS para suspender la audiencia porque no existían condiciones para continuarla.

Luego de peregrinar por La Paz, Cochabamba, Tarija y Yacuiba forzado por problemas de salud que acosan a los acusados (uno de ellos sufrió un infarto), el caso está radicado en Santa Cruz desde enero de 2013. De los 21 acusados de entonces, quedan 16. Cinco optaron por juicios abreviados y se declararon culpables de delitos que les endilgaba la acusación y que ellos habían negado durante años. La abreviación fue calibrada para que la sentencia coincidiera con el tiempo que habían permanecido presos. Un tufillo evocador de  los Juicios de Moscú en la década de 1930 es inevitable para todo quien haya  leído un mínimo de la historia de esos años.

El juicio continúa en la fase declaratoria de los testigos de la acusación, cuyo número el juez decidió reducir para acelerarlo. Al acabar la presentación de testigos de cargo, deberá ocurrir el turno de los testigos de la defensa. Aún quedaría pendiente la presentación de pruebas en las que se basó el ahora ex fiscal Marcelo Soza Álvarez para articular la acusación. La gestión del ex fiscal duró más de tres años antes de que fuera apartado. Ahora está en Brasil, donde se le brindó refugio tras denunciar que  gran parte de su pliego acusatorio fue resultado de presiones del gobierno para involucrar a dirigentes de Santa Cruz en la trama que asegura buscaba derrotar al ejército y crear una nueva nación. Los documentos que el ex fiscal presentó en Brasil para obtener refugio no han sido aceptados entre las pruebas.

La acusación cree que se podrá llegar a la sentencia en cuestión de meses. La defensa no es tan optimista.  Con la experiencia de los años transcurridos, los abogados de la defensa creen que más realista sería hablar de años, tal vez hasta 2018.

 

Otra vez Ñancahuazú

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Cuarenta y siete (*) años después de haber capitaneado la derrota y capitulación de Ernesto “Che” Guevara en los parajes selváticos del sudeste boliviano, el general (r) Gary Prado Salmón inició esta semana  una declaración para defenderse de la acusación de preparar una campaña terrorista que derivaría en un alzamiento armado y el desmembramiento de Bolivia tras vencer al ejército del que ganó máximos honores.

La declaración que inició el miércoles ante el tribunal que preside el Juicio del Siglo (magnicidio, terrorismo, alzamiento armado, derrota del ejército y separatismo) fue una conferencia de historia contemporánea de Bolivia, con detalles poco conocidos para muchos de los que asisten al proceso en el Palacio Judicial de Santa Cruz.

Prado Salmon subrayó que a las doctrinas que regían la vida de las naciones se había agregado la “doctrina (Evo) Morales” que dictaba que si sus ideas e iniciativas tropezaban con obstáculos legales “yo le meto, nomás”,  en actitud de “menosprecio”, subrayó, por la justicia y sus administradores. Si el presidente proclamó, hace unos días, ante dirigentes cocaleros, que “hay que acabar con el debido proceso” y que las obras que propone el gobierno pueden ser ejecutadas sin licitación, “¿de qué justicia hablamos?”.

Le tocaba defenderse, dijo, cercado de muros levantados por la fiscalía y el Ministerio de Gobierno, por el propio tribunal y por la cancillería, que no dio curso a las solicitudes ni el juez las requirió para legalizar los documentos que emitió el ex fiscal Marcelo Soza, ahora fugitivo de la justicia, oficialmente tildado de “delincuente” y cuya acusación es seguida por el Ministerio Público y el Ministerio de Gobierno. Las barreras han buscado, dijo, ocultar las irregularidades a lo largo del proceso, que tiene un curso separado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a ser activado cuando concluya el que contabiliza 67 meses desde el asalto al Hotel Las Américas.

Autor de seis libros, entre ellos “La guerrilla Inmolada” con la tesis de que “Ché” Guevara salió de Cuba y se fue al África y luego vino a Bolivia por desacuerdos con la plana mayor cubana, el general retirado es pieza angular en la acusación elaborada por ex fiscal Soza que ahora el mismo ex magistrado repudia. Su presencia entre los 39 acusados es básica para la tesis oficial de que en Bolivia hubo una intentona, que publicaciones solicitadas del gobierno han difundido ampliamente.

Recluido en silla de ruedas desde hace más de tres décadas cuando un incidente al parecer fortuito le paralizó las dos piernas tras reimponer el orden en un campo petrolero  tomado por radicales de Falange Socialista Boliviana, para la acusación era instructor de la supuesta campaña separatista. Para el ex comandante militar la acusación es una venganza por haber derrotado al  ícono del castrismo y su doctrina para desarrollar movimientos guerrilleros en todo el continente.

La declaración de Prado Salmon eclipsó momentáneamente otro tema surgido a principios de mes: la posibilidad de una “conciliación entre partes”,  que provocó  reacciones encontradas.

Entre las ligerezas que atribuyó a la fiscalía mencionó la de no haber investigado el episodio del video en el que Ignacio Villa Vargas (El Viejo) supuestamente recibe un soborno del ahora fallecido ex funcionario del gobierno Carlos Nuñez del Prado. “Unos 10 testigos pudieron haber sido convocados a declarar”, entre ellos altas autoridades del gobierno, afirmó. Los audios, dijo, en los que se escucha al ex fiscal mencionar sobornos, y en un tramo asegurar que uno de sus colegas se quejó de que su nombre había sido utilizado para sobornar, tampoco fueron investigados.

“Vamos a seguir batallando”, declaró, al rememorar acontecimientos que lo llevaron a cruzar su destino con el del “Ché” y sellar el destino del guerrillero cubano-argentino el 8 de octubre de 1967. Comparó a  los guerrilleros a los que combatió con los que supuestamente encabezaba Eduardo Rózsa Flores, de acuerdo a la tesis oficial de complot separatista. “Dormían en la selva”, no en hoteles de primera, dijo, para ridiculizar la noción de que con eso supuestos comandantes se gestaba un movimiento guerrillero-separatista.

Corrigió a uno de los abogados del gobierno que en la jornada anterior había preguntado al neumólogo Juan Carlos Santisteban,  también acusado en el juicio, sobre cuestiones militares que involucraría la participación en los cursos de Altos Estudios Nacionales en los que Prado Salmon enseña. Subrayó que asistir a esos cursos no conlleva adiestramiento militar sino conocimiento de la  realidad boliviana desde todos sus ángulos.

Tras contar resumidamente su vida militar y el respeto que ganó en todo el país por su cruzada por la democracia (la más reciente distinción ocurrió hace sólo unos días), pidió a las jueces que, para emitir su veredicto, colocasen su historia en la balanza junto a la que había contado el ex fiscal.  Soza, recalcó, nunca dispuso que sobre las computadoras relacionadas al caso se realizase una pericia, que habría demostrado que hubo forjamiento de pruebas.

Cuando concluya su declaración, la defensa y los acusadores del Ministerio Público y el Ministerio de Gobierno, podrán interrogar al general. Tras el fin de semana, la audiencia se reanudaría el 24 de noviembre.

El jueves, al escribir esta reseña, la sesión estaba suspendida debido a las penurias de Ignacio Villa Vargas, cuya glucosa había llegado a un nivel alarmante de 400 (3 ½ veces el máximo que el organismo puede tolerar) y requería de un tratamiento clínico de urgencia pues podría estar ante complicaciones aún mayores.

* Un error de digitación hizo que en la versión original se escribiera 45. Lo siento..

Los testigos deben callar

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Bajo persistentes objeciones a las preguntas a los testigos, el Juicio del Siglo (terrorismo, alzamiento armado y división de Bolivia tras derrota del ejército) ha tenido este mes uno de los períodos más tensos desde el estallido del caso con el asalto policial al Hotel Las Américas de Santa Cruz hace más de cinco años. Nada sugiere que las sesiones que vienen serán diferentes.
Sólo en la jornada del jueves antepasado los fiscales bloquearon por lo menos 20 preguntas y llevaron a la defensa a retirarlas de la lista de cuestionamientos con los que trataban esclarecer la trama con la presencia de uno de los testigos más locuaces del mayor proceso penal de la historia boliviana. Boris Martín Villegas Rocabado, Director de Régimen Interior cuando ocurrió el episodio que ha marcado al oriente boliviano, ha cumplido siete jornadas de testimonios desde el 20 de agosto y asegura que todavía tiene mucho para decir. Suspendida hace una semana y media por nuevos problemas de salud entre los acusados, la audiencia debe continuar este lunes.
Un momento de alta tensión ocurrió cuando el juez Sixto Fernández evitó responder directamente al cuestionamiento del abogado Alberto Morales, quien preguntaba si el tribunal compartía la posición de la acusación, que había dicho que el pliego acusatorio era una “verdad material”, uno de los elementos base para una sentencia.
“Entonces, ¿qué hacemos aquí?”, preguntó Morales, al requerir que se le expidiese una copia legalizada del pronunciamiento que consideraba parcializado del juez. El juez dijo que la acusación será valorada en una etapa posterior del juicio. Los defensores arguyeron que no se debe esperar otro momento del proceso ni una instancia superior cuando se evidencia que la acusación tiene bases falsas, como afirma el ex fiscal Marcelo Soza, quien la preparó.
En la jornada del 4 de septiembre, los fiscales bloquearon una seguidilla de cinco preguntas al testigo, entre ellas si sabía si un oficial de la UTARC, de participación destacada en esa unidad ahora disuelta, había conocido a Eduardo Rózsa Flores antes del episodio del 16 de abril de 2009. La defensa considera importante el detalle para la noción de que la versión ofrecida por las autoridades fue prefabricada para calzar con el episodio.
Tampoco avanzó la pregunta para saber con detalle quiénes elaboraron el documento de la comisión legislativa que investigó el suceso. Villegas dijo que él había trabajado en la elaboración de ese informe, piedra angular de la posición gubernamental sobre todo el episodio, y que cumplió su labor en la vicepresidencia de la república. “Mi persona participó en la elaboración de ese informe…se le dio forma jurídica. No podíamos firmar porque éramos parte del Ministerio de Gobierno”, dijo al citar a algunos diputados de la comisión que figuraron como firmantes del informe. Considerada impertinente por la fiscalía, la pregunta sobre quienes más fuera de él participaron quedó sin respuesta.
Las declaraciones del ex director Villegas estuvieron precedidas por las de otro ex abogado del gobierno, Denis Rodas, de quien el abogado defensor José Hoffman intentó sin éxito obtener detalles sobre las pericias de piezas electrónicas externas (discos duros y flash memory) cuyo contenido ha sido esencial para la acusación.
Hasta ahora han sido estériles los intentos de conferir legitimidad plena a la carta que escribió el ex fiscal Soza cuando huyó a Brasil en marzo. En ella se ha basado la que hasta ahora es la mayor acción de la defensa del general Gary Prado Salmón. La acusación, que un tiempo encabezó Soza, la considera legalmente inexistente y estos días ha reafirmado que la carta carecerá de base jurídica mientras el tribunal no la considere. El juez no ha especificado cuándo lo haría pues el documento, cuya traducción al portugués ha sido reconocida por autoridades brasileñas, debería ser legalizado por autoridades bolivianas. Los abogados del gobierno y el Ministerio Público sostienen que el ex fiscal debería ir a la embajada de Bolivia en Brasilia para solicitar la legalización. La defensa replica que hacerlo equivaldría a renunciar al refugio del que goza en el vecino país, desde donde acaba de afirmar que lo ocurrido en el Hotel Las Américas fue una masacre.
La acusación ha frenado las averiguaciones sobre el llamado “gabinete jurídico”, el supuesto organismo para gubernamental al que se atribuye el diseño de las estrategias para lidiar con conflictos en el país. Para el ex jurista gubernamental Rodas el tema parece fuego: se excusó de abordarlo alegando su propia seguridad y la de su familia, y afirmó que el 10 de abril, tras hablar con algunos legisladores, había sufrido una paliza en la prisión de Palmasola, donde está detenido. Gran parte del tiempo de Rodas en la silla de los testigos transcurrió en medio de debates sobre si podía o no podía responder a preguntas de la defensa.