Ex fiscal

De nuevo el ex fiscal Soza

Posted on Actualizado enn

Un video que circula vía teléfonos celulares de Santa Cruz está próximo a lograr lo que hace más de un año  dos mujeres no consiguieron en los medios informativos tradicionales: llamar la atención en torno a los cimientos del ¨juicio del siglo¨ (magnicidio, terrorismo, alzamiento armado y desmembramiento de Bolivia) que se arrastra a un ritmo en el que el de la tortuga sería alta velocidad.

En el video, el ex fiscal Marcelo Soza manifiesta su conclusión como investigador de que las tres personas que murieron en la madrugada del 16 de abril de 2009 fueron ejecutadas con crueldad por los invasores. En Brasilia, donde está refugiado el ex fiscal, la madre de Michael Dwyer, Carolyn Dwyer, le pregunta: ¿¨Fue Michael ejecutado?¨.

Soza, quien hasta entonces no había ofrecido una respuesta directa sobre el tema, responde: ¨No solamente Michael Dwyer sino todos los demás que lo acompañaban. No había razón para ingresar a las cinco de la mañana al hotel en la forma en que ingresaron y no había razón para generar tanta violencia¨.

La afirmación es más específica que la que escribió para la Comisión Nacional de Refugiados de Brasil el año pasado, tras fugar de Bolivia. En la declaración escrita para ese organismo, que aceptó su pedido de refugio, Soza dijo que hubo ¨violencia excesiva¨ y que no era preciso matar.

El video es el cierre de un documental de la TV irlandesa que fue al aire en horario estelar el 12 de octubre pasado. En Irlanda, el caso no está archivado y los parientes de Dwyer, con la paciencia y tenacidad propia de los irlandeses, recorren las cortes europeas en pos de una aclaración formal sobre el caso y sus responsables. Acompañada de su hija Aisling, Carolyn Dwyer vino a Bolivia en septiembre del año pasado en busca de averiguar qué pasó con su hijo.  Se fue sin respuestas y más de un año después fue a Brasilia para ver a Soza-

En privado, algunos de los acusados dijeron que habían hecho llegar copias de la declaración de Soza a miembros del tribunal y a fiscales.

¨Si hubieran querido hacer algo legal –agrega el ex fiscal la entrevista- me habrían comunicado  para que yo, como fiscal, organizara el operativo. Yo, en ningún momento, habría permitido que den muerte absolutamente a nadie. Creo que todos estos puntos son importantes y me hacen ver que sí hubo una ejecución en el Hotel las Américas.¨

El ex fiscal, quien estuvo a cargo del caso durante más de cuatro años, también asegura que no detectó que hubiera habido ¨una conspiración para matar al presidente Evo Morales¨ así como tampoco que Dwyer hubiese tenido alguna ¨vinculación delictiva dentro del caso¨.

El nuevo  elemento informativo ha ocurrido cuando el tribunal que preside el juez Sixto Fernández ha llamado al segundo de 41 testigos ofrecidos por la fiscalía para respaldar la tesis que asegura que  en Bolivia estuvo en curso un plan terrorista que contemplaba enfrentar y derrotar al ejército.

La interrogación al primer testigo llevó más de seis meses antes de que el segundo fuese convocado a la sala de audiencias. La fiscalía habría decidido reducir el número de convocados, pero cuando la serie concluya, se abrirá la de los testigos de la defensa. Solo el general Gary Prado Salmón ha dicho que convocaría a 60.

Una cuestión inicial que al testigo Luis Geria Peña, sargento asignado al caso, se le ha pedido  aclarar se refiere al aprovisionamiento de armas para un plan de la magnitud denunciada. Hasta ahora solo está claro el ex dirigente de la Unión Juvenil Cruceñista Juan Carlos Guedes vendió una pistola a Eduardo Rózsa Flores.

El arma estaba mugrienta y sus cacerinas eran imitaciones de aluminio, según Guedes, quien esta semana estuvo a cargo la contra-interrogación del testigo.

No hay pistas claras sobre la adquisición del armamento que habría sido necesario para llevar a cabo la supuesta operación secesionista. Al hacer uso de su derecho de defensa, Guedes preguntó al tribunal si habría alguien capaz de levantarse en armas contra un ejército con una pistola inservible. Su defensor Gary Prado Araúz indagó si el testigo había comprobado el funcionamiento del arma así como el de otras que la policía dijo haber decomisado de los supuestos terroristas. El juez concordó con la objeción de los fiscales de que la pregunta era impertinente y que el testigo no era perito para atender esa indagación.

Un dictamen también negativo siguió a los cuestionamientos sobre la legalidad de la operación. La defensa concluyó que la policía habría sido en la madrugada de 2009 una fuerza autónoma que actuó con espontaneidad, sin un comandante específico y sin que nadie  le ordenase la intervención, menos todavía que lo hubiese hecho bajo alguna orden judicial. ¨Por lo escuchado, dijo el abogado Prado Araúz, ninguna autoridad estuvo presente, de modo que no se sabe quién comandó a esa fuerza¨.

Las sesiones fueron suspendidas el viernes hasta el 3 de noviembre.

Juicio del Siglo: Con tropezones, rumbo al final

Posted on Actualizado enn

Tras los sofocones de las últimas semanas, especialmente  la fuga aún oscura que el 11 de marzo protagonizó el ex fiscal Marcelo Soza, el Juicio del Siglo ha ingresado a un proceso terminal, dicen los abogados que siguen el caso. Nadie se atreve a formular un calendario final, pero todos coinciden en que no es mucho el tiempo que tiene por delante.

La incredulidad que rodea a la versión del gobierno (separatismo, que como tal no aparece en ninguna línea de la proposición que elaboró  el ex fiscal Soza, e intención de derrotar al ejército boliviano), se ha visto acentuada con la carta de la ex autoridad  y con declaraciones de los defensores.  El ex fiscal parece haber dejado un laberinto de preguntas que las autoridades no han respondido.

“Iba a ser nuestro testigo estrella”, dijo el abogado cabeza de la defensa, Otto Ritter Méndez, quien asegura que la salida del ex fiscal fue asistida por el propio gobierno, que habría preferido tener al magistrado fuera a enfrentar la posibilidad de que termine ante un juez y hable tal vez mucho más y con mayor precisión que su carta. Ritter consiguió autenticar el documento,  que proyecta presentar en cuanto se reanude el proceso suspendido tras la salida del ex fiscal.

Ese documento quitaría al juicio sustento para continuar. La senadora por Pando Carmen Eva González sostiene que una de las alternativas que estudiarían las autoridades sería sentenciar a algunos que se declararían culpables. La pena no sobrepasaría los casi cinco años que algunos llevan en prisión. Se desconoce quiénes serían los procesados dispuestos a inculparse.

Hace un par de semanas, Gary Prado Araúz, abogado de la defensa de su padre, el general Gary Prado Salmón, concedió una entrevista a la red de emisoras Erbol a la que no se le conoce una réplica equivalente del gobierno.  En la entrevista, Prado recuerda algunas tareas que el ex fiscal no investigó  o que no que aclaró.  ¿Quién trajo a Eduardo Rosza Flores a Bolivia a fines de 2008, en los días en que milicias campesinas cercaban Santa Cruz?

El abogado dijo que está determinado que el trayecto Budapest-Sao Paulo de Rózsa y un acompañante fue pagado mediante una tarjeta de crédito asignada al coronel venezolano Jorge Osorio, entonces Ministro de Alimentación. El ex fiscal llegó a ese punto pero curiosamente no avanzó más, dijo el abogado.  El viernes pasado  el mismo funcionario fue designado oficialmente Ministro del Poder Popular, adscrito a la Presidencia de Venezuela.

El abogado mencionó otro elemento: el ex fiscal recopiló llamadas hechas o recibidas por Rózsa, pero excluyó de la lista  números de La Paz. No los incluyó “porque son las llamadas de funcionarios de gobierno” que lo llamaron desde La Paz, inclusive una del ex Viceministro Saúl Ávalos, contra cuya residencia en Santa Cruz estalló un explosivo a fines de marzo de 2009. Se desconoce si existe algún informe del ex viceministro sobre  llamadas que habría recibido la noche del atentado a su casa.

Prado Araúz admitió la posibilidad de que Rózsa hubiese tentado a algunos cruceños con la idea de defender la ciudad, ante el que parecía avance inminente de las milicias campesinas y los antecedentes históricos  de la masacre de Terebinto, pero ridiculizó la idea de una guerra de secesión, como la que el gobierno afirma que estaba en gestación. “La boca aguanta todo, pero ¿alguien se ha animado a hacer números de lo que cuesta un enfrentamiento bélico real, lo que cuesta un día-hombre en combate…de dónde iba a salir la plata para un enfrentamiento bélico? No nos tomen por tontos”, dijo en la entrevista con Erbol. ¿”Saben cuántas armas dicen que le secuestraron a Rózsa del stand de Cotas (en la Feria Exposición de Santa Cruz): diez fierros viejos. Una compañía policial trituraba al ejército de Rózsa…”

El abogado agregó que no hubo “fuego cruzado”  en la madrugada del 16 de abril de 2009, y afirmó que pronto estaría en condiciones de presentar pruebas de su afirmación.  Dijo también que los signos que presentaba el cadáver del ex combatiente boliviano-croata mostraban que había sido torturado antes de morir.

“…lo matan. Su muerte era más útil… ¿sabe cómo muere? Por anemia, de acuerdo a la autopsia. Le metieron unos tiros al  abdomen…y se desangró, dice la autopsia.  Pero es mentira.  (La muerte fue causada por) un tiro de pistola detrás aquí, atrás de la oreja, a (una distancia de) menos de 60 centímetros. El disparo no sale al otro lado…Lo dicen las fotografías de la autopsia.”

Prado Araúz dijo que las autopsias en Bolivia fueron manipuladas y que el informe de la realizada en Irlanda por los forenses de ese país, sobre el cadáver del irlandés Michael Dwyer, fue enviado a la cancillería boliviana, pero  que allí lleva años. La cancillería no lo remitió a la fiscalía a cargo del caso. Los datos sobre el cadáver del húngaro Arpad Magyarosi también exhibían tortura y al morir estaba esposado, dijo.

Una anotación final para responder a una pregunta recurrente. ¿Por qué suelo llamar Juicio del Siglo a este proceso? Porque es un calificativo real y sin la connotación que tiene llamarlo “caso terrorismo’, como frecuentemente lo llama la mayoría de los medios nacionales. Designarlo “caso terrorismo”  implica en cierto modo comprar un calificativo cuya veracidad no ha sido establecida. Llamarlo Juicio del Siglo refleja mejor una verdad histórica: no hay un juicio igual en los 14 años del siglo en curso en magnitud y profundidad.

Toc-toc-toc

Posted on Actualizado enn

El embajador de Bolivia en Brasilia, Jerjes Justiniano,  está en apuros. Se le endilga inconsecuencia con las normas diplomáticas al continuar presente en Brasilia como cabeza de la representación diplomática boliviana más importante del continente.

El embajador brasileño Marcel Biato estaba de vacaciones, fuera de Bolivia, cuando a fines de agosto ocurrió la fuga del senador Roger Pinto, apoyado en la logística que le brindó un funcionario de esa representación, hastiado con la demora y reticencias bolivianas de otorgar salvoconducto al legislador. La embajada del vecino país quedó sin un titular desde entonces. La cancillería boliviana ignoró el vacío y pretendió que la situación entre ambas  naciones es normal,  como la que ocurre cuando uno de los cónyuges decide vivir fuera de casa y el otro dice a la familia y a los amigos: todo está normal. No estamos viviendo juntos pero todo está normal.

El colega Humberto Vacaflor alude esta anomalía en su columna de hoy lunes, en El Deber. Subraya Vacaflor: “La permanencia en Brasilia del embajador Jerjes Justiniano no revela la existencia de una relación normal; revela la ignorancia del gobierno boliviano sobre las normas diplomáticas”.

Unas noches atrás, el diplomático había dicho, en el programa No Mentirás, que la relación bilateral era muy buena y atribuía la falta de su equivalente brasileño en La Paz sólo a cuestiones políticas internas de Brasil.   Cierto. Todo país tiene agendas internas con las que debe lidiar y eso puede perjudicar cuestiones diplomáticas menores. Pero no durante ocho meses. No con el vecino con el que comparte la frontera terrestre más extensa ni con el que es su principal proveedor de gas natural.

Esta actitud puede revelar la costumbre de atribuir normalidad a situaciones que están lejos de serlo. Como la del avestruz, que esconde la cabeza en la arena pretendiendo que nada lo amenaza.

Una actitud parecida de desconocer el mundo y las normas de comportamiento se manifiesta cuando “sectores sociales” piden que se congele el diálogo con Chile (El Deber, 17-03-2014, Pág. 14).  Esos sectores creen que el “congelamiento” debe extenderse hasta que la Corte Internacional de Justicia de La Haya  diga su parecer respecto al pleito con Chile por una salida soberana al Pacífico. Es como si un adolescente le dijese a otro: Vamos a pelear. Si yo gano, no hay nada que discutir y tú pagas la apuesta. Si yo pierdo, entonces sí discutimos cómo pagar la cuenta. Es como querer asegurarse la partida de antemano pretendiendo que nadie se da cuenta. Toc-toc-toc. ¿Estás con fiebre?

Algo desacostumbrado apareció hoy en el mismo diario. En media página salió publicada la carta “al pueblo de Bolivia” del ex fiscal Marcelo Soza. Fue  una nota solicitada. “Por los familiares de perseguidos y detenidos políticos” firma el abogado Gary Prado Arauz. Hay una ironía: la carta del ex fiscal, ahora en busca de refugio político en Brasil, fue difundida profusamente. Pero para que no quede duda de lo que la ex autoridad judicial declara, el abogado, hijo de uno de los acusados principales en la proposición del ex fiscal, la ha hecho pública in extenso. Entre varias otras cosas, el ex fiscal denuncia que efectivamente fue grabado por funcionarios del gobierno (lo que daría fe al audio que circuló el año pasado en el que se hablaba de las extorsiones y Soza aseguraba a un interlocutor cuya identidad aún no ha sido revelada, que si caía el caso terrorismo caía el presidente Morales.)  En el audio, el ex fiscal también menciona a algunas autoridades y parientes de funcionarios en ejercicio y dice que autoridades del gobierno lo presionaban para que involucrase en el supuesto plan sedicioso a personalidades de Santa Cruz. ¿“Es éste el pago que recibo? Usarme vilmente para sus intereses políticos…”

El abogado Prado Araúz ha atendido a su padre a lo largo de todo el proceso en Santa Cruz. En el diseño de la acusación preparada por el ex fiscal, el general retirado Gary Prado Salmón era el “cerebro militar” de una sedición en la que son acusadas 39 personas. Los cabecillas de la supuesta asonada que derrotaría al ejército boliviano tienen graves problemas de salud, desde la parálisis que sufre el general Prado hasta cirugías cardiovasculares que cuestionan la habilidad física que tendrían para semejante hazaña.