Evo Morales

Jornadas de abril

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Nota: En primer párrafo corrige: Comisión, en lugar de Corte, como erróneamente salió.

La audiencia vespertina del martes en el Juicio del Siglo se arrastraba bajo una monotonía agobiante de lectura de pruebas cuando las pantallas de los celuares trajeron la noticia de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos acogía una denuncia de ejecuciones extrajudiciales y violación de derechos humanos presentada nueve años antes contra el Estado boliviano. De golpe venían a la memoria el asalto armado al hotel Las Américas y la ejecución sumaria y brutal de tres huéspedes que hasta poco antes dormían apaciblemente, desfile de decenas de presos y el comienzo de un episodio tenebroso y atemorizante que para muchos aún no ha restañado.

Las luces de alarma en el gobierno del Movimiento al Socialismo volvieron a encenderse, esta vez con máxima intensidad, pues la admisión significaba poner en el banquillo al Estado Boliviano y quizá a sus máximos representantes, incluso el presidente Evo Morales. La agenda informativa del pais dio un brusco viraje y atrás quedaron otros episodios que hasta entonces ocupaban la atención nacional con prominencia, inclusive el juicio en La Haya por la demanda marítima de la que nadie habló durante días.

Era la primera vez que la Comisión en sus 60 y pico años daba curso a un caso que involucraba al Estado y por ende a las máximas autoridades bolivianas, que la recibieron con desdén.

La fuerza del impacto pudo medirse por las reacciones de las autoridades. El Ministro de Gobierno, Carlos Romero, dijo que el Estado asumiría su defensa y que refrescaría la memoria de lo ocurrido hace casi una década. Las novedades que traería ese refrescamiento provocaban curiosidad, pues en cinco años de juicio oral los acusadores no han logrado comprobar ningún elemento que sostenga la tesis de que desde Santa Cruz se planeaba dividir al país y que la unidad policial armada hasta los dientes que rodeó el hotel había sido ¨injustamente atacada¨ y debió defenderse, como dijo el entonces fiscal Marcelo Soza. Fuera de 51 casquillos de balas contabilizados dese día, una prueba tangible mayor fue una vieja pistola sin cacerinas que uno de los acusados, Juan Carlos Guedes Bruno, vendió a Eduardo Rózsa Flores, con la que éste se armaría para capitanear la gesta magna de rendir al ejército nacional.

El Presidente Morales no argumentó y en un tweet pontificó que admitir la demanda equivalía a defender al terrorismo y separatismo. La afirmación causó  perplejidad entre los defensores de los acusados en el largo trámite del caso. ¨El Presidente no reparó que la misma CIDH que él tilda de favorecer al terrorismo es la que años atrás admitió el caso denunciado por el ahora vicepresidente García Linera cuando estaba preso a fines del siglo pasado. Se debe concluir que ya entonces la Comisión habría estado favoreciendo al terrorismo. Una de muchas conclusiones: el presidente carece de sindéresis, de capacidad de juzgar correctamente¨, dijo con ironía Gary Prado Araúz, abogado defensor.

El Vicepresidente salió desde otra esquina. En Bolivia, dijo, hubo terrorismo e intención de dividir al país que admitieron actores del caso ahora en libertad y algunos fuera del país. El segundo mandatario omitió mencionar que sobrevivientes del asalto policial ahora fuera del país, negaron consistentemente, a lo largo del juicio escenificado en Santa Cruz, que hubiesen pretendido promover una guerra interna y dijeron que, si confesaron culpabilidad, fue para salir en libertad al cabo de más de seis años de prisión y, a escondidas, poder fugar del país.

El memorial de admisión, contenido en decenas de páginas, era un revés a las versiones que el gobierno ofreció desde la madrugada del 16 de abril de 2009.

La noticia de la CIDH era parte de la racha de malas nuevas que golpean al socialismo del Siglo XXI. En Venezuela, Nicolás Maduro estaba cada vez más cercado; en Argentina se acentuaba el sitio judicial sobre la expresidente Cristina Fernández de Kirchner, y en Brasil, el ícono más valioso de esa corriente, el ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva, estaba a horas de ir preso, condenado en dos instancias, por uso indebido de recursos del estado y corrupción. Nunca las llamas que consumen a vecinos izquierdistas habían llegado tan cerca del círculo boliviano en el poder.

La sensación de estar con las barbas en remojo para protegerse del fuego que quemaba a la figura más emblemática de la izquierda latinoamericana se agravaba cada hora. El presidente Morales acudió al tweet para alentar al acosado ex presidente Lula da Silva. ¨Repudiamos la decisión indignante de la justicia de Brasil…Esa sentencia ilegítima es un golpe imstituicional¨. El aliento que enviaba hacia el hermano mayor de los líderes de su línea en la region debe haberse perdido en el fragor de las horas del largo fin de semana brasileño.

La Ley de Murphy (si algo puede salir e quivocado, saldrá equivocado) que ronda el Juicio del Siglo volvió a manifestarse el viernes. El juez Sixto Fernández, que el dia anterior había suspendido las audiencias hasta el 16 de abril, pues el viernes se debatiría un enésimo pedido del ex dirigente juvenil cruceñista Guedes para defenderse desde su domicilio, no notificó al Penal de Palmasola que el reo debía ser trasladado hasta la sala de audiencias. Los custodios policiales concluyeron que al estar suspendidas las audiencias, Guedes no podía salir el penal.  Defensores y acusados aguardaron durante casi una antes que el juez suspendiera el acto hasta el martes 17 de abril.

Las noticias que llegaban de Brasil condimentaron el caldo todo el fin de semana. El rechazo del habeas corpus para Lula y su prisión inminente por lavado de dinero y corrupción, bajo óptica boliviana, era un presagio de lo que podría ocurrir a otros gobernantes. Por eso, la decisión de la CIDH estremeció a más de un alto dignatario boliviano susceptible de acusaciones de  corrupción o de violación de derechos humanos.

La secuencia de noticias no había declinado y en la semana que empieza crecía la ansiedad por descubrir lo que aún trae este mes de abril.

 

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Surrealismo sin fin

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Después de casi tres semanas de haber conseguido la prisión domiciliaria, Svonko Matkovic Ribera logró, dos graves tumultos mediante, dejar el Penal de Palmasola y transcurrir al lado de sus padres los rigores de la privación de libertad bajo la que ha vivido durante ocho años de encierro en el penal. Las dos conmociones fueron como el saludo final de una de las cárceles más temidas del mundo al dirigente del Comité pro Santa Cruz. Llegó allí bajo la acusación del ahora prófugo y refugiado en Brasil, Marcelo Soza Álvarez, el magistrado que redactó las acusación que incriminó a decenas de cruceños acusados de conspirar para la secesión de Bolivia. La acusación no ha sido probada hasta ahora, y el juicio oral, que tiene a Santa Cruz como escenario, se desarrolla a paso de cangrejo desde hace cinco años.  Uno más y llegará a la primera década el acontecimiento brutal que le dio origen, el 16 de abril de 2009.

Matkovic era uno de los tres acusados aún presos en Palmasola por el plan secesionista diseñado por Soza, que incluía hipótesis de alzamientos violentos y asesinato del presidente Evo Morales. Este última acusación fue quitada del pliego acusatorio pues, por la imposibilidad de aportar pruebas fehacientes, habría vuelto insostenible toda la tesis. Los otros dos detenidos -Juan Carlos Guedes y Alcides Mendoza Masavi- aspiran a conseguir también prisión domiciliaria, perspectiva que, de cumplirse, haría del juicio uno de los más raros del mundo. Todos los reos tendrían prisión domiciliaria.

En otras latitudes, la confesión del fiscal acusador, que escapó a Brasil y se declaró perseguido político asegurando que las autoridades bolivianas lo forzaron a incriminar a inocentes, habría sido suficiente para sepultar al juicio. Los sucesores del fiscal agarraron la trama que había escrito Soza y la defendieron a capa y espada. Cantaron victoria sobre la confesión del ex fiscal cuando la representación diplomática boliviana en Brasilia rehusó autenticar la carta que contenía esa confesión. El documento, en su momento el más divulgado en Bolivia, no existe legalmente. Desde entonces han pasado cuatro años y nada hace prever que el Tribunal de Sentencia corregirá el rumbo del caso.

Creí que sería difícil agregar capítulos surrealistas a la obra que presenté el año pasado (¨Labrado en la memoria – anotaciones de un reportero¨) sobre el caso. Sin embargo, la semana que pasó puso en evidencia que el caso continua fértil para la generación situaciones inverosímiles. Hubo al menos dos nuevos episodios.

Juan Carlos Guedes, el ex dirigente de la Unión Juvenil Cruceñista que en la trama organizada por el ex fiscal era el pivote que proporcionaría armamento para la supuesta campaña terrorista y secesionista, fue enviado al hospital a principios de mes para recibir tratamiento por una subida brutal de sus niveles de glicosa (alrededor de 300, casi tres veces los parámetros máximos en ayunas) y presión elevada. El lunes pasado pendía de un hilo la continuidad de la audiencia, pues Guedes estaba retenido por la administración del Hospital Guaracahi mientras no cancelase la cuenta de unos siete mil bolivianos que había demandado el tratamiento que apenas lo había restablecido (su glicosa y la presión sanguínea continuaban disparadas). El oficial encargado de custodiarlo debía conducirlo a la audiencia pero, como nadie pagaba la cuenta y para él era cuestión de honor llevar al acusado ante el juez, se ofreció a sí mismo como garantía de que los valores serían cancelados. Así, para efectos contables, Guedes estaba ¨en prenda¨ y el encargado de custodiarlo también.  El bochornoso episodio fue resuelto el lunes por la tarde cuando el juez Sixto Fernández dispuso que el Ministerio Público pagara la cuenta.

En esas horas surgió un nuevo incidente que impidió que otro de los acusados acudiera a la audiencia. Marco Antonio Monasterio, ex alto funcionario de la Corte Departamental Electoral de la que Eduardo Rózsa Flores había recibido croquis elementales para ayudar a los empadronadores a orientarse y que el ex fiscal consideró como material sensible, estaba anclado en su trabajo en la Intendencia Municipal de Santa Cruz. La guardia municipal se había amotinado por cuestiones salariales y despido de gendarmes y, con el motín, todos los funcionarios quedaron encerrados en la intendencia. Solo al superarse el conflicto los amotinados liberaron a sus rehenes. El mayor juicio penal de la historia boliviana estuvo empantanado durante siquiera un día bloqueado por una cuenta de hospital de poco más de mil dólares y un motín de gendarmes.

Fueron gotas en un mar de precariedad en la que se encuentra la justicia boliviana. Los últimos tres encarcelados del Juicio del Siglo pasaron uno de los mayores sustos de sus vidas cuando hace poco más de una semana hubo un amotinamiento en Palmasola seguido, días después, por la invasión de más de 2.000 policías que tomaron el lugar para requisarlo y llevar a decenas de reos a otros presidios. Las cuentas reproducidas por los medios señalan que hubo ocho reos muertos durante la masiva incursión policial del 14 de marzo, una de las mayores operaciones policiales de los últimos años.

Son aún desconocidos los detalles de la incursion, pero imágenes divulgadas posteriormente mostraban a cientos de reos que, apiñados uno al lado de otro tendidos boca abajo, formaron una gigantesca alfombra humana.  En esa posición estuvieron durante gran parte del día. El único momento en que los reos podían moverse era cuando las incontinencias los abrumaban. Disponían de un balde de pintura en el que podían descargar sus conductos a vista y paciencia de los demás.

Alcides Mendoza, uno de los que estuvo tendido sobre el pavimento aquel día, dijo que ¨todos fueron golpeados¨ por la milicia policial, en su mayoría llegada desde La Paz. En forma vaga habló solo de ¨mal trato¨, pero el cojear acentuado que tenia en la audiencia parecía indicar que el mal trato pudo haber sido bastante peor que el que señalaba. El juez Fernández evitó que Svonko Matkovic contara la experiencia que tuvo la jornada, que probablemente habría sido descriptiva, señalando que el joven ya la había contado directamente al tribunal.

Las sesiones deberán ser reanudadas el 2 de abril.

Estertores del Juicio del Siglo

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El mayor juicio penal de la historia boliviana está rumbo a quedarse sin acusados encarcelados, tras la decisión de una corte de La Paz de otorgar detención domiciliaria a Svonko Matkovic Ribera, el joven cruceño cuyo registro en el celular de Eduardo Rózsa Flores para confirmar un pernocte campestre disparó las sospechas del ex fiscal Marcelo Soza que le costaron ocho años de cárcel y extorsiones sucesivas por 90.000 dólares a su padre Svonko Matkovic Fleig. La salida inminente de la prisión de Palmasola por parte de Matkovic, dejará en las celdas del penal solamente a dos de los 39 que figuraron inicialmente en la lista de acusados del ex fiscal Marcelo Soza con la que el ex magistrado mantuvo en vilo e incertidumbre a cientos de personas y familias en Santa Cruz y Beni.

Al retornar a Santa Cruz el miércoles por la noche tras la audiencia que determinó su salida del penal de Palmasola, el joven Matkovic celebró que nunca se doblegó a las presiones para someterse a un ¨juicio abreviado¨ que habría significado admitir culpas en la trama que sostiene el gobierno, y que salía de la prisión sin haber negociado su nueva condición. Vicepresidente del Comité pro Santa Cruz, Matkovic pasa en Palmasola los primeros días bajo su nuevo estado, contando las horas para concluir los trámites y trasladarse a casa de sus padres. Se anticipa que será foco de atención nacional el lunes, al reiniciarse las audiencias del Juicio del Siglo radicado en Santa Cruz desde hace seis años.

Cuando Matkovic deje Palmasola, en el penal solo quedarán los ex dirigentes de la Unión Juvenil Cruceñista Juan Carlos Guedes y Alcides Mendoza Masavi.

El juicio se reabrirá en medio de especulaciones sobre qué llevó a la sala penal de La Paz a dictar detención domiciliaria Para Matkovic, después de que ese beneficio fuera negado en 20 ocasiones a lo largo de los años que el dirigente cívico ha estado preso. En un ambiente de desconfianza sobre la imparcialidad e independencia de la justicia en Bolivia, la pregunta parece pertinente. El mismo joven Matkovic explicó que su salud sufría un fuerte deterioro, con una hernia de disco y una cirugía en la rodilla que amenazaban con privarlo de caminar. Citando esos malestares había planteado una nueva petición de amparo a principios de enero que fue negada por el juez del Tribunal Primero de Sentencia Sixto Fernández, la juez técnica Julia Elena Gemio y las ciudadanas Sonia Mamani y Anastasia Callisaya, todos de La Paz.

Abogados defensores y analistas trataban de descifrar estos días qué determinó el cambio de posición. En un marco mayor, una referencia sería la necesidad de aliviar la carga que lleva el gobierno, en particular el presidente Morales, de acusaciones que lo presentan como irrespetuoso de los derechos humanos, y de someter a la justicia. En ese plano, sería importante subrayar la imagen exterior que ofrece el gobierno, ahora distante de la que ostentaba en los albores de su administración, como representante desguarnecido de un sector indígena mayoritario negligido y abusado. Nadie negaría que en la imagen actual del presidente ahora están instaladas violaciones a los derechos humanos, desde Chaparina y el Hotel Las Américas, y casos notables de corrupción. Al lado de ese cuadro se dibuja la quiebra del Socialismo del Siglo XXI, con el que sintoniza el gobierno boliviano y que languidece con el naufragio de Venezuela. Nicolás Maduro, identificado con raras excepciones como un dictador de quien los líderes democráticos se alejan, fue ¨desinvitado¨ a la Cumbre de las Américas a mediados de abril en Perú y estará ausente de la posesión de Sebastián Piñera dentro de pocos días en Santiago. En todo este panorama, el aflojamiento de la prisión de Svonko Matkovic Ribera sería un paso para mostrar una imagen diferente del presidente Morales que ayude a restituir la que tenia hace una década.

Otros politicos y analistas creen que tal apreciación sería tardía y exigua. ¨Ha sido solo un pequeño paso. No es justicia. Debería estar libre¨, dijo el expresidente Jorge Quiroga en tanto que el senador Demócrata Social Oscar Ortiz dijo que todo el juicio debería ser anulado. El ex prefecto de Santa Cruz, Francisco Aróstegui, disparó más municiones. ¨Entre la justicia y la apariencia hay mucha diferencia. Podrán decir muy sueltos de cuerpo, como nos quieren acostumbrar, que dar libertad a un ciudadano después de ocho años de prisión es justicia. Si dar libertad para cambiar la autoritaria imagen del presidente, es un frío cálculo que deja maltrecha a la justicia… la usa para mostrar un fingido rostro humano¨.  Al llegar a Cumaná, en el oriente venezolano, el presidente declaró que él impartió la orden para la toma del hotel.

Tras la salida de Matkovic Ribera de Palmasola, ¨como quise, sin negociar y sin echarme la culpa¨, quedan aún presos los ex dirigentes de la Unión Juvenil Cruceñista, Juan Carlos Guedes y Alcides Mendoza Masavi, los primeros en ser arrestados tras el asalto al hotel. Sobre Guedes pesa la acusación de ser comerciante de armas encargado de proveerlas al supuesto movimiento separatista que el gobierno atribuye a Eduardo Rózsa Flores. La única evidencia para sostener la acusación, que coloca a Guedes entre los grandes traficantes de armas, es una vieja pistola sin cacerinas que vendió a Rózsa con la que éste iba a capitanear la rendición del ejército boliviano. A Mendoza se le atribuye un papel central en la trama por su condición de dirigente juvenil y contactos que tuvo como tal. Aún guarda las secuelas de las golpizas que recibió, tiene dificultades para caminar y lo hace apoyado en un bastón.

Desde sus inicios en Santa Cruz el panorama del juicio ha cambiado. El fiscal acusador, Marcelo Soza, huyó del país y está refugiado en Brasil. Y la unidad policial que tomó el hotel por asalto, fue disuelta.

Matkovic Ribera abogó por la libertad de sus compañeros, que han recurrrido a organizaciones de derechos humanos. Con ellos también fuera del penal, el mayor proceso penal de la historia boliviana perdería sostén. Resultaría extraño hablar de un complot separatista y planes terroristas en Bolivia con ningún acusado preso en la cárcel. Los demás están defendiéndose en libertad y bajo arresto domiciliario o sentenciados pero ya libres, pues pasaron tanto tiempo en la cárcel que, a esas alturas, gran parte de la condena que recibieron ya estaba cumplida.

(*) https://haroldolmos.wordpress.com

Agonía sin fin

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La crisis integral de Venezuela parece otra vez en la etapa final. Se acaban los alimentos, no hay medicinas, la delincuencia toma las calles y hasta los caminos interprovinciales se han vuelto escenario para la delincuencia. Nadie está más seguro. Los países de la región donde jerarcas del régimen creían que encontrarían refugio se cierran con prisa. El más reciente en hacerlo ha sido Costa Rica, que decidió cerrar las puertas para el Ministro de Defensa, Padrino López, y su familia (El Nacional, 7 de febrero).  El oxígeno financiero recibido de China, Rusia e Irán es insuficiente para mantener con vida a un sistema opresivo. Las noticias que llegan de Caracas, de los llanos y de los andes venezolanos llevan a una conclusion: el final del régimen se aproxima a galope y en cualquier momento puede generalizarse el grito de sálvese quien pueda. ¿Será?

Lo mismo pueden haber pensado décadas atrás los españoles con Franco, los portugueses con Salazar, los rumanos con Ceaucescu, los rusos con Beria, Lubianka y los gulags, los propios venezolanos en tiempos de Juan Vicente Gómez y Marcos Pérez Jiménez. Todos duraron eternidades. Pero ahora existe una diferencia notable: la comunicación exhibe cada día las trampas del régimen y los abusos de la Guardia Nacional, y se ha creado un estado de conciencia mundial sobre la urgencia de apartar al régimen de Nicolás Maduro y de reinstaurar el camino democrático del que Venezuela fue uno de sus campeones. Si no, que lo digan los argentinos, bolivianos, brasileños, chilenos, ecuatorianos, peruanos, ecuatorianos y centroamericanos que allí encontraron hospitalidad.

La pregunta que surge aquí en los llanos bolivianos es qué puede hacer el gobierno de este país para detener el desenlace o evitarlo: Nada, más allá de expresar simpatías obvias y emitir declaraciones altisonantes. Nadie se atrevería a asegurar que la que impera en Venezuela sea una causa con algún futuro.

Todo concurre para exhibir el ocaso del Socialismo del Siglo XXI, cuyos gobernantes ahora se enfrentan a numerosos traspiés.  La imprudencia del Presidente Morales al responder en Tupiza al reclamo de una mujer que le pedía que no olvidara su promesa de ayudar a quienes han sufrido la peor calamidad de sus vidas le pasó factura inmediata. Un par de días después, Página 7 publicaba una encuesta que le daba la mala noticia de que la aceptación de su gobierno había bajado en picada y que ahora se ubicaba en un 22%. En comparación, habría parecido gran noticia el resultado de la encuesta de Equipos Mori publicada por El Deber que le asignaba un 34%. Ya entonces el bajón mareaba pues parecía una caída libre respecto al año anterior, cuando registraba un 58%.

La a peor noticia política de estos días vino desde la mitad del mundo: en Ecuador murió la iniciativa para instituir la reelección indefinida que propugnaba Rafael Correa. La derrota proclamaba que su amigo Correa no podrá volver a candidatear. La reprobación partia de un 65% de la ciudadanía ecuatoriana, decían los primeros resultados, mientras que solo el 35% aprobaba la iniciativa reeleccionista. Era un revés adicional para Maduro, que perdía otro amigo y una advertencia para el empeño reeleccionista del presidente Morales.

Pocas veces ocurren traspiés tan sucesivos. En Argentina, Rex Tillerson hablaba con autoridades vecinas sobre la situación de Venezuela y sobre sanciones capaces de herir al todavía robusto sector petrolero, la vena yugular de Venezuela.

La crispación en la que vive la patria de Bolívar y Sucre es sentida con particular intensidad en Cuba. En los albores de la revolución cubana, Fidel Castro, urgido de recursos financieros y petróleo, intentó hace 60 años convencer al entonces líder democrático Rómulo Betancourt, de abrir las arcas venezolanas para ayudar a Cuba. Betancourt era un hombre pragmático, con fuertes lazos politicos con Víctor Paz Estenssoro, quien asumía un liderazgo por entonces indisputable en su país. El estadista venezolano le respondió que Venezuela también batallaba por su desarrollo y le urgían todos los recursos de los que podía disponer, y que el petróleo a precios preferenciales debía negociarlo con las compañías productoras que operaban en Venezuela. Volvió a La Habana con las manos vacías, y a los pocos meses desembarcaron en las playas venezolanas guerrilleros de Venezuela y Cuba. Las expediciones guerrilleras fueron derrotadas, pero décadas después, cuando asumió Hugo Chávez, Cuba relanzó el lazo que Betancourt había esquivado y amarró gran parte de su destino económico y politico a Venezuela, con hasta 100.000 barriles de petróleo subsidiado. Con el colapso de los precios hace tres años, aumento de su propia producción y acuerdos con otras naciones, Rusia en especial, la importancia del petróleo venezolano se redujo, pero quedaron decenas de miles de profesionales cubanos por los que Venezuela paga a Cuba en petróleo o al contado. Los profesionales son fuente porimaria  de ingresos para Cuba y esta fuente financiera vital sufriría si ocurriera un cambio de dirección en Caracas.

El gobierno boliviano, socio bandera del Socialismo del Siglo XXI, comparte las tribulaciones venezolanas con una posición incómoda: no puede evitar que muchos bolivianos teman que la Venezuela de estos tiempos anticipe lo que podría esperarle a Bolivia con ese mismo socialismo. Ya sufrieron carestías hace 40 años y no quisieran verlas repetidas o multiplicadas. De alguna forma, el desprestigio del regimen venezolano está en el ánimo de la población, como lo estuvo en muchos de los ecuatorianos que cerraron el paso reeleccionista de Correa. Para muchos es indiscutible que el exígeno de Maduro se agota y que, tiempo más o tiempo menos, se irá del Palacio de Miraflores. ¿A dónde?  Quizá a Rusia. Luiz Inacio Lula da Silva, ahora condenado a la cárcel por la justicia de su país, podría escoger una latitud menos remota para eludir la cárcel. El columnista y reconocido historiador Elio Gaspari especuló esta semana que Lula se vendría a Bolivia.

El fracaso de las negociaciones en República Dominicana es un pésimo augurio. Los desplantes del ex presidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, que oficiaba de mediador en las negociaciones gobierno-oposición, fueron vistos como una ruptura de su traje de imparcialidad. Se lo percibía cuadrado con el regimen al presionar a la oposición venezolana para que firmase un acuerdo que aprobaba el gobierno y que ignoraba reclamos básicos de los opositores, como amnistía y liberación de presos politicos, reconocimiento de la Asamblea Nacional elegida en 2015, libre acceso a los medios informativos del estado, y apertura de un canal humanitario para recibir alimentos y medicinas.

En actitud de escapar hacia adelante, el régimen ha convocado a elecciones presidenciales para el 22 de abril. Las especulaciones en las cancillerías tratan de acertar qué ocurrirá hasta entonces.

A solo días del anuncio electoral, Venezuela lucía como un país paria. Europa repudió la convocatoria, en un anticipo de nuevas sanciones sobre jerarcas del régimen. El Grupo de Lima, 12 naciones del hemisferio entre las que no figura Bolivia, declaró que la convocatoria anticipada imposibilitaba elecciones democráticas y este martes se disponía a considerer el caso. Habría que estar ciego y sordo para no percibir que el regimen cruje y que los marineros corren el peligro de hundirse en un naufragio estrepitoso.

Es aceptable creer que la angustia de verse sin horizontes carcome a los comandantes cuyas tropas sostienen al régimen. El que la Corte Penal Internacional (CPI) hubiese dispuesto abrir un examen preliminar sobre abusos y violaciones a los derechos humanos en Venezuela podría parecerles la apertura de un camino hacia un Nuremberg del Siglo XXI.

 

Vuelven los fantasmas

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La declaración del ex comandante general de la policía, Ciro Farfán Medina, que apunta al entonces capitán Walter Andrade como el ejecutor de la orden de exterminio de tres ocupantes del hotel Las Américas perseguidos por el gobierno, ha reabierto uno de los pasajes más atroces del mayor caso penal de la historia boliviana Sus repercusiones amenazan con un desborde capaz de alcanzar a la cúspide gubernamental.

El ex comandante dijo a Radio Fides el miércoles que la orden a Andrade provino de Jorge Renato Santisteban en su condición de comandante de la Unidad Táctica de Resolución de Conflictos, la UTARC ya disuelta. Para reafirmar su aseveración estaba dispuesto, dijo, a un careo en la justicia.

Fue la primera vez que un ex alto funcionario policial identificó a Andrade como actor principal en la muerte brutal de tres huéspedes del hotel y al hacerlo propinó un golpe demoledor para la tesis de conspiración enarbolada por el Presidente Morales como razón para invadir el hotel y provocar una persecución en masa de líderes del oriente boliviano, a los que acusó de pretender dividir el país. En una de sus primeras declaraciones tras el episodio, el Presidente sugirió ante la BBC en Nueva York que viniera a Bolivia una comisión internacional para verificar que los miembros del grupo resistieron a la fuerza policial que tomaba el hotel Las Américas, ¨cómo lanzaron bombas, cómo estaban con armamentos¨. Poco después desestimó su iniciativa  y no volvió a mencionarla.

Los abogados de la defensa dicen que la declaración del ex-comandante corrobora la tesis de una ejecución extra-judicial con una crueldad inaudita de la que poco se ha explicado. 

Ciro Farfán Medina asumió el mando policial a principios de marzo de 2009, un mes y medio antes del episodio del Hotel Las Américas, donde fueron acribillados el boliviano-croata Eduardo Rózsa Flores, el húngaro Arpad Magyarosi y el irlandés Michael Dwyer. El abogado defensor de los acusados, Gary Prado Arauz, recordó que las autopsias y exámenes forenses demostraron que Rózsa Flores, el jefe del grupo de alojados, recibió siete disparos: uno en cada hombro, un tercero en el pulgar derecho, y cuatro de remate desde arriba cuando los primeros tres lo habían dejado de rodillas antes de desplomarse y agonizar en el suelo de su habitación en el hotel. ¨Al irrumpir la policía, a su habitación, Dwyer se irguió de la cama y le dispararon al corazón. Al caer recibió cuatro o cinco tiros más. Magyarosi alzó las manos y las extendió entregándose cuando le hicieron un disparo desde arriba que le perforó la tráquea, seguido de otro por el costado derecho. Ya muerto y en el piso, lo maniataron y le hicieron tres disparos más¨. Estos detalles figuran en el expediente del caso y los he citado en ¨Labrado en la memoria – Anotaciones de un reportero¨, la obra que escribí sobre el caso, presentada en junio en la Feria del Libro en Santa Cruz.

Hasta el viernes no hubo ningún pronunciamiento de Andrade ni de las autoridades relacionadas con el caso. La última vez que se lo vio en público fue hace nueve meses, cuando junto con otros dos miembros del cuerpo policial que actuó en el hotel acudió a declarar, convocado por la defensa, en el juicio oral que se lleva a cabo en Santa Cruz desde hace casi cinco años. El entonces Cap. Andrade se acogió al sigilo sobre las operaciones que involucran seguridad del estado y no declaró nada substancial, de acuerdo con abogados que estuvieron en la session. La prensa fue excluida del lugar.

Andrade, ahora teniente coronel de la Policía, debería corroborar o desmentir la afirmación de quien fue su superior.

La declaración de Farfán Medina fue incompleta pues no precisó los eslabones superiores de la cadena de mando que llevó a la toma del hotel y las secuelas que sobrevinieron. El Presidente Morales estaba en Venezuela, pero dijo que había dejado instrucciones para reducir al grupo supuestamente sedicioso que se encontraba en el hotel. El Ministro de Gobierno Alfredo Rada también estaba fuera del país (en Brasil) y el ministro actuante era el titular de Defensa, Walker San Miguel. El presidente en ejercicio era el titular de la vicepresidencia, Álvaro García Linera. Ninguno fue mencionado en la declaración del ex comandante nacional de la policía.

La defensa espera mayores informaciones, de lograr convocar esta semana que comienza al general (r) Ferfán Medina. Sus abogados parten de la idea de que, los fiscales, que abrazan la causa del gobierno, se empeñarán en bloquear esa convocatoria pero creen que la denuncia cuando menos subrayará la ilegalidad del caso levantado por el gobierno.  Entre la multitud de hechos a ser esclarecidos hay algunos particularmente intrigantes registrados en el libro citado líneas arriba. A la presencia de extranjeros, presumiblemente del Caribe (venezolanos o cubanos) se refirió Mario Tádic, uno de los dos sobrevivientes del asalto, en la declaración de mayo de 2013 ante el tribunal que lo juzga.  Dijo que horas antes, en el pasillo del hotel, había visto a extranjeros mientras trabajaba en su laptop y fumaba cigarrillos Camel que puso sobre la mesa. Supuso que algunos de los extranjeros estuvieron en el ataque al hotel pues cuando a él (Tádic) lo empujonearon fuera de su habitación escuchó que uno de ellos decía a su compañero: ¨Éste es el que fuma Camel¨.

¨Fui obligado a declarar, pateado, golpeado, con los dientes rotos, con una costilla rota, culatazos y la atención médica condicionada a que declarase. Me han tenido 37 días aislado sin atención médica…Yo habría declarado hasta que (yo) era Bin Laden…. Me sacan del hotel cubierto con una sábana. He escuchado los lamentos, quejidos de dos personas¨.

También intrigante fue la declaración de Elöd Tóásó:

¨…(sus captores lo llevaron fuera del hotel hasta un lugar cementado donde quedé) de rodillas, con las manos atrás enmanilladas, con la camiseta celeste en mi cabeza. En un momento, cuando hubo mucha iluminación, he visto, a través de la camiseta, a mi frente, a Mario Tádic… a mi derecha, y a mi frente Mike Dwyer, ahí estuvo el irlandés Mike Dwyer, vivo…¨

 

Costos del continuísmo

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Con un nuevo récord cuando cumpla 12 años de gobierno, el presidente Morales se encamina a otra marca: la de presidente más empeñado en un cuarto mandato, y si posible llegar al quinto y al sexto. En el camino para el nuevo empeño está un plebiscito con nombre de elecciones judiciales. Al amparo de las elecciones del 3 de diciembre, la población le dirá sí o no a su gestión reeleccionista, ya repudiada en un primer intento a comienzos del año pasado. Bajo la mirada sospechosa de muchos países, el presidente ha enganchado el conjuro que él mismo describió y ahora se despliega a todo vapor: Se le mete nomás.

A solo semanas del dictamen sobre la legalidad de una nueva reelección, pocos esperan que el Tribunal Supremo de Justicia vaya a desairar el ímpetu reeleccionista del presidente y la cúpula de gobierno. Al parecer ante un eventual desaire a través de votos nulos, el vicepresidente anunció que la próxima carta será el llamado a una modificación de la Carta Magna para costurarla a medida de los gobernantes. Una opción siguiente sería la renuncia del presidente para decir borrón y cuenta nueva y volver a comenzar una ronda reeleccionista desde cero.

Algunos analistas ven en el empeño reeleccionista el propósito de garantizar  inmunidad para irregularidades durante la serie de mandatos, incluso una revisión meticulosa de la administración de los recursos obtenidos en los años de las vacas gordas, cuando fueron acumuladas reservas monetarias gigantes ahora en declinación. El Hotel Las Américas figura entre los mayores desafíos para el presidente. A cerca de nueve años de ocurrido el episodio sangriento que lo originó, aún repercute la admisión pública de que él impartió la orden de invadir el hotel. Al margen de quiénes ejecutaron la orden, a su cargo están anotados los resultados: tres muertes y persecución de decenas de líderes orientales. Igual espinoso resultará explicar decisiones ejecutivas como la planta de Bulo Bulo, muy cerca del Chapare y las plantaciones de coca y lejos de la frontera por donde se exportarían úrea y fertilizantes.

Un riesgo del continuismo es opacar logros sociales, ignorados bajo la obsesiva propaganda reeleccionista. Otro factor no buscado es inyectar vida a la oposición, estimulada para mantener y buscar posiciones unísonas. El costo reeleccionista puede ser muy alto, como también quedar inerme cuando el péndulo llegue al extremo opuesto.

 

La angustia de las urnas

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El recorrido del gobierno para consolidar su ruta hacia la re3 (tercera reelección) para luego conferirle un carácter  indefinido se ha vuelto más espinoso tras las concentraciones del 10 de octubre en todo el país. Con miles de ciudadanos en las calles, las demostraciones exhibieron para el presidente  y la cúpula gobernante que una gran parte de la ciudadanía  quiere respeto al ordenamiento constitucional y repudia la noción del líder único indispensable para regir la nación.

Los observadores coinciden en que las concentraciones del martes son una muestra de la urgencia que se siente en el país por un cambio  de líderes, y  el reclamo por una administración austera y responsable. Lo ocurrido el martes no podrá ser ignorado por el Tribunal Supremo de Justicia que en días más deberá pronunciarse sobre la constitucionalidad de la pretensión de una re3.

La presión indudable que ahora existe sobre la máxima institución de la justicia, que gran parte de la ciudadanía percibe como dócil a los requerimientos del gobierno, es incompatible con la noción de que  los jueces deben decidir libres de presiones.

A esta coyuntura se ha llegado tras la aceptación que hace dos semanas anunció el tribunal de considerar la demanda del partido de gobierno para dejar sin efecto los preceptos constitucionales que prohíben una nueva reelección del Presidente Evo Morales. Esta aceptación acentuó el desaliento de quienes aún quieren creer en la imparcialidad de los jueces supremos. La expectativa sobre el fallo que debe pronunciar el Tribunal es creciente por  las actitudes del propio presidente, quien en otras ocasiones aseguró que no volvería a candidatear y que al final del periódo de gobierno en curso se iría a cultivar su hato de coca en el Chapare.

La coyuntura ha agravado la impresión de muchos de que gobiernos del Socialismo del Siglo XXI solo ceden poder si los reclamos vienen acompañados por avalanchas de votos.  El régimen de Nicolás Maduro ha resistido incluso a la derrota legislativa de 2015, y se las arregló para conservar su poder apoyado en la fuerza militar. En las elecciones regionales de este domingo, en Venezuela están en juego las 23 gobernaciones del país. Con índices de aprobación de 20-25 por ciento, no es mucho lo que Maduro y su partido podrían esperar pero habrán logrado una tregua que, por todo lo visto, puede ser muy efímera.

Una razón principal por la que dirigentes del Socialismo Siglo XXI se aferran al mando puede yacer en tropelías cometidas  en el ejercicio ilegal de ese poder y el temor a rendir, algún día, cuentas ante una justicia cuyas reglas nunca sospecharon que podían volcarse contra sus propios diseñadores.

La semana antepasada el gobierno nacional quemó uno de sus últimos cartuchos cuando no consiguió ningún respaldo en la OEA para la original tesis de que al Presidente Morales se le violan sus derechos de ser humano a través de la CPE de 2009, algunos de cuyos artículos prohiben la reelección que buscan el mandatario y su partido. La oposición ha acudido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que aclare si es correcta la interpretación del gobierno que asegura que la CPE interfiere los derechos humanos del presidente al impedir su re3. La corte deberá dar su veredicto en las semanas próximas.

El empeño reeleccionista amenaza con restar brillo a la gestión del presidente y afectar áreas no vinculadas necesariamente a sus acciones internas. No son pocos los que creen que tras ese empeño  yace un temor al futuro. Salvo algún pacto nacional creíble, nadie estaría en condiciones de garantizar, en los límites nacionales,  un retorno no traumático de los hombres del gobierno a la vida fuera del poder. En eso estriba la angustia de las urnas presente en los últimos regímenes de la izquierda del siglo 21.