España

Las olas en el sexto aniversario

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El Juicio del Siglo recibió esta semana el mayor sacudón desde la fuga a Brasil del ex fiscal Marcelo Soza y avivó la creencia difundida de que el caso fue montado con fines políticos para doblegar a la oposición al gobierno del presidente Evo Morales en el oriente nacional.
El coronel Germán Rómulo Cardona Álvarez emergió el lunes de un relativo anonimato al anunciar que abandonaba Bolivia rumbo a España, temeroso de su seguridad. Semanas antes había denunciado que tenía otro origen el armamento que respalda la tesis oficial de que en el país se preparaba la secesión del oriente con una guerra que iba a estremecer al continente. En una buena parte, dijo, las armas provenían de otros procesos penales, incluso de algunos vinculados al narcotráfico, y eran custodiadas en la VIII División del Ejército con sede en Santa Cruz.
Con 12 años de servicio en las Fuerzas Armadas, la mitad como asesor jurídico, el oficial dijo que eran armas bajo custodia del Ejército las que el gobierno aseguró que estaban en poder de Eduardo Rózsa Flores, muerto junto con dos de sus acompañantes como secuela de la invasión al Hotel Las Américas de Santa Cruz, al amanecer del 16 de abril de 2009.
La defensa en el Juicio del Siglo aguarda que en la exhibición de pruebas los fiscales acusadores también faciliten los números de serie y otras características de las armas presentadas entonces para hacer comparaciones con las que deberían estar bajo custodia del Ejército.
El oficial afirmó también que las armas, a cuya entrega asegura que se opuso pues eran parte de las pruebas de otros procesos, fueron retiradas personalmente por autoridades del primer círculo del gobierno. Para éste, el coronel Cardona es fantasioso, esquizofrénico, incompetente y ultraconservador. Mientras la fiscalía del Juicio del Siglo declaraba que la denuncia no sería investigada, el presidente del Senado ofrecía garantías para que el coronel volviera para presentar pruebas de sus denuncias. Al cerrar la semana era improbable que la oferta fuese aceptada. Antes de viajar, el militar había dicho que no retornaría bajo el actual gobierno.
El coronel que ahora tramita refugio en España denunció también que habría un muerto más, un mayor del ejército relacionado con la custodia de las armas incautadas. En su versión, este oficial tuvo a su cargo el inventario de las armas como Oficial de Material Bélico en 2009. Uno o dos años después (no recuerda fechas) el oficial ingresó a Urgencias Médicas del Hospital Militar de Santa Cruz con problemas respiratorios e “inexplicablemente murió” a causa de un grave choque alérgico. Ni ha habido mayor información sobre este caso.
La noticia de la denuncia, contenida en un informe “ultra secreto” que en febrero había presentado al comando militar, retumbó en la sala de audiencias del Palacio de Justicia de Santa Cruz, donde se desarrolla el juicio desde hace más de dos años y que no lograba reinstalarse a causa de un accidente nasal sufrido por uno de los 39 acusados.
Las autoridades negaron la existencia del informe, que el militar calificó como “ultrasecreto”. El desmentido no alcanzaba siquiera a calenbtar motores cuando El Deber, en su edición del jueves, informó que el documento había sido recibido oficialmente en las oficinas del ejército el 5 de marzo y publicó el registro de recepción. La Agencia de Noticias Fides dio detalles de su contenido y, entre otras afirmaciones, reportó que el coronel afirmaba que en el Chapare hay sindicatos para la producción de drogas a cargo de colombianos vinculados a las FARC.
No se espera que la declaración del coronel vaya a alterar el curso inmediato del juicio. No lo alteró la “Carta al Pueblo de Bolivia” del ex fiscal que poco más o menos decía: ¡Pamplinas! Muchos actos de la acusación resultaron de presiones del gobierno.
El tribunal que preside el juez Sixto Fernández decidió que el documento de Soza carecía de vida legal y no lo consideró ni como referencia. El penalista José Hoffman comparó la decisión del tribunal a desconocer la existencia de un niño porque carece de certificado de bautismo.
El ex fiscal Soza, citado por Radio Erbol y El Deber, atizó el fuego: “Es un dato cierto. Ya existían rumores dentro de la misma policía de que el armamento que se encontró en el Hotel Las Américas y en el stand de COTAS había salido de un operativo anterior al caso terrorismo. El coronel Cardona dice la verdad y el gobierno va a tratar de desacreditarlo”.
La búsqueda de refugio del militar en España agregó otro elemento al enturbiamiento de la relación entre España y países gobernados por regímenes de izquierda en el continente. Los lazos hispano-venezolanos atraviesan la peor tensión de este siglo y parece encaminada a empeorar con el viaje, en tres semanas, que anuncia el líder socialista Felipe González acompañado, entre otras personalidades, del ex presidente brasileño Fernando Henrique Cardoso, para defender a presos prominentes del gobierno. El presidente Nicolás Maduro tuvo expresiones iracundas (racista y golpista fueron las más suaves) y ambos países tienen a sus respectivos embajadores de vuelta a sus sedes para consultas. No se conocen sus reacciones respecto a Cardoso y otros líderes que se enrumbarán a Venezuela. Ricardo Lagos, de Chile, José María Sanguinetti (Uruguay), Alan García (Perú), figuran entre los defensores.
Estos días ha surgido una iniciativa para plantear al gobierno que, en homenaje a la visita del Santo Padre este julio, decrete una amnistía. “Es una oportunidad irrepetible que no vamos a desaprovechar”, me dijo el ex prefecto de Santa Cruz, Rolando Aróstegui, defensor de tres acusados. Si el gobierno se interesará en agarrar el guante, es algo a ser definido en las próximas semanas. Tras cruzar el umbral del sexto aniversario el Juicio del Siglo (terrorismo, alzamiento armado y separatismo) está ante uno de sus momentos más críticos.

En un atolladero

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El gobierno boliviano estaba esta noche  en un atolladero. Brasil confirmó oficialmente,  con un pronunciamiento del Ministerio de Defensa, que a fines de noviembre de 2011 el avión en que viajaba el titular de esa cartera, Celso Amorín, fue inspeccionado por autoridades bolivianas sin autorización de Brasil. El acto generó en su momento una enérgica protesta brasileña y una severa admonición a Bolivia contra esa actitud “abusiva”.  La portavoz del gobierno  boliviano había dicho ayer lunes que era “una tomadura de pelo” la versión sobre esa inspección, originada en la versión de un blog y hoy ampliada por el  diario financiero Valor.  Una expresión parecida tuvo el canciller. Esta noche, a ninguno  se le escuchó hablar del tema. Daba la impresión de que el gobierno había sido sorprendido con los pantalones a la altura de las rodillas y enfocado con las luces de la versión oficial brasileña.

¿Por qué, entonces, tanta bulla con la intención de  un diplomático español de inspeccionar el avión presidencial en Viena, donde el 2 de julio el avión presidencial estaba varado?  España pidió oficialmente disculpas al gobierno, pero el canciller David Choquehuanca dijo este martes que el pedido era insuficiente y que el gobierno lo examinaría el miércoles, al igual que otros recibidos en torno a la interdicción al avión presidencial. El gobierno  quiere saber quién  impartió la orden del bloqueo del avión. Hay ansiedad por saber los resultados de ese  examen, que tiene hora marcada: a partir de las 05:00.

Con la información del Ministerio de la Defensa de Brasil tambalean los cimientos éticos del reclamo boliviano en la porción relativa a la intención de un diplomatico español que quería inspeccionar la principal aeronave nacional. ¿Por qué sería aceptable inspeccionar un avión  oficial brasileño y no así un boliviano?

El avión presidencial acabó aterrizando de  emergencia en Austria tras informar que experimentaba problemas con su sistema de control de combustible. Estuvo durante 13 horas en Viena y el mandatario  boliviano consiguió contornar la iniciativa del embajador español en Austria que quería personalmente ingresar al avión. No hubo inspección alguna. En el caso del avión del ministro brasileño sí la hubo, pero Brasil consiguió mantener el incidente en un ámbito  discreto.

Ese episodio ocurrido hace casi dos años parecía confinado al  olvido, hasta que dos diputados de Convergencia Nacional –Luis Felipe Dorado y Adrián Oliva- lo trajeron a la mesa de actualidades al divulgar en Bolivia la  versión que traía  un blog (Diario do Poder)  y después el diario financiero Valor. En su edición del martes, el periódico tituló: “Bolivia inspeccionó el avión de Amorím en busca de opositor”.

Horas después, el Ministerio de Defensa brasileño salió al paso de la versión y aclaró:

“Hubo, en el segundo semestre de 2011, acciones de autoridades bolivianas que configuraron violaciones a la inmunidad de aeronaves de la  Fuerza Aérea Brasileña, una de ellas involucrando al avión que trasladó al ministro de Defensa en viaje oficial a La Paz al fines de octubre de 2011”.

“El ministro brasileño de Defensa nunca autorizó esa inspección; los episodios ocurridos en 2011 fueron objeto de una nota de reclamación de la  Embajada de Brasil en La Paz a la cancillería boliviana; en el documento, la  embajada informó que la repetición de esos procedimientos abusivos llevaría a la  aplicación, por parte de Brasil, del  principio de la reciprocidad;  desde el envío  de esa nota, la Fuerza Aérea Brasileña no registró nuevos episodios de  inspecciones en sus aeronaves por parte de autoridades bolivianas”.

La actitud cautelosa de Brasil ante los episodios que culminaron con  la inspección del avión de su ministro en Santa Cruz podría ser explicada por el deseo de dar un arreglo diplomático al asunto y mantenerlo en un bajo perfil.  Amorím fue canciller bajo todo el  gobierno de Lula y sabe de las reglas del comportamiento para calmar el fuego cuando las llamas empiezan a quemar.

No solamente el gobierno boliviano está en un enredo. La nota compacta de Brasil puede reflejar impaciencia con actitudes de La Paz (su embajador fue acusado ser portavoz de la oposición boliviana por la aceptación del  pedido de asilo diplomático del senador Roger Pinto, y la cancillería brasileña de haber asumido una conducta imprudente). Es plausible pensar que la cuestión aún no está zanjada.

Nota: Edité esta entrada para separar la inspección del veto al avión presidencial por parte de Francia, Italia, España y Portugal. Son dos episodios en la historia grande. Hice también  ajustes en la redacción.

En el rastro de la noche

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El presidente Evo Morales se encontraba la noche que pasó en una tormenta diplomática que lo colocó en el epicentro de atención noticiosa mundial. En Rusia había dicho que evaluaría la concesión de asilo en Bolivia del controvertido contratista de la CIA Edward Snowden, brasa diplomática ardiente que nadie se atreve a agarrar, y al día siguiente, en la estela del temor de que en él estuviese el ex agente, el avión presidencial no podía sobrevolar ni Francia, Italia ni Epaña y le era negado aterrizar en Portugal. Entonces tuvo que ir de emergencia a Austria y de allí esperaba reemprender la ruta hacia La Paz y llegar a Bolivia este miércoles. El susto general del gobierno en Bolivia y, se supone, de la exclusiva comitiva que acompañaba al Presidente, empezó a apaciguarse cuando los países que habían vetado al avión levantaron la interdicción.
La noticia arrasó en los noticieros de la TV con las reacciones de perplejidad y enojo de funcionarios oficiales. Hubo reproches profusos de algunos comentaristas que identificaron el episodio como resultado de “ligerezas” en la conducción de las relaciones exteriores de Bolivia, ahora con escasos amigos en el mundo, y a la soltura verbal del presidente Morales. El analista Alfonso Román, en red Uno, y el ex presidente de la Cámara de Diputados, Héctor Arce, escenificaron un pugilato verbal. La mesa para los debates estaba servida por el discurso del vicepresidente Álvaro García en el Palacio de Gobierno, transmitido en directo por PAT (No Mentirás), precedido por la denuncia del canciller David Choquehuanca, quien aseguró que el presidente Morales era rehén y que la versión de que Snowden estaba en el avión presidencia era una mentira.
El vicepresidente lanzó una filípica contra los gobiernos europeos envueltos en la interdicción del avión y contra Estados Unidos, y llamó “a los pueblos del mundo” a cerrar filas para proteger al mandatario boliviano, de quien dijo que estaba “secuestrado por el imperialismo”. Fue un mensaje fuertemente emotivo. Acusó a los países europeos que intervinieron en la interdicción de doblegarse ante Estados Unidos y pidió que en, en aras de su fuerza cultural e histórica, Europa no asuma el papel de gendarme que secuestró a un gobernante indio. No se conocía oficialmente si Washington había jugado algún papel en la interdicción.
El analista Román, conocido en Santa Cruz pero desconocido por el ex presidente de la Cámara Baja, destacó que hablar de asilo para un perseguido por Estados Unidos había sido una irresponsabilidad que reflejaba una política exterior que no calibraba consecuencias. Arce replicó con dureza desde La Paz. Su respuesta provocó que, después, el conductor Enrique Salazar, dijera que Román había sido una víctima de la discriminación. Espero poder ver el segmento televisivo subido en la internet, pues se trata de una pieza que vale la pena ver lo mismo que el mensaje del Vicepresidente.
Otros asumieron un rol de ataque o defensa del gobierno y de solidaridad o con el presidente Morales y su gobierno. Hubo mención a casos irresueltos por la justicia, como la paliza sobre el Tipnis y Jacob Ostreicher. Fue una noche nada feliz que provocará más reacciones.

Hora de las cuentas

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La red eléctrica española (REE) y su gobierno inician este lunes una ronda de negociaciones en torno a la nacionalización del 1 de mayo. La marcha del TIPNIS, la huelga de los médicos y servicios de salud, el paro dispuesto por la COB, los aprestos de los transportistas y las nubes de gases lacrimógenos lanzados por la policía para dispersar a manifestantes; en fin, han ocurrido tantas cosas que parece que hubieran pasado semanas desde el 1 de mayo. La ronda es para determinar cuánto pagará Bolivia por esa red, que cubría poco más de tres cuartos de los enlaces de distribución de energía en el país. El presidente Morales anunció la medida de repente, como un homenaje a los trabajadores, para quienes el homenaje pasó desapercibido.
La empresa dice que fuera de lo que pagó al comprar la red boliviana, ha invertido unos 90 millones de dólares. De manera que entre compra e inversión estaremos hablando de unos 130-140 millones de dólares que tendría que desembolsar el estado boliviano.
El miércoles también llega el ministro encargado de la cooperación española para Iberoamérica, Jesús García-Margallo. Aunque el viaje ya estaba programado antes de la sorpresiva medida del gobierno plurinacional, la coincidencia con la ronda de negociación con REE es cuando menos curiosa. El gobierno ha sido ha tenido en España a uno de sus mejores amigos en la Unión Europea y tanto la llegada de la misión de la empresa estatizada como del ministro García-Margallo está precedida por versiones de prensa que aseguran que los españoles no piensan ceder en lo que consideren “una indemnización justa”. Una información de del diario madrileño ABC, basada en una entrevista con el ministro español, titulaba este domingo: “España estudia retirar la ayuda a Bolivia si no hay compensación por red eléctrica”. Conclusión adelantada: El acuerdo al que se pueda llegar con la empresa hispana determinará el curso de las relaciones bilaterales.
Los españoles han advertido que la nacionalización, que sigue el rastro de una medida similar en Argentina, donde fueron expropiadas las acciones de Repsol, era una pésima señal para los inversores extranjeros, que ya tenían recelos sobre el que consideraban un clima boliviano inapropiado para las inversiones.
Todo esto ocurre cuando el acuerdo con Jindal para explotar el Mutún pende de un hilo y cuando el gobierno invita una y otra vez a las petroleras a invertir en el país.

Una nueva nacionalización

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Como un  “justo homenaje a los trabajadores bolivianos” el presidente Morales ordenó este 1 de mayo la nacionalización de las acciones de la Red Eléctrica Española (REE) a cargo de la distribución de energía electrica por más de tres cuartos de la red nacional.. La decisión causó sorpresas, entre ellas la coincidencia con una ceremonia en la que Repsol, nacionalizada en Argentina hace dos semanas, iba a inaugurar, sólo horas después, una segunda planta procesadora de gas en el campo Margarita. Esa inauguración era emblemática del trato que se otorga en Bolivia a los inversionistas extranjeros.
El gobierno español consideró la decisión boliviana “muy diferente” de la asumida por Argentina cuando expropió las acciones de Repsol. Se desconocía, sin embargo, cómo se manifestaría esa diferencia. En el caso de YPF de Argentina, España obtuvo respaldo inmediato de la Unión Europea y Estados Unidos, lo que anticipa una espinosa disputa y mil-millonarios reclamos de compensación. En el de Bolivia, no era público el monto total de inversiones de la empresa española (sus ingresos del año 2011 fueron calculados en 60 millones de dólares) ni cuántos empleados y obreros tendría. (Recomendaría anotar cuántos empleados y obreros tiene registrados hasta el 1 de mayo y cuántos tendrá el 31 de diciembre. En la noche, la nueva empresa estatal ya tenía a un gerente posesionado).
El diario El País, de Madrid, insinuó una visión desde España en un editorial que esta noche estaba en sus páginas digitales: “En la desafortunada estela del gobierno argentino y su decisión de expropiar el 51% de YPF, el presidente de Bolivia, Evo Morales, ha firmado el decreto de nacionalización de la compañía Transportadora de Electricidad S. A. (TDE), propiedad de Red Eléctrica Española (REE). Como en el caso de YPF, estamos ante un caso de expolio de una propiedad con dueños y accionistas, basado en retóricas insostenibles en términos de mera racionalidad económica o seguridad jurídica contractual. Morales y su Gobierno han actuado al margen de las reglas que ordenan el respeto a la propiedad y el ordenamiento jurídico internacional.”
El comentario concluía así: “(El presidente Evo) Morales ha interpretado la expropiación de YPF como signo de debilidad del Gobierno español. Aunque causó algunas protestas internacionales, no se ha tomado una sola medida que castigue de verdad al expropiador. El daño económico de la decisión de Bolivia es inferior al de YPF. Sin embargo, hay una diferencia significativa: Red Eléctrica está participada por el Estado. El Gobierno está directamente concernido. Esperemos que ahora responda de forma disuasoria.”
La nacionalización siguió un ritual del gobierno de anunciar medidas de esa naturaleza en cada celebración del Día del Trabajo. El presidente dijo que la empresa española había incumplido sus compromisos de inversión. Sólo unos 80 millones de dólares en 16 años (“apenas cinco millones de dólares al año”).
En la tarde, el mandatario ingresó a las oficinas e instalaciones de la empresa nacionalizada, en Cochabamba, que estaban ya bajo custodia militar y con un cartel gigante desplegado en la parte frontal de su edificio: “Nacionalizada”.  Al hacer el anuncio en La Paz, dijo que la empresa recibiría compensaciones por sus inversiones.
Si una de las intenciones de la medida era mostrar un rostro nacionalista en momentos en que el gobierno se encuentra ante quizá la peor ola de conflictos (médicos, salubristas, estudiantes, maestros, COB) de su gestión, las manifestaciones de la fecha no fueron apaciguadoras. Los discursos en Santa Cruz fueron duros, con reclamos a gritos de la renuncia de los ministros del Trabajo y de Salud. Las marchas de la COB rechazaron el aumento del 8% anunciado por el presidente. Y la huelga nacional de los médicos ingresaba a su segundo mes, la más prolongada de ese sector, sin perspectivas de una solución.

En la ceremonia de inauguración de la planta procesadora de gas en Margarita,  el presidente reafirmó que “el gobierno respetará los intereses de la petrolera española Repsol por cumplir el rol de socia de YPFB (y no patrona)”, reseño Erbol y dijo que “quienes invierten en este país son bienvenidos, siempre sus inversiones serán reconocidas al ser empresas socias del pueblo boliviano”. En esa línea de complicado equilibrio, encomió a la filial de REPSOL en Bolivia.

Pronto podrán verse los efectos de la señal que el anuncio de hoy ha enviado a los inversionistas extranjeros, especialmente a los de España y de la Unión Europea.