El Viejo

El turno de las pruebas

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Este lunes deberá comenzar la presentación de las pruebas de la acusación en el Juicio del Siglo, en una fase que, al acercarse el sexto año de su génesis, pondrá a prueba la tesis del ex fiscal Marcelo Soza  de que Bolivia fue víctima de una conjura para dividirla, previa capitulación del ejército y de atentados que iban a sembrar zozobra en el país.  Ahora refugiado en Brasil, donde se ha declarado perseguido del gobierno al que responsabilizó de siembra de pruebas para avalar la tesis  magnicida-terrorista-separatista, un juicio por extorsión contra el propio Soza comenzará  una semana después.

Sin ser elementos legales de prueba, pues han sido desestimados por el tribunal que preside el juez Sixto Fernández,  se estima que los documentos y declaraciones de Soza desde su fuga de Bolivia, continuarán en primera plana también en la etapa que empieza.  El debate sobre la “Carta al Pueblo de Bolivia” y el documento que el ex fiscal presentó al Consejo Nacional de Refugiados, de Brasil, ha consumido largas jornadas sin zanjar la controversia sobre el asalto al Hotel Las Américas y sus secuelas. Soza aseguró en Brasil que su trabajo fue “desnaturalizado” por la injerencia de autoridades del gobierno y la presión que ejercían para que involucrase a dirigentes cruceños.

Al comenzar el año, había nueve detenidos con prisión preventiva en los penales de Santa Cruz y La Paz. Ahora hay cuatro. Cinco optaron por un “juicio abreviado” en el que se declararon culpables de los delitos que habían negado a lo largo de casi seis años, inclusive los dos sobrevivientes del asalto al Hotel Las Américas. Unos 15 de los 39 acusados se defienden bajo libertad condicional. Los demás optaron por irse de Bolivia o exiliarse subrayando su desconfianza en la imparcialidad de la justicia boliviana.

Abogados de la defensa subrayaron que las sentencias dictadas sobre los que se acogieron al juicio abreviado disponían castigos por complicidad en delitos, sin especificar quiénes eran los autores.

“Ustedes tienen que especificarnos la identidad de los autores”, dijo Otto Ritter a los miembros del tribunal, al concluir su defensa del general Gary Prado Salmón antes del último receso. (El acusado Juan Carlos Guedes, ex dirigente de la Unión Juvenil Cruceñista a quien el ex fiscal  acusaba de ser proveedor de armamento para el supuesto grupo separatista, dijo que los únicos tanques de la supuesta sedición eran las sillas de ruedas del militar y la de Ignacio Villa Vargas, “El Viejo”, uno de los que decidió declararse culpable.)

La etapa que empieza esta semana podría abrirse con la presentación de los testigos de la acusación,  entre ellos más de 40 personas entre testigos y participantes del asalto al hotel.

El año pasado, cuando la defensa convocó a testigos, éstos poco pudieron hablar debido a las objeciones de los fiscales y los abogados del Ministerio de Gobierno que impidieron que aclarasen cuestiones que los acusados consideraban básicas para mostrar al tribunal la insostenibilidad de la tesis de Soza. Se espera una repetición de la secuencia de objeciones, pero desde el lado de la defensa.

“Vamos a devolverles la moneda”, dijo uno de los abogados defensores.

Soza prometía en la acusación que presentó a fines de 2010 que los testigos de cargo avalarían plenamente su tesis.  Él mismo, sin embargo, la puso en entredicho cuando fugó a Brasil y ahora corresponde a sus sucesores defenderla.

La fase también promete ser una prueba para el tribunal, cuya imparcialidad es puesta en duda por los acusados, que lo tildan de vacilante en las raras ocasiones que desestima posiciones de los fiscales.

El juicio que instaurado contra Soza en La Paz, acusado de extorsionar  a algunos de los que él había acusado de terrorismo, alzamiento armado y separatismo,  deberá comenzar en su fase oral el 30 de este mes y la sentencia podría ser emitida el siguiente 1 de abril.  Soza ha sido declarado rebelde y la defensa será asumida por sus abogados.

Tropiezos en el Juicio del Siglo

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Mario Tádic (boliviano-croata) y Elöd Tóásó (húngaro) deberán concluir estos días los trámites para recuperar efectivamente la libertad, al cabo de casi seis años desde el asalto al Hotel Las Américas, el episodio que marca un antes y un después en la historia moderna de Santa Cruz. Se da por descontado que retornarán a los países que dejaron con planes que acabaron convertidos en un horror que les cercenó parte de sus vidas. Los dos podrán hablar con más soltura sobre el sexenio en la prisión, las torturas e interrogatorios reminiscentes de Lubianka o Control Político que denunciaron durante el Juicio de Siglo (alzamiento armado,magnicidio, separatismo y terrorismo). Podrían, entonces, conocerse detalles de cómo se gestionó el acuerdo que les permitirá respirar bajo plena libertad.
Con penas que parecieron cronometradas (cinco años y 10 meses) para adecuarlas al tiempo que han estado presos, el proceso acelerado y sus resultados evocan los juicios en la Rusia bolchevique del siglo pasado, cuando muchos acusados de entonces también se declararon culpables bajo farsas históricas. Sentencias mayores tuvieron Ignacio Villa Vargas (ocho años) y Juan Alberto Kudelka (seis años y nueve meses).
No se ha probado que fuesen culpables, pero han admitido delitos que se les endilgaba. El paso puede quitar impulso al avance de sus denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La confesión de culpabilidad fue precedida de más de una docena de audiencias fallidas de Habeas Corpus planteadas por cada uno a lo largo de sus años en la prisión.
En la estela de las confesiones, la propaganda gubernamental ha arreciado a todo vapor estos días, como aprovechando la marea de quien asegura: ¿Ven? Yo tenía razón.
Un corto televisivo en la mayoría de las estaciones y un suplemento en algunos diarios han buscado tonificar la idea de que Bolivia iba a ser mutilada bajo la dirección del grupo a cuyo cargo habría estado Eduardo Rózsa. La tesis elaborada por el Dr. Marcelo Soza, ahora fugitivo refugiado en Brasil, sostiene que los 39 acusados, dos en silla de ruedas, uno apartado del proceso por dificultades de memoria y todos con escasa o ninguna vinculación entre sí antes del juicio, fueron la falange de una aventura separatista monumental. En la nueva andanada propagandística figuran incluso abogados de la defesa y esposas de algunos presos.
Declarado Héroe Nacional por el Congreso, entre los acusados está el general (r) Gary Prado Salmón, el militar que rindió a Ernesto “Ché” Guevara en la única victoria decisiva de las armas bolivianas el siglo pasado.
Dos semanas después de comenzar la sucesión de confesiones y las sentencias que sobrevinieron, una pregunta mayúscula aún estaba sin respuesta: si ha habido admisión de culpas en el grado de complicidad, ¿quiénes fueron los autores directos del crimen?
La admisión de culpas fue iniciada por el personaje célebre de todo el proceso, Ignacio Villa Vargas, nacionalmente conocido como “El Viejo”.
El general Prado Salmón dijo en el programa televisivo “No Mentirás” que no buscará el juicio abreviado y que continuará en el proceso. “Jamás. Soy militar de honor y no voy a aceptar un proceso y una condena por una supuesta sedición montada por el gobierno contra los líderes de Santa Cruz”, dijo. Una afirmación similar en el mismo programa hizo el ex prefecto Svonko Matkovic Fleig respeto a su hijo.
El proceso ha estado caracterizado por episodios sorprendentes. El más reciente ocurrió el martes cuando una juez técnica notó que faltaban 11 volúmenes de documentación con un total de 2.200 páginas, entre ellas las relativas a las sentencias a “El Viejo”, Tádic, Tóásó y Kudelka. El abogado defensor Otto Ritter recordó (“está registrado en las actas”) que el juez Sixto Fernández, al anunciar con alivio que el bloque de documentos había aparecido, cometió un lapsus y dijo a la audiencia que “lamentablemente” el cartón en el que están guardados había sido ubicado. “Quiso decir ‘felizmente’”, dijo Ritter, al pedir que las actas hiciesen notar la corrección.
La historia de ese legajo voluminoso, cuya desaparición habría paralizado el juicio, está aún pendiente de la investigación que esa misma tarde inició la policía. Su hallazgo parece surrealista.
La juez Julia Elena Gemio pidió un documento y tras notar su falta entre los cartones que acompañan los desplazamientos del tribunal del mayor caso de la historia penal boliviana, percibió que la falla era gigante. Todo el expediente tiene hasta ahora unos 160 cuerpos y cundió la alarma con la desaparición misteriosa de 11 de ellos. El juez Fernández convocó a la policía y suspendió la sesión. La falta de documentos obligaba a aplazarla hasta el día siguiente (miércoles). Juan Carlos Guedes, Gelafio Santisteban y Zoilo Salces descendieron desde el segundo piso del edificio judicial hasta el subsuelo, donde los detenidos se concentran para volver a la prisión de Palmasola. El Cnl. Salces deseaba escupir y pidió permiso al guardia que lo custodiaba. “Me dirigí hacia un cartón que parecía de basura, que ya tenía encima algunos desechos. Me contuve, vi que contenía material como el de los archivos y miré con atención. Al darme cuenta que eran documentos del proceso avisé al guardia y éste al juez y a sus superiores en el edificio”, dijo el militar retirado, que hace un año recibió el beneficio de la prisión domiciliaria, después revocada por el juez que la otorgó.

Por qué el cajón quedó durante horas en ese lugar y el temor de que la documentación hubiese sido manipulada, estaban entre los temas que la policía debía aclarar.
Gelafio Santisteban, militar boliviano ex integrante de las Fuerzas de Paz de las Naciones Unidas y uno de los acusados en la lista del ex fiscal Soza como responsable de cuatro divisiones secesionistas, dijo que tiempo atrás desapareció del expediente el certificado oficial de sus ingresos y salidas del país con el que buscaba probar que no estuvo en Bolivia en las fechas que el ex fiscal decía que sí estuvo. Ese documento, dijo, no tuvo la suerte de los 11 volúmenes y sigue desaparecido.

El turno de los juicios abreviados

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Las audiencias del Juicio del Siglo (terrorismo, alzamiento armado y separatismo) se reiniciarán este lunes bajo el desconcierto causado por la admisión de culpa de “El Viejo”, personaje central de la acusación elaborada por el ex fiscal Marcelo Soza sobre una conspiración para derrotar al ejército y dividir Bolivia creando un nuevo país. Otros tres acusados, inclusive los dos sobrevivientes del asalto policial al Hotel Las Américas hace casi seis años, avanzaban con trámites similares el fin de semana.
Ignacio Villa Vargas (56) decidió a principios de año solicitar un juicio abreviado, un proceso rápido que, tras negociar con los fiscales acusadores y admitir culpa, resultó en una condena de ocho años de presidio, de la que ya ha cumplido dos tercios. No hay detalle inmediato de los términos finales de los acuerdos, pero una sentencia plena por separatismo puede representar 30 años de presidio, la pena máxima.
La decisión de “El Viejo” y otros detenidos aumentó la inquietud de la defensa, que en las semanas pasadas había tenido bajo jaque constante a la acusación, con argumentos que reforzaban la idea de que aquélla fue un montaje del gobierno. Lo ocurrido “es una nueva forma de extorsión. Antes fue económica. Ahora es más macabra. Se presiona con la libertad”, dijo Gary Prado Araúz, abogado de su padre, el general retirado Gary Prado Salmón, y de otros acusados.
La salud quebrantada, acosado por una diabetes sin control adecuado que repercutía sobre todo su organismo, “El Viejo” ha sido el eslabón más frágil de la cadena de 39 personas aglutinadas por el ex fiscal para sostener la acusación, cuya credibilidad trepidó cuando el ex fiscal Marcelo Soza fugó de Bolivia. Al pedir refugio, Soza dijo que era perseguido por el gobierno y, en una “Carta al Pueblo de Bolivia”, declaró que había sido presionado para imputar a personalidades de Santa Cruz. El documento no ha sido admitido como prueba por el tribunal a cargo del caso. Soza está refugiado en Brasil y la tesis que elaboró ha sido sostenida intransigentemente por quienes lo sucedieron.
Villa Vargas, quien asegura que fue originalmente contratado por el Ministerio de Gobierno y la policía para informar sobre los desplazamientos de Eduardo Rózsa Flores, fue “testigo clave” del ex fiscal. Para el ex magistrado ahora refugiado, Rózsa Flores, boliviano-húngaro-croata protagonista de la película “Chico”, que cuenta su propia vida, era cabeza de un movimiento secesionista similar a los que hubo en los Balcanes en los años de 1990. En el giro de pocas semanas, Soza convirtió a “El Viejo” en acusado, sindicándolo de “participación criminal” en la supuesta conjura que ha dado lugar al mayor juicio de la historia penal del país.
En la solicitud inicial para el juicio abreviado, Villa Vargas dijo que había contribuido a los dos atentados que, con daños materiales, ocurrieron a principios de 2009 en Santa Cruz, pero bajo órdenes y complicidad de quienes lo habían contratado. En un segundo memorial, suprimió la identidad de sus mandantes. Los términos de la tercera, no fueron de inmediato divulgados.
Juan Alberto Kudelka (32), era considerado como la mano derecha administrativa del industrial Branko Marinkovic, cuando el ex fiscal decidió incorporarlo a la lista de acusados. El joven fue acusado de “viabilizar fondos económicos” (entrega de dinero) que el ex fiscal dedujo que lo incluía en el tipo penal de terrorismo. Tampoco se conocían los términos del acuerdo que se tradujo en una sentencia de seis años y nueve meses de prisión. Desde 2010 está en el penal de San Padro, en La Paz.
Mario Tádic, húngaro-boliviano, y Elod Tóásó, húngaro, sobrevivieron al ataque al Hotel Las Américas. Ambos han hecho revelaciones importantes a lo largo de las audiencias que se realizan en Santa Cruz y han cuestionado la versión sobre el ataque policial presentada por el ex fiscal. Los términos acordados con los fiscales eran igualmente desconocidos hasta el viernes temprano.
Antes de que surgiese la etapa abreviada, la acusación del ex fiscal defendida por quienes sustituyeron a Soza había sido persistentemente golpeada. Desde un punto de vista logístico y militar, el general Gary Prado Salmón ridiculizó la idea de que Rózsa iba a formar una “milicia” con la que habría derrotado al ejército boliviano, paso necesario para formar otro país.
En una declaración ante el tribunal a fines del año pasado, Prado Salmón recordó que el ex fiscal Soza había dicho que la supuesta milicia sería formada por la guardia municipal de Santa Cruz (”no llega a 1.000 hombres, de los cuales ni la cuarta parte ha hecho el servicio militar”), las fraternidades y agrupaciones del Carnaval y las “barras” de los principales equipos de fútbol de Santa Cruz.
Ex comandante de la Octava División del Ejército, retirado desde 1988, declarado Héroe Nacional por el Congreso, y ex embajador boliviano en España y México, el militar rindió a Ernesto “Ché” Guevara en octubre de 1967 y puso fin a la campaña guerrillera de ese año.
Los juicios abreviados, bajo cuyas sombras deben ser retomadas las audiencias a partir de mañana en el Palacio de Justicia de Santa Cruz, no anulan los procesos por violación de derechos humanos en curso ante instancias internacionales.
Nota: Este articulo fue escrito el viernes por la mañana, antes de que, en la noche, se conocieran las sentencias sobre Tádic y Tóásó.

Nuevo capítulo del Juicio del Siglo

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En el cierre de uno de los capítulos más trascendentes del Juicio del Siglo, el Tribunal Segundo de Sentencia declaró el miércoles no probada la recusación de los jueces técnicos planteada por uno de los acusados y les instruyó continuar a la cabeza del proceso contra 39 personas, el mayor de la historia penal boliviana. La acusación sostiene que los supuestamente involucrados lanzaron una campaña terrorista cuyo fin era, derrota y capitulación del ejército nacional mediante, dividir a Bolivia. El caso acaba de cumplir cinco años.
La decisión de los jueces Jaime Arteaga y Bernardo Soria desestimó dos documentos con los que la defensa había respaldado su demanda de recusación: la “Carta al Pueblo de Bolivia” que divulgó el ex fiscal Marcelo Soza a tiempo de buscar refugio en Brasil, y la nota de un ex abogado del gobierno solicitando al Ministro del Interior pagar pasajes de jueces, fiscales y acusados hasta Tarija, ida y vuelta.
Los jueces consideraron como inválida la carta del ex fiscal Soza porque no estaba reconocida por el cónsul en Brasilia. No analizaron su contenido que, con una variedad de afirmaciones, denuncia que la justicia boliviana es manipulada por el gobierno. El planteamiento del caso con el que se mueven el Ministerio Público y el Ministerio de Gobierno, fue dirigido por el ex fiscal.
En cuanto al pedido para el pago de pasajes, inclusive para el tribunal a cargo del caso, los jueces notaron que el documento era sólo una solicitud y que no se había determinado si los pasajes fueron efectivamente pagados por el gobierno.
Se desconoce si se ordenó un informe que esclarezca quién, en esa y otras ocasiones, corrió con los gastos del traslado de jueces y fiscales, sus alojamientos y viáticos durante la gestión que se les ha asignado. Entendidos en trámites administrativos dicen que no debería ser complicado que la agencia de viajes que expidió los pasajes facilite el número de registro (NIC) de la oficina o la persona que los pagó. La defensa sostiene que el asunto ilustra la influencia de un poder sobre otro e infringe normas elementales de ética. Recuerda un adagio popular: “No hay almuerzo gratis”.
Los jueces técnicos del tribunal reconfirmado deberán resolver la situación de las jueces ciudadanas Sonia Mamani y Anastasia Callisaya, quienes, al aceptar la recusación, precipitaron la caída del jurado y el estancamiento del proceso durante mes y medio. La primera se declaró exhausta y con la salud quebrantada por la tarea que desempeñaba y la segunda admitió que tiene un pariente cercano que trabaja en el Ministerio de Transparencia. Al jurar a la función que se le encomendaba, había asegurado que ningún pariente suyo trabajaba para el gobierno.
La carta del ex fiscal Soza, a quien los defensores consideraban como su propio “testigo estrella”, denuncia que el gobierno ha interferido en la justicia y que algunas de sus autoridades le pidieron “en muchas oportunidades que realice acciones investigativas que vulneraban derechos”, a las que, asegura, siempre se opuso. “También me pedían que incluya en esa investigación a líderes cruceños sobre lo que no tenía ninguna prueba”, y que esas autoridades “que hoy callan, ayer me pedían que colaborara para sus fines políticos, para lograr ciertos resultados.” El documento presentado por la defensa carecía de autenticación consular. El consulado en Brasilia, dijeron fuentes de la defensa, lo envió a la cancillería para que decidiese sobre la autenticación. La defensa sostiene que el trámite burocrático responde a un propósito obstructivo y que ese ministerio retiene desde hace años el informe de la autopsia del cadáver de Michael Dwyer realizada por autoridades forenses irlandesas, que no fue remitido a los jueces ni fiscales del caso. Dwyer y otras dos personas murieron acribilladas en la madrugada del 16 de abril de 2009 en el Hotel Las Américas, de Santa Cruz.
La recusación planteada por la defensa de Ignacio Villa Vargas (“El Viejo”) fue una de las movidas de mayor envergadura en el juicio. La defensa perdió la jugada, con la que esperaba producir cambios de fondo en el curso del proceso, también seguido con interés por tres gobiernos europeos: Hungría y Croacia, además de Irlanda, que han promovido la atención de órganos legislativos de la Unión Europea. El reinicio del proceso en las próximas semanas promete una intensidad mayor a la que hasta ahora le ha caracterizado. En términos noticiosos, coincide con la subida de la temperatura electoral, el descenso de la popularidad del presidente Morales que muestran algunas encuestas, y con los preparativos finales para la reunión del G-77 más China.

Las últimas horas de un jurado

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Sin llegar a una sentencia y después de dos años de funciones, este viernes cayó el jurado que presidía las audiencias del Juicio del Siglo y abrió un paréntesis mayúsculo para el juicio que concentra la atención jurídica y política de gran parte del país desde 2009. En la tarde anterior,  “El Viejo” Ignacio Villa Vargas había recusado a todo el tribunal, formado por dos jueces técnicos y dos jueces ciudadanas, y cuando las últimas se avinieron a la recusación dejaron al tribunal sin quórum  y su presidente debió suspender indefinidamente las audiencias que se realizaban en Santa Cruz desde principios de 2013.

Con el incidente, los faros de atención de los medios se volcaron hacia el “caso Soza”, las acusaciones de extorsión que pesan  sobre  el ex poderoso fiscal  y su fuga a Brasil,  como ramas noticiosas independientes del juicio que hizo famoso al magistrado en todo el país.

Villa Vargas puso en entredicho la integridad ética de los jurados pues al menos una de las jueces ciudadanas era acusada de haber mentido: tendría una hija como empleada del Ministerio de Transparencia a pesar de haber jurado al asumir la función que nadie del círculo más estrecho de su familia tenía vínculos con el gobierno.  El extenso planteamiento de recusación, leído durante la sesión matutina y  parte de la vespertina del viernes, traía certificados para atestiguar la condición de funcionaria que atribuía a una hija de Anastasia Callisaya Katari.

Después de consultas entre los miembros del  tribunal a lo largo de más de una hora, los tribunos anunciaron su decisión individualmente y en voz alta y fundamentada, como  había requerido la defensa.  La primera en pronunciar su voto fue la juez técnica Elena Gemio. Tras destacar que su carrera profesión había sido labrada desde los niveles  más humildes y que sus méritos eran propios, votó contra la recusación. El juez Fernández intentó  una  inusual alteración de turnos a fin de  exponer su voto similar antes de que lo hicieran las jueces ciudadanas, pero el abogado defensor de “El Viejo” Guido Colque le advirtió que le correspondía ser el último en tanto que otros defensores señalaban en voz alta que la decisión de las jueces también  debía ser fundamentada.

Dio entonces la palabra a la juez ciudadana Sonia Mamani. La juez  dijo que el proceso pesaba fuertemente sobre su salud  y que había tomado una decisión. “Me cansé”,  dijo, embargada de emoción. “He decidido aceptar mi recusación”.  La sala empezó a aplaudir la decisión que algunos interpretaban como acto valiente de la juez ciudadana pero el presidente Fernández impuso silencio. La juez ciudadana Callisaya Katari, también emocionada y titubeante, pronunció algunas palabras entre las que se destacaba su aceptación a la recusación y su colega le extendió un pañuelo. Es la mayor y más humilde de las tres  jueces. La sala también empezó a aplaudir, pero el juez Fernández volvió a ordenar silencio.

El juez presidente dijo que su decisión era de rechazo a la recusación. Pero con el tribunal necesitado de por lo menos tres personas y reducido a sólo dos, dio por finalizada la audiencia. El caso pasó a partir de ese momento al siguiente Tribunal de Sentencia, el número dos, de La Paz, donde el proceso tiene sede.

No había informaciones claras sobre los pasos siguientes y abogados de la defensa decían que la convocatoria que emitiría el nuevo tribunal demoraría cuando menos un mes. Con la elección de las nuevas juezas ciudadanas también en la agenda inmediata, la  demora sería mayor.

El  colapso del tribunal a cargo del Juez Fernández, quien lucía extenuado al recoger los documentos del proceso que había consultado durante la tensa sesión, fue resultado inmediato de la fuga del Fiscal Soza a Brasil y de la carta “al pueblo de Bolivia” que, con la firma del magistrado y registro notarial  brasileño, publicaron los periódicos de Santa Cruz.

No hubo ningún comentario inmediato de la acusación y fue notoria la ausencia del Fiscal Sergio Céspedes durante toda la  jornada. Céspedes ocupa la función que correspondió a Soza.

En pocos lugares el ex fiscal había sido tan echado de menos estos días como en el Palacio de Justicia, donde se celebraban las audiencias del Juicio del Siglo. Las noticias de la desaparición de la ex autoridad judicial, primero, y la confirmación que está en  Brasil, en busca de ganar la condición de refugiado político, después, habían sido seguidas con ansiedad en el lugar donde desde hace más de un año se ventila el caso más sonado de la historia judicial boliviana en lo que va de la centuria.

“¡Cómo habría querido que el ex fiscal Soza estuviera aquí”!, exclamó Juan Carlos Guedes, el cuarto declarante desde que el año pasado comenzó la fase oral. “Él debía responder personalmente por todas las ilegalidades de este juicio”.  Las palabras de Guedes fueron compartidas por gran parte de los acusados y sus abogados.

“Claro que debería estar aquí”, dijo el general Gary Prado Salmón, quien, en el diseño acusatorio elaborado por el ex fiscal, era el “cerebro militar” de la conspiración que iría a enfrentarse con el ejército al que sirvió y bajo el cual rindió al guerrillero argentino-cubano Ernesto “Ché” Guevara en 1967.

“El Viejo”, por lo general locuaz, fue parco. “Debería estar aquí en Bolivia sí, pero en Chonchocoro”.

Penurias del Juicio del Siglo

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Con las dolencias cardio-vesiculares y descontrol diabético que tienen a tres de los acusados en el hospital,  la sesión del Juicio del Siglo prevista para este martes acabó como era presumible: fue aplazada. El Juez Sixto Fernández restableció la audiencia durante un par de horas,  tras la imposibilidad de llegar ayer de La Paz a Santa Cruz. El tribunal que preside escuchó los alegatos de los fiscales que querían que  los tres enfermos se presentaran ya este miércoles en el Palacio de Justicia y las protestas de la defensa que consideraba temeraria esa propuesta en vista del estado precario de salud del trio de acusados.

En Brasil describirían la situación con seis palabras: Empujar la bola con la barriga. Después de una consulta entre los  cuatro jurados, la salida para el debate sobre traer o no traer a los acusados fue posponer la sesión hasta el jueves 5 de diciembre. La decisión no fue unánime. La juez técnica Julia Elena Gemio propuso que el tribunal volviese a reunirse el 16 de enero, con un intervalo  de más de un mes para facilitar el tratamiento de los enfermos en el Hospital Guaracachi.

“Fue una decisión de mayoría absoluta”, dijo la propia juez, al informar a la audiencia que sus colegas habían votado para que la sesión se reinstalase el jueves.

No había otra votación posible, salvo un empate, que habría inviabilizado la propuesta, que se suponía que había sido  iniciativa del juez presidente. Las jueces ciudadanas votan casi invariablemente al lado del juez Fernández en este juicio cuyo punto inicial fue la incursión armada de la policía en el Hotel Las Américas, de Santa Cruz, en la madrugada del 16 de abril de 2009, y la muerte a balazos de tres personas y detención de dos, ahora juzgadas junto con otros 37 ciudadanos.    A todos se los acusa de terrorismo, de haber intentado asesinar al presidente Evo Morales y de complotar para dividir a Bolivia.

El jueves, cuando la sesión sea reinstalada, deberá conocerse el informe de los médicos que tratan a Ignacio Villa Vargas “El Viejo”, Alcides Mendoza y Juan Carlos Guedes. Esos informes determinarán si los tres pacientes tienen condiciones de volver al juicio.  Vargas sufre de complicaciones derivadas de una diabetes mal tratada que se manifiesta en afecciones vasculares ahora complicadas con incontinencia urinaria y fecal; Mendoza y Guedes tienen cardiopatías coronarias y en el hospital los médicos los someten a exámenes para cateterismo y probable “bypass” coronario.

La juez Gemio estuvo este martes con los médicos y recibió de ellos información que la llevaron a pedir que la reanudación de sesiones ocurra dentro de mes y medio. Juan Carlos santisteban, uno de los médicos que ha seguido la condición de los tres y quien es también enjuiciado acusado de la misma conspiración, dijo que el trío se encuentra en condiciones “excepcionalmente graves” y que el tribunal sería responsable si se produjese una fatalidad.

El informe de los médicos tratantes deberá precisar el grado de bloqueo de las arterias coronarias de Guedes (afectado, además, por una piedra que se le ha incrustado en la vesícula) y de Mendoza, y de ahí determinar el riesgo que representa para sus vidas continuar en el juicio.

El tema es crucial,  pues suspenderles la prisión para que se defiendan en libertad equivaldría a quitar la columna vertebral del juicio en el que el gobierno es el acusador.

Los tropiezos del juicio coinciden con un aumento de la presión desde la Unión Europea para que a los euorpeos Elod Tóásó (húngaro) y Mario Tádic Astorga (croata-boliviano) se les respete los derechos humanos y se les aplique un proceso justo en base a un tribunal internacional que examinaría el caso.

Escrito en la pared

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Actualización: Substituyo meses por SEMANAS, en penúltimo párrafo. (*)
La muerte de José María Bakovic ha conmovido al país. Con 76 juicios esparcidos en siete de nueve departamentos a lo largo de todo el gobierno actual, este desenlace es una tragedia que exhibe el rostro maligno de la justicia en Bolivia. El final de este ingeniero, de carrera exitosa de tres décadas en el Banco Mundial, del que fue uno de sus funcionarios más prestigiados pero que había dejado “muchas dudas, muchas preocupaciones” en el presidente Morales antes de despedirlo, era un mensaje escrito en la pared.
La precariedad de su salud era una guillotina pronta a caerle al cuello que nadie podía ignorar, desde las autoridades del gobierno hasta los forenses, desde los jueces y fiscales hasta la propia administración de carreteras. Todo el capítulo es un mensaje cuyas implicaciones deberían leer también los magistrados empeñados en traer de vuelta a Bolivia al ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. Por su magnitud, es improbable que lo ocurrido pase desapercibido para quienes en Estados Unidos examinan el caso del ex mandatario y lo contrastan con la forma de justicia que impera en el país.
En la Bolivia de este tiempo, el episodio no es excepcional. A principios de año, todos los involucrados en el Juicio del Siglo (terrorismo, magnicidio, alzamiento armado y separatismo) tuvieron que hacer maletas y de Tarija trasladarse a Santa Cruz, pues uno de los acusados de participar en ese múltiple complot empezó a sangrar por la nariz y tuvo un infarto durante una pausa en la sala de sesiones. Ronald Castedo ingresó a terapia intensiva tras ser traído desde Tarija y permaneció hospitalizado durante dos semanas. Su organismo logró reponerse relativamente sólo para volver a las sesiones del mismo juicio, pero en Santa Cruz, pues era evidente que su corazón no aguantaría los 1.950 metros de altitud de Tarija, menos aún los 2.570 de Cochabamba, donde había sentido malestares.
No pasaron tres meses antes de que volviera a la misma sala. En mayo, las debilidades de su corazón, que bombea a un cuarto de capacidad, lo llevaron de nuevo a la Clínica Foianini, donde le colocaron un dispositivo adicional en una de las arterias para ayudarla a permanecer abierta y sin obstruir la circulación sanguínea. Fue el quinto insertado en sus canales sanguíneos, me dijo, en una cuenta que empezó en 2005 (dos, con un bypass) y seis años después otros dos.
De típico buen humor, hace pocos días, al celebrar en el Palacio de Justicia de Santa Cruz un nuevo cumpleaños (56, “el mismo día de Fidel”) con sus compañeros de proceso, tenía dificultades al caminar en la sala o para ir al baño, un piso más abajo. Al comenzar octubre lucía físicamente diferente respecto a un par de meses antes. Sus camisas y pantalones parecían tres números más grandes que los que vestía a principios de año. “En semanas he aumentado más de 12 kilos…y esto sigue”, me dijo bajando los brazos y abriendo las manos. Los médicos le han diagnosticado un edema cardiovascular. Su organismo retiene sal y líquidos en proporciones anormales. El manual médico simple explica la enfermedad y la gravedad progresiva que experimenta cuando el paciente es sujeto a un stress superior al que se tendría bajo una vida normal.
Castedo tampoco es una excepción en el caso, que se arrastra desde hace cuatro años y seis meses que le confieren una longevidad nada común en la jurisprudencia mundial. Expresa la regla de un sistema que en las audiencias de Tarija fue proclamado como “patria o muerte” por un fiscal, al responder a las protestas de los acusados por el estado de Castedo y el respeto al derecho a la vida que debe proteger a todas las personas. El fiscal sostuvo que, bajo el gobierno que rige Bolivia, el derecho a la vida es un valor inferior al de la patria.
En el proceso, un militar fue apartado hace tiempo porque su memoria no le responde y sus compañeros en el caso dicen que con frecuencia no logra coordinar ideas. “El Viejo” Ignacio Villa Vargas, testigo clave convertido en acusado clave, sufre frecuentes malestares, agravados por una diabetes mal controlada que a veces le registra 300 en los medidores digitales de glucosa. Los médicos internistas saben que la oscilación normal de glucosa es 70-110. Villa Vargas tiene las piernas hinchadas y debe desplazarse en silla de ruedas.
Alcides Mendoza, ex dirigente de la Unión Juvenil Cruceñista, ha tenido problemas de presión y taquicardia que han obligado al tribunal a suspender las sesiones un par de veces. Juan Carlos Guedes, el mecánico que dijo que había vendido una pistola mugrienta y sin cacerinas a Euardo Rózsa Flores, a quien se atribuye la comandancia del grupo que se proponía derrotar al ejército boliviano, estuvo aquejado por una laringitis aguda y denunció que no se le permitía una atención médica adecuada.
Entre los acusados está el general retirado Gary Prado Salmón, también en silla de ruedas pues tiene paralizada la mitad del cuerpo. No puede permanecer más de tres horas sentado y durante las audiencias debe recibir terapia asistido por su esposa y su hijo.
El espectáculo es extraño para un grupo que supuestamente trabajaba en un plan para someter al ejército y fundar una nueva nación sudamericana.
“La ley protege la vida”, dijo Herman Fries, uno de los defensores de Castedo durante una sesión hace tres semanas, en la que no consiguió que los jurados admitan que la salud de su defendido estaba amenazada. “La ley protege la vida” reiteró exasperado, “pero los fiscales quieren que mi cliente muera aquí mismo”.
La especialista del Instituto de Investigaciones Forenses había dictaminado que la condición de Castedo era crónica y no ameritaba declararlo incapacitado. Junto a otros dos colegas, la forense también examinó a Makovic y dio luz verde para que viajase a La Paz. Jueces y fiscales acuden a ese instituto para que evalúe la salud de los acusados. La tendencia de los informes forenses va generalmente de la mano de la de los fiscales. Tras examinar a Castedo, la forense Sheila Cádiz Gutiérrez decidió que estaba apto para continuar en el proceso. Uno de los fiscales se había apoyado en el informe de la forense para sostener que la condición crónica de Castedo determinaba que podía morir en cualquier momento, en la calle o en el patio de su casa, pero que eso no justificaba excluirlo del proceso.
Con ese razonamiento, habrá que rogar para que la tragedia que ha ocurrido no se vuelva recurrente.
(*) Este artículo figura en la más reciente edición de Nueva Crónica y Buen Gobierno, del INstituto Prisma (Nueva Crónica Nº 133.pdf).

Efecto Bakovic en el Juicio del Siglo

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Actualización: Agrega la suspensión de la sesión.
La muerte de José María Bakovic, el destacado ingeniero que presidió el Servicio Nacional de Caminos hasta la llegada del gobierno del presidente Morales, tocó este martes fibras sensibles en el Juicio del Siglo (terrorismo, magnicidio, alzamiento armado y separatismo). Hay casos que ofrecen una peligrosa similitud con el del ingeniero Bakovic, quien murió hace pocos días de un infarto tras ser obligado por forenses de Sucre y fiscales a viajar a La Paz cuando sus condiciones de salud desaconsejaban hacerlo.
El abogado José Hoffman habló de su defendido, Ronald Castedo, quien en enero sufrió un infarto durante una de las sesiones que se realizaban en Tarija y obligó a trasladar el juicio a Santa Cruz. En mayo fue sometido a una cirugía y le practicaron un bypass (injerto de un segmento de vena propia para desviar la circulación de conductos obstruídos). Aquel traslado era resistido por el entonces fiscal Marcelo Soza y por los fiscales del Ministerio de Gobierno.
El juez Sixto Fernández dijo que el tribunal que preside era respetuoso del derecho a la vida de los acusados y que por ese respeto se había dispuesto el traslado del juicio a Santa Cruz. Enseguida, otros de los 39 acusados en el juicio expusieron sus condiciones de salud como advertencia de que la vida de ellos también estaba en riesgo.
La sesión continuó con la declaración de Ignacio Villa Vargas, quien fue testigo principal del ex fiscal Soza, luego convertido en acusado base de la tesis del gobierno. Villa Vargas, más conocido como “El Viejo”, dijo que desde su arresto poco después del asalto policial al Hotel Las Américas (16-04-2009) hubo intención de matarlo.(“Este gobiernno no respeta la vida. Quiere exterminarla”.) Hoy reclamó también porque, dijo, uno de sus hijos había sido asaltado el viernes tras visitarlo en el penal de Palmasola.
La muerte del respetado ingeniero cochabambino, sobre quien el gobierno lanzó un alud de decenas de procesos, tuvo las primeras repercusiones en el mayor juicio de la historia boliviana en lo que va del siglo. Jueces, abogados y acusados cruzaron los dedos para que ese trágico episodio no se repita.
La sesión del día fue suspendida hasta la jornada siguiente porque “El Viejo” alegó cansancio y fatiga. La acusación aceptó sin reparos el aplazamiento (a la jornada le restaba todavía una hora antes del término reglamentario) pues el declarante debía estar “tranquilo y relajado”.

“El Viejo”: Sólo he dicho el 10%

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Luis Ignacio Villa Vargas, quien la semana que acaba de concluir propinó un golpe pesado a la teoría oficial sobre el asalto policial al Hotel Las Américas y la supuesta conjura terrorista, magnicida y separatista,  dijo que las afirmaciones que ganaron titulares en todo el país representan “sólo el 10 por ciento” de lo que sabe. “Hay mucho más”, me dijo el viernes en la sala de audiencias del Palacio Judicial de Santa Cruz donde se ventila el juicio más bullado de la historia de Bolivia este siglo.

Nacionalmente conocido como “El Viejo”, Villa Vargas es el próximo a defenderse de las acusaciones del gobierno, una vez concluya el húngaro Elöd Tóásó, quien hasta ahora ha logrado sortear relativamente la limitada traducción del húngaro al castellano que se ofrece para el jurado (y la audiencia).

Villa Vargas era el “testigo clave” de la acusación, pero el entonces fiscal principal del caso Marcelo Soza decidió enviarlo preso al penal de San Pedro y convertirlo en acusado.

En silla de ruedas y con achaques derivados de la diabetes que lo aqueja, “El Viejo” dijo que el jueves no había logrado salir del penal para asistir la audiencia en la que planteaba substitución de la prisión preventiva en la cárcel por prisión  domiciliaria porque  el gobernador de Palmasola le había exigido un peaje de cien dólares. 

Como no tenía con qué pagar la extorsión, dijo, tuvo que quedarse en la prisión. En sorprendente coincidencia, el día anterior “El Viejo” había reiterado una denuncia que hace trastabillar la teoría conspirativa que maneja el gobierno desde la madrugada del 16 de abril de 2009: Él mismo trasladó al stand de Cotas, en la Fexpo de Santa Cruz, una veintena de armas de diverso calibre que luego fueron identificadas por la policía como parte de un supuesto arsenal que serviría a la supuesta maquinación para dividir Bolivia.  La fiscalía dijo que  investigaría la denuncia de tentativa de extorsión. No estaba claro si habría una nueva audiencia para escuchar el reclamo del acusado.

La sesión de viernes reafirmó las denuncias de que el proceso ha dado lugar a extorsiones atribuidas al ex fiscal del caso Marcelo Soza. El  dirigente cívico beniano Alberto Melgar se sumó a las denuncias que hizo públicas el industrial Svonko Matkovic Fleig, quien ha dicho que pagó 90.000 dólares en tres entregas (una vez 50.000 y dos veces 10.000) en busca de la libertad de su hijo Svonko Matkovic Ribera, acusado porque en el celular atribuido a Eduardo Rózsa Flores están registradas dos llamadas breves.

Melgar, quien consiguió la libertad provisional a fines del año pasado, en el rastro de las denuncias sobre extorsión expuestas por el agroindustrial estadounidense Jacob Ostreicher, logró también libertad para trabajar desde hace un par de semanas.

“Mi hermana contactó en La Paz a un capitán que fungía como asistente de Soza, quien le dijo que podía gestionar  mi libertad a cambio de 20.000 dólares”, dijo el ex dirigente beniano, quien encabezó en 2010 manifestaciones cívicas que impidieron que el avión  del presidente Evo Morales aterrizase en Trinidad. “Cuando le dijo que no tenía ninguna capacidad para pagar esa suma, le ofreció dividirla en dos tandas” una primera, de $US 6.000; otra por igual suma, en cuanto avanzase el proceso, y una tercera por $8.000 cuando en cuanto fuese declarado en libertad, dijo en el Palacio de Justicia. 

Crisis en el Juicio del Siglo

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Un recuento de la jornada de hoy

El Juicio del Siglo que se desarrolla en Santa Cruz desde comienzos de año ingresó este lunes a una zona de crisis con la ausencia de una de las jueces técnicas debido a problemas de salud.
La falta de la juez Luisa Elena Jemio Limachi, que sufre de parálisis facial, fue reprobada por el presidente del tribunal, el juez Sixto Fernández, quien la semana antepasada había asegurado que la juez estaría presente, y por el fiscal del Ministerio Público, Sergio Céspedes, quien dijo que la actitud de la magistrada equivalía a querer apartarse del juicio más controvertido de la historia boliviana este siglo y a la vez pretender ejerciendo funciones. “Es una vergüenza”, dijo, al poner en entredicho las excusas de la magistrada. Dijo también que la actitud de la jueza parecía “una tomadura de pelo”. El juez Fernández remató diciendo que la juez había estado en audiencias el viernes, lo que ponía en duda la imposibilidad de venir a Santa Cruz.
Desde La Paz, donde sigue tratamiento para su dolencia, la juez envió una carta al tribunal, criticando a sus colegas del jurado por haber emitido una orden para comparecer en las sesiones sin tomar en cuenta los certificados médicos que acreditaban su condición de paciente, ni su condición de parte del jurado. El reclamo de la juez era también por el procedimiento, pues no podría ser notificada para comparecer en un acto del que, por integrar el tribunal, es parte. La juez ha sido disidente en algunas cuestiones decididas por sus colegas del tribunal.
A la crisis en el tribunal se agregó la inasistencia de uno de los acusados, afectado por una dolencia estomacal; la falta de abogado para otro, que pidió un defensor público, y un reclamo de El Viejo que demandó garantías para su seguridad, pues en la vivienda donde suele estar con sus hijos en los momentos en que está fuera de la prisión de Palmasola, fueron encontrados explosivos. “Es la tercera vez” que ocurre ese tipo de incidentes que amenazan su seguridad personal y de su familia, dijo Luis Ignacio villa Vargas, próximo en la lista de acusados para declarar ante el tribunal.
Un cuarto incidente fue descubierto durante la sesión: Ronald Castedo, el ex presidente de Cotas, estuvo interno en la Clínica Foianini de Santa Cruz durante seis días recibiendo tratamiento de urgencia a causa de complicaciones en su sistema cardiovascular. Castedo ya fue operado en mayo pasado, cuando le colocaron un extensor en una de sus arterias. Su condición no fue suficiente para avalar el reclamo de su defensa para que se lo aparte del juicio y el juez determinó, con los informes de una forense venida de Sucre, que debía continuar asistiendo a las sesiones. Al informar sobre la recaída de Castedo, la defensa subrayó que el ex ejecutivo de Cotas cumplía con el mandato del juez pese a los riesgos que, subrayó, corre su salud.
La inasistencia de la juez Jemio fue un desaire para el juez Fernández, quien, ante preguntas incómodas de la defensa que reclamaba que Jemio fuese excluida del juicio para reconducir el proceso por un carril normal había afirmado que ésta sí estaría presente este lunes. No hizo ningún comentario respecto a su vaticinio incumplido, pero aseguró que la juez, pese a su dolencia, había asistido a audiencias en La Paz, lo que evidenciaría una actitud discriminatoria sobre el juicio en curo en Santa Cruz.
La sesión fue suspendida hasta este martes en la mañana. Se espera que en las horas que siguen el ex funcionario de Cotas Carlos Eduardo Pereira supere su dolencia estomacal, y que pueda organizarse una defensoría pública para Juan Alberto Kudelka. La abogada Verónica Suárez, que lo defendía, no estuvo presente en la sesión.