Disturbios

Ocaso sandinista

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La tensión bajo la que vive Nicaragua desde hace mas de un mes escaló estos días con nuevos enfrentamientos y al rondar la cota de un centenar de víctimas fatales la crisis parece encaminarse a desenlaces capaces de hacer temblar la geopolítica continental. Un ícono de la izquierda mundial está ante un jaque que quizá ni el genio de Capablanca pueda resolver.

Los disturbios que estallaron el 18 de abril cuando multitudes salieron a las calles para protestar contra un nuevo régimen de seguridad social que había dictado el gobierno Sandinista de Daniel Ortega fueron solo una chispa para las protestas que ahora han tomado un cariz insurreccional. La oposición creciente a la medida, que buscaba equilibrar los gastos fiscales con recorte de pensiones, forzó a las autoridades a anularla. Para entonces, estudiantes y organizaciones cívicas que tomaban las calles habían redoblado la apuesta con una demanda mayor: la salida del régimen con nuevas elecciones generales. El régimen Sandinista, que encantó a gran parte del mundo al cerrar la década de 1970 para dar paso a una larga era de romanticismo politico forjado tras la caída de Anastasio Somoza, luce en el ocaso y quizá ante un anochecer inevitable.

El reclamo de los jóvenes apunta al relevo de Ortega y su esposa Rosario Murillo, dirigente Sandinista poderosa que ostenta anillos lujosos en cada dedo de las dos manos, y a quien muchos ven como la gran rectora de la política nicaraguense. Ortega estuvo en el gobierno hasta 1990, como coordinador de la Junta de Reconstrucción Nacional que se instaló tras la caída de Somoza. La demanda para alejarlo del poder es el mayor desafío enfrentado por el sandinismo, que retomó el poder presidencial en 2007 al ganar las elecciones ese año. En 2016 venció por tercera vez consecutiva y muchos creen que buscará una cuarta y una quinta oportunidad, pues bajo su aliento fue instaurada la reelección indefinida. Siempre que logre pasar incólume la barrera de los disturbios ahora esparcidos por las principales ciudades del país.

Hasta hace mes y medio, Nicaragua parecía el más tranquilo de los países regidos por gobiernos de izquierda. Con un respetable 4,7% de crecimiento de su producto interno bruto el año pasado, su gobierno confiaba en tener firmes las riendas del país.  Nada  parecía amenazar al régimen, hasta que grupos de estudiantes universitarios y de secundaria comenzaron a protestar, indignados porque a sus padres o a sus abuelos se les reducirían las pensiones que para muchos de ellos sustentaban sus hogares. El régimen creyó que con lanzarles gases lacrimógenos a profusion y golpearlos a palos los controlaría. Fue un pésimo cálculo, pues 11 años de Ortega, con fuerte control policial y limitadas libertades políticas, habían agotado la paciencia de un gran número de jóvenes que veían sus esperanzas diluirse en un país donde un tercio de la  población de seis millones vive debajo de la línea de pobreza (menos cuatro dólares por día).

La confrontación jóvenes versus gobierno recrudeció el 30 de mayo, el Día de La Madre en Nicaragua, cuando la policía y turbas sandinistas reprimieron a los primeros, que gritaban consignas antigubernamentales. Solo en esa jornada murieron 15 personas y decenas de otras resultaron heridas. Hasta entonces, el gobierno se negaba a reconocer que las víctimas de más de un mes de disturbios fuesen más de 15. Ese día, la cifra official dio un salto y dobló para 30.  Para entonces, el número de muertos que registraba la Cruz Roja Internacional era de 84. El total de 99 (en los dos días que siguieron hubo otras dos víctimas) exhibía sin dudas la magnitud del conflicto que el gobierno ya no podría minimizar y menos ignorar. El reclamo por elecciones generales anticipadas levantó un signo de interrogación sobre el futuro del gobierno de la pareja Ortega, cuyas tribulaciones son seguidas con angustia por las cancillerías del hemisferio, especialmente por las de Cuba, Bolivia y Venezuela, militantes del Socialismo del Siglo XXI. Los cuatro sostienen una plataforma de la que retirar una de las patas provocaría desequilibrios en el resto.

Aún no hay una cuantificación de los daños que la ola de disturbios ha acarreado para la economía nicaraguense, ya sacudida por la reducción de la asistencia de Venezuela, cuyas propias tribulaciones han disipado la idea de que a fuerza de petróleo el socialismo se irradiaría por todo el continente. Los observadores consideran que es aún demasiado temprano para esa cuantificación, sobre todo cuando el proceso está en pleno desarrollo y quizá haya con muchos capítulos por delante.

Trampolines

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Las volteretas de 180 grados ocurren en todas partes. El presidente Donald Trump dio esta semana un trampolín que dejó boquiabierto  a medio mundo, a solo horas de haber intentado parapetar su imagen, deteriorada por él mismo cuando trataba de condenar episodios violentos de racismo en una pequeña comunidad del estado de Virginia.  

El mandatario colocó en el mismo saco a los que sentían sus derechos avasallados y a los ultranacionalistas blancos, neo-nazistas, antijudíos y Ku Klux Klan agrupados bajo un denominador común que pretende que existe una ¨supremacía blanca¨.  El KKK le agradeció  su ¨honestidad y coraje¨ cuando condenó la violencia ¨de muchos lados¨ sin menciones específicas a los grupos ultraderechistas.

Que midiera a todos por igual enardeció incluso a dirigentes de su partido. El mandatario ensayó  el lunes un equilibrio y apuntó por su nombre a los grupos ¨supremacistas¨, uno de cuyos militantes había enfilado su vehículo sobre quienes protestaban contra el racismo extremista. La arremetida aplastó a una mujer y la mató. 

Apuntar a grupos derechistas era demasiado para  el presidente republicano. No pasó un día antes de que volviera retroceder y a condenar sólo genéricamente la violencia. Pero de inmediato no le salió una palabra de condolencias por la muerte de Heather Hayer. Solo días más tarde, ante la avalancha de críticas que le sobrevinieron, dijo que la joven de 32 años era una persona muy especial.

Mientras esas idas y venidas ocurrían en el norte, acá en el sur el partido de gobierno daba su propio trampolín y abrogaba una ley que seis años antes había sancionado bajo la indignación general desatada por una carretera que partirá el corazón del Tipnis, y por la furia de la policía para desbandar una marcha de indígenas indefensos que se oponían a la obra. El presidente Evo Morales fue exultante a Trinidad para firmar la ley, mientras muchos indígenas contemplaban impotentes la inminencia de la obra en su territorio. En Santa Cruz, los indígenas, algunos con ojos enrojecidos, no pudieron evitar que los afiliados al gobierno pasasen a ocupar las oficinas que creyeron suyas por derecho.

Los zigzagueos y trampolines ante cuestiones fundamentales son reprensibles y cuestionan el apoyo a líderes con ese comportamiento, que suele ignorar compromisos y desnuda la ineptitud moral de quienes asumen el papel de dirigentes.

La aprobación de Trump bajaba a niveles inexplorados cuando ocurrió el nuevo entripado y afianzaba la creencia de que está sobre una ruta capaz de llevar rauda a su enjuiciamiento.

En nuestras latitudes, quitar la protección al Tipnis puede haber desatado el saco de los vientos y mejor prepararse para las primeras ventiscas.

Las horas de Maduro

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Cada día de las últimas semanas ha sido como amanecer bajo un conteo regresivo para el gobierno de Nicolás Maduro. Venezuela puede estar a 5.000 kilómetros de Santa Cruz, pero con las comunicaciones modernas no hay más distancias y es fácil sucumbir al interés por determinar lo que ocurre en la tierra de Bolívar.  Uno despierta preguntándose si la jornada traerá un epílogo sólo para ver otra vez crecer la espiral. La sucesión de episodios no permite tomar distancia para ver con alguna claridad el cuadro que ofrece el vecino país y  auscultar el resultado por venir. Con el pasar de los  días (ya van casi 30 desde que se incendió la chispa de la actual onda de disturbios en  San Cristóbal) se afianza la sensación desalentadora, para ambos lados, de que la luz al final del túnel no está cercana.

Todo indica que las fuerzas militares venezolanas seguirán utilizando la fuerza indiscriminadamente y que seguirán en las calles y en sus barricadas las multitudes hastiadas con la escasez, la persistente inseguridad, la inflación y la ineptitud administrativa. Y que la espiral de víctimas seguirá en ascenso. Todo esto bajo el desdén de los burócratas de organismos internacionales y de los gobiernos que atesoran una actitud hipócrita ante la violación de los derechos humanos.

La ironía de esta situación es que los factores objetivos que le dieron origen continúan presentes, y que se agravan cada día.  La inflación no mengua y  la escasez persiste. La ruptura de relaciones diplomáticas con Panamá, anunciada  gritos  rompe-tímpanos por el presidente Maduro, tiende a agravar el desabastecimiento.

Desde la distancia, parecería que el gobierno venezolano está en la arena movediza: cada movimiento lo hunde y hace más difícil salir de ella. La impresión que hay es que en Venezuela ocurre, a paso  lento, un alzamiento cada vez más generalizado. El jueves circulaban informes sobre disturbios en 30 ciudades con  más de 100.000 habitantes. A ese  paso, el gobierno lucía en  riesgo de quedar solo con el apoyo de las bayonetas y de las milicias bolivarianas.

Culpar a otros por las deficiencias propias parece haber dejado de tener valor, incluso para los que creyeron esa argucia. Ya son pocos los que honestamente admiten  que todo o casi todo lo que ocurre es responsabilidad de una “derecha” inexplicablemente cada vez más extendida, de los Estados Unidos o del capitalismo. En algún momento habrá un cortocircuito y la rendición de cuentas puede ser inevitable. ¿Qué pasó con las montañas de dinero que recibió Venezuela en 15 (correcto) años de socialismo  del Siglo XXI?  Muchas preguntas aún ahora motivo de especulación  (¿cuándo, cómo y dónde murió el presidente Chávez?, ¿quiénes lo atendieron?, ¿habrá un diario de algún médico o enfermera que relate los días finales del comandante?,  ¿cuál es el papel de Cuba dentro de Venezuela?, ¿hubo manipulación  de los resultados de las últimas elecciones en ese país?) podrían encontrar respuestas más convincentes que las hasta ahora conocidas.

Tampoco quedará  inmune la inutilidad de la diplomacia ante la tozudez de gobiernos que han convertido en su meta principal la permanencia en el poder a cualquier costo. Las piezas del ajedrez de una sociedad no son estáticas. Cuando cambien posición, los que antes defendían los derechos humanos y ahora les dan la espalda para colocarse al lado de quienes los conculcan, tendrán mucha dificultad en volver a levantar la voz. Las horas y las actitudes de estos días, para personas, naciones e instituciones, serán el telón de fondo bajo el que podrán juzgados, quizá más temprano que tarde.

Un viernes de horror

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Esta nota fue escrita en la tarde del 25 de agosto para Nueva Crónica y Buen Gobierno, que se edita en La Paz. La reproduzco para los lectores de este blog.
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Rompía el alba y árboles y calaminas crujían bajo la embestida del viento lluvioso de un surazo que arreciaba. Era la madrugada del 23 de agosto cuando al menos media docena de reos del temible “Chonchocorito” del segundo piso del penal de Palmasola avanzó sobre el sector donde estaban los detenidos con mayor tiempo en el penal. Iban a derribar puertas y rejas y asumir el control que les permitiría dominar el penal. Se ignora cuáles eran sus planes para después.

Llevaban machetes, cuchillos, palos y probablemente pistolas, pero el arma más temible que tenían eran garrafas de gas licuado que empezaron a rociar para facilitar el avance. Los gritos y el batir de rejas y puertas dominaron el penal y pronto los agresores decidieron estallar las garrafas. A partir de ahí la tragedia no tenía retorno. Sobrevino un pandemónium; el caos y la violencia, con disparos de armas de todo calibre, acompañados por un fuego incontrolable, cubrieron el lugar.

Cuando la policía, inicialmente pasiva y confundida, logró imponerse casi siete horas después, había víctimas por doquier. Pasado el mediodía había más de 30 muertos, unos 60 heridos. El escenario parecía el de un área bombardeada. Muchos de los cadáveres estaban calcinados e irreconocibles. Un sentimiento de horror recorrió el país. Los mensajes en las pantallas de los celulares para donar sangre eran incesantes. El arzobispado de Santa Cruz calificó el episodio como desgarrador y hasta desde el penal de San Pedro, de La Paz, llegaron expresiones de solidaridad con los presos de Palmasola. Bienvenidos a la revuelta carcelaria más mortífera y sangrienta de la historia de Bolivia, que desde viernes pasado tiene un lugar en la historia mundial de violencia carcelaria.

Pasará un tiempo antes de lograr reconstruir con detalle lo que ocurrió ese amanecer en la prisión más poblada del país. Pero la tragedia que ha ocurrido estaba cantada con sólo mencionar el hacinamiento espantoso de Palmasola, levantado para contener a unas 1.500 personas pero con una población real varias veces superior. El número es más agrave cuando se conoce que en el lugar hay aproximadamente 450 niños que viven con sus padres detenidos pues de otra manera se quedarían en la calle.

El fenómeno se repite en casi todas las prisiones bolivianas como un cuadro brutal revelador de las limitaciones (o incapacidad) del estado. La víctima infantil de Palmasola era un niño a quien el destino había forzado a compartir la prisión con su padre, en cuyos brazos murió. Un comentario del diario cruceño Estrella del Oriente mencionó estos días un detalle espeluznante. En una encuesta en la prisión de Cochabamba, le preguntaron a un niño cuál era su mayor deseo y respondió: “Tener una celda para mí solito”.

La falta de información organizada se agregó a las angustias de familiares de los que estaban dentro del penal pues no había fuentes seguras para averiguar sobre amigos o parientes presos. Hasta el domingo había cinco detenidos identificados como cabecillas del ataque, pero estaba en sus inicios la tarea mayor de señalar a los responsables de la negligencia que facilitó la carnicería. Entre las primeras averiguaciones oficialmente no listadas estaba la de saber por qué los detenidos no son sometidos a una clasificación rigurosa antes de su internación en los distintos pabellones del lugar. Algunos pertenecen a bandas rivales y colocarlos en un mismo ambiente resulta explosivo.

La tragedia dio lugar a un oportunismo nada elegante de opositores para criticar a las autoridades del gobierno, algunas de las cuales, a falta de otros recursos, dijeron que lo ocurrido era resultado de “la herencia del pasado” (visto y escuchado en un programa nocturno de TV). La audiencia podía preguntarse si era legítimo hablar de esa herencia al cabo de un septenio de gobierno, tiempo suficiente (dinero no ha faltado) para siquiera paliar una buena parte de las deficiencias del país.

Mejor lo hicieron el ministro de Gobierno Carlos Romero y su viceministro de Régimen Interior Jorge Pérez, quienes estuvieron en la primera línea de acción tras el desastre. El ministro, en una rara admisión, dijo que, efectivamente, hay casos en las prisiones bolivianas en las que las voces de mando vienen de los internos. Faltó una palabra a todo el país del presidente Morales, como se estila en otras sociedades cuando ocurren sucesos semejantes.

De inmediato, nadie se sintió particularmente aludido. Faltó quién o quiénes se declarasen culpables de negligencia u omisión. El Deber informó el domingo que pronto tendrá que declarar ante una comisión de fiscales el gobernador del penal, Guido Parada, en un acto que teóricamente echaría muchas luces sobre el episodio. Un desastre como el ocurrido suele tener responsables que renuncian o son apartados de sus funciones. Fue un contraste con la actitud del periodista Raúl Peñaranda, director de Página 7, quien renunció debido a la divulgación de una información incorrecta.

Lo sucedido el vienes confiere a Palmasola un ingreso holgado al registro de víctimas en disturbios carcelarios, en los que el número de muertos rara vez sobrepasa la decena. Está lejos, sin embargo, del récord hemisférico de mortandad, ostentado la penitenciaría de Carandirú, Sao Paulo, donde en octubre de 1992 murieron 111 detenidos ejecutados por la propia policía.

La justicia es lerda, pero inexorable, dice la creencia popular. Un grupo de 79 hombres que entonces lucían el uniforme policial ha empezado a ser juzgado y a principios de agosto 25 fueron individualmente condenados a 624 (correcto) años de presidio. En abril pasado, otra tanda recibió una pena más benevolente: 156 años para cada uno de los 23 sentenciados. Sin lograr convencer a los jueces, los acusados han sostenido que tuvieron que matar porque estaban siendo atacados. Todos los policías resultaron ilesos.

Quiebra de brazo

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Este martes una “quiebra de brazo” entre el gobierno y los gremialistas-transportistas en Santa Cruz opuestos a una ley de facultará al estado a confiscar bienes de personas vinculadas con narcotráfico, contrabando y sospechosas de haberse enriquecido robando al estado. Los “paristas”, que consiguieron paralizar gran parte de la jornada y obligaron a la policía a utilizar centenas de cartuchos de gas lacrimógeno en puntos de bloqueo en Santa Cruz, exigen que el gobierno no solamente desista de promover esa ley. Quieren arrancarla de raíz y hacerla desaparecer. Sostienen que para combatir el narcotráfico, el contrabando y la corrupción ya existe una ley anticorrupción específica y la llamada “Ley 1008”, promulgada durante el último gobierno de Víctor Paz Estenssoro.  Además de anular casi por completo el sistema de transporte, los “paristas” consiguieron el cierre también de gran parte de los mercados.
Los participantes fueron miles y exhibieron fuerza al lograr que muy pocos vehículos de transporte público prestaran servicios. El concejal “masista” José Quiroz fue de los poquísimos que se atrevió a desobedecer la orden de los transportistas e hizo su recorrido regular sin cobrar sobreprecio. La policía y organismos gubernamentales pusieron a disposición del público decenas de movilidades, incapaces de cubrir la demanda pero suficientes para restar al paro un carácter absoluto.
El gobierno, en una decisión poco usual en estos años, envió su controvertido proyecto de ley (incluso la presidenta de la Cámara de Diputados lo consideró incompleto e inconsulto), al Tribunal Constitucional para que determine su constitucionalidad. En Sucre, donde tiene sede, miles de “gremialistas”, como se llama a los vendedores ambulantes en Bolivia (buhoneros, en Venezuela; camelos, en Brasil), hicieron vigilia a las puertas de ese tribunal reclamando que declare muerto al proyecto.
El paro, al que pueden seguir otros en otros departamentos, ha sido una prueba de fuerza del gobierno ante uno de los sectores de apoyo más importantes. El movimiento no fue completo, pero sirvió para mostrar al gobierno que los ambulantes conservan su independencia cuando se trata de defender sus intereses. Temen que con la ley sus bienes, incluso viviendas o vehículos, sean confiscadas a la menor denuncia y acaben, como se ha visto frecuentemente a lo largo de los años, beneficiando a particulares al servicio del partido oficial. No fueron pocos los que, al hablar a los canales de TV, manifestaron su descontento con el presidente y sus autoridades, subrayando la importancia del sector en las votaciones que ha obtenido el mandatario en elecciones y plebiscitos desde 2005.
Los “gremialistas” son considerados como una ventana de salida para productos de contrabando.
Si el TC declara ilegal el proyecto, será un alivio para las autoridades. Si lo declara legítimo, un incendio de magnitud prenderá a la vuelta de la esquina. Hubo tres heridos,cuando menos en la batahola en la zona norte, carretera al aeropuerto principal, de Santa Cruz. En la tarde, había unas dos docenas de detenidos que serían juzgados por alteración del orden público.

Denuncia sin eco

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Primero la Ministra de Informaciones, después el propio presidente Morales y también el vicepresidente García: la rebelión policial es un golpe en gestación. En tiempos recientes, una denuncia de ese calibre habría llenado las plazas de armas del país con adeptos y simpatizantes del gobierno al cual jurarían lealtad. Ahora no se advierte ese fervor y muy pocos han acudido a las plazas. El vicepresidente García dijo que los involucrados en la supuesta conjura eran “muy pocos”, contados con los dedos de una mano. Pero no identificó a ninguno. A estas alturas, uno, lamentablemente, no puede dejar de pensar en el cuento del lobo. Gracias a su repetición recurrente, no son muchos los que parecen cereerlo.

El silencio que ha recibido la denuncia de la población no militante del MAS es revelador de un estado de ánimo probablemente irreversible: un sector importante del país (lean las encuestas)  no parece abrigar más las esperanzas de un tiempo, cuando el nombre del presidente y de su partido parecían conducir a días verdaderamente mejores.  Los policías dijeron que la denuncia no tenía asidero y líderes del MSN y UN afirmaron que el gobierno vivía bajo una “paranoia golpista”.

La Plaza Murillo ya no es más monopolio del partido de gobierno. Hace un par de años ese monopolio había sido roto por periodistas que se mimetizaron y consiguieron llegar al epicentro del poder político boliviano en una protesta contra la ley que los legisladores oficialistas aprobaban “sin cambiarle una sola coma” por mandato del Poder Ejecutivo. La ruptura de ese monopolio fue dramatizada este lunes por un intento vano de un grupo de mujeres “Bartolina Sisa” que intentó chicotear a los policías movilizados y expulsarlos de la Plaza Murillo.

Las mujeres fueron expulsadas por policías vestidos de civil que, experimentados en el tipo de desafíos de las “bartolinas”, las frenaron, las hicieron retroceder, en algunos casos por lo menos una fue arrastrada de los cabellos y, por último, acudieron a su arma favorita: gases lacrimógenos. Puede haber sido un Waterloo –o el comienzo de uno- para las organizaciones sociales a las que el vicepresidente había apelado. La indignación que cunde en las filas policiales tuvo un desahogo con una bulliciosa manifestación por el centro de la ciudad, con gritos de combate que resaltaban la figura del presidente Morales con adjetivos y amenazas. En los cuarteles, los amotinados gritaban “nivelación” ante las cámaras de la TV, aludiendo a su reclamo: quieren ganar igual que los militares. Otro estribillo: Evo, cuidado; la “poli” no es masista (del partido de gobierno). La jornada tuvo un episodio insólito pero expresivo de los tiempos que se viven en Bolivia: un grupo de payasos  se asomó por la Plaza Murillo para promover una obra teatral.

La ministra Dávila dijo en la noche que el presidente había permanecido todo el tiempo en sus oficinas del Palacio de Gobierno y desmintió versiones que aseguraban que estaba en otro lugar.

El gobierno está en una esquina del cuadrilátero cuando todavía tiene algunas vueltas a partir del momento en que los marchistas del Tipnis también lleguen a la Plaza Murillo que, por ahora, no tiene defensa policial. La columna suma, de acuerdo a las versiones de TV, unos 1.500, número similar al que tuvo la VIII Marcha y que fue recibida apoteósicamente al llegar a La Paz en octubre pasado. Sus líderes decidieron aplazar su llegada, prevista para este martes, a la espera de que el gobierno resuelva el problema de la policía. De esa manera, desactivaron la versión oficial que los vinculaba a una supuesta conjura al lado del movimiento policial.
Por la noche, centenas de vehículos había fila en Santa Cruz y en otros centros urbanos en busca de abastecerse ante rumores de falta de combustible y el deseo de tener los tanques llenos en caso de que fallen los suministros.

La primera jornada

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Primer día de paro. La Paz y otras ciudades bolivianas vivieron este miércoles una jornada de violencia, típica de otras ya vividas por el país en la inminencia de acontecimientos políticos mayores. Nadie lee el futuro, de modo que sólo en el tiempo se podrá medir el significado final de esta primera jornada del paro nacional de 72 horas decretado por la Central Obrera Boliviana.
La Paz, Cochabamba, Tarija, Santa Cruz y Potosí fueron centros de confrontación que, por los informes de esta noche, han dejado cuando menos siete heridos.
En La Paz, las escaramuzas (piedras vs. gases) se prolongaron por más de una hora en las proximidades de la Plaza Murillo, a la que jóvenes vistiendo mandiles blancos pugnaban por ingresar. La policía logró contenerlos en medio de nubes de gases. Coincidentemente, mientras ocurrían los disturbios, se encontraba en el Palacio de Gobierno el ministro español para la cooperación internacional Jesús García-Gargallo, quien vino a Bolivia dentro de una gira ya programada que ocurre a pocos días de la nacionalización de una empresa española. No había detalles sobre lo discutido, pero al español debe haberle llamado la atención el estruendo de las explosiones de gas y de cartuchos de dinamita.
En Cochabamba se apostaron miles de cocaleros, los que ahora parecen la vanguardia más clara de apoyo que tiene el gobierno. Quién paga por esta movilización aún no está claro. La masiva presencia de los plantadores/cosechadores de coca del Chapare -que previsiblemente respaldan la construcción de la carretera por el TIPNIS- trajo a la memoria las jornadas violentas de enero de 2007. Las agrupaciones cocaleras realizaron un cabildo en el que resolvieron dar apoyo pleno al gobierno, declararse en “movilización permanente” y rechazar una “intención golpista”de  una “derecha” que no explicaron. Quienes hablaron, pintaron  una película diferente de la que muchos en el país ven desde hace más de un mes. Dijeron que el paro médico es extremadamente parcial y sólo es obedecido por un 20% de galenos. La presencia cocalera masiva derivó en el aplazamiento para el jueves de una marcha de la Central Obrera Departamental.
En Tarija y Potosí los gases lacrimógenos combinados con las piedras de los manifestantes en varias zonas de esas ciudades alborotaron los vecindarios fue fueron escenario de la batahola. En Santa Cruz hubo bloqueos en las afueras de la ciudad y sobre sus carreteras de acceso. Las versiones que recibí de transportistas que venían de la periferia referían que médicos y estudiantes de medicina habían cerrado el paso a todos los vehículos.
Fue una jornada tensa. Ella puso un sello a la ruptura entre el gobierno y la matriz laboral boliviana, que rechaza el aumento del 8% sobre el salario mínimo anunciado por el presidente Morales el 1 de mayo, y apoya la exigencia de los médicos (más de un mes en paro) para derogar el decreto 1126 que les impuso una jornada diaria de ocho horas. Los médicos dicen que si se les impone esa carga horaria, deben ser incorporados a la Ley General del Trabajo.
La de hoy fue una larga jornada de una larga semana, una de las más tensas ocurridas en Bolivia en los últimos años. Ni de lejos ha sido un día como los que se esperaba que viviría Bolivia bajo el gobierno del presidente Morales.

Pedrea sobre sedes cocaleras

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La pedrea que realizaron estudiantes universitarios de Cochabamba esta tarde, que tuvieron entre sus blancos a la Federación del Trópico, los cocaleros, marcó otro punto de inflexión en las relaciones del gobierno con algunos sectores de la sociedad. Es la primera vez, que se recuerde, que las sedes de los cocaleros son apedreadas, al menos en los últimos años. Eso revela también una creciente animosidad hacia los cocaleros, el principal sostén del gobierno, de parte de grupos estudiantiles.
No creo que una sociedad deba resolver sus diferencias a pedradas. Lo ocurido en Cochabamba, sin embargo, aumenta en varios grados las tensiones que Bolivia vive estos días. Los cocaleros, por lo que vi en TV, han prometido represalias. El Presidente Morales lamentó lo ocurrido y dijo:
¿Qué enseñan los rectores y docentes? Enseñan a agredir a los campesinos ¿Eso estudian en las universidades con la plata del pueblo? La autonomía es para hacer golpear a los campesinos y apedrear sedes sindicales. No puedo entender, por eso estoy muy feliz y muy contento de no haber ido a la universidad”, sostuvo el gobernante en su alocución en el acto de presentación de proyectos dentro el programa gubernamental “Mi agua II” en Sucre.
Fue citado por Erbol, que también transcribió las recriminaciones del Primer Mandatario por la quema de banderas de la embajada de Cuba, y sus acusaciones a los estudiantes que protagonizaron esos hechos: ser partidarios del capitalismo. (Me parece que ha sido la primera vez que símbolos cubanos son quemados p’blicamente en actos de protesta en Bolivia.) También dijo que la autonomía universitaria no era para cometer actos así. El texto de la agencia noticiosa que congrega a unas 300 emisoras rurales está aquí.

La policía logró reducir a los discapacitados

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Con apoyo de sogas, gases lacrimógenos y dos buses, cientos de uniformados de la policía consiguieron reducir y dispersar a unos 40 discapacitados que, en sus muletas y sillas de ruedas con las que habían recorrido medio país, amenazaban con ingresar hasta la Plaza Murillo de La Paz. Fue una victoria completa de las fuerzas del orden ante la obstinación de los discapacitados de gritar desde el corazón del poder político boliviano su reclamo por un bono excepcional de 3.000 bolivianos (unos 430 dólares). Las escaramuzas se prolongaron por unas tres horas, a partir de media tarde de este jueves, informó El Diario en su página web.
Erbol calculó que la fuerza policial estaba constituida por “medio millar” que disciplinadamente impidió que paralíticos, mutilados, paraplégicos y portadores de otras discapacidades, o capacidades especiales,  posasen los pies (o sus sillas de ruedas y muletas) en la plaza. La proporción de diez a uno de los policías sobre los discapacitados puede haber sido importante para la victoria absoluta del contingente de  fuerza pública. De momento, no había disponible ninguna información oficial sobre cuántas personas habrían resultado lastimadas. En el sitio de ElDeber.com.bo se informaba al anochecer que el contingente policial había reprimido a los discapacitados “con agentes químicos y armas de electro choque”. Otras versiones dijeron que la fuerza policial, en su empeño por cumplir la misión de resguardo del orden público,  también había utilizado gas pimienta. Hasta ese momento, los marchistas discapacitados no habían sido doblegados ni por la lluvia, ni el frío ni el cansancio.
Un oyente de Radio Panamericana dijo que había visto ensangrentada a una señora en silla de ruedas. La acompañaba una menor que, en la versión del oyente, estaba traumatizada. La eventual reportera no precisó las condiciones en las que la señora había recibido el castigo.
La crónica de Erbol vuelve innecesario cualquier comentario:
“Más de medio millar de efectivos policiales ubicados entre las calles Yanacocha e Ingavi y provistos de sogas y gases, además de dos buses, contienen el ingreso a la plaza Murillo de los marchistas discapacitados.

El grueso contingente policial asistido por escudos, sogas y gases, resiste el incansable esfuerzo de al menos 40 discapacitados movilizados que pretenden ingresar al kilómetro cero para exigir una renta de 3.000 bolivianos.

Cien metros atrás, entre la esquina de las calles Junín e Ingavi, otro contingente policial y dos buses hacen impenetrable el ingreso al centro del poder político.

Producto de más de una hora de continuo forcejeo, dos discapacitados resultaron desmayados y un policía quedó herido en el rostro.

En inmediaciones se pudo constatar partes de sillas de ruedas rotos, dispersas en el pavimento.

Cerca a las 17.00, los movilizados en señal de protesta procedieron a desnudarse al conocer la aprobación en grande de la Ley de Trato Preferencial en la Cámara de Diputados.”

La plaza Murillo se encuentra cerrada por sus cuatro esquinas a 100 metros a la redonda.”

Disturbios en la Plaza Murillo

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La policía disparó este jueves por la noche gases lacrimógenos sobre indígenas de los llanos quienes, al lado de cientos de acompañantes y simpatizantes, intentaban ingresar a la Plaza Murillo. Esta vez, en las bocacalles de la Plaza Murillo, los policías eran cientos y frenaban el acceso de una multitud que a ratos daba la impresión de que desbordaría el bloqueo a ese lugar histórico. Los disparos de gas lacrimógeno afectaron a mujeres y niños.

La batahola dejó la impresión de que Bolivia estaba otra vez en ebullición y con las turbinas a punto de estallar. El presidente Morales y sus ministros se retiraron del Palacio de Gobierno poco después de las 20:00. Una mecha quedó encendida que sólo pareció disminuir de intensidad al acercarse la medianoche, cuando los ánimos dieron señales de ceder. Por TV (PAT) se informó de dos policías heridos, pero se desconocía si había bajas entre los marchistas.

Adolfo Chávez, el dirigente de los nativos, le dijo por TV al presidente que se comporte como tal y como cabeza de todos los bolivianos. El ministro de Gobierno Wilfredo Chávez (Que no me Pierda), dijo que había gente ebria en la multitud. El griterío en los alrededores de la plaza, aún escuchado por TV, era ensordecedor.  “Asesinos, asesinos”, era uno de los gritos. Otro: “Pichicateros, pichicateros”. Los gritos se combinaban con el ulular de ambulancias y los estallidos de bombas de gases lacrimógenos. La algarabía era general. Por sobre la multitud se levantaban carteles con una leyenda escrita en letras gigantes: “Déjenlos pasar”.  Era un clamor para que los marchistas pudiesen ingresar a la Plaza Murillo.

Los policías enfrentaban a los marchistas por segunda vez en menos de un mes, desde el 25 de septiembre, y entre ellos parecía predominar el sentimiento de que siendo indígenas, eran discriminados; que el presidente, al no querer descender hasta el llano para encontrarse con ellos, les dio la espalda. Erbol, la red que reune a más de 300 radioemisoras rurales, tiene una versión que vale la pena leer,  aquí.

Una marchista que partió de Trinidad, y que se identificó como Nazareth, contó que en aquella fecha, había sido golpeada y llevada secuestrada hasta Rurrenabaque, donde la población la liberó junto a otros de sus compañeros. Pero eso le costó perder a la criatura de dos meses que llevaba en el vientre. Habló con serenidad y sin estridencias.

El forcejeo en las afueras de la Plaza Murillo persistía  y la oscuridad nocturna parecía haberse abatido otra vez sobre el país.