Derechos Humanos

Constitucionalismo abusivo

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Recomiendo leer el siguiente artículo de la politóloga Susana Seleme Antelo sobre las controversia que se ha instalado en Bolivia en torno a la reelección consecutiva de Evo Morales y su vicepresidente Álvaro García. El título del artículo es el consignado arriba.

Susana Seleme Antelo El Día. Santa Cruz de la Sierra 20.XII.18

Bien decía Moisés Naím que “La principal amenaza política para América Latina no es el populismo, es el continuismo. Es el intento que hacen los presidentes, apenas llegan al poder”. Ha sido una epidemia: Costa Rica (2003), Nicaragua (2009), Honduras (2015) y Bolivia (2017) Sabíamos de la existencia de Roberto Viciano Pastor, catedrático de la Universidad de Valencia, pues fue asesor en la redacción de la Constitución Política del Estado (CPE), entre agosto de 2006 y diciembre de 2007. Más de 10 años después, volvemos a saber de él, pues junto a su colega Gabriel Moreno González elaboraron un trabajo titulado “Cuando los jueces declaran inconstitucional la Constitución”.

Los autores estudiaron y compararon las sentencias constitucionales de los países mencionados para favorecer la reelección presidencial indefinida. Sostienen que es una “ola que no viene precedida de la voluntad constituyente o del ejercicio legítimo del poder de reforma constitucional, sino de un ‘constitucionalismo abusivo’”. Con ello, esos magistrados declaran la “inconstitucional de la Constitución”.

El texto desnuda la patología antidemocrática que cometieron los del Tribunal Constitucional (TC) en Bolivia amparados en un supuesto derecho humano de Evo Morales a una elección indefinida, e incurrieron, en un despropósito interpretativo del Art. 23 del Pacto de San José de Costa Rica. Sobre esa base, ambos catedráticos analizan el fallo 084/2017 del TC boliviano que dio luz verde para que Evo Morales y Álvaro García presentasen su cuarta candidatura a las elecciones de octubre de 2019*.

Afirman que esa sentencia, cae en “un fraude interpretativo”, por permitir la reelección pese a la “existencia explícita, de su prohibición en la Carta Magna”. Se refieren al Art. 168 de la CPE que estipula solo una reelección continua, o solo dos mandatos consecutivos. Al comparar la sentencia del TC de Bolivia, con las de Honduras y Nicaragua, detectaron que tienen en común “una confusión doctrinal y una errónea interpretación de categorías teóricas inadecuadas… además, de la asunción hipertrofiada de funciones impropias a la naturaleza y fines de la justicia constitucional”.

Viciano Pastor y Moreno González sostienen que la sentencia del TC boliviano es “bastante caótica en lo referente” a la razón suficiente, pues salta “desordenadamente de unas consideraciones a otras”, que utilizaron jurisprudencia de forma tergiversada y un ejercicio de interpretación “abiertamente criticable y de inexistente fundamentación”. Añaden que el caso boliviano reviste especial gravedad porque la sentencia del TC se produce “después de que tuviera lugar un malogrado proceso de reforma constitucional, ad hoc, para eliminar la prohibición de reelección presidencial, que tuvo voto negativo mediante referéndum popular”. Los docentes aluden al Referéndum de 21 de Febrero (21F) de 2016. También afirman que, aunque la Constitución boliviana contemple la aplicación preferente de las normas más favorables de los tratados internacionales de derechos humanos, aquí “no cabe una interpretación pretoriana en sede local de la Convención Interamericana que sirva para soslayar la Carta Magna Nacional, sin apoyarse, siquiera mínimamente, en la posible jurisprudencia de la Corte Interamericana”.

Enfatizan en la gravedad del caso boliviano pues “el Tribunal Constitucional, utilizando de manera injustificada el control de convencionalidad y la cesión de jerarquía que establece la Carta Magna, ha terminado modificando explícitamente la configuración de los poderes del Estado y sus límites; hecho aún más grave por cuanto el pueblo boliviano, en uso de su soberanía, ya había sido llamado a referéndum para decidir sobre la reelección y había manifestado, inequívocamente, su rechazo”. Más claro que el agua clara: la Convención no dice que haya un ‘derecho humano a la reelección indefinida’, como afirma el TC boliviano, “ni existe sentencia alguna de la Corte de San José que así lo establezca”, sostienen los juristas españoles. Para ellos, la sentencia boliviana cae en “un fraude interpretativo”, ya que “el control de convencionalidad es utilizado torticeramente para justificar la interpretación… que nunca realiza, en ningún momento, la propia Corte Interamericana”. Los docentes ponen el acento en el 21 F cuando Bolivia dijo NO a la cuarta elección del binomio oficialista y en Art. 168 de la CPE.

En otras palabras, el binomio Morales/García desde la filosofía del Derecho y la Jurisprudencia está inhabilitado. Mientras tanto, las huelgas de hambre en todo el país suman, lo mismo que las crucifixiones. Son expresión de repudio y de inhabilitación social y política. A esas expresiones locales, se suman los países de la Unión Europea, Estados Unidos de Norteamérica, 20 expresidentes, y varios medios de prensa del mundo. * Unas previas elecciones primarias, en enero del próximo año, sacadas de la manga, como magos de la mentira y el abuso, le ha permitido al oficialismo inscribir su binomio en un proceso preelectoral de 10 meses, plagado de abusos y amenazas.

La angustia de las urnas

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El recorrido del gobierno para consolidar su ruta hacia la re3 (tercera reelección) para luego conferirle un carácter  indefinido se ha vuelto más espinoso tras las concentraciones del 10 de octubre en todo el país. Con miles de ciudadanos en las calles, las demostraciones exhibieron para el presidente  y la cúpula gobernante que una gran parte de la ciudadanía  quiere respeto al ordenamiento constitucional y repudia la noción del líder único indispensable para regir la nación.

Los observadores coinciden en que las concentraciones del martes son una muestra de la urgencia que se siente en el país por un cambio  de líderes, y  el reclamo por una administración austera y responsable. Lo ocurrido el martes no podrá ser ignorado por el Tribunal Supremo de Justicia que en días más deberá pronunciarse sobre la constitucionalidad de la pretensión de una re3.

La presión indudable que ahora existe sobre la máxima institución de la justicia, que gran parte de la ciudadanía percibe como dócil a los requerimientos del gobierno, es incompatible con la noción de que  los jueces deben decidir libres de presiones.

A esta coyuntura se ha llegado tras la aceptación que hace dos semanas anunció el tribunal de considerar la demanda del partido de gobierno para dejar sin efecto los preceptos constitucionales que prohíben una nueva reelección del Presidente Evo Morales. Esta aceptación acentuó el desaliento de quienes aún quieren creer en la imparcialidad de los jueces supremos. La expectativa sobre el fallo que debe pronunciar el Tribunal es creciente por  las actitudes del propio presidente, quien en otras ocasiones aseguró que no volvería a candidatear y que al final del periódo de gobierno en curso se iría a cultivar su hato de coca en el Chapare.

La coyuntura ha agravado la impresión de muchos de que gobiernos del Socialismo del Siglo XXI solo ceden poder si los reclamos vienen acompañados por avalanchas de votos.  El régimen de Nicolás Maduro ha resistido incluso a la derrota legislativa de 2015, y se las arregló para conservar su poder apoyado en la fuerza militar. En las elecciones regionales de este domingo, en Venezuela están en juego las 23 gobernaciones del país. Con índices de aprobación de 20-25 por ciento, no es mucho lo que Maduro y su partido podrían esperar pero habrán logrado una tregua que, por todo lo visto, puede ser muy efímera.

Una razón principal por la que dirigentes del Socialismo Siglo XXI se aferran al mando puede yacer en tropelías cometidas  en el ejercicio ilegal de ese poder y el temor a rendir, algún día, cuentas ante una justicia cuyas reglas nunca sospecharon que podían volcarse contra sus propios diseñadores.

La semana antepasada el gobierno nacional quemó uno de sus últimos cartuchos cuando no consiguió ningún respaldo en la OEA para la original tesis de que al Presidente Morales se le violan sus derechos de ser humano a través de la CPE de 2009, algunos de cuyos artículos prohiben la reelección que buscan el mandatario y su partido. La oposición ha acudido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que aclare si es correcta la interpretación del gobierno que asegura que la CPE interfiere los derechos humanos del presidente al impedir su re3. La corte deberá dar su veredicto en las semanas próximas.

El empeño reeleccionista amenaza con restar brillo a la gestión del presidente y afectar áreas no vinculadas necesariamente a sus acciones internas. No son pocos los que creen que tras ese empeño  yace un temor al futuro. Salvo algún pacto nacional creíble, nadie estaría en condiciones de garantizar, en los límites nacionales,  un retorno no traumático de los hombres del gobierno a la vida fuera del poder. En eso estriba la angustia de las urnas presente en los últimos regímenes de la izquierda del siglo 21.

Un terremoto

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Un terremoto desencadena eventos imprevisibles. El anuncio del presidente Obama, este miércoles, poco después de haber hablado por teléfono durante casi una hora con Raúl Castro, es un terremoto.  Es un paso que repercute en todo el hemisferio. Los dos enemigos hasta ayer irreconciliables marchan en pos de la reconciliación y hacia el restablecimiento pleno de sus relaciones. Es demasiada dosis para pasarla de un solo trago.

Al margen de las repercusiones que el curso anunciado por los líderes de los dos países tendrá en Cuba, el  nuevo rumbo sugiere replantear posiciones y discursos a los amigos del castrismo, especialmente entre algunos de sus vecinos.

El efecto del desplazamiento de Estados Unidos y Cuba podrá sentirse de modo especial en Caracas y La Paz, en ese orden. En Venezuela, porque el “chavismo” queda de repente sin municiones para alimentar la retórica de “guerra contra el imperio”, al que responsabiliza del naufragio de los  precios del petróleo que le ha puesto un cordel financiero que aprieta cada vez más. Si desaparece la brújula que orientó las relaciones de Venezuela con el mundo a través de Hugo Chávez, primero, y ahora de su sucesor Nicolás Maduro, ¿cómo navegar?

El anuncio Barack Obama-Raúl Castro ocurrió cuando Maduro y su gobierno todavía están irritados con la suspensión de visas y posible congelamiento de bienes en Estados Unidos a 56 funcionarios vinculados a violaciones de los derechos humanos. La irritación venezolana tuvo una tibia repercusión entre sus aliados más fieles.  Ante la noticia de lo que acababa de ocurrir, habló desde el norte argentino, donde estaba para una reunión de Mercosur, y se declaró “muy feliz”.  “Hay que reconocer el gesto del presidente Barack Obama, que es un gesto de valentía y necesario en la historia. Ha dado quizá el paso más importante de su presidencia”.

Sus opositores en Venezuela fueron incisivos al destacar la contradicción. “Hace dos días Maduro mandaba quemar las visas de Estados Unidos…mientras Raúl Castro ya tramitaba la suya”, escribió en su cuenta twitter María Corina Machado, la ex legisladora que el gobierno dispuso expulsar del congreso y a quien Maduro acusa de querer matarlo.

Resultará incómodo volver a atacar “al imperio” y a su gobierno con la virulencia de hasta hace poco. ¿Cómo atacarlo si la fuente ideológica primaria que alimentó esos ataques está por abrazarse con el enemigo?

Otros cosas inmediatas pueden ser más sustantivas. ¿Cuánto más persistirán las ventas subsidiadas de petróleo a Cuba? ¿Seguirá Caracas otorgando precios preferenciales a la isla cuyo gobierno anuncia que va el encuentro de quien consideraba como su peor enemigo? Las respuestas vendrán paulatinas no con retórica sino con hechos.

Para Bolivia los cuestionamientos parten de que Cuba, Fidel y Raúl Castro, e incluso “Ché” Guevara, están en el hilo del discurso que ha tenido el presidente Evo Morales desde que empezó a crecer políticamente. Acaba de denunciar que el colapso de los precios del petróleo es una conspiración de  Estados Unidos para hundir a Venezuela y a Rusia.  ¿Mantendrá la retórica anti-imperio con el mismo vigor? Otra pregunta aún más intrigante: ¿Previó el presidente Morales lo que ha ocurrido y esa previsión catapultó el anuncio de que quiere encontrase con Obama? Vale la misma pregunta respecto a la apertura hacia la Iglesia Católica, a cuyos obispos  ha dicho que “es casi seguro” que el Santo Padre, visto como el articulador de la reaproximación, venga a Bolivia el año que viene. Es perfectamente legítimo suponer que el presidente tuvo indicios de que el Papa Francisco abogaba por una aproximación entre La Habana y Washington y que era conveniente vestir un traje adecuado a las circunstancias en caso de que eso ocurriera. La magnitud del movimiento puede interferir incluso armazones y acciones nacidas al calor de vínculos con Cuba. Habrá barbas que ahora estarán en remojo.

El deshielo que empieza entre Estados Unidos y Cuba es parecido al de la caída del Muro de Berlín con una diferencia. Este deshielo ha sido preparado meticulosamente y los últimos movimientos empezaron a tomar cuerpo hace año y medio.  Todo en sigilo.

Gestiones de otro Pontífice, Juan Pablo II, fueron exitosas para evitar una confrontación entre Chile y Argentina en 1978 y, después, para afianzar el rumbo a la democracia que asomaba en Polonia. Una coincidencia a ser notada es que el anuncio ocurrió en el día en que el Papa Francisco cumplía 78 años. O, si se quiere más, en un aniversario reverenciado por los venezolanos: el de la muerte de Simón Bolívar, en San Pedro Alejandrino.

Otra vez Ñancahuazú

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Cuarenta y siete (*) años después de haber capitaneado la derrota y capitulación de Ernesto “Che” Guevara en los parajes selváticos del sudeste boliviano, el general (r) Gary Prado Salmón inició esta semana  una declaración para defenderse de la acusación de preparar una campaña terrorista que derivaría en un alzamiento armado y el desmembramiento de Bolivia tras vencer al ejército del que ganó máximos honores.

La declaración que inició el miércoles ante el tribunal que preside el Juicio del Siglo (magnicidio, terrorismo, alzamiento armado, derrota del ejército y separatismo) fue una conferencia de historia contemporánea de Bolivia, con detalles poco conocidos para muchos de los que asisten al proceso en el Palacio Judicial de Santa Cruz.

Prado Salmon subrayó que a las doctrinas que regían la vida de las naciones se había agregado la “doctrina (Evo) Morales” que dictaba que si sus ideas e iniciativas tropezaban con obstáculos legales “yo le meto, nomás”,  en actitud de “menosprecio”, subrayó, por la justicia y sus administradores. Si el presidente proclamó, hace unos días, ante dirigentes cocaleros, que “hay que acabar con el debido proceso” y que las obras que propone el gobierno pueden ser ejecutadas sin licitación, “¿de qué justicia hablamos?”.

Le tocaba defenderse, dijo, cercado de muros levantados por la fiscalía y el Ministerio de Gobierno, por el propio tribunal y por la cancillería, que no dio curso a las solicitudes ni el juez las requirió para legalizar los documentos que emitió el ex fiscal Marcelo Soza, ahora fugitivo de la justicia, oficialmente tildado de “delincuente” y cuya acusación es seguida por el Ministerio Público y el Ministerio de Gobierno. Las barreras han buscado, dijo, ocultar las irregularidades a lo largo del proceso, que tiene un curso separado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a ser activado cuando concluya el que contabiliza 67 meses desde el asalto al Hotel Las Américas.

Autor de seis libros, entre ellos “La guerrilla Inmolada” con la tesis de que “Ché” Guevara salió de Cuba y se fue al África y luego vino a Bolivia por desacuerdos con la plana mayor cubana, el general retirado es pieza angular en la acusación elaborada por ex fiscal Soza que ahora el mismo ex magistrado repudia. Su presencia entre los 39 acusados es básica para la tesis oficial de que en Bolivia hubo una intentona, que publicaciones solicitadas del gobierno han difundido ampliamente.

Recluido en silla de ruedas desde hace más de tres décadas cuando un incidente al parecer fortuito le paralizó las dos piernas tras reimponer el orden en un campo petrolero  tomado por radicales de Falange Socialista Boliviana, para la acusación era instructor de la supuesta campaña separatista. Para el ex comandante militar la acusación es una venganza por haber derrotado al  ícono del castrismo y su doctrina para desarrollar movimientos guerrilleros en todo el continente.

La declaración de Prado Salmon eclipsó momentáneamente otro tema surgido a principios de mes: la posibilidad de una “conciliación entre partes”,  que provocó  reacciones encontradas.

Entre las ligerezas que atribuyó a la fiscalía mencionó la de no haber investigado el episodio del video en el que Ignacio Villa Vargas (El Viejo) supuestamente recibe un soborno del ahora fallecido ex funcionario del gobierno Carlos Nuñez del Prado. “Unos 10 testigos pudieron haber sido convocados a declarar”, entre ellos altas autoridades del gobierno, afirmó. Los audios, dijo, en los que se escucha al ex fiscal mencionar sobornos, y en un tramo asegurar que uno de sus colegas se quejó de que su nombre había sido utilizado para sobornar, tampoco fueron investigados.

“Vamos a seguir batallando”, declaró, al rememorar acontecimientos que lo llevaron a cruzar su destino con el del “Ché” y sellar el destino del guerrillero cubano-argentino el 8 de octubre de 1967. Comparó a  los guerrilleros a los que combatió con los que supuestamente encabezaba Eduardo Rózsa Flores, de acuerdo a la tesis oficial de complot separatista. “Dormían en la selva”, no en hoteles de primera, dijo, para ridiculizar la noción de que con eso supuestos comandantes se gestaba un movimiento guerrillero-separatista.

Corrigió a uno de los abogados del gobierno que en la jornada anterior había preguntado al neumólogo Juan Carlos Santisteban,  también acusado en el juicio, sobre cuestiones militares que involucraría la participación en los cursos de Altos Estudios Nacionales en los que Prado Salmon enseña. Subrayó que asistir a esos cursos no conlleva adiestramiento militar sino conocimiento de la  realidad boliviana desde todos sus ángulos.

Tras contar resumidamente su vida militar y el respeto que ganó en todo el país por su cruzada por la democracia (la más reciente distinción ocurrió hace sólo unos días), pidió a las jueces que, para emitir su veredicto, colocasen su historia en la balanza junto a la que había contado el ex fiscal.  Soza, recalcó, nunca dispuso que sobre las computadoras relacionadas al caso se realizase una pericia, que habría demostrado que hubo forjamiento de pruebas.

Cuando concluya su declaración, la defensa y los acusadores del Ministerio Público y el Ministerio de Gobierno, podrán interrogar al general. Tras el fin de semana, la audiencia se reanudaría el 24 de noviembre.

El jueves, al escribir esta reseña, la sesión estaba suspendida debido a las penurias de Ignacio Villa Vargas, cuya glucosa había llegado a un nivel alarmante de 400 (3 ½ veces el máximo que el organismo puede tolerar) y requería de un tratamiento clínico de urgencia pues podría estar ante complicaciones aún mayores.

* Un error de digitación hizo que en la versión original se escribiera 45. Lo siento..

Brumas (¿?) del G77

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A poco más de una semana del cierre de la reunión del G77 el público no ha tenido una lista cierta de los presidentes que asistieron a esa cita. El detalle pasó desapercibido y luego olvidado al fragor de otros acontecimientos que ocuparon la atención inmediata del país.  Página Siete se aproximó a la cifra cuando, el día de la clausura, registró: “En la foto oficial…aparecen 86 jefes de delegación, entre primeros mandatarios, primeros ministros y embajadores ante las Naciones Unidas. Según el embajador Reymi Ferreira, 129 de los 133 países que conforman el Grupo estuvieron representados, 15 de ellos por presidentes y cinco primeros ministros…” Una semana antes, los periódicos destacaban: “El gobierno boliviano anunció este lunes la asistencia de 27 presidentes, tres vicepresidentes y cuatro primeros ministros a la Cumbre de los 77 países en desarrollo y China (G77) prevista para este fin de semana en la ciudad de Santa Cruz…”
El número final de asistentes, del cual no se conoció una lista oficial, fue la mitad del estimado por el embajador. Hasta este momento se ignora si hubo alguna justificación para las inasistencias. Entre quienes vinieron, fue notable la presencia de Robert Mugawe, de Zimbabwe, quien se mostró vigoroso a pesar de sus 90 años, cumplidos el 23 de febrero. Un vigor mayor exhibió el presidente cubano, Raúl Castro, quien dos semanas antes, el 3 de junio, había cumplido 83.
De los 242 artículos de la declaración de Santa Cruz, no hay uno solo dedicado a los derechos humanos, menos a un compromiso por respetarlos. Una mención aparece en el artículo 34, que brilla por la cacofonía oscura de su redacción: “También reafirmamos la proclamación de la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo de que el derecho al desarrollo es un derecho humano inalienable en virtud del cual todas las personas y todos los pueblos están facultados para participar en un desarrollo económico, social, cultural y político en el que puedan realizarse plenamente todos los derechos humanos y libertades fundamentales para contribuir a ese desarrollo y para disfrutar del él, como se reconoce en la Declaración.”
Si el lector aún tiene aliento, aquí va otro trabalenguas: “43. Reconocemos que la pobreza es una afrenta a la dignidad humana y destacamos que la erradicación de la pobreza es el mayor problema que afronta el mundo en la actualidad, y concedemos la máxima prioridad a la erradicación de la pobreza en la agenda de desarrollo de las Naciones Unidas para después de 2015, que debe apoyarse con medios efectivos y adecuados de aplicación y con una alianza mundial para el desarrollo fortalecida, y que entre otros objetivos entraña la promoción del empleo y el trabajo decente para todos, el mejoramiento del acceso a los servicios sociales, la erradicación del analfabetismo y las enfermedades, y la aplicación de estrategias nacionales y regionales integradas, coordinadas y coherentes.”
¿Quiénes intervinieron en la elaboración de este documento? ¿Cuál fue el “toque boliviano” que se dijo que contenía? Urge saberlo para mantener a ese personal lejos de declaraciones futuras.
El capítulo sobre el mejoramiento de las prácticas de la democracia tiene una perla que debe ser examinada por los profesores y alumnos de redacción en las escuelas de comunicación: “36. Pedimos que los medios de comunicación dejen de utilizarse de modo que puedan difundir información distorsionada contra los Estados miembros del Grupo de los 77 haciendo caso omiso del principio del derecho internacional.”
¿Alguien entiende? Lo que efectivamente dice es que los medios de información puedan difundir información distorsionada. Es decir, que se les habilite para informar incorrectamente haciendo uso del derecho internacional.
En la cabeza de quienes redactaron el párrafo posiblemente estaba: Los medios de comunicación no deben difundir información distorsionada contra los estados miembros del Grupo de los 77 (aunque sí contra no miembros, podría decirse). Pero como la frase corre libremente, se deduce que sí lo pueden hacer, si omiten el derecho internacional. La redacción, Uds. convendrán, es como dejar caer un ladrillo en el pie de quien tiene gota.
P.S. En algunos periódicos, la declaración vino hoy como encarte del gobierno.

USA y la CIDH

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Los países del ALBA, especialmente el nuestro, Venezuela y Nicaragua, critican que los Estados Unidos no hayan suscrito la Convención Americana sobre derechos humanos, aunque forman parte del sistema de protección a esos derechos. Ven esa actitud como una flagrante contradicción.
No he escuchado una explicación local para el porqué. Una respuesta fundamental: hay estados norteamericanos en los cuales rige la pena de muerte. La convención de DDHH es contraria a la pena capital y los USA no podrían incorporarse a un cuerpo legal en contravención con las leyes de algunos de sus estados.
Un protocolo a esa convención, aprobado en junio de 1990 en Asunción, declara que sus signatarios no aplicarán la pena de muerte a ninguna persona sometida a su jurisdicción. Que se debería buscar una adecuación o una fórmula para incorporar a Estados Unidos a la convención, es otra cosa. Pero es incorrecto mencionar el tema sin explicar sus raíces.
El problema ha cobrado intensidad con las críticas de algunos países a la no incorporación plena de Estados Unidos al sistema de protección de los derechos humanos, especialmente de Ecuador, Argentina, Bolivia, Guatemala, Nicaragua y Venezuela. Estos países, en particular Venezuela, secundada por Bolivia, están disconformes con las calificaciones que frecuentemente emite la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica. Ahora propugnan el cambio de la sede de esta comisión, radicada en Washington. Argentina, Costa Rica y Perú figuran entre los candidatos a hospedarla.
En este marco se reúnen desde hoy en Cochabamba las cancillerías de la región (asisten algunos cancilleres).

Senado confirma compromiso con DD.HH.

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El senado boliviano dio esta semana un paso de alta significación para la protección de  los derechos humanos al dar luz verde a la designación  del  ex Ministro de Gobierno Sacha Llorenti como embajador del país ante la Organización de las Naciones Unidas. Senadores que  endosaron la designación dijeron que el representante boliviano ante el organismo  mundial tendrá como tarea primordial mostrar ante el mundo que la defensa de los derechos de las personas es una norma respetada en Bolivia. Bajo el criterio de los legisladores, el ex ministro reune todas  las condiciones para exhibir las cualidades del gobierno boliviano como baluarte defensor de esos derechos.

La venia que dieron los senadores oficialistas a la designación fue la culminación de una estrategia que ignoró las acusaciones opositoras contra el ex ministro.

Se atribuye al ex Ministro responsabilidad en la orden, el 26 de septiembre de 2011,  para la brutal represión que sufrieron cientos de indígenas bolivianos que marchaban hacia La Paz para oponerse a la construcción de una carretera que los nativos creen que permitirá una expansión acelerada de los cultivos de coca, la materia prima de la cocaína.

El ex ministro tiene el “perfil perfecto” para poder asumir la representación boliviana, dictaminó Nélida Sifuentes, del partido de gobierno Movimiento al Socialismo, que acogió la designación y volcó todo el peso de sus senadores para darle curso. “Trabajará en los temas de derechos  humanos y  narcotráfico”, dijo.

El dirigente campesino Rafael Quispe, del Consejo de Ayllus y Markas del Qollasuyo (Conamaq), pronosticó que la designación derivará en “una vergüenza para el país… (será) funesto para el país que cuando esté ejerciendo sea llamado por la justicia”.

Tras la aprobación en el Comité de Política Exterior, el nombramiento pasó a la sala plena del Senado que no tuvo inconvenientes en darle paso con el voto mayoritario de los senadores del partido de gobierno. La aprobación abrumadora del senado es vista como un mensaje para exhibir el respeto impecable que en Bolivia se observa hacia los derechos de las personas, cuyo porta-estandarte  será quien estaba a la cabeza de los aparatos de seguridad del gobierno.

El flamante diplomático será ahora formalmente designado por el presidente Morales. El mandatario había tratado de preservar a Llorenti entre sus colaboradores más próximos,  pero tuvo que pedirle la  renuncia ante la presión política de los acontecimientos que surgieron con el asalto exitoso de la policía sobre la marcha de los indígenas. Los furibundos marchistas nada pudieron con sus cayados peligrosos ante la pacífica arremetida de la policía que sólo contaba con abundancia de gases lacrimógenos, sogas y mordazas, además de contactos  logísticos con La Paz, de donde partió la orden de ataque. La tranquila y estudiada arremetida contra los belicosos indígenas iba a tener un broche dorado con el traslado de los marchistas hacia otros lugares en camiones y aviones de la fuerza militar en Rurrenabque. Pero los marchistas, con el apoyo cómplice de las poblaciones de San Borja y Rurrenabaque, consiguieron  escapar.

El año pasado, al aceptar su renuncia y anunciar al sustituto, el actual ministro Carlos Romero, el presidente ensalzó las cualidades de Llorenti y dijo que esperaba tenerlo pronto de nuevo en la primera fila de su gobierno. El nombramiento otorgado a la ex autoridad es visto como un paso hacia la reincorporación plena del ex ministro injustamente apartado del círculo más estrecho de hombres del  gobierno.

El ex ministro se disponía a trasladarse en los próximos días a la nueva sede de sus funciones, en Nueva York, con el secreto sobre de dónde vino o quién dio expresamente la orden de ataque para frenar a los aguerridos  marchistas. Su aporte principal a las investigaciones sobre el suceso fue un dato esclarecedor: la “cadena de  mando” fue rota, sin que específicamente se sepa hasta ahora el nombre de la  persona que impartió la instrucción. Entre las declaraciones que persistieron tras el episodio de Chaparina figuran las de Justa Cabrera, la dirigente nativa oriental quien dijo que la orden había tenido  lugar en el Palacio de Gobierno. El vicepresidente Álvaro García había dicho, días después del episodio, que el gobierno sabía quién había dado la orden y que era cuestión que tuviesen un poco de paciencia los periodistas que le preguntaban sobre los orígenes de la exitosa intervención policial. La paciencia continúa.

La partida de Llorenti hacia sus funciones no será fácil. El dirigente Quispe, de Conamaq, dijo que presentará una solicitud de arraigo del ex ministro.

Ante una ofensiva contra la Comisión de DDHH

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Venezuela se prepara para reafirmar este domingo en Cochabamba su decisión de abandonar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en un intento de desmantelar ese organismo que ha criticado sus decisiones que afectan los derechos humanos y de la sociedad civil y que para el gobierno del presidente Hugo Chávez se ha vuelto una piedra en el zapato. El paso de Venezuela es también visto como un juego de cartas en el que la apuesta mayor sería cuando menos debilitar gravemente aquel organismo cercenando sus atribuciones: sus resoluciones serían “consultadas” con los gobiernos a los que se refieran las resoluciones sobre derechos humanos lo que, en la práctica, equivaldría a amarrar sus movimientos con una “consulta previa” antes de hacer conocer sus decisiones.

La iniciativa, que cuenta con el respaldo de países de la órbita bolivariana, entre ellos Bolivia, es criticada por quienes creen que la forma actual de operar de ese organismo ha salvado a cientos de personas en el continente. Una “consulta previa” podría derivar en un veto a las decisiones del organismo interamericano, uno de los pocos instrumentos por los que la OEA es reconocida a través del continente. Al Secretario General de la organización, Miguel Insulza, se le atribuye una actitud ambigua. Ha dicho que cree que la comisión debería ser más flexible a la vez que más previsible. Se supone que la “previsibilidad” haría que los gobiernos conozcan de antemano cuáles serían las decisiones de la comisión. Los dos  propuestos atributos han dejado perplejos a quienes desean mantener sin cambios el modo de actuar de la comisión. La comisión procesa varias denuncias contra algunos gobiernos de la región, Bolivia entre ellos. Si el gobierno boliviano recibiese una “consulta previa”, ¿cuál creen que será su reacción?

La noticia del retiro de Venezuela vino del propio canciller de ese país, Nicolás Maduro, antes de partir rumbo a Cochabamba, de acuerdo a la jnoticia que difundió el diario caraqueño El Universal.  En su criterio, la comisión, que ha condenado varias decisiones del gobierno venezolano, actúa a favor de los intereses de Estados Unidos.

La noticia del juego de ajedrez venezolano ha sido apenas advertida en Bolivia. La mañana del sábado, sólo un aviso hizo saber que cinco organizaciones de prensa de Bolivia –Asociación de Periodistas de La Paz,  Asociación Nacional de Periodistas, Asociación Nacional de la Prensa, Asociación Boliviana de radiodifusión y la Confederación de trabajadores de la Prensa- han señalado los peligros que representaría el debilitamiento del sistema de protección de los derechos humanos, entre ellos los que cuidan de la libertad de prensa y de expresión. Por lo menos de inmediato, el alerta de las organizaciones bolivianas no mereció una elaboración noticiosa separada.

El comunicado difundido vía publicidad por esas cinco organizaciones subraya que las reformas que los países bolivarianos buscan incorporar representarán un debilitamiento que pondría “en serio riesgo la defensa de la libertad de expresión en el  hemisferio”. No he leído ninguna explicación al público sobre por qué los medios no difundieron ese pronunciamiento como noticia. Comento: El mayor enemigo que pueden tener los medios son su propia indulgencia con las noticias que capaces de afectar su tarea de vigilancia respecto a las libertades que protegen sus actividades.

El debate sobre el tema promete ser vehemente, probablemente a partir de este mismo domingo.

OEA 1979-2012

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Al contrario de la asamblea ordinaria de 1979, la que en estos días celebrará en Cochabamba la Organización de los Estados Americanos parece llamada a centrar su atención en el respeto a los derechos humanos y libertades políticas en Bolivia más que en el reclamo boliviano por una salida soberana al Océano Pacífico. A tres días de la inauguración del cónclave hemisférico, la noticia sobre su celebración en Cochabamba tiene por foco el pedido de asilo del senador Roger Pinto y su reclamo por una amplia amnistía política que permita el retorno al país de todos los exiliados o refugiados por considerar que en Bolivia no existen garantías para el ejercicio de los derechos democráticos.
El senador, cabeza de la oposición legislativa boliviana, es “huésped” desde el lunes en la embajada de Brasil en La Paz, en una situación cuyas complicaciones llevan a recordar los días en los que el hondureño Manuel Zelaya estuvo en la misma condición en la representación brasileña en Tegucigalpa. Las comparaciones acaban ahí, pues Zelaya buscó protección brasileña tras haber sido depuesto por militares de su país que lo acusaban de incumplir la constitución. Aquí es al revés. Es un político boliviano que acusa al gobierno de incumplir la constitución y reclama amnistía para todos los exiliados y refugiados políticos del gobierno del presidente Evo Morales.
El gobierno acusó el golpe. El vicepresidente García dijo que el senador Pinto debía presentar sus denuncias ante la fiscalía o el Ministerio de Transparencia…(sí, ante autoridades bolivianas que el vicepresidente supone que se movilizarían ágilmente para investigarlas y castigar las infracciones…). Dijo también que el senador era “despistado” y encontró en lo que ocurre estos días alguna similitud con la situación que se dio cuando los militares dieron un golpe en momentos en que todavía resonaban los aplausos por la resolución que declaraba la cuestión mediterránea de Bolivia un asunto de interés continental. El comentario de la segunda autoridad nacional ha sido débil.
Pero también aquí hay diferencias. El senador pandino no está desencadenando ningún golpe de estado y su asilo, por lo que él dice, procura llamar la atención sobre la persecución de que es objeto (más de veinte procesos), resultado de otras tantas declaraciones e iniciativas legislativas relacionadas con el narcotráfico y la situación de las libertades democráticas en Bolivia. Y tampoco creo que sea un pedido de asilo provocado por el deseo de “hacer daño a Bolivia”. Hay muchas otras actitudes que efectivamente le hacen daño al país. Las relacionadas con el narcotráfico, los linchamientos (no hay un solo detenido, menos aún juzgado), ni la expansión imparable de los cocales que nahora se extienden inexorables por parques  nacionales, por ejemplo.
El refugio pedido por el senador pandino clava una banderilla adicional a la imagen que ha querido forjar el gobierno alrededor del presidente Morales. La afirmación de que bajo su gobierno no habría un solo muerto ya se diluyó en los muchos enfrentamientos que se han dado en Bolivia desde que comenzó la gestión del gobierno del cambio, en 2006. Los muertos suman decenas y los heridos centenas. El banderillazo más profundo ha venido de los nativos del TIPNIS, que ahora serán recibidos por un representante de la organización hemisférica ante quien se proponen denunciar al gobierno de incumplir normas que protegen a los pueblos indígenas y sus territorios. La represión del 25 de septiembre del año pasado, cuyos videos probablemente  faltarán en la presentación que realicen,  es un documento para el cual no hay atenuantes.
El camino hacia las elecciones de 2014 parece más distante y resbaloso que nunca.

Santo Tomás en La Paz

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No es rima. Es la noticia que se origina en una entrevista que la periodista Amalia Pando, de Erbol, le hizo esta mañana al representante departamental del Defensor del Pueblo, Álvaro Flores. El defensor le dijo a la periodista que no había evidenciado los golpes que denunció la enfermera Leonor Boyan. Para la audiencia, quedó como un Santo Tomás: no había visto con sus propios ojos ni los hematomas ni las complicaciones renales de las que sufre la enfermera tras una paliza que asegura que le dieron los policías y agentes civiles que la detuvieron el jueves en La Paz y que la colocaron bajo terapia intensiva. Se puede concluir que los médicos del Hospital del Tórax ordenan terapia intensiva para cualquier minucia, pues el defensor no creyó -o no vio- y ha pedido un informe forense. Citando al defensor, la nota de Erbol en su página web dice: “La enfermera indica que varios policías la detuvieron, que la insultaron, que la trataron mal; ella dice que la golpearon, no pudimos evidenciar esos golpes, pero tampoco somos la instancia que va a determinar eso; por eso se hizo la gestión (de solicitud de informe a la Policía, Fiscalía y el Instituto de Investigaciones Forenses)”. Las autoridades, desde la policía al Ministerio de Gobierno, han negado la versión de la enfermera.
A la incredulidad del defensor se suma el casi olvido de los medios para hablar de su salud, cuándo sería dada de alta y, sobre todo, qué nuevos aportes ha hecho sobre la supuesta paliza. Se trata, sin embargo, de un caso que debe ser investigado hasta aclararlo pues de por medio está la vigencia de los derechos humanos., con los cuales no se debe jugar. Tal vez la enfermera deba, con testigos, tomarse fotografías de las hematomas o de la radiografía indicativa de problemas renales, y mostrarlas al defensor.