Denuncias

Perla informativa en defensa del voto

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El equipo de prensa de Radio San Miguel, del Vicariato Apostólico de Pando, exhibió para a su audiencia esta semana una señal de un fraude electoral en curso en la región nororiental: en un hotel y en casas privadas de Riberalta  había un registro computarizado de votos a favor del  Partido de gobierno. Todo esto a solo cuatro meses de las elecciones.

Ante las pruebas descubiertas, nada parece atenuar el delito: Multitud de papeletas de inscripción, equipos informáticos de identificación, escritorios  y miles de bolivianos que un supuesto funcionario distribuía desde la falsa oficina de registro en la que operaba.

El esquema aún require de investigaciones más detalladas, pero dirigentes cívicos del lugar, especialmente mujeres, intervinieron  uno de esos centros y, de acuerdo a videos que han circulado por  las redes sociales, decomisaron material impreso, y al menos 7.300 bolivianos que uno de los delincuentes electorales utilizaba para pagar, dijeron los denunciantes,  entre 100 y 300 bolivianos a cada individuo que se sometía a la ilegalidad. El dinero, según dijeron en uno de los videos, sería entregado a la Corte Electoral como  prueba de la irregularidad, que ahora muchos temen que esté diseminada por gran parte de los pueblos orientales.

El incidente ha ocurrido en un terreno fértil para las sospechas, que las autoridades tendrán que disipar cuanto antes para restablecer cualquier credibilidad que trataban de construir sobre el comicio previsto para el 20 de octubre. Incidentes como el ocurrido en Riberalta corroboran la suspicacia creciente por esa debatida elección.

Ante la competencia venidera, el trabajo reporteril de la emisora ha sido un alerta temprana. El alerta anuncia que hay tropelías a la vista para falsear el veredicto popular. El Partido de gobierno participa en la elección encabezado por sus dos principales candidatos, ambos vetados por ley pero impuestos por el Tribunal Nacional Electoral que optó por ignorar el referendum del 21 de febrero de 2016 que rechazó las candidaturas que excedían los tiempos legales. Tanto el Presidente como el Vicepresidente permanecen en el mando desde hace 14 años, con la aspiración declarada de convertirse en gobernantes vitalicios. El incidente de Riberalta puede entorpecerles el camino.

El golpe informativo de la emisora católica, considerada como la de mayor audiencia en el nororiente y una de las pocas con alcance internacional, ha generado inquietud entre sus periodistas, temerosos de represalias de las autoridades locales. La Jefe de Redacción Carmen Ruelas Pardos ha sido convocada por una fiscalía para declarar el lunes sobre la denuncia de una senadora (Maria Simone Cuéllar, del Partido de gobierno)  que la acusa de ¨acoso político¨. La acusación es anterior al incidente sobre los votantes clandestinos y se refiere a acusaciones laborales contra una empresa sin contrastarlas, sostiene la senadora, de acuerdo a la versión de los denunciados).  Pero el Director de la emisora, Carlos Arce Castedo, ha dicho que quien irá a declarar será él, como responsable periodístico de la emisora.

La intervención de la senadora ha creado un revuelo que rompió las fronteras del departamento y ha comenzado a interesar a los diarios nacionales y a ser señalado  como demostración de la senda estrecha y peligrosa por la que debe transitar el periodismo independiente en Bolivia. La dimensión que cobra el caso es algo que los que lo exhibieron no imaginaron. Arce Castedo y  la Jefe de Prensa Ruelas Pardos no sospecharon que la denuncia de un delito electoral infraganti se iba a convertir en una perla noticiosa causante de trastornos actuales.

Ambos son considerados periodistas de marca superior en la región y gozan de amplio respeto de su audiencia. De su  lado, en defensa de la  libre expresión, se han colocado las principales agremiaciones nacionales del ramo, que también estarán atentos a  lo que pueda ocurrir en la ciudad capital de la goma elástica y la castaña (la nuez del Pará), que a principios del siglo pasado, junto a Cachuela Esperanza, fueron el conducto comercial boliviano para llegar el Atlántico, y una fuente primordial de ingresos para el erario boliviano.

Las conspiraciones

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El discurso oficial de estas semanas ha estado pródigo en denuncias sobre conspiraciones que aumentan en decibelios al aproximarse la fecha en que los bolivianos decidirán si se altera la CPE para beneficiar al presidente Evo Morales y a su Vicepresidente Álvaro García con la posibilidad de una nueva reelección. El ruido ha sido atizado por los resultados dispares de dos encuestas, una enrarecida por la presencia de un ¨voto secreto¨ inédito en la cuantificación y otra por no abarcar sino al eje central y truncar una tendencia que parecía favorecer al NO. Las encuestadoras pueden haber perdido fe del público y otra vez son densas las sospechas sobre la capacidad del TSE de administrar el referéndum con imparcialidad.
Los argumentos por la prórroga del binomio tienen un eje: Solo Evo Morales podría garantizar continuidad al proceso que inició hace dos lustros y que está rumbo al tercero; ningún otro sería capaz. La afirmación, una manera de diseminar temor, es insostenible en un debate racional. Los que miran la historia ven que alterar la CPE sobre un supuesto carácter imprescindible de personas lleva a un terreno incierto. Muchos que se creyeron imprescindibles, pronto se hallaron ante situaciones desagradables.
Como es habitual, en las teorías conspirativas figuran Estados Unidos, una derecha genérica y medios informativos. Esta vez ingresaron por la puerta grande también las llamadas ¨redes sociales¨ que expresan opiniones individuales, gran parte sin mayor autoridad.
También ha llegado raudo a la categoría conspirativa el perro potosino más famoso. ¨Petardo¨, gracias a las denuncias del Primer Mandatario, se ha convertido en baluarte del No a la secuencia reeleccionista. Cuando hace una semana el presidente dijo a un canal televisivo ¨para mí, la oposición se reduce a un perro y a un zorro¨, alusión a un opositor, catapultó la fama del can potosino y revalorizó su imagen asociada a quienes, desde Potosí, rechazan alterar la Carta Magna para dar libre tránsito a los re-aspirantes. Las encuestas aún no han detectado tendencias generadas por la matriculación política nacional del can.
Hace un par de meses, invitado por líderes de Santa Cruz, el can había sido recibido con un churrasco abundante. La noticia que los líderes potosinos dieron esos días era que ¨Petardo¨ se había multiplicado y que eran varios los canes que llevaban el mismo nombre.
La serie la inauguró la Ministra de Comunicación Marianela Paco, cuando aseguró que en Bolivia hay una ¨conspiración mediática pro-chilena¨. La declaración fue vaga, no identificó medios, circunstancias ni casos específicos, pero puede haber tenido un efecto Espada de Damocles sobre los medios.

Crónica de un derrumbe

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La jornada de este martes parece destinada a marcar el curso de muchas cosas en Bolivia. El fiscal Marcelo Soza, el poderoso del “caso terrorismo” que tuvo de puntillas a la región económicamente más pujante del país, desapareció, renunció y nadie pudo dar cuenta inmediata de su paradero. Ahora el gobierno del presidente Morales y del Movimiento al Socialismo está en un torbellino cuyas perspectivas lucen inciertas.

En el centro del torbellino yace una fecha: 16 de abril de 2009. Ese mismo día el Presidente llegaba a Cumaná, oriente de Venezuela, donde denunció una conspiración para matarlo, y anunció que había dejado “instrucciones precisas” para ejecutar la operación del Hotel las Américas. Resultado: Tres muertos acribillados a balazos que, en la versión oficial, atacaron a la compañía policial de una manera extraña, que quizá Freud podría explicar. Estaban desnudos o en calzoncillos.

Si en algún momento no estuvo claro, el martes era imposible no imaginar por qué el Ministerio Público y los fiscales investigadores se opusieron a que “el juicio del siglo” fuese traído a Santa Cruz. Aquí el caso comenzó a ganar una atención nacional que no había alcanzado en La Paz, Cochabamba, Yacuiba o Tarija. Ocurrió lo que el fiscal probablemente más temía. En mengua la credibilidad del fiscal y la del gobierno, los argumentos de la defensa denunciando que todo había sido una “montadura” resonaron más, y las fallas y omisiones del proceso se hicieron más visibles y revelaron facetas crueles y grotescas.

Las cámaras de TV pudieron mostrar diariamente imágenes que golpeaban la tesis del fiscal de que en Santa Cruz se había gestado una conspiración para matar al Presidente Morales, ejecutar planes terroristas y desembocar en un alzamiento armado que separaría a la región de Bolivia.

Un general en silla de ruedas, con molestias y dolencias consiguientes y hace décadas retirado del ejército a quien el fiscal Soza atribuía la condición de cerebro de la conjura; un mecánico de aviación que no conseguía que fuese exhibida ante los jueces la pistola ametralladora “mugrienta” y sin cacerinas que apuntalaría aquella hazaña monumental de dividir al país;  un joven enviado a la cárcel porque su número de teléfono estaba registrado en el de Eduardo Rózsa Flores, el  supuesto comandante de la conspiración; un médico cuya consanguinidad con Rózsa lo volvía sospechoso; un ex funcionario que cotizó un equipo de telecomunicaciones; un joven militar de carrera internacional que tuvo el infortunio de venir a Bolivia en el momento equivocado, y un informante con vómitos y trombosis causados por una diabetes descontrolada apodado “El Viejo”, a quien el fiscal consideró un momento su testigo principal y después decidió que debía ser un acusado más. Son sólo algunas de muchas figuras del reparto.

¿Podía una conjura de la magnitud denunciada ser ejecutada con esos improbables protagonistas? La pregunta incómoda cala hondo.

La fecha en la base del torbellino dice mucho. Han pasado casi cuatro años y aún no hay una sentencia. Las leyes establecen que los procesos no deberán durar más de tres años. Antes del “caso terrorismo” el límite era de 18 meses.

Las velas del caso empezaban a agarrar viento cuando apareció el imponderable que les dio ímpetu olímpico: una grabación que registra supuestamente al fiscal Soza hablando con un interlocutor a quien comenta en lenguaje salpicado de vulgaridades situaciones sensibles del gobierno y de la investigación a su cargo.

En la grabación, cuya autenticidad plena sólo podrá darla un veredicto técnico, se escuchan frases supuestamente de Soza en las que al menos  un par de veces se dice que “el presidente ya conocía, ¿no vé?”.

La declaración del mandatario al llegar a Cumaná sobre sus “instrucciones precisas”  para poner en marcha la operación precisa de aclaraciones. Por ejemplo, ¿en qué informes las basó? Las  instrucciones ¿incluían acribillar al grupo en el hotel? ¿Quiénes prepararon esa operación? ¿Con qué finalidad? ¿Hubo intervención extranjera? A la declaración de Cumaná siguieron muchas otras a lo largo de estos años ante diferentes audiencias y personalidades, dentro y fuera de Bolivia.

El hilo de esta madeja, como dijo la senadora Gonzáles que detonó el que ahora puede llamarse “caso Soza”, conduciría a otros hechos vívidos en la memoria boliviana, desde Porvenir hasta Chaparina. El “caso terrorismo” fue una lanza que perforó la resistencia del departamento que más y mayor resistencia oponía al gobierno. Ahora que la lanza se dobla empieza un capítulo diferente.

Vale todo para evitar la marcha

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El gobierno del presidente Morales está poniendo todo su empeño para convencer a los nativos del TIPNIS de que no participen de la caminata que deberá empezar el 25 de abril. Es decir, para que desistan de preservar el lugar de la devastación que creen que causará el Tramo II de la carretera desde San Ignacio. Por lo que se ve, las autoridades parecen poseídas por la paranoia, pues de sus actitudes podría deducirse que temen que con ese proyecto el gobierno se esté jugando todo, como si de la marcha dependiera su existencia.
No hay cómo evitar el pensamiento de abuso de poder sobre una población ya abusada abundantemente, y la utilización de recursos públicos con fines ética y legalmente discutibles. En muchas otras partes eso está prohibido y la violación a la prohibición conlleva castigos fijados por ley.
Es perceptible el desasosiego de las autoridades con esta marcha. Para ellas, el TIPNIS parece representar el peligro de una capitulación. Es el peligro que se corre cuando las apuestas se vuelven demasiado altas, tanto que no es posible pagarlas, en caso de perder.
La prensa viene densa estos días sobre denuncias que apuntalan las afirmaciones de los indígenas sobre presiones del gobierno para conjurar la marcha. Todo vale. El fin justifica los medios, denuncian.
Erbol, por ejemplo, trae el testimonio de María Plácida, de la comunidad Totora, del TIPNIS, y dirigente de la Subcentral Sécure, quien dice que los motores fuera de borda que el presidente entregó a los nativos, con amplia publicidad, sirven solamente a los que prometan que no se sumarán a la marcha. “Nos dicen que si marchamos no podemos usar los motores, pero aquellos que respaldan la carretera sí los usan (…) tenemos que asegurar que no iremos a la marcha”, dijo la dirigente a Erbol. Lean aquí toda la entrega de Erbol, que congrega a unas 300 emisoras rurales.
Lo más reciente en la cadena de sucesos alrededor de la que parece una via crucis reminiscente de Semana Santa para los habitantes originales del TIPNIS, es una declaración del dirigente Mario Castillo, de la Federación de Cocaleros del Trópico, quien ha anunciado que la organización a la que pertenece no dejará que nadie se movilice hacia la marcha. Si quieren ir, pues que vayan en canoa, pero no por estos caminos, a los que se oponen, ha sido su amenaza.
Tal vez suene a música a los oídos del gobierno, o tal vez alerte aún más sobre las dificultades que rodearán a la nueva marcha. La noticia se la encuentra también en Erbol y fue reproducida por varios medios nacionales.
Un ángulo importante para mirar los acontecimientos recientes en torno al controvertido proyecto es el conflicto existencial que enfrenta el gobierno. El 25 de septiembre los marchistas se sobrepusieron a la brutalidad policial y sin amedrentarse continuaron estoicamente hasta La Paz, a donde llegaron ungidos de gloria el 19 de octubre. Fue un knock-out para una política del garrote. Pero disconforme con lo que había firmado, el presidente instó a sus seguidores a que ellos presionen para revertir la medida que había revertido otra anterior. La re-reversión ocurrió el 9 de febrero, cuando se aprobó la ley 222 que abrió la posibilidad para una consulta a posteriori con el nombre de “previa”. Es un intrígulis que pocos podrán entender y menos encontrar en él alguna congruencia. Pero luce como si el gobierno creyera que una nueva derrota sería insoportable.
La atmósfera en torno a este vaivén de cosas se volvió un poco más inquieta esta semana cuando el representante de las Naciones Unidas Dennis Racicot subrayó que el proceso en curso deberá estar libre de coerción. Es decir, el proceso que substituye al que debió ser proceso previo debería estar exento de presiones como la que denunció la dirigente Plácida.