CPE

Hacia el referéndum

Posted on Actualizado enn

El gobierno y los sectores que postulan el Sí en el referéndum del día 21 afirman que la obra del régimen que ha cumplido 10 años se mantendrá solo si continúa a cargo de  sus dos líderes principales. Todo peligraría si en el aún distante 2019 no fueran candidatos el presidente Evo Morales y el Vicepresidente Álvaro García para otros cinco años hasta llegar a 20 años continuos de gobierno.

El argumento no es sustentable. Algunos observadores citan un hecho histórico  inescapable. ¿Qué creen que decía Víctor Paz Estenssoro, cumplidos dos períodos alternados, cuando buscaba la reelección en 1964? Que el proceso que encabezaba y que ejecutó las reformas más amplias y profundas de la vida boliviana se iba a truncar si él no era candidato y que sólo él podría conducir el proceso de desarrollo económico que empezaba a asomar.

La insistencia en la reelección, que el estadista reconoció después como un error, llevó a su partido al descalabro y nunca más volvió a ser la fuerza que había escindido el Siglo XX boliviano en antes y después. Una lección fue que la obstinación por el ¨solo yo¨ obstruye el paso de nuevos líderes y puede llevar a desenlaces catastróficos.

Los bolivianos hemos sido convocados para aprobar o rechazar la modificación de la CPE para que el Presidente Morales y el Vicepresidente García puedan optar por una nueva reelección o se vayan a sus casas en 2020. Muchos están de acuerdo en que la convocatoria ha sido impropia por múltiples razones. Entre ellas, la impertinencia de un referéndum con efecto inmediato, contra la norma universal de legislar para el futuro, que busca apagar toda sospecha de que se articuló la modificación en beneficio de los proponentes. En nuestro caso, no ha habido reparos en sostener que, en efecto, se trata de habilitar a dos ciudadanos, lo cual empaña aún más la legitimidad del referéndum.

Otra pregunta que mortifica al ciudadano es si la modificación de la CPE que se busca será la única. Hay dudas de si podría jurarse que no habrá más e incluso sobre otros temas y si no se corre el riesgo de volver la CPE una armazón legal de plastilina, moldeable a toda circunstancia.

La prisa por el plebiscito del 21 ha sido explicada por los malos momentos que se avecinan para el país a causa de la reducción dramática del valor de sus exportaciones. El período que se anuncia puede durar años. Punto crucial es la pregunta que se  harán muchos bolivianos: Con referéndum o sin él, ¿podrá evitarse una rendición de cuentas sobre los años de la abundancia e investigación de hechos todavía no esclarecidos que marcaron al país? La lista puede ser larga.

 

Crónicas del Juicio del Siglo

Posted on Actualizado enn

Los abogados apelaron cuando en mayo de 2010 un juez de La Paz impuso medidas cautelares sobre el general Gary Prado Salmon, entre ellas prisión domiciliaria y prohibición de hablar con los medios de comunicación. Tres años después, la apelación aún no había sido resuelta pero, hace unos días, otros fiscales pidieron las mismas sanciones para el militar que el jurado del Juicio del Siglo rechazó tras la que probablemente fue una debatida decisión (deliberó  una hora). El incidente muestra las dificultades del proceso para avanzar sobre un camino agreste y  empinado desde que en febrero comenzaron las audiencias en Santa Cruz, bajo una presencia constante de los medios de comunicación.

Los acusadores deben demostrar que en Bolivia se intentó matar al presidente y a otras autoridades, en un proceso que, la acusación del gobierno afirma, buscaba crear una nueva nación. Los elementos esenciales del proceso fueron otra vez cuestionados en la última serie de sesiones, con la lectura de las incidencias  y excepciones que el jurado rechazó, salvo una inocua corrección en la numeración de páginas que carecían de orden. Los 29 conjuntos de observaciones fueron rechazados, en una decisión que los defensores, entre quienes están algunos que los mejores penalistas de Bolivia, no podían creer.   ¿“Será que somos tan tontos y que ellos son tan brillantes”?,  dijo, perplejo, uno de los abogados.

Un segmento emotivo comenzó cuando era juzgado el retiro del militar y su abogado, Otto Ritter, de la sesión del 26 de abril, en protesta porque el tribunal rehusaba cumplir, según interpretaron, toda la resolución del Tribunal Constitucional que declaró improcedente una decisión del juez Sixto Fernández contra el militar. La acusación vino con todo su peso para castigar a Prado Salmón con las sanciones a las que había apelado en 2010 sin quela justicia se hubiese aún pronunciado.

El incidente exhibe la fragilidad de la justicia nacional y agrava la inquietud sobre su paso lento y la indefensión en que pueden encontrarse muchos otros casos, carentes de la luz pública que ofrece el Juicio del Siglo. Se creyó que los jueces electos por voto directo en elecciones con una abstención gigante irían a resolver este atascamiento monumental. Las autoridades suponían que el sistema de elegir a los jueces –no designarlos por méritos- colocaría a la justicia Bolivia en una vanguardia mundial. Lo ocurrido prueba que seguimos en la retaguardia. Este concepto trae una conclusión: no se levanta una nueva estructura cuando no existen bases sólidas para hacerlo. El resultado puede ser peor de lo que se quería substituir.

El coronel retirado Zoilo Salces Sepúlveda, de Trinidad, contó su historia ante el tribunal desde su detención en 2010, tras haber ido voluntariamente a La Paz para a declarar. Lo llevaron preso, a una prisión de alta seguridad, en Chonchocoro, en pleno altiplano. De allí peregrinó por la cárcel de Oruro y volvió a la de La Paz. Salces expuso los argumentos con los que ya en Tarija se defendió pidiendo que su caso fuese auditado. En sus palabras, pasó ocho días detenido antes de ver a un juez; los tribunos de su caso no le prestaron atención y de hecho dispusieron que continuase su prisión preventiva en el penal pues no valoraron sus puntos de vista.

“Por favor, valoren lo que les estoy diciendo”, dijo el militar beniano. Y si no tengo razón, háganme entender por qué no tengo razón”. Tampoco esta vez tuvo respuesta. Para un hombre que no consigue entender por qué está preso, valía la pena citar una porción mínima de su exhortación.

Los tres defensores del Prado Salmón y el propio defendido ofrecieron una defensa densa en frases y argumentos. Fueron los momentos más intensos de la fase que culminó hace unos días. Por lo que se percibe entre quienes asisten a las audiencias (parientes de los acusados en su mayoría) y las entrevistas de los medios a la gente de la calle, la base de la acusación –separatismo- luce absurda -un país mediterráneo dentro de otro o una división y subdivisión de Bolivia-  y lejos de convencer.

La acusación martilleó sobre el abandono intempestivo protagonizado el 26 de abril por el general Prado Salmón y su abogado principal. El fiscal Sergio Céspedes calificó el acto como un desprecio por las garantías que había ganado con la  libertad condicional y como una manera de dilatar el juicio. La sesión había tenido que ser suspendida una hora antes de su término reglamentario después que el juez Fernández advirtió al militar sobre la gravedad de su decisión. La acusación recibió de contragolpe el razonamiento del abogado Ritter equivalente a “ver la paja en ojo ajeno”. Recordó que en la misma jornada del jueves 10 los acusadores se habían atrasado 25 minutos y que, meses atrás, la única explicación que habían dado a la repentina suspensión de las audiencias en Tarija era que “al Dr. (Fernando) Rivera se lo han cargado” (llevado preso), al arreciar las investigaciones sobre la red de extorsión denunciada por Jacob Ostreicher. “Nadie se quejó”, dijo. El abogado criticó el paradigma resultante de la nueva CPE  que, de acuerdo a uno de los fiscales, había suplantado el derecho a la vida. “Aquel  ‘patria o muerte’”gritó Ritter con, repicando la rrr  con vehemencia. ¿“Se lo recuerdan”?  Era el grito castro-guevarista pronunciado en una de las sesiones de Tarija, cuando la defensa  reclamaba por la vida de los acusados, especialmente la de Ronald Saucedo quien estaba mal y horas después tuvo un infarto.

El abogado Alberto Morales tocó una cuerda diferente: los acusadores querían castigar a Prado Salmón por haberlo ya hecho con el abogado Ritter (fue multado con $US 1.500). “No pueden responder con cárcel a un acto aquel del que se acusa al general. (Los acusadores) les están pidiendo a Uds. que apliquen la pena de muerte al general Prado. No sé si conocen las cárceles del país. La sola mención de la cárcel de Palmasola es ya una tortura”. De inmediato entró a mencionar las penurias cuando alguien de la familia es detenido, especialmente cuando la detención tiene sesgos políticos y peor todavía cuando la acusación es por un terrorismo o un alzamiento armado que no tiene pruebas firmes que lo sustenten.

El abogado Prado Araúz subrayó la contradicción entre la defensa del derecho la vida con el castigo que los fiscales querían imponer al militar al pedir su prisión en Palmasola.

El propio Prado Salmón cerró su defensa con pocas palabras para subrayar su escepticismo sobre la justicia boliviana. Al blandir un suplemento oficia ordenado por la Vicepresidencia sobre el “caso terrorismo” , Prado Salmón dijo en ese documento ni se lo mencionaba, pero que cuando al ex fiscal del caso Marcelo Soza le preguntaron por qué Prado estaba detenido, su respuesta fue le habían impartido la orden “desde La Paz”. Concluyó con una arenga: “Llegó al colmo mi paciencia. Si vamos a terminar en Palamsola, terminemos de una vez”.

Mejor saberlo ahora

Posted on Actualizado enn

Mientras el presidente Morales anunciaba en Cochabamba que el MAS se quedará en el gobierno “para siempre” y sus seguidores hablaban de reelegirlo en 2014, no muy lejos de Bolivia ocurrían otros hechos que habría valido la pena examinar y así moderar la euforia por lanzar al mandatario a otra carrera presidencial, legalmente todavía incierta.
El mismo día, El Nacional (*) de Caracas informaba que la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado de Estados Unidos había resuelto condenar las irregularidades y ruptura de normas legales en Nicaragua en los comicios para reelegir a Daniel Ortega el 6 de noviembre. Al deplorar “la interrupción del orden constitucional en Nicaragua que condujo a la reelección fraudulenta” del mandatario, pedía que la OEA informase sobre “irregularidades constitucionales” en aquel país. La resolución instaba a las secretarías de Estado y del Tesoro a tomar medidas inmediatas que estimulen el restablecimiento del orden constitucional (léase presiones políticas y económicas). La resolución, que debía ser aprobada por la reunión plena del Senado, buscaba también fortalecer la capacidad de la OEA para “proteger a las instituciones democráticas y responder a la erosión de la democracia”. Esa respuesta, dice la versión, podría llevar a invocar artículos punitivos incluidos en la carta Democrática Interamericana relativos a las “interrupciones inconstitucionales del orden democrático”. En caso extremo, los mecanismos de la carta prevén la suspensión de la OEA del estado infractor, con la votación de dos tercios de los miembros de la organización.
Perdón por ir tan lejos, pero sería miope ignorar que esa resolución puede, eventualmente, también apuntar a Bolivia, con el partido de gobierno ya embarcado en una prematura carrera electoral.
El Art. 168 de la CPE establece que el mandato presidencial es de cinco años y que el mandatario y su vicepresidente pueden ser reelectos “por una sola vez de manera continua”. En las disposiciones transitorias se establece que los mandatos anteriores a la vigencia de la CPE actual serán tomados en cuenta para computar los nuevos periodos de funciones. Este es un punto que no está terminantemente claro. El gobierno alega que el primer mandato del presidente fue “interrumpido” por el referéndum revocatorio. En cambio, quienes ven la norma de otra manera replican que, bajo la actual CPE, no existe otro presidente que hubiera tenido un “mandato anterior” y que la disposición se refería específicamente al presidente Morales y por eso se la aprobó como norma transitoria, sólo que una CPE no suele nombrar nombrar personas.
Hace pocos días, el vicepresidente, al decir que consideraba cumplida su labor “bolchevique, jacobina, de la línea dura espartana” y que su tarea acabaría en 2014, afirmó que la CPE otorgaba al presidente el derecho a postularse una vez más.
Mirar nuestra propia historia puede ser instructivo. El presidente Víctor Paz Estenssoro forzó cambios constitucionales para concurrir nuevamente a la presidencia en 1964, sólo para ser depuesto dos meses después por un golpe militar. Años adelante, reconocería que buscar la reelección (o re-re) había sido un error que le costó su gobierno y el fin de ese ciclo del MNR.
Un aparte. Con frecuencia, el país no ve el bosque por mirar el árbol. La inundación de informaciones sobre planes, anuncios industriales, mercados y acuerdos de YPFB contribuyen a nublar la realidad hidrocarburífera boliviana: nuestras reservas han disminuido verticalmente; la producción de gas está estancada y la de petróleo llega a sólo 4.000 y tantos barriles por día, un décimo de lo que producíamos hace cuarenta años. Las subvenciones al diesel y gasolina le costarán al erario público este año unos 700 millones de dólares: 70.000 escuelas amobladas y hasta equipadas ($10.000 cada una, grosso modo). O, si se quiere, 700.000 computadoras. Esto lleva a un amigo con largo tránsito en la industria petrolera a decir que país sin energía es país que muere. Me resisto a creerle.

(*) El primer campanazo lo dio la reseña diaria que ofrece Instituto Prisma.Que yo hubiera visto, ningún otro medio boliviano, ni tradicional ni electrónico,  tomó esa bandera informativa.