Corrupción

Como México no hay dos

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(Nota publicada por El Deber de Santa Cruz el 15 de julio, 2018)

Andrés Manuel López Obrador ha traído vientos renovados para las corrientes de la izquierda en el continente, en momentos en que estaban en retroceso, resultado principalmente de la ineptitud y deshonestidad de los propios gobernantes izquierdistas, de graves violaciones a los derechos humanos de cuyo respeto algunos de ellos juraban que eran campeones, y por la repentina oportunidad que el poder brindó a unos pocos para enriquecerse por generaciones. Una pregunta que recorre el hemisferio es si AMLO, como ahora es universalmente conocido, podrá escapar al estigma que marca a los regímenes que se jactan de distribuir en desmedro de producir y acaban perdidos por propósitos continuístas.

Las primeras imágenes suelen ser las más duraderas. En medio del júbilo de millones que lo veían por televisión, el presidente electo subrayó sus expectativas con una humildad que contrastaba con el abrumador 54% de la votación que acababa de obtener: ¨Quiero pasar a la historia como un buen Presidente de México. No les voy a fallar¨, prometió en su primer discurso tras su elección.

Escucharlo me llevó a evocar a otro personaje que, 15 años antes, acababa de jurar al cargo y se dirigía a una multitud de seguidores. Era Luiz Inacio Lula da Silva, que discurseaba ante miles congregados en la imponente avenida que sirve de cuerpo central para la figura de avión bajo la que fue construida Brasilia.

La llovizna de esa tarde de enero de 2003 no desanimó a la multitud que aguardaba expectante al líder que había ganado la presidencia en segundo turno y abría un período de grandes esperanzas. Lula arrancó lágrimas cuando dijo que su mayor aspiración era concluir su mandato habiendo conseguido que ningún brasileño fuese a dormir con hambre. Al dejar el gobierno ocho años más tarde, con una reelección a cuestas en 2007, pudo jactarse de haber conseguido extraer de la pobreza a unos 30 millones de brasileños e incorporarlos a la categoría de clase media.

No era poco. Esa población triplicaba la de Bolivia o duplicaba la de Chile. Ocurría, sin embargo, en medio de una escalada de precios espectacular para gran parte de las materias primas que daba una sensación de bonanza ilimitada a las arcas brasileñas y que el cielo era el límite. Pero el júbilo no tuvo aliento duradero.  La austeridad no sería el signo de los gastos gubernamentales brasileños en los años que vinieron. La honestidad menos.

Uno de los primeros escándalos ocurrió al ser expuesto un sistema de sobornos a los legisladores que garantizaban al gobierno el pasaje de todos sus proyectos. Fue el ¨mensalao¨, o la mesada que recibían los parlamentarios del Partido de los Trabajadores (PT) y de la coalición aliada por alinearse disciplinadamente con el gobierno. Tiempo después vino la factura, que ahora tiene a Lula en la prisión y a su sucesora, Dilma Rousseff, cerca de hacerle compañía tras haber sido apartada del gobierno por otro mega escándalo, el de maquillaje de las cuentas públicas para mostrar buenos resultados donde las cuentas estaban en rojo. El estigma de la deshonestidad, o del robo y el raterío, en lenguaje mas callejero, han sido marca profunda en regímenes populistas y autoritarios.

En nuestro caso, recordemos que la caída del MNR en 1964 ocurrió bajo una percepción generalizada de que el país había sido tomado por asalto y que la corrupción era un signo transversal y vertical del régimen que se iba; o también el descontento que cundió bajo el régimen militar del general Banzer con el enriquecimiento de muchos de su círculo más estrecho, represión y sobreprecios. Lo que vino y la sucesión de otros escándalos amortiguaron el peso del bagaje de las décadas de 1960 y 1970.

El ámbito regional de AMLO no es muy ejemplar. En el norte sudamericano, Venezuela ha roto todos los parámetros de comportamiento de los estados y el régimen de Nicolás Maduro desfallece sin más aliados que Bolivia, Nicaragua y Cuba. Para el recién llegado AMLO, Nicolás Maduro puede resultar demasiado tóxico para merecer algún gesto de México más allá de decir: ¨Arréglenselas ustedes. Respeto la no intervención y no me meto¨.  El nuevo mandatario mexicano no querría entrar a las aguas turbulentas de Venezuela cuando su posesión ocurrirá en cinco meses, una eternidad cuando se aborda la urgencia de sanear el pantano venezolano. La presencia de Maduro es incómoda en el continente, salvo en aquel trio de países que tampoco pueden hacer mucho por un sistema colapsado.

La sociedad mexicana y, en verdad, todo el mundo, estarán atentos a cómo luchará contra la corrupción, para comenzar con ¨la mordida¨ que gobierna desde gran parte de las relaciones interpersonales hasta los grandes contratos del Estado. ¨No voy a tener la corrupción a raya. La voy a erradicar¨, prometió durante su campaña.

Por lo que espera, la tajada será multimillonaria como para acometer trabajos capaces de convertirse en demostración y tener jactancias tipo¨esto costó tanto y fue financiado con la represión sobre gastos agigantados que se iban a realizar en tales y tales sectores. Los responsables están siendo procesados¨.

¿Un sueño?  Cierto, pero sería el camino ideal que promete AMLO.

Del vecindario izquierdista no será mucha la inspiración que AMLO pueda conseguir. La cruzada que pretende emprender contra la corrupción, que identifica no como un fenómeno cultural mexicano sino resultado de la decadencia de regímenes anteriores, es la que puede emerger como gran contribución mexicana a la cultura del continente y a conferirle brillo.  En un gesto capaz de ruborizar a otros líderes de la región, ha archivado el avión presidencial y se dispone a viajar no solo con modestia y sino a donde su presencia resulte imprescindible.

Con gran simpleza que expuso en sus tweets, dijo que no habla inglés (¨no lo necesito¨) y que con el castellano tiene suficiente. Sin aumentar impuestos ni endeudar al país, todo apuntala su idea aún vaga de una gran revolución dentro de la legalidad, sin efectos desestabilizadores ni pérdida de inversiones. Parece la cuadratura del círculo, pero ante su manera de decirlo trepidan hasta los escépticos.

Su gran reto yace al norte, donde Donald Trump cree que puede moldear el TLCAN a su visión unilateral del mundo.  AMLO tiene una vision distinta de la que tenía hace 20 años cuando era opositor intransigente a la integración comercial con el país a donde ahora van cuatro quintas partes del comercio exterior mexicano.  Ambos con fuertes rasgos populistas podrían encontrar en esas similitudes puentes para entenderse. En ese empeño, AMLO cuenta con una ventaja importante sobre Trump: de su lado estará Canadá, el tercero en el esfuerzo por redibujar el mapa del libre comercio en América del Norte.

 

 

¿RebeCop Delgado?

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El turbión de denuncias y arrestos que esta vez arrincona a jueces y fiscales ha eclipsado parcialmente a una de  las protagonistas del capítulo en desarrollo. Rebeca Delgado, la Presidente de la Cámara de Diputados, se ha vuelto una navaja en el zapato de algunas autoridades y dirigentes de su partido. Tras haber ganado por puntos la pelea con el Ministro de Gobierno Carlos Romero en torno a  la  ley de extinción de dominio sobre bienes mal habidos (que supuestamente iba a contrarrestar la corrupción cuando la corrupción ya anegaba varios compartimientos del barco del gobierno)  la legisladora cochabambina lanzó de nuevo el sombrero al cuadrilátero. Dio un ultimátum para que hasta “mediados o fin de mes” las investigaciones abarquen niveles de mayor jerarquía y avancen al segundo y primer piso.  Es probable que  haya quienes no desean que el turbión se extienda más, pero sospecho que el ímpetu que lleva no tiene control y que pronto puede engullir a otras personalidades.

Coincidencia o no, las tareas policiales han arreciado estos días. Jacob Ostreicher ahora puede defenderse en libertad, lejos de Palmasola, ahora bautizado como uno de los penales más oprobiosos del mundo. Lo mismo ocurre con Dirk  Schmidt, el alemán que decía que se jugaba la vida en defensa del presidente Morales y que incomprensiblemente acabó preso acusado de alzamiento armado por causa de armas de caza con las que practicaba incluso al lado de algunos de los agentes que lo detuvieron.  Estas personas, como muchas otras, incluidas las de una insuficientemente investigada “masacre” en Porvenir hasta otras arbitrariamente involucradas en el gastado “caso terrorismo”, han tenido sus vidas desarticuladas. Lo que han perdido es incuantificable, gran parte por culpa de  moradores del primer y segundo piso del gobierno cuya identificación buscada por la legisladora Delgado puede resultar desagradable para  los malhechores.

Es probable que los abogados presos hayan sido parte de la legión contratada por el gobierno del MAS para forzar la corrección de entuertos (“Legalicen ustedes. Para eso han estudiado”). La cuestión es que los neo-presos pueden haber sido piezas esenciales de una arquitectura encargada de dar apariencias de legalidad a actos que el gobierno consideraba políticamente necesarios para su confort interno y externo (el fin justifica los medios). Las tareas que tenían a su cargo eran indispensables en el diseño del “Socialismo del siglo 21” que sus críticos dicen que se arropa de democracia con una justicia sumisa y dependiente que permite a los gobiernos que lo adoptan presentarse ante el mundo con un traje democrático falso.

No está claro si los que ahora están tras las rejas tendrán sustitutos ni cómo orientarán sus tareas los nuevos legionarios del singular sistema de justicia que habían instalado en Bolivia. En todo caso, tendrán ante sí una tremenda lección del tamaño de la eficiencia con la que manejen los asuntos a su cargo: pueden también acabar entre rejas.

RoboCop (1987) es un personaje de la ficción cibernética. Resurrección de un policía que en su versión humana tuvo una muerte cruel en manos de maleantes, se trata de un tenaz vigilante de la ley y terror de los delincuentes que no se interesa en medir consecuencias sino en cumplir su labor. Es plausible preguntarse si los afanes de la legisladora, cuyo nombre he alterado para simular el de la ficción, la llevarán a incluir en el ultimátum el esclarecimiento de la represión en Chaparina, Hotel Las Américas y otros casos sórdidos, o quiénes y dónde están los responsables de  las empresas fallidas, creadas o asumidas por el estado.

Apasionada confesa de la cocina (lapping y costillar de cordero, con sabor cochabambino, claro),  quién sabe si en su agenda  de limpieza y su ultimátum incorpora no sólo fiscales y jueces corruptos.

El complicado ingreso a Mercosur: Agenda pendiente

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Una visión desde Brasil. El diario financiero Valor, publica hoy lunes una nota de su editor internacional Sergio Leo sobre el ingreso boliviano a Mercosur. La que sigue es una transcripción parcial de ese trabajo.
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Negócios en Bolívia, qué desea Mercosur

Las negociaciones para el ingreso de Bolivia al Mercosur, a iniciarse oficialmente con la reunión del bloque esta semana, ocurren en un momento de los más delicados en la relación del país andino con Brasil. Mientras avanza la coperacion bilateral en el combate a las drogas y los crímenes transfronterizos, los brasileños en Bolivia reclaman apoyo de Brasilia para defender los intereses de empresas perjudicadas en sus negocios, de ciudadanos brasileños victimados por un poder judicial “kafkiano”, de productores rurales con tierras invadidas sin amparo de la policia y de la justicia local, y de los dueños de vehículos cuyas movilidades fueron robadas y recuperadas pero hasta ahora no devueltas.
El gobierno de Evo Morales tiene prisa para entrar al Mercosur, donde espera tener apoyo económico, y está en medio de un escándalo del tipo que de vez en cuando asedia a los países de la región. Altos funcionarios del gobierno están presos al ser desbaratada una red que incluía la extorsión sobre opositores presos, amenazas a jueces y documentos fraguados para la prisión o libertad de individuos.
La cuadrilla fue descubierta con intervención del FBI, con el que el gobierno boliviano ha pasado a cooperar luego de gestiones del gobierno americano y hasta de un pedido personal al presidente Evo Morales del actor Sean Penn, amigo de una víctima de los bandidos.
El ingreso al bloque debería presionar al gobierno boliviano
La prisión de la cuadrilla fue causada por el caso dantesco de un americano detenido “preventivamente” hace 18 meses, cuyos bienes fueron incautados y vendidos por los bandidos, aprovechando la máquina del gobierno. Nada parecido ha ocurrido con los ciudadanos brasileños, pero estudiantes brasileños (en Bolivia) se quejan de acoso de la policía, que les reclama documentos cuya entrega es inexplicablemente demorada por la burocracia boliviana.
La misma demora ocurre con la regularización de títulos de tierras, que expone a los agricultores a actos arbitrarios. También sin explicación está el atraso para devolver centenas de automóviles brasileños robados o incautados en territorio boliviano, donde se aherrojan a la intemperie.
De la situación de empresas brasileñas atraídas a Bolivia un caso notable es el de D’Andrea Agrimport, contratada para suministrar máquinas y montar una fábrica estatal de papel. El gobierno boliviano debía garantizar las obras de ingeniería y la entrega de gas, agua y electricidad, servicios contratados (y aún no entregados) con una empresa boliviana dirigida por el hermano de un bien contectado viceministro del gobierno.
El director de la empresa brasileña tuvo su contrato rescindido por la acusación de incumplimiento de plazos y las autoridades bolivianas lo acusan, sin pruebas, de entregar maquinarias viejas. Su intención de recurrir a un arbitraje fue rechazada por presión del gobierno, según afirma, y sólo el pasado viernes, casi un año después de conocido el caso, tuvo oportunidad de ser escuchado en un proceso.
El riesgo de intervenciones indebidas también pende sobe la OAS, que, amenazada por multas cuestionables,se prepara para salir del país, luego de ver atascadas por conflictos políticos la construcción de carreteras contratadas por el gobierno.
Hace un año que la Votorantim procura viabilizar la inversión privada más grande en el país, una fábrica de cemento, de $US180 millones. La obra ya fue aprobada por el gobierno boliviano que, sin embargo, no garantiza la entrega de gas. Las autoridades locales alegan que no hay estudios que garanticen que los suministros no afectarán  las entregas del contrato mayor de venta de gas a Brasil o al medio ambiente.
La empresa ya envió esas garantías, pero el que los socios brasilenos no fuesen del grupo alineado con el gobierno es visto como posible motivo de las dificultades.

No todas las historias tienen a Brasil como víctima y a Bolivia como villano. Con la huelga de las aduanas brasileñas, una operación de la cementera de la Votorantim en el Mato Grosso, con materia prima de los socios bolivianos, sufre con retenciones arbirarias de los fiscales en Brasil, lo que causa días de retraso en el pasode camiones. En Bolivia escasea el cemento y Brasil tiene parte de la culpa. Igualmente, los productores de soya se quejan que el Ministerio de Agricultura hubiera necesitado de un año para expedir la autorización de venta en el mercado brasileño de los excedentes del grano boliviano. Los bolivianos también se quejan del atraso en la entrega de $US 700 millones prometidos por Brasil por los componentes nobles del gas que importa de Bolivia. La falta de diálogo en temas como estos no es lo que se espera de un líder regional. Es aún menos aceptable que, por temor de parecer una especie de subpotencia imperialista, Brasil deje de exigir del gobierno boliviano la revisión de las decisiones oficiales que injustamente perjudican a los brasileños  en Bolivia –como hace Estados unidos en el caso del americano preso arbitrariamente.

NR: Editada este martes 4 de diciembre.

El sistema y la avalancha

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La desarticulación de la red de la que se asegura que formaban parte los abogados Fernando Rivera, Dennis Rodas y otros destacados funcionarios del segundo círculo del gobierno es sólo un paso. La red manejaba  casi una docena de casos de interés del gobierno, entre ellos el diamante de la corona: el “caso terrorismo”. Que los hombres de esta célula se moviesen a gusto en las funciones sórdidas que ejecutaban y que exhibiesen un poder más blindado que el chaleco anti-balas que lleva el estadounidense Jacob Ostreicher es inexplicable si no se especula que tenían contacto con integrantes del primer círculo. Es inevitable concluir que el país está ante un sistema y que el juego recién empieza.
La crueldad de este sistema se la siente en la desazón de quienes ahora comparecen ante una justicia con la que sus cables están cortados y sin conexión con el o los cerebros principales. En este paradojal vuelco de campana del destino de los neo-procesados, resulta inevitable pensar en las vueltas que da la vida, pues ahora reclaman lo que antes negaron o impidieron a quienes resultaron sus víctimas.
Tras la detención de algunos de los integrantes de esta red han comenzado a saltar denuncias sobre otros casos de quienes han sufrido el poder inicuo de la extorsión. En la calle se escuchan las historias secretamente contadas sobre cómo algunos lograron protegerse momentáneamente cediendo al chantaje. Esas historias empiezan a ser públicas. La Razón de hoy menciona nueve en una crónica informativamente valiosa, que muestra las vertientes de la extorsión. Es posible que los que han lucrado, tengan pronto una cita con el destino.
Parecería que ha ocurrido lo imprevisto, el factor imponderable que determina muchos capítulos de la historia humana. Todo el sistema en el que medra la corrupción cruje ante el ímpetu que la avalancha comienza a cobrar.

Jornada de la vergüenza

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La del miércoles 28 de noviembre ha sido sentida por muchos bolivianos como una jornada de la vergüenza ante las muestras inocultables de una justicia envilecida capaz de engendrar y acomodar a hombres como los que participaron en el calvario que ha vivido y continúa viviendo Jacobo Ostreicher. La jornada ha puesto ante todos nosotros escenas que sólo conocíamos de los relatos de las mazmorras de regímenes en los que la persona es sólo una prenda a ser ofrendada en aras de un principio, un partido o una ideología.
Un escalofrío recorre la columna al pensar que estos hombres han tenido en un puño el destino de muchas personas, entre las cuales Ostreicher sobresalió porque a) venía de Nueva York, b) era judío y c) era rico (en la escala boliviana). El FBI ha concluido, aseguró el inversionista, que él fue prácticamente secuestrado bajo una sospecha no sustentada de legitimación de ganancias ilegales.

El que mostraron las imágenes de TV es un hombre destruido físicamente, que pasó del paraíso economico a un infierno en el que, sin embargo, tiene plantada una fe inmensa: “Creo en Dios”‘,  dijo, manos temblorosas por el Parkinson que lo acosa en a cárcel.  Esas manos serán una imagen acusadora indeleble de este 2012.
Celebro que la mayoría de los medios bolivianos hubiese enfocado sus luces sobre este caso, algunos con una demora de más de un año, para mostrar el rostro inmundo de la corrupción. (Esta palabra se ha vuelto un eufemismo para omitir su significado vulgar: ladrón, asaltante).
No existe atenuante alguno en este caso, que resume una torcida viveza criolla con la frialdad abyecta de la codicia por los bienes ajenos y el desprecio por la dignidad de la persona humana, concepto desconocido por quienes piensan solamente en la manera de acumular riqueza sin esfuerzo y a costa del prójimo y del estado al que dicen servir. “Entre 10 y 15 personas se volvieron millonarias con mi arroz”, dijo en una de las entrevistas que ofreció el miércoles. Las entrevistas han sido la única garantía de hacer escuchar su verdad, embargada por jueces y fiscales pusilánimes ante la voz del poder del Ministerio de Gobierno. Veintisiete veces intentó argumentar su inocencia y recuperar la libertad, negada por el juez de turno que, según ha dicho Ostreicher, obedecía cabizbajo las instrucciones que recibía de los abogados del gobierno, ahora presos.
Ostreicher ha dicho que en Palmasola, la cárcel de Santa Cruz, el abogado (desde el martes ex abogado del Ministerio de Gobierno) Fernando Rivero ha destruido familias. En la Red Uno de TV dijo: “Si uno va a la Corte y Fernando Rivera dice que no, es no… Saben que está mintiendo; los jueces saben que está mintiendo. Yo nunca tuve (dije) nada malo con (contra) este país y (sin embargo) te destruyen y te roban todo y no te dejan hablar”. Con chaleco anti-balas y desde la clinica en la que está recluido, en el mismo programa dijo que hay muchos inocentes que no pueden llegar a los medios porque se los priva del acceso al público.

De todo este escándalo al que durante mucho tiempo el nombre de Bolivia será asociado, emerge una ironía cuyos alcances dañinos no podrán ser cuantificado de inmediato: El agro-inversionista vino confiado en la palabra del Presidente Morales quien en Suiza y en otras latitudes ha proclamado que su gobierno ofrece garantías a los inversionistas privados. (“El dijo en televisión que los inversionistas extranjeros pueden venir y que la inversión era segura; yo respeto las leyes de Bolivia; yo respeto a Evo Morales; di trabajo a muchas personas y fui destruido. Sus enemigos (del presidente) son los jueces y fiscales…”)
Una de las notas conmovedoras que más indignación provocó fue el episodio que contó sobre su esposa quien, solidaria con su marido, se vino a Santa Cruz para apoyarlo. Le llevaba comida a Palmasola, donde, bajo el inclemente sol tropical, esperaba pacientemente durante horas para ingresar al penal. Ostreicher dijo que cuando salió en su defensa pues un fiscal lo había acusado públicamente de negocios ilícitos y habló para la cadena internacional CNN, el fiscal Isabelino Gómez la acusó de interferir con la justicia. Corría el riesgo de ser llevada presa y tuvo que salir fugazmente de Bolivia.

Ostreicher tuvo la fortuna de ser visitado por Sean Penn hace algunas semanas, lo que confirió notoriedad a su caso. Ganador de dos premios Oscar, el actor fue designado por el Presidente Morales como embajador para causas justas, entre ellas la demanda boliviana de salida al mar. La visita a Ostreicher puede haber catapultado otro reconocimiento universal: la libertad de un ciudadano estadounidense preso en una mazmorra boliviana.

La oportunidad es calva

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Los ojos de gran parte del país ahora están sobre el presidente Evo Morales. Tras empezar el desenrollar de la cadena de corrupción descubierta con el caso del agro-inversionista Jacob Ostreicher, han aparecido funcionarios del gobierno comprometidos con una voraz práctica de extorsión en las narices de cuando menos dos integrantes del equipo ministerial. Hay trece funcionarios en la lista de buscados. Seis ya están detenidos, uno de ellos el abogado del gobierno en el “caso terrorismo” que se arrastra impávidamente desde hace 43 meses. La oportunidad, dice el viejo refrán, la pintan calva. Quizá ahora el presidente tiene la ocasión de recuperar muchos de los puntos perdidos y ganarse otros si es capaz de realizar enérgicamente las cirugías requeridas para evitar que su gobierno sea contaminado por una imagen que ningún gobierno responsable toleraría.
La única manera de neutralizar las sospechas de corrupción alimentada desde el gobierno sería amputar a los funcionarios que en mayor menor grado aparecen vinculados al presente y a otros casos. El presidente tendrá que cortar en su propia carne y donde más le duela. Sólo así podrá ganarse una confianza sólida de la sociedad boliviana y recuperar la imagen cada vez más empañada que proyecta ante otras naciones.
En un congreso sobre corrupción que se desarrollaba en Brasilia, en momentos en que el gobierno de Luiz Inacio Lula da Silva estaba acosado por denuncias de corrupción, que años más tarde derivarían en condenas de cárcel para algunos acusados, un delegado búlgaro me dijo: “Tiene que cortar en su propia pierna. Sangrará, pero la herida puede restañar. Eso le permitirá rescatar su imagen ante el público de su país”. Bulgaria estaba entonces acosada por la corrupción, como otros países que emergieron tras la caída del Muro de Berlín. Lula apartó a la gente del gobierno que parecía implicada y dejó que la justicia siguiera su curso. Consiguió ser reelecto para un segundo periodo, y aún así el panorama que tiene por delante no está del todo despejado.
Hay niveles del gobierno que aparecen vinculados al tormento judicial sufrido por Jacob Ostreicher, quien ha perdido una fortuna, está preso y gravemente enfermo, víctima de una justicia cuya credibilidad hace aguas por todos lados hace mucho tiempo. Si el presidente quiere salvar su imagen, debe proceder a “cortar en su propia pierna” y apartar de su gobierno a todos los que aparecen involucrados en este caso e ir hasta las cabezas. Pues si los funcionarios involucrados fueron capaces de actuar cínicamente para lucrar, es legítimo sospechar que contaban con el visto bueno de sus superiores. El clan de extorsionadores trabajó bajo las gestiones de cuatro ministros de gobierrno (incluso el actual y tres de sus antecesores inmediatos, entre ellos Sacha Llorenti, actual embajador de Bolivia en las Naciones Unidas) y del actual Ministro Secretario de la Presidencia.
El presidente se  encuentra ante una “decisión de Sofía”: escoger entre salvar a su gobierno y su prestigio personal o dejar que los que tienen mando y eran activa o pasivamente responsables de lo que ocurría permanezcan y contaminen a toda su administración. Se trata de una decisión dolorosa, como toda amputación cuyo objetivo es evitar que la infección se propague por todo el organismo. Quizá sea una de las pocas ocasiones de separarse de los elementos infectados que pueden liquidarlo.

Caso terrorismo: Abogado del gobierno va preso

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El abogado del gobierno en el llamado “caso terrorismo” Fernando Rivera Tardío fue esposado y traído preso a Santa Cruz por funcionarios de la policía durante el desarrollo de la sesión que desde el lunes se lleva a cabo en Tarija. El apresamiento, resultado de denuncias del inversionista estadounidense Jacobo Ostreicher preso desde hace año y medio en Santa Cruz, cayó como un rayo en la audiencia de Tarija. La sesión fue suspendida hasta el jueves, pues repentinamente del proceso desapareció el representante de la parte querellante. El juez del proceso otorgó un plazo de poco más de un día  para que el Ministerio de Gobierno designe a un sustituto. Los acusados permanecerán el Tarija.

Tras salir de la perplejidad, los procesados que presenciaban la insólita escena “vivieron uno de los momentos más felices durante todo el proceso”, me dijo una persona relacionada con uno de los acusados presentes en Tarija. “Cantaron la ronda ‘arroz con leche’, aplaudieron la escena y le dijeron a la autoridad del gobierno: Te esperamos” (en la cárcel de San Pedro, en La Paz). Me aseguraron que el fiscal Marcelo Soza estuvo en la audiencia pero que no dijo una palabra.

Inesperadamente, todo el caso que ha tenido en vilo a cientos de cruceños desde hace tres años y siete meses se encuentra desprovisto de una cabeza acusatoria. Si esta cabeza va a la prisión acusada de extorsión en un caso que se arrastra desde hace año y medio y que surge como la que parece ser una de las peores llagas del sistema judicial boliviano, ¿qué se puede pensar de todo el proceso? ¿Del actual y de otros?

Más inquietante aún es cómo el supuesto caso terrorismo-separatismo se cruza con el que surge del arresto del ciudadano norteamericano. Unas 14.000 toneladas de arroz están desaparecidas de un total de 20.000 toneladas. El valor del producto desaparecido está calculado en unos 14 millones de dólares y sólo se sabe de $US 10.000, girados por el empleado de un ingenio arrocero sobre la cuenta particular de un funcionario del gobierno. ¿Dónde está el resto? El gobierno está atrás de trece personas, hasta ahora. Más de la mitad aparece como parte del gobierno (uno figura como ex funcionario del Ministerio de la Presidencia).

Una pregunta angustiosa está en la garganta de muchos bolivianos: ¿Son estas personas solamente la punta de un témpano? ¿Quiénes son la parte más gruesa y pesada del témpano? Pocas veces la pregunta de una persona de la audiencia del programa “No Mentirás” en PAT pareció tan pertinente: Si la corrupción llega a funcionarios tan próximos a ministros de estado, ¿cómo será en otros niveles?

La detención del abogado del gobierno ocurrió cuando la audiencia de Tarija había sido sacudida, el lunes, por una nueva intervención de “El Viejo”, el controvertido personaje que emergió en las noticias nacionales como el “testigo esencial” del fiscal Soza, quien luego ordenó su detención acusándolo de complicidad con toda la trama.

Ignacio Villa Vargas dijo que los interrogadores del gobierno trataron de forzar que declarase implicando al cardenal Julio Terrazas como financiador de los supuestos terroristas. “El Viejo” consiguió hablar extensamente durante la audiencia, pese a las protestas del fiscal Soza. Como ha sido casi un hábito, el personaje, ahora recluido en una silla de ruedas, acosado por la diabetes y problemas cardiovasculares, pidió que se le dejara hablar pues estaba seguro que no llegaría vivo al final del proceso. Y contó que no comía lo que le servían en el penal de “El Abra”, en Cochabamba, pues se había querido envenenarlo. Dijo que a poco de ser llevado a esa prisión dio la comida a dos perros, que murieron al día siguiente.

La ametralladora verbal de “El Viejo” disparó otras municiones. Dijo que la explosión en la residencia del Cardenal Primado fue ejecutada por el  entonces agente gubernamental Luis Clavijo y la dragoneante policial Marlyn JudithVargas Villca (“Karen”). La afirmación  puede hacer que los dos funcionarios, junto al capitan Walter Andrade (el de la fotografía en la que aparece al  lado de Eduardo Rózsa Flores durante un churrasco en Santa Cruz), sean convocados para declarar en el proceso.
Para el miércoles y el jueves estaba prevista la intervención de Alcides Mendoza y Juan Carlos Guedes, considerados dos pesos significativos en el grupo.

Este martes corría la versión de que las autoridades del gobierno preferirían cancelar el proceso oral pues parecería evidente que la parte acusadora no tiene fortaleza argumental para contrarrestar a la defensa, que tiene en jaque constante la teoría de que en Bolivia se intentó desatar un movimiento separatista, precedido de actos terroristas.

El juez Sixto Fernández anunció inicialmente un parentesis de 48 horas para que el gobierno designe al sustituto del representante preso, pero la defensa observó el  plazo. Pudo haber influido en el ánimo de los jueces la sentencia bíblica a la que acudió el abogado Otto Ritter, del general Gary Prado Salmón, para que reconsideren el plazo: “con la misma vara que  midieres serás medido después”.

Quiebra de brazo

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Este martes una “quiebra de brazo” entre el gobierno y los gremialistas-transportistas en Santa Cruz opuestos a una ley de facultará al estado a confiscar bienes de personas vinculadas con narcotráfico, contrabando y sospechosas de haberse enriquecido robando al estado. Los “paristas”, que consiguieron paralizar gran parte de la jornada y obligaron a la policía a utilizar centenas de cartuchos de gas lacrimógeno en puntos de bloqueo en Santa Cruz, exigen que el gobierno no solamente desista de promover esa ley. Quieren arrancarla de raíz y hacerla desaparecer. Sostienen que para combatir el narcotráfico, el contrabando y la corrupción ya existe una ley anticorrupción específica y la llamada “Ley 1008”, promulgada durante el último gobierno de Víctor Paz Estenssoro.  Además de anular casi por completo el sistema de transporte, los “paristas” consiguieron el cierre también de gran parte de los mercados.
Los participantes fueron miles y exhibieron fuerza al lograr que muy pocos vehículos de transporte público prestaran servicios. El concejal “masista” José Quiroz fue de los poquísimos que se atrevió a desobedecer la orden de los transportistas e hizo su recorrido regular sin cobrar sobreprecio. La policía y organismos gubernamentales pusieron a disposición del público decenas de movilidades, incapaces de cubrir la demanda pero suficientes para restar al paro un carácter absoluto.
El gobierno, en una decisión poco usual en estos años, envió su controvertido proyecto de ley (incluso la presidenta de la Cámara de Diputados lo consideró incompleto e inconsulto), al Tribunal Constitucional para que determine su constitucionalidad. En Sucre, donde tiene sede, miles de “gremialistas”, como se llama a los vendedores ambulantes en Bolivia (buhoneros, en Venezuela; camelos, en Brasil), hicieron vigilia a las puertas de ese tribunal reclamando que declare muerto al proyecto.
El paro, al que pueden seguir otros en otros departamentos, ha sido una prueba de fuerza del gobierno ante uno de los sectores de apoyo más importantes. El movimiento no fue completo, pero sirvió para mostrar al gobierno que los ambulantes conservan su independencia cuando se trata de defender sus intereses. Temen que con la ley sus bienes, incluso viviendas o vehículos, sean confiscadas a la menor denuncia y acaben, como se ha visto frecuentemente a lo largo de los años, beneficiando a particulares al servicio del partido oficial. No fueron pocos los que, al hablar a los canales de TV, manifestaron su descontento con el presidente y sus autoridades, subrayando la importancia del sector en las votaciones que ha obtenido el mandatario en elecciones y plebiscitos desde 2005.
Los “gremialistas” son considerados como una ventana de salida para productos de contrabando.
Si el TC declara ilegal el proyecto, será un alivio para las autoridades. Si lo declara legítimo, un incendio de magnitud prenderá a la vuelta de la esquina. Hubo tres heridos,cuando menos en la batahola en la zona norte, carretera al aeropuerto principal, de Santa Cruz. En la tarde, había unas dos docenas de detenidos que serían juzgados por alteración del orden público.

Condenas ejemplares

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Parece el sumario de una telenovela. Las operaciones de una cuadrilla de la más alta alcurnia política gobernante que echaba mano de los recursos del Estado para sobornar legisladores y asegurarse la mayoría afloran a la luz pública cuando uno de los comandantes las denuncia. Un vasto esquema de corrupción emerge ante los ojos atónitos de la ciudadanía. Durante siete años desfila ante el público una trama fantástica de sobornos que operaba desde el corazón del poder. Se teme que la justicia sea incapaz de castigar a los responsables. Contra muchos vaticinios, un magistrado negro de origen humilde y acendrada moralidad asume la relatoría del caso y los tribunos reivindican a la clase judicial: declaran culpables a los responsables, en una decisión que devuelve confianza en la justicia.
El bullicio de las elecciones en Venezuela, con efecto notable sobre la política boliviana, no permitió observar en detalle este proceso que acaba de llegar a su epílogo en Brasilia. Los medios del gigante vecino acompañaron a páginas llenas el renacer de la confianza de los brasileños en su sistema judicial. Los magistrados sentaron en el banquillo a uno de los fundadores y articuladores el Partido dos Trabalhadores. José Dirceu de Oliveira era el jefe de gabinete del entonces presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Las oficinas de ambos colindaban. Fueron carne y uña durante mucho tiempo y persiste la interrogante sobre si el mandatario conocía o cuando menos desviaba los ojos ante lo que ocurría. Con él también cayeron el presidente del partido, José Genoino Guimaraes, su tesorero Delubio Soares de Castro, y otras 22 personas, inclusive los que desde el mundo financiero sostuvieron el esquema. Todos han sido declarados culpables y resta la lectura de las condenas.
Situaciones similares se viven en otras latitudes, donde aún no se ha dado un magistrado de la talla de Joaquim Benedito Barbosa Gomes, designado por el ahora ex mandatario pero sin haber abdicado a su independencia ni traicionado su conciencia. Al bajar el telón del “caso mensalao” (o la gran mesada), un sentimiento de decepción prevalece entre los brasileños, como si hubieran vivido el fin de muchas de las ilusiones forjadas al acabar la dictadura militar (1964-85). Lo que leo en los medios del vecino país traduce una decepción hacia gran parte de la clase política de su país, y un caer en el mundo real respecto a un partido y un gobierno que se esperaba que llegase a regir la nación bajo rigurosos preceptos éticos. Desde el gobierno de Lula se dijo que el “mensalao” no había existido y que se trató de una “caja dos”, una gestión y generación paralela de recursos para asuntos de su partido. Los magistrados no compraron esa tesis y subrayaron que la ciudadanía tiene el derecho de exigir que el país sea dirigido por administradores probos y jueces incorruptibles. Recientemente, Lula dijo que se pronunciaría al cierre del caso. Ahora tiene la palabra.
El diputado Roberto Jefferson, presidente del Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), denunció el esquema en 2005 y desde entonces la investigación no cesó. En las primeras semanas, los canales privados de TV retransmitieron en vivo las audiencias que emitía la TV oficial de la Cámara Baja. Los brasileños vivieron durante días como hipnotizados pegados a sus pantallas. Muchos no creían lo que escuchaban. Poco antes lo habrían descartado como un mal sueño. Para ellos fue una experiencia penosa, como deshojar una cebolla ante los ojos. Cuando denunció el “mensalao” en una sesión legislativa extraordinaria Jefferson contó que le había dicho a Dirceu: Al final, usted y yo seremos los únicos presos.
Se equivocó en dos docenas.

YPFB es “para ellos”

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El país está otra vez con la respiración suspendida a raíz de la nueva secuencia de denuncias sobre corrupción en YPFB, la principal empresa gana pan de los bolivianos y al parecer la “olla del pobre” para aspirantes a millonarios al instante.
Los detalles del nuevo embrollo son ya conocidos, pero hay que subrayar que los escándalos que remecen a la empresa nacional han salido a flote accidentalmente. No hubo ninguna diligencia para descubrir o prevenir el caso que llevó a la cárcel a Santos Ramírez, el anterior presidente de YPFB que ahora afirma que la corrupción está “legalizada” en la empresa que un tiempo dirigió. Se ha aceptado, dice el ex funcionario, una duplicación-plus del valor de la planta que él había licitado y en un pestañeo el país estará comprometido a pagar 190 millones de dólares por lo que, en su diseño inicial, iba a costar 85 millones de dólares.
Un mínimo de sensatez dicta que al país se le debe explicar en detalle esta supervaloración. Bolivia no puede dejar que se escurra una suma equivalente a cuarenta hospitales equipados. No hacerlo equivaldría a reconocer que los yacimientos hidrocarburíferos fueron nacionalizados “para ellos” y que en Bolivia ha habido un festín sólo “de ellos”. ¿Ya no escandalizan hechos así?
Uno escudriña la superficie y se encuentra con detalles cuando menos irritantes. Resulta que los dos implicados en el caso que ahora está en las sobremesas nacionales eran técnicos contratados por la actual presidencia de YPFB y, dice Ramírez, habían avalado el proyecto para construir una planta separadora de gas originalmente gestada bajo su paso por la empresa. Tres años después, un asesinato de por medio y una “propina” de medio millón de dólares que aún no aparece, el nuevo caso emerge fortuitamente, por un accidente de tránsito con una movilidad oficial en funciones particulares en un fin de semana y en…Yapacaní. ¿No suenan raros estos detalles, incluso el de la geografía donde ocurrió? La conclusión de Hamlet de que “Algo huele mal en Dinamarca” sería extremadamente benigna para aplicarla a este oscuro episodio.
Hace pocos días leí un documento que listaba las nuevas gerencias y cargos ejecutivos de YPFB. La lista era un amplio abanico de decenas de gerentes y directores. Si se piensa que todo buen gerente o ejecutivo debe tener un subgerente o un segundo en jerarquía, y cada uno una secretaria y cada unidad un contador y un mensajero, aquí hay cientos de empleos que probablemente no estaban en la cabeza de quienes apoyaron la nacionalización.
También de manera casual, en una de las invitaciones de Yacimientos, reparé en un detalle. La invitación tenía 17 de febrero de 2012 como fecha y mencionaba 6.000 kilómetros de tuberías, imagino que para gas a domicilio. Pedía que los invitados manifestasen su interés en tres días; caso contrario, serían excluidos. Resulta que el 17 de febrero era viernes de carnaval. Luego, naturalmente, venían el lunes y martes, también feriados, e incluso el miércoles en muchas empresas. Ignoro cuántas empresas pudieron manifestar su interés en participar en un concurso que probablemente representaba millones. Si las hubo, deben haber sido pocas. Coloquialmente podríamos decir: Aquí hay gato encerrado.
El bote financiero tiene agujeros en muchos lados. La demora en la construcción de las instalaciones para procesar el gas y rescatar otros licuables que ahora viajan gratuitamente a los mercados donde vendemos provoca un desangre anual de unos 1.000 a 1.300 millones de dólares, calcula el diario El País, de Tarija, el departamento productor más beneficiado con el boom de precios del gas natural.
Parece ridículo, ¿verdad? Esta danza de millones convalida el titulo de esta nota: La empresa YPFB no es nuestra. Es de “ellos”.