Conflictos

«Sarao» gigante

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Estos días Bolivia parece vivir un enredo que involucra a todos como en un inmenso “sarao”. Sólo que este “sarao” no es un baile ni pacífico ni armonioso pero lucimos enmarañados, mientras desde una de sus cintas empieza a descolgar la violencia.
La disputa con la COB por las jubilaciones, que tiene hasta este viernes a decenas de presos y heridos por la beligerancia entre marchistas, bloqueadores y policías; la acusación genérica a “algunos obispos” católicos, que ha vuelto a ensombrecer las relaciones del gobierno con la institución boliviana más respetada; la expulsión de USAID, que puede agravar la soledad internacional del país; la polémica autorización del Tribunal Constitucional para una nueva reelección del Presidente Morales, son algunas de las piezas de un mosaico con una imagen distante del país próspero y tranquilo que las autoridades (y creo que todos los bolivianos) quieren proyectar.
Por ahora ha cedido la tensión por la afirmación presidencial, tras el saqueo de joyas de la Virgen de Copacabana, de que había obispos implicados en robos a templos. El cardenal buscó zanjar la cuestión cuando dijo que no se puede ejecutar moralmente a nadie “sólo por sospechas”. Quedó la duda de si el presidente ignoraba que en semanas más el Papa Francisco estará en Brasil, y que esa cercanía sería una oportunidad para invitarlo a venir a Bolivia en una próxima gira continental. ¿Cómo hacerlo en medio de la desazón causada por sus declaraciones?
La expulsión de USAID agrega inquietudes. Uno de los programas beneficiados por esa institución era Prosalud. Los beneficios de Prosalud generalmente llegan a personas de ingresos bajos que hasta ahora reciben servicios de primer orden. El Estado puede cubrir costos ahora. ¿Podrá en dos o cinco años?
La decisión contra USAID acentúa la pesada sensación de aislamiento del país. Tenemos relaciones óptimas con Irán, Corea del Norte, Cuba, Venezuela y los países del ALBA, pero hagamos una encuesta entre estudiantes sobre si irían a esos países a estudiar o si preferirían ir a otros.
Otra pieza del mosaico: El TC tendrá una empinada travesía para convencer sobre su decisión que autoriza una nueva reelección. Difícil afirmar que es irrelevante el artículo transitorio que dispone contar el período en curso cuando se votaba la nueva constitución. Si no iba a ser contabilizado, la cláusula era absolutamente innecesaria. Si era innecesaria, peor. El presidente reconoció que para viabilizar la Carta Magna aceptaba privarse de una nueva reelección. ¿Entonces?

Récords no registrados

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Hace algunos años, Mariano Baptista Gumucio escribió un trabajo que llamó “El país tranca, la burocratización de Bolivia”. Abordaba las normas que hacen de los trámites legales un infierno burocrático que trancan iniciativas de todo tipo, incluso algunas que podían haber sido beneficiosas de no haber sido interrumpidas por las “normativas” (normas, por favor) que los funcionarios doctos en trancar se regodean en aplicar. Hay otra forma de trancas más agresivas y peligrosas cuya magnitud empieza a ser objeto de cálculos que exhiben los daños que causan a la economía de todos: los conflictos que atormentan al ciudadano. Esos  conflictos casi inevitablemente se traducen en bloqueos callejeros y, otras veces, en violencia. Bolivia ostenta récords nada privilegiados de inestabilidad.

Un estudio de Fundación Milenio ilustra la gravedad de los conflictos sobre la economía boliviana. Milenio nos dice que en 2012 tuvimos 745 eventos conflictivos. Un promedio de 62 por mes, uno cada dos días. El ritmo es alto para una sociedad que necesita armonía para progresar y el daño mayor al que causa la mediterrraneidad. Con todo, es menor al índice de 2011, cuando hubo 73 conflictos por mes (dos y medio por día), 876 en todo el año y un récord de más de 40 años, desde que el “conflictómetro” empezó a funcionar.

Pese a lo debilitada que parezca, nuestra  “conflictometría” de 2012 no es para subestimarla: supera a todo el promedio de los siete años del gobierno del propio presidente Morales: 55,3 conflictos por mes. Un consuelo podría ser que el número de conflictos es inferior al del el gobierno de Hernán Siles Zuazo, quien estuvo, sin embargo, menos de tres años Palacio Quemado, y al que tuvo Carlos Mesa, que duró 20 meses.

Milenio cuantifica que en el período 2006-2012, los conflictos, de huelgas a bloqueos, evitaron que el Producto Interno Bruto boliviano (la suma total de la actividad económica) creciera un 16 por ciento. Es retroceder cuando menos tres a cuatro años. Sin conflictos la pobreza sería menor y habríamos acortado la distancia que nos separa de nuestros vecinos. En lugar de un producto interno bruto que oscila los 30.000 millones de dólares, habríamos sobrepasado ese nivel y nos encaminaríamos a los 40.000 millones de dólares.

¿Vale algo este razonamiento para los bloqueadores y para los adictos al conflicto? Uno esperaría que sí.

Se puede concluir que los conflictos atentan contra el país; son una conjura contra todos. Muestran una sociedad desordenada y atenazada por todos sus cuatro costados. Vienen a la mente cuando se quiere promocionar al país turísticamente. Deberían pensarlo quienes patrocinan rutas transoceánicas o carreras de vehículos. Imagine algunos ejemplos de eventos publicitados que vendrían al caso y tendrán la razón. No sólo los paisajes promocionan. La tranquilidad interna es la mejor convocatoria.

El complicado ingreso a Mercosur: Agenda pendiente

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Una visión desde Brasil. El diario financiero Valor, publica hoy lunes una nota de su editor internacional Sergio Leo sobre el ingreso boliviano a Mercosur. La que sigue es una transcripción parcial de ese trabajo.
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Negócios en Bolívia, qué desea Mercosur

Las negociaciones para el ingreso de Bolivia al Mercosur, a iniciarse oficialmente con la reunión del bloque esta semana, ocurren en un momento de los más delicados en la relación del país andino con Brasil. Mientras avanza la coperacion bilateral en el combate a las drogas y los crímenes transfronterizos, los brasileños en Bolivia reclaman apoyo de Brasilia para defender los intereses de empresas perjudicadas en sus negocios, de ciudadanos brasileños victimados por un poder judicial «kafkiano», de productores rurales con tierras invadidas sin amparo de la policia y de la justicia local, y de los dueños de vehículos cuyas movilidades fueron robadas y recuperadas pero hasta ahora no devueltas.
El gobierno de Evo Morales tiene prisa para entrar al Mercosur, donde espera tener apoyo económico, y está en medio de un escándalo del tipo que de vez en cuando asedia a los países de la región. Altos funcionarios del gobierno están presos al ser desbaratada una red que incluía la extorsión sobre opositores presos, amenazas a jueces y documentos fraguados para la prisión o libertad de individuos.
La cuadrilla fue descubierta con intervención del FBI, con el que el gobierno boliviano ha pasado a cooperar luego de gestiones del gobierno americano y hasta de un pedido personal al presidente Evo Morales del actor Sean Penn, amigo de una víctima de los bandidos.
El ingreso al bloque debería presionar al gobierno boliviano
La prisión de la cuadrilla fue causada por el caso dantesco de un americano detenido «preventivamente» hace 18 meses, cuyos bienes fueron incautados y vendidos por los bandidos, aprovechando la máquina del gobierno. Nada parecido ha ocurrido con los ciudadanos brasileños, pero estudiantes brasileños (en Bolivia) se quejan de acoso de la policía, que les reclama documentos cuya entrega es inexplicablemente demorada por la burocracia boliviana.
La misma demora ocurre con la regularización de títulos de tierras, que expone a los agricultores a actos arbitrarios. También sin explicación está el atraso para devolver centenas de automóviles brasileños robados o incautados en territorio boliviano, donde se aherrojan a la intemperie.
De la situación de empresas brasileñas atraídas a Bolivia un caso notable es el de D’Andrea Agrimport, contratada para suministrar máquinas y montar una fábrica estatal de papel. El gobierno boliviano debía garantizar las obras de ingeniería y la entrega de gas, agua y electricidad, servicios contratados (y aún no entregados) con una empresa boliviana dirigida por el hermano de un bien contectado viceministro del gobierno.
El director de la empresa brasileña tuvo su contrato rescindido por la acusación de incumplimiento de plazos y las autoridades bolivianas lo acusan, sin pruebas, de entregar maquinarias viejas. Su intención de recurrir a un arbitraje fue rechazada por presión del gobierno, según afirma, y sólo el pasado viernes, casi un año después de conocido el caso, tuvo oportunidad de ser escuchado en un proceso.
El riesgo de intervenciones indebidas también pende sobe la OAS, que, amenazada por multas cuestionables,se prepara para salir del país, luego de ver atascadas por conflictos políticos la construcción de carreteras contratadas por el gobierno.
Hace un año que la Votorantim procura viabilizar la inversión privada más grande en el país, una fábrica de cemento, de $US180 millones. La obra ya fue aprobada por el gobierno boliviano que, sin embargo, no garantiza la entrega de gas. Las autoridades locales alegan que no hay estudios que garanticen que los suministros no afectarán  las entregas del contrato mayor de venta de gas a Brasil o al medio ambiente.
La empresa ya envió esas garantías, pero el que los socios brasilenos no fuesen del grupo alineado con el gobierno es visto como posible motivo de las dificultades.

No todas las historias tienen a Brasil como víctima y a Bolivia como villano. Con la huelga de las aduanas brasileñas, una operación de la cementera de la Votorantim en el Mato Grosso, con materia prima de los socios bolivianos, sufre con retenciones arbirarias de los fiscales en Brasil, lo que causa días de retraso en el pasode camiones. En Bolivia escasea el cemento y Brasil tiene parte de la culpa. Igualmente, los productores de soya se quejan que el Ministerio de Agricultura hubiera necesitado de un año para expedir la autorización de venta en el mercado brasileño de los excedentes del grano boliviano. Los bolivianos también se quejan del atraso en la entrega de $US 700 millones prometidos por Brasil por los componentes nobles del gas que importa de Bolivia. La falta de diálogo en temas como estos no es lo que se espera de un líder regional. Es aún menos aceptable que, por temor de parecer una especie de subpotencia imperialista, Brasil deje de exigir del gobierno boliviano la revisión de las decisiones oficiales que injustamente perjudican a los brasileños  en Bolivia –como hace Estados unidos en el caso del americano preso arbitrariamente.

NR: Editada este martes 4 de diciembre.

Un censo temido

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¿Por qué hay tantos temores causados por el censo de este miércoles, a raíz del cual hay decenas de heridos y tiene a muchas comunidades con el hacha de guerra levantada? Retratar nuestra realidad a través de los datos del censo debería alegrarnos. Es una prueba de civismo, como sociedad, saber nuestras fallas y fortalezas, puntos flacos fuertes. A 48 horas del empadronamiento, se puede decir que el país vive bajo una ola de conflictos a causa de distorsiones que se supone que acarreará la recaudación de datos.
Creo que no hay nadie satisfecho con la explicación del gobierno de que la categoría de “mestizo” carga connotaciones racistas. Si se aplica la definición ortodoxa de mestizos, todos, absolutamente todos, incluidos los diseñadores del censo, son mestizos. Todos llevamos mezclas de sangre como una combinación esencial de la trayectoria de la raza humana. Pero el gobierno ha insistido en que hay que identificarse con alguna de las 36 denominaciones étnicas (algunas con una población de apenas pocas decenas o excluirse, de manera que la mayoría resultante sea aymara o quechua, pues los que se identifiquen como mestizos no serán cuantificados). Es pesada la sospecha de que está en marcha un “pluricidio”.
Una prueba de la insuficiencia de la preparación para este censo son los conflictos que nublan el horizonte de esta consulta. En un gesto de impotencia, en una versión benigna, el Ministro de Gobierno ha dicho que los municipios que se opongan al empadronamiento, no serán incluidos en el trabajo de este miércoles. El gobierno ha alzado las manos y amenaza con amputar de la fotografía en preparación a las decenas de municipios disconformes con la cartografía para el censo. El jueves hubo en Colomi entre 60 y 80 heridos, gran parte policías, cuando la población de ese municipio cochabambino arremetió contra la tropa que procuraba desbloquear la carretera más importante del país, la de Cochabamba a Santa Cruz. Ante el peligro de un estallido de violencia en Ivirgazama, en pleno Chapare, la región cocalera por excelencia, las autoridades decidieron esperar que entre los bloqueadores del lugar, por la misma ruta que va a Santa Cruz, prevalezca la cordura y suspendan toda medida hostil hacia el empadronamiento.
Creo que los medios están en deuda con la ciudadanía. Deben explicar didácticamente qué lleva a los municipios, especialmente a los del trópico cochabambino, a oponerse al censo. Si se trata de una región de adeptos al presidente Morales, cabeza de los cocaleros bolivianos, sus habitantes deberían estar de acuerdo con el empadronamiento y apoyarlo. Qué razones motivan la actitud rebelde de esos lugares, más allá de incorporar o excluir algunas localidades de determinada jurisdicción, aún es un misterio por aclarar.
En algunos departamentos hay temores de que el censo confirme que sufren de un desangre demográfico:su poblaci[on se reduce, en vez de aumentar, a causa de lasmigraciones hacia zonas de prosperidad. En La Paz hay temores de que las cifras del empadronamiento muestren a la ciudad y al departamento desplazados demográficamete por Santa Cruz. Hay mucho en juego, desde escaños legislativos hasta impuestos y regalías.
Sin haberlo anticipado, el camino hacia el censo se ha vuelto un camino resbaloso en el que prevalecen las sospechas de un juego sucio escondido más que la alegría de llegar a la foto en la que debería participar toda la familia.

La palabra que faltó

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Me parece que gran parte de la confusión que se ha dado entre médicos, salubristas, dirigentes obreros y estudiantes de medicina está en la manera en que se ha informado sobre el acuerdo suscrito entre los sectores en huelga y el gobierno. Creo que el eje de esta confusión ha sido la “inaplicabilidad” de la medida dictada por el gobierno para aumentar la jornada de de seis a ocho horas en toda el área de salud. Ha faltado alguien que diga que la pretendida inaplicabilidad, como ha sido explicada, es temporal. El término utilizado en torno al decreto 1126 es impreciso. ¿Cómo tomar decisiones en torno a algo inaplicable? Ejemplo: Tu pedido para viajar en avión a tal lugar es inaplicable porque allí no hay aeropuerto. Si es inaplicable, entonces se debe desechar la opción y pensar en viajar por carretera. Lo mismo ocurre con ese decreto: si es inaplicable se lo debe desechar y no hablar más de él. A menos que el término haya sido utilizado para evitar decir que, «por ahora», el decreto no será aplicado. Es decir, su vigencia está entre rejas HASTA que se realice aquella reunión que decidirá sobre la salud (¿?), en un propósito tan vasto como decir “fulano va a leer”, pero sin saber qué, sobre qué materia, qué autor, qué número de página, de qué biblioteca, etc. Absurdo, ¿verdad? Aquella reunión decidirá (¿?) si la norma deja de existir o si se acaba el período de su inaplicabilidad y, por tanto, asume vigencia plena; es decir las seis horas se volverán ocho.
Creo que si hubiera sido visto así, el diseño del gobierno habría sido más claro («la suspensión es temporal») y los médicos habrían sabido sobre qué terreno se negociaba.
Algo que ha sido poco discutido es el origen del aumento de horas de trabajo: una reunión de las “organizaciones sociales” en Cochabamba en diciembre (no estuvieron representados los médicos). Si se considera la enorme complejidad de la cuestión que se discutía, es como decir que los programas de enseñanza universitaria fueron discutidos y aprobados en una reunión estudiantil cuyos asistentes carecen de la preparación debida. ¿Qué seriedad pueden tener esos programas? Estos días, parece que esta forma de ver y aplicar (perdón) normas es común en Bolivia. ¿Fue siempre así?

Santo Tomás en La Paz

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No es rima. Es la noticia que se origina en una entrevista que la periodista Amalia Pando, de Erbol, le hizo esta mañana al representante departamental del Defensor del Pueblo, Álvaro Flores. El defensor le dijo a la periodista que no había evidenciado los golpes que denunció la enfermera Leonor Boyan. Para la audiencia, quedó como un Santo Tomás: no había visto con sus propios ojos ni los hematomas ni las complicaciones renales de las que sufre la enfermera tras una paliza que asegura que le dieron los policías y agentes civiles que la detuvieron el jueves en La Paz y que la colocaron bajo terapia intensiva. Se puede concluir que los médicos del Hospital del Tórax ordenan terapia intensiva para cualquier minucia, pues el defensor no creyó -o no vio- y ha pedido un informe forense. Citando al defensor, la nota de Erbol en su página web dice: “La enfermera indica que varios policías la detuvieron, que la insultaron, que la trataron mal; ella dice que la golpearon, no pudimos evidenciar esos golpes, pero tampoco somos la instancia que va a determinar eso; por eso se hizo la gestión (de solicitud de informe a la Policía, Fiscalía y el Instituto de Investigaciones Forenses)”. Las autoridades, desde la policía al Ministerio de Gobierno, han negado la versión de la enfermera.
A la incredulidad del defensor se suma el casi olvido de los medios para hablar de su salud, cuándo sería dada de alta y, sobre todo, qué nuevos aportes ha hecho sobre la supuesta paliza. Se trata, sin embargo, de un caso que debe ser investigado hasta aclararlo pues de por medio está la vigencia de los derechos humanos., con los cuales no se debe jugar. Tal vez la enfermera deba, con testigos, tomarse fotografías de las hematomas o de la radiografía indicativa de problemas renales, y mostrarlas al defensor.

Tropiezos informativos

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Los manuales de periodismo insisten en un punto esencial de la comunicación: la precisión. Una información imprecisa suele llevar a engaño y, de persistir a largo plazo, sus consecuencias pueden ser graves. Por eso es una obsesión de los buenos editores lograr la mayor precisión posible en las informaciones que se ofrecen al público. Este lunes decidí leer con cierto cuidado los titulares y algunos párrafos de algunos medios impresos. Comparto con Uds. mi lectura y mis comentarios.
El Día. El gobierno retrocede y anulará el DS 1126 (Sobretítulo). Firman un acta que pone fin a las movilizaciones (Título). El primer párrafo: El gobierno y el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB) firmaron anoche un acta preliminar de entendimiento que, entre otros temas, garantiza la docencia asistencial y compromete la promulgación de un decreto de inaplicabilidad de la norma que repone de 6 a 8 horas la jornada laboral para el sector de la salud pública, que pone fin a las medidas de presión asumidas por la (s) universidades.
Primera observación: ¿Por qué “anulará”? ¿Desde cuándo el periodismo “predice” sin ninguna salvaguardia? (Puede decirse: Ha anunciado que, está previsto que, etc. Los meteorólogos me darán la razón.) Luego, el título contiene una afirmación inexacta. No es correcto decir que con el acta se ha puesto fin a las movilizaciones. Quizá era una presunción, pero no un hecho que hubiese ocurrido. El conflicto persistía este lunes en la mañana.  El compromiso, entonces, era para poner fin al conflicto. En el primer párrafo se lee que el acta “compromete la promulgación de un decreto de inaplicabilidad…”etc. Si es inaplicable, quiere decir que es irreal. El lector se pregunta: Entonces, ¿por qué no derogarla y dejar de marear a la perdiz? A menos que por “inaplicabilidad” se quiera decir que la medida sí será abrogada y que lo será en cuestión de días, para que el gobierno pueda salvar la cara. Pero esto, claro está, no lo ha dicho ni insinuado nadie.
El titular de El Deber es correcto: “El gobierno anuncia acuerdo con sectores”. Pero el primer párrafo tiene tropiezos: “La reunión entre las autoridades gubernamentales y los ejecutivos de la Central Obrera Boliviana (COB) fue positiva”. ¿Quién lo afirma? Luego: “El gobierno y el sistema universitario nacional suscribieron anoche, en La Paz, un convenio de 10 puntos y varios anexos que satisface las demandas…” Este lunes no se veía esa satisfacción. También anuncia un decreto que “garantizará (¿?) la inaplicabilidad”.
La Razón repite lo mismo: “Gobierno emitirá un decreto para garantizar inaplicabilidad del 1126”. Después, al iniciar la información: “El conflicto de salud está a poco de resolverse”. A las pruebas me remito, digo yo. Sigue: “El gobierno se compromete a emitir un decreto que garantice la inaplicabilidad del Decreto Supremo 1126, en concordancia con el espíritu (¿no será solamente “con” sin necesidad de involucrar al espíritu?) de la propuesta realizada por el sistema de la universidad boliviana en coordinación con la COB y el sector salud”.
El titular de Los Tiempos es un hecho objetivo: “El gobierno logra avances con salud y universidades”. El subtítulo es también objetivo: “El diálogo instalado entre el gobierno y la Central Obrera Boliviana (COB) dio sus primeros resultados antes de la medianoche”. También lo es el primer párrafo: “El sistema universitario logró un convenio de 10 puntos que satisface sus demandas, y los médicos y salubristas firmaron un preacuerdo con la comisión de ministros, el que será evaluado hoy”. El párrafo siguiente tropieza con la “inaplicabilidad”. (“En el área de salud, el gobierno prometió un decreto que garantizará la inaplicabilidad del 1126 que dispone…”)
¿Por qué no explicar que el término es confuso y que, por lo visto, quiere evitar la palabra “abrogación”? De haber sido dicho así se habría evitado la niebla que la rodea. Queda, entonces, la sospecha de que las autoridades querrían tenerla como recurso para la anunciada “cumbre” sobre la salud. A propósito cumbre es lo más alto, la cima; generalmente se aplica a reuniones presidenciales con decisiones que suelen ser inapelables. Las otras son “lomas” o, con más precisión, “de alto nivel”.
Sigamos. El Diario también tiene un titular correcto: “Gobierno llega a un acuerdo con CEUB”. Dice en su primer párrafo: “El ministro de gobierno, Carlos Romero, y el secretario general del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB), Eduardo Cortez, anunciaron ayer la firma de un convenio interinstitucional que será socializado hoy ante el sistema universitario y que podría desactivar las movilizaciones de los estudiantes de las facultades de medicina en todo el país.” Es también correcto, aunque para mi gusto la palabreja “socializar” podría fácilmente ser substituida por “debatir”, “discutir” o “analizar”.
La Prensa también se apega a la “inaplicabilidad” y a la afirmación de que el convenio y sus anexos “satisfacen” las demandas del sector salud y de la Universidad Boliviana. “Gobierno garantiza la inaplicabilidad del 1126”, asegura el titular. Si es inaplicable, ¿para qué aferrarse a un término que no calza? Y ¿por qué asegurar algo que no tiene respaldo en los hechos como la satisfacción de las demandas del sector salud/UB?
El Mundo trae un titular y un primer párrafo correctos (salvo la “inaplicabilidad”): “Gobierno y Ceub firman acta de entendimiento”.
Página Siete está en la calzada correcta. Sobretítulo: Ofrece norma para garantizar la inaplicabilidad del decreto 1126. Título: El gobierno abre vía para la solución del conflicto social. Subtítulo: El ejecutivo firmó un convenio con el sistema universitario. La COB lo apoya, aunque los salubristas anuncian que las movilizaciones aún continuarán.
Esta mañana, Erbol titulaba su crónica: “A pesar del anuncio de suspensión de la medida gubernamental (sobretítulo): Continúa huelga de médicos y trabajadores en salud que piden abrogación DS 1126” (decir “abrogar” habría sido más correcto). En el primer párrafo decía: El presidente del Colegio Médico de Bolivia, Alfonso Barrios, a la conclusión de la reunión con el gobierno, en la Vicepresidencia, manifestó que continúa la huelga indefinida del sector hasta la abrogación del Decreto Supremo 1126, a pesar del acuerdo de la suspensión del decreto polémico.
El periódico oficialista Cambio arriesgaba, con su título, un salto al vacío sin red de protección: GOBIERNO pone fin al conflicto universitario. (La nota es breve y no contiene detalles ilustrativos del problema). Amén.

Angustias de mayo

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El gobierno parece encerrado en una trampa que los brasileños describen muy bien: Si se queda, el tigre lo agarra; si corre, lo alcanza. No puede ni quedarse quieto ante el acosamiento cada vez mayor que enfrenta ni puede escapar porque ya no tiene suficiente aliento. Ha gastado demasiadas municiones. La fiera es el descontento manifiesto en todo el país. Fue efímero el supuesto alivio de las tensiones que traería la nacionalización de una empresa española y el feriado extra del Día del Trabajo. Hoy, ambos parecen eventos distantes.  La fiera no ha sido aplacada. Estamos ante un drama que jamás se habría sospechado que afectaría al gobierno que llegó ungido por una votación nunca lograda en toda la era democrática reciente. Pero también raras veces se ha visto un abanico de insatisfacción tan amplio respecto a un gobierno al que, sospechosamente, sólo los cocaleros se le cuadran para apoyarlo.

Pueden notar que sólo los tres gobiernos que siguieron al acortado de Hernán Siles Zuazo (Víctor Paz Estenssoro, Jaime Paz Zamora y Gonzalo Sánchez de Lozada, en su primera versión) han concluido normalmente los períodos para los que fueron elegidos. El general Banzer no cumplió su mandato democrático; Goni Segundo tampoco; Carlos Mesa tuvo igual suerte; Eduardo Rodríguez Veltze sólo administró el país hasta llegar a elecciones pocos meses después; Evo Morales gobernó, en su primera versión, cuatro años,  en lugar de cinco. Aún no cumplió la mitad de su mandato reconducido. La pregunta que a todos angustia es: ¿Llegará el ex dirigente sindical cocalero a las elecciones de 2014, carrera para la que prematura y controvertidamente se anotó a comienzos de este año?

O, viendo lo que ocurre estos días, ¿caerá en la tentación de dictar un estado de sitio, que sólo dificultaría más su llegada a las elecciones de 2014?

El jueves, el presidente se quejó del apoyo que la COB brinda a los médicos. Y se quejó también de los bloqueos. Por TV le respondieron que su reclamo no era consecuente con su conducta de hace  unos años y que desembocó en la caída de siquiera dos de sus antecesores.

Una imagen ha sido recurrente en los últimos días: Muñecos que representaban al presidente y que eran quemados, descuartizados o dinamitados. Esos son los ánimos de manifestantes que  hasta hace poco probablemente sólo vitoreaban al mandatario.

¿Qué ha ocurrido? Tanto va el cántaro a la fuente, que al final se rompe, dice el refrán. Los TIPNIS ya no creen en la palabra del gobierno. Los médicos tampoco, menos aún los estudiantes universitarios. La incredulidad contagia a mineros, maestros y fabriles, que un tiempo fueron aliados firmes del gobierno.

Las expectativas generadas por el gobierno estaban muy lejos de su capacidad  de materializarlas; con las arcas repletas, se ha quedado corto ante las necesidades del país.

La propaganda tiene un pedazo de culpa. Ha ignorado que debe regirse también por los cánones de la publicidad: la verdad de lo que se afirma. Si el jabón que se pregona no ofrece en la práctica las cualidades que se le atribuyen, los consumidores castigan a los anunciantes. Eu sus cuentas fundamentales, el país está bien y goza de buena salud, pero la gente no.   La propaganda ha martilleado sin tregua los éxitos de la macro economía y las reservas monetarias robustas; las bondades del proyecto carretero para atravesar el TIPNIS, cuyos dirigentes fueron acusados de sucumbir a poderes extranjeros. Las proezas comunicacionales del gobierno ahora ya no convencen. El amor a la madre tierra colide con la realidad del conflicto del TIPNIS. Nadie cree aquello de que la consulta sobre ese territorio es previa cuando a ojos de todo el mundo será posterior a lo construido. Se quería mostrar como  negro lo que era blanco. La falta de coherencia se ha vuelto contra sus creadores. Crecen las legiones de los que ven la realidad con otros ojos. Apostaría que los propagandistas  no se atreverían a relanzar las campañas televisivas sobre Porvenir.

Hora de las cuentas

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La red eléctrica española (REE) y su gobierno inician este lunes una ronda de negociaciones en torno a la nacionalización del 1 de mayo. La marcha del TIPNIS, la huelga de los médicos y servicios de salud, el paro dispuesto por la COB, los aprestos de los transportistas y las nubes de gases lacrimógenos lanzados por la policía para dispersar a manifestantes; en fin, han ocurrido tantas cosas que parece que hubieran pasado semanas desde el 1 de mayo. La ronda es para determinar cuánto pagará Bolivia por esa red, que cubría poco más de tres cuartos de los enlaces de distribución de energía en el país. El presidente Morales anunció la medida de repente, como un homenaje a los trabajadores, para quienes el homenaje pasó desapercibido.
La empresa dice que fuera de lo que pagó al comprar la red boliviana, ha invertido unos 90 millones de dólares. De manera que entre compra e inversión estaremos hablando de unos 130-140 millones de dólares que tendría que desembolsar el estado boliviano.
El miércoles también llega el ministro encargado de la cooperación española para Iberoamérica, Jesús García-Margallo. Aunque el viaje ya estaba programado antes de la sorpresiva medida del gobierno plurinacional, la coincidencia con la ronda de negociación con REE es cuando menos curiosa. El gobierno ha sido ha tenido en España a uno de sus mejores amigos en la Unión Europea y tanto la llegada de la misión de la empresa estatizada como del ministro García-Margallo está precedida por versiones de prensa que aseguran que los españoles no piensan ceder en lo que consideren “una indemnización justa”. Una información de del diario madrileño ABC, basada en una entrevista con el ministro español, titulaba este domingo: “España estudia retirar la ayuda a Bolivia si no hay compensación por red eléctrica”. Conclusión adelantada: El acuerdo al que se pueda llegar con la empresa hispana determinará el curso de las relaciones bilaterales.
Los españoles han advertido que la nacionalización, que sigue el rastro de una medida similar en Argentina, donde fueron expropiadas las acciones de Repsol, era una pésima señal para los inversores extranjeros, que ya tenían recelos sobre el que consideraban un clima boliviano inapropiado para las inversiones.
Todo esto ocurre cuando el acuerdo con Jindal para explotar el Mutún pende de un hilo y cuando el gobierno invita una y otra vez a las petroleras a invertir en el país.

El gobierno retrocede

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El presidente Evo Morales anunció esta noche la “suspensión” del decreto que impuso a los médicos y salubristas y abrió un nuevo capítulo en el conflicto que tiene paralizados los servicios de salud en todo el país desde hace más de un mes y ha conmocionado toda la geografía nacional.

Los médicos respondieron de inmediato: El movimiento seguirá a menos que el decreto 1126 que implantó la jornada de ocho horas diarias sea derogado, reincorporados todos los médicos despedidos en los últimas días (más de un centenar) y devueltos los descuentos aplicados a los huelguistas. Los médicos no estaban solos en la exigencia. Los acompañaba la COB, que ratificó el paro de 72 horas a partir del miércoles. El paro estaría seguido por una novedad: bloqueo de “las mil esquinas” en las principales ciudades. Quienes desafiaron al decreto del gobierno parecían saborear un principio de victoria y se disponían a exigir más.
Alfonso Barrios, presidente del colegio médico de La Paz, dijo que su sector asistirá a la “Cumbre de Salud” que anunció el presidente Morales sólo si todas sus demandas son cumplidas, tal vez a través de una ley que evite retrocesos en las decisiones gubernamentales.
El que apareció en las pantallas fue un presidente adusto, por momentos impreciso en las decisiones que acababa de tomar su gobierno. “Felizmente {sic} hay este conflicto (médico) y a partir de esto, que el pueblo boliviano salga ganando. La forma es mediante la cumbre nacional, para la revolución profunda de la salud pública y todos apostemos para todos los bolivianos”, dijo, citado por Erbol.

En la frase fundamental, dijo: “Espero que todos los sectores sociales, autoridades electas y expertos de comunidad internacional participen ( en la «cumbre» que acababa de anunciar) para que el pueblo boliviano sea el beneficiario y la salud sea un derecho humano. Mientras se realice la cumbre,  se suspende el Decreto Supremo 1126”. (NA, del sábado, 5 de mayo: Aquí puede surgir una controversia. Porque ese «mientras» no aclara si la suspensión se extenderá hasta la realización de la «cumbre» o si ocurrirá sólo durante los días fijados para tal evento.)

A la cumbre convocada «por la revolución de la salud pública» para el 27 y 28 de julio (corrige versiones anteriores, en las que se mencionaba junio), -de aquí a unos 80 días- asistirían también los sectores sociales que en diciembre exigieron la jornada de ocho horas para los médicos y todo el sector salubrista. La posibilidad de esa participación fue rechazada por dirigentes de los médicos.
El paso dado por el gobierno fue una voltereta parecida a la que dio el 31 de diciembre de 2010 al anular el “gasolinazo”, que sólo una semana atrás había puesto en niveles internacionales los precios de los carburantes. Esta vez los sectores que se enfrentan al decreto del gobierno han dicho que persistirán en el movimiento que los tiene en las calles mientras las autoridades no ofrezcan pruebas fehacientes de que el decreto de las ocho horas ha sido definitivamente abrogado.
En horas previas al retroceso gubernamental, el conflicto, que ayer conmocionó a La Paz, Cochabamba y Santa Cruz (Puerto Pailas), se extendió a Oruro y Potosí. Hubo brotes de violencia en la ciudad de Potosí y sobre la carretera entre Oruro y la sede de gobierno. En ambas ciudades hubo profusión de de gases lacrimógenos lanzados por la policía.
El anuncio del gobierno puede jugar en la mano de la marcha del TIPNIS, cuyos dirigentes reiteraron en la tarde que continuará su recorrido, que pasará por San Ignacio de Mojos. Ese paso podría ocurrir este fin de semana. Horas antes había sido suspendido un bloqueo de caminos de acceso a ese lugar para impedir el paso de los marchistas. El bloqueo era protagonizado por quienes favorecen la controvertida carretera que pasaría por el TIPNIS. La construcción de este camino se ha convertido en un irremontable divisor de aguas en el gobierno del presidente Morales, que cruzó su propio Rubicón con la brutal represión a los indígenas marchistas el 25 de septiembre del año pasado.
Esta noche, la atmósfera conflictiva que cubría gran parte del país, aún no se había disipado. Poco después del anuncio presidencial, había disturbios frente a las oficinas del Ministerio de Salud Pública, en La Paz.