Conflicto

Las aguas siguen turbias

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La crisis desencadenada por la huelga de los médicos ha intensificado desconfianzas y rivalidades en la alta cúpula del gobierno, persistentes al comenzar esta semana y solo recubiertas por el propio conflicto y sus derivaciones, aseguran quienes observan de cerca lo que ocurre en los círculos gubernamentales. La espiral de tensiones de las últimas ocho semanas anticipaba nuevos sismos politicos antes que el régimen conmemore 12 años dentro de pocos días. Los analistas concuerdan en que los desencuentros en las filas gubernamentales podrían manifestarse en la recomposición del cuerpo ministerial, en momentos en que el presidente Morales se enfrenta a una oposición creciente a su proyecto de reelegirse y gobernar al menos veinte años, hasta 2025. Sería uno de los períodos de gobierno más extensos de la historia del hemisferio.

Un punto de fricción aún no resuelto, dicen los analistas, sería señalar al principal responsable de la crisis que estalló con el Código Penal, aprobado con mansedumbre pia por los legisladores. La cuenta ha resultado abultada y la pregunta insistente estos días era quién o quiénes la pagarían. Algunos analistas señalaban que no podría eximirse de la cuenta el Vicepresidente García, por la promulgación, pese a la oposición manifiesta de los médicos, de la ley que puso en vigencia el nuevo código, probablemente la legislación más controvertida de los tiempos democráticos bolivianos. En la misma línea de fuego estarían las cabezas del Senado, Alberto González, y de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, ambos personajes destacados del gobierno y cualquier desplazamiento de ellos entrañaría una amputación para el régimen. Bajo la presidencia de ambos se encaminó raudo el proyecto sin que hubiera habido, que se conozca, un debate detallado de cada uno de los 680 artículos. De no menos magnitud sería la participación del Ministro de Justicia, Héctor Arce, quien debió estar entre quienes plantearon, analizaron y revisaron el documento y dieron curso a su aprobación. La misma responsabilidad es atribuida al Ministro de Gobierno, Carlos Romero. Todo eso equivaldría, al decir de un analista, a la cabeza, el tronco y las extremidades del gobierno, un conjunto del que no se podría separar al propio presidente Morales. El nuevo código ha resultado un fiasco gigante, demasiado costoso como para apuntar a algún triunfador. ¿A cuál de los personajes atribuirle la responsabilidad?

Una cuota de responsabilidad también tendrían los legisladores de oposición, que no denunciaron con oportunidad el contenido del documento. Una conclusión sombría entre los analistas sería que el documento no fue leído, ni se tuvo el cuidado de examinarlo. Pero algo más: como ocurre con frecuencia en la historia política del país y de muchos otros, el episodio evidencia lo nocivo que resultan legislaturas con amplia mayoría de alcances limitados y obediencia ovejuna.

Fue por acción de los internautas que poco a poco la cebolla que representa el nuevo código está siendo deshojada. Cada lámina ha sido una revelación. Casi todos los sectores tenían algún punto para reclamar.  Se descubrió que han sido eliminados artículos importantes de la ley 1008, la norma legal para combatir el tráfico de cocaína.  También resultó que desaparecían artículos fundamentales anticorrupción de la ley designada como Marcelo Quiroga Santa Cruz. Por supuesto, la libertad de prensa estaba también amenazada. La ANP hizo resonar su protesta, lo propio los gremios periodísticos. En pocos días, casi todo el mundo tenia alguna razón para sentirse amenazado. Las iglesias evangélicas se declararon en emergencia porque la nueva ley ensombrecía el trabajo pastoral. El Código se deslizaba hacia el ridículo pues podría obstaculizar las contribuciones, fuente vital de sustentación financiera para las iglesias.  La Iglesia Católica observó una docena de artículos contrapuestos a una sociedad que aspira a ser justa y solidaria e invocó al gobierno a tener  la  ¨sabiduría¨ de abrogar todo el Código. Los ganaderos del Beni explicaban que bajo la nueva norma, el abigeato tendría garantizada parte del delito. En la explicación de un ganadero, cinco abigeatistas podrían robar cada uno una cabeza y no serían perseguidos por la ley, que solo castigaría el robo a partir de la segunda cabeza, en tanto que sí podrían asociarse y formar una empresa ganadera con las cabezas robadas.  Igual medida se aplicaría a substancias como la cocaína y la pasta de cocaína cuya posesión punible será ejercitada a partir de un kilogramo por persona. El cupo arbitrario permitiría a una sola persona tener droga suficiente para alegrar toda una fiesta precarnavalera de 4.000 participantes. Los que aún defienden la nueva norma prefirieron evitar las palestras, abrumados por las críticas.

Por inverosímil que pueda parecer, el autor del trabajo que derivó en el nuevo código fue un especialista que trabajó en el Legislativo para el gobierno del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, informó en su pizarra de Facebook esta semana el ex prefecto de Santa Cruz Francisco Aróstegui.

Al empezar la semana en curso, el gobierno había dispuesto -y las cámaras legislativas habían dado curso- la abrogación del artículo 205, uno de los más controvertidos y origen de la huelga médica, lo mismo que el 137 que los transportistas objetaban. El gobierno no cedía a la pretensión de los otros sectores que tomaron la posta de los médicos cuando éstos, con sus representación de La Paz, firmaron un acuerdo con el gobierno. Aún estaba en discusión la suspension de descuentos por las siete semanas del paro en su version nacional.

El conflicto entró como un huracán en los planes del presidente para reorganizar su equipo ministerial y las apuestas eran múltiples en torno a quiénes se irían como sacrificados por el turbión del Código Penal y quiénes los reemplazarían. En ese torbellino aparecían nombres de la vieja guardia masista, algunos en misiones diplomáticas y otros apartados de la actividad política.

El sábado y el domingo fueron días inquietos para los conductors de motorizados en gran parte del pais. Las ciudades del eje central (Cochabamba, Santa Cruz y La Paz) tuvieron enormes hileras de vehículos en los puestos de gasolina. YPFB logró movilizar suficiente combustible para apagar la sed momentánea y hacia el lunes las hileras habían desaparecido.  Pero los transportistas, alarmados por las penalidades del Código hacia responsables de accidentes y de contrabando ingresaron a  un paro junto a otros sectores, todos unidos en torno a un nuevo mantra: derogar todo el Código. La atmósfera fue auspiciosa para los vendedores de libros en la calle: el texto de la nueva norma fue descargado de la red por algunos emprendedores y en los kioskos callejeros se lo vendía en 20 bolivianos.  En pocos días el precio había subido a 25 bolivianos.

El gremio periodístico también entró en ¨emergencia¨, una declaratoria de estado de apronte, hasta hoy no había una medida concreta para lograr la modificación o abrogación de tres artículos, del 309 al 311, que la Asociación Nacional de la Prensa y asociaciones de periodistas consideraban amenazantes para la libertad informativa.

Hasta este jueves, la población de Pailas, al norte de Santa Cruz, había ganado atención nacional, por persistentes tentativas de bloqueo que la policía combatía con fuego profuso de gases lacrimógenos.  Los arrestados en la semana eran una docena en la semana, que se sumaban a la muerte de una joven asfixiada por los gases lacrimógenos días antes.

Bajo el alboroto, no causaron mayor impresión las alegatos del presidente de que el conflicto era un intento de ¨sacarlo¨ del gobierno. Como el cuento de viene el lobo, sus denuncias no registraron impacto. Más bien, Santa Cruz se preparaba para una prueba de fuerza contra el gobierno, con un paro general de 24 horas previsto para el viernes. Con sus instituciones por lo general poco beligerantes, esta vez Santa Cruz marchaba hacia una prueba de fuerza con el gobierno.

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Magistrada se inscribe en la historia

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La presidente de la Sala Segunda del Tribunal Constitucional Plurinacional hizo historia este viernes al sugerir que el gobierno dicte estado de sitio en Potosí. Citada por la Agencia oficial Boliviana de Noticias (ABI) la magistrada Mirtha Camacho dijo, en la mañana de este viernes: “Tengo entendido que los ministros intentaron dialogar, si no quieren, pues tenemos nomás que que hacer uso de lo que establece la Constitución Política del Estado y establecer un estado de sitio en el departamento de Potosí, donde se está convulsionado”.
La autoridad, por definición llamada a representar el rostro justo e imparcial de la justicia, tomó partido por decisiones radicales para el movimiento que tiene paralizado a Potosí desde hace 20 días. Es el mayor en la capital minera boliviana desde hace cinco anos y el juicio de la magistrada surgió en una jornada de endurecimiento contra líderes del movimiento detenidos el miércoles, el día de mayor tumulto en La Paz. Tres de los detenidos ese día fueron enviados a la cárcel de San Pedro acusados de promover violencias aquel día.
“Yo solicito que la parte ejecutiva del país tome ya las decisiones pertinentes, cuando no manda la razón, no manda la lógica tenemos que hacer uso el estado de sitio”, expresó la magistrada, de acuerdo al texto difundido por la agencia gubernamental.

El estado de sitio supone la suspensión de las garantías constitucionales. Fueron  muy efímeros los resutados de la encuesta que asegraba que un 57% de bolivianos creía que la visita del Papa Francisco iba a reconciiar a los bolivianos! En tres semanas ha ocurrido una mutación muy grande de sentimientos. Lo ocurrido estos días es diferente a lo que los resutados de la encuesta suguieren. Nadie puede alegar que la sugerencia de la Magistrada va hacia los brazos de los que quieren agravar el conflicto. Pedir, desde su alta investidura, reclamar estado de sitio es condenar la búsqueda de soluciones y de una reconciliación.

Ley del embudo

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Gumercindo Pradel, el dirigente de la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente (CIDOB) de tendencia oficialista, fue castigado (azotado) de acuerdo a “usos y costumbres” de los nativos de la CIDOB original. La justicia se ha movilizado ordenando la detención de los cabecillas de la CIDOB original, y el Comité Cívico del Beni ha anunciado un paro en el departamento en respaldo a los líderes originarios Adolfo Chávez, Fernando Vargas, Lázaro Tacoó y el ex diputado Pedro Nuni, a quienes percibe como víctimas de una justicia que consideran deformada por su parcialidad con el oficialismo.
El Comité Cívico del Beni tiene algunos argumentos para caracterizar a la justicia de esa manera: Marcial Fabricano, también líder indígena y cabecilla de las primeras marchas de los pueblos indígenas hasta La Paz, recibió 50 azotes en 2009 según los términos de la “justicia comunitaria” incorporada a la Constitución Política del Estado. Mientras las fotografías de la espalda llagada de Fabricano daban la vuelta al mundo, la justicia decidió que el castigo era una cuestión de exclusiva aquella justicia nativa, con la que no debía interferir. Dos años después ocurrió la intervención policial sobre la marcha indígena que estaba en curso contra la construcción de la carretera que atravesaría el TIPNIS. Hasta ahora se desconoce quién dio la orden y la investigación sobre la represión salvaje contra los indígenas no avanza.
No ha ocurrido igual con el caso de Pradel. Los dirigentes del sector originario no asistieron a una audiencia judicial (temían ser arrestados) como parte de la investigación sobre la paliza a Pradel. La última línea de defensa de los originarios es ahora elanunio de un paro cívico dispuesto este jueves si los dirigentes son  arrestados. Nada sugiere que la calma esté a la vuelta de la esquina. La justicia está en entredicho y la parcialidad que le imputan los líderes benianos, nativos y urbanos, contribuye a la desconfianza creciente que parece levantarse contra uno de los pilares institucionales del estado. El Comité Cívico que ordenó el paro dice que la actitud de la justicia retrata una “ley del embudo”: amplia para unos, angosta para otros.

Reconozco la deuda pero no la pago

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Menos de 48 horas después de la firma del acuerdo con los médicos para la suspensión de la huelga que durante casi dos meses paralizó los servicios de salud en todo el país, el Ministro de Gobierno ha dicho que la consulta que se quiere elevar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no tendrá un carácter vinculante. Dicho mejor: El gobierno no se sentirá obligado a acatar la opinión que emane de ese organismo.
El acuerdo, del cual la consulta es elemento central, debería lograr que los servicios de salud se reanuden plenamente a partir de este lunes.
“No tiene carácter vinculante (lo que disponga esa corte, que) puede generar disposiciones o recomendaciones de conciliación de partes y eso hacen estos organismos”, dijo citado por la agencia gubernamental de noticias ABI. La información, que se encuentra en el sitio ABI.com la reproduce El Mundo este lunes. “El gobierno brindará información sobre las vías a las que deben recurrir”, dice la versión de ABI, para agregar: “Pero recordó que, independientemente de la consulta que realicen al organismos internacional, todos los colegios de médicos están en la obligación de respetar el acuerdo suscrito con la organización nacional en su representación…”

La consulta a la CIDH fue el último eslabón para llegar al acuerdo que  permitiera anunciar que los miles de médicos en huelga retornarían hoy a sus labores habituales. No se tiene noticia de que ese organismo hubiera alguna vez fallado en contra de los llamados “derechos adquiridos” y por desmejorar las condiciones de trabajo de cualquier sector. Tal vez por eso los médicos la colocaron entre sus demandas para llegar al fin del conflicto. Pero la declaración del Ministro de Gobierno puede haber sido para muchos un balde de agua fría.
Si quiere atizar el fuego, la aclaración del ministro es, indudablemente, efectiva.

Frente a frente (o de espaldas)

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El gobierno ha ofrecido “mediar” en el conflicto que tiene a los paceños y a los habitantes de otras ciudades desprovistos de transporte público. Los choferes, que enfrentan un creciente disgusto de la población de La Paz, ya agobiada por el caos vehicular urbano, aceptaron la propuesta y esperaban lo mismo de las autoridades del municipio de la ciudad. Éstas hicieron saber que si el gobierno desea mediar en un conflicto de la Alcaldía y un sector, los dirigentes del Movimiento Sin Miedo (MSN), que gobierna el municipio paceño, se ofrecían también para “mediar” en conflictos del gobierno, verbigracia, la marcha del TIPNIS.
Un cruce parecido de posiciones surgió con la marcha del TIPNIS, que en estos momentos (al mediodía de este martes) se encamina hacia las puertas de San Ignacio. Quienes se oponen al ingreso de los marchistas a San Ignacio dijeron que deberían circunvalar el pueblo, y no ingresar a él. Los marchistas han respondido: OK, si Uds. aceptan que nosotros decidamos por dónde deberá ir la carretera.