CIDH

Elecciones con sabor legislativo

Posted on Actualizado enn

Todo parece indicar que tendrán un fuerte carácter legislativo las elecciones a celebrarse en octubre, cuando el gobierno decida la mejor fecha, pues no desea una sobreposición con las elecciones presidenciales en Argentina, donde en las más recientes elecciones hubo unos 100.000 sufragantes bolivianos. Debido a la disputa aún no zanjada definitivamente en torno a la recandidatura del presidente Evo Morales, que los principales partidos opositores se rehusan a aceptar, las principales organizaciones se preparan para una justa en la que por primera vez el principal trofeo puede no ser la presidencia de la república, sino la mayoria de las cámaras legislativas. Desde ellas se habrá de gobernar más que desde la presidencia durante el período 2020-2025, vaticinan politólogos y entendidos en cuestiones electorales.

El Partido de gobierno da por descontado que sus candidatos ganarán la elección. Pero esa premisa aún tiene un camino largo por recorrer debido a la oposición a una nueva candidatura del presidente Morales, que empieza a ser juzgada como una anomalía también en el exterior.

Con el gobierno de Nicolás Maduro tambaleante, o con los dias contados, como aseguran autoridades estadounidenses, resulta prematuro dar por asegurada la candidatura del líder boliviano cuando la corriente que lo lleva, el Socialismo del Siglo XXI, yace en la lona. La camiseta de esa corriente solo la visten el venezolano Maduro y el presidente Morales. De ella ya se apartaron los mandatarios de Argentina, Chile, Paraguay, Brasil y Ecuador, solo en América del Sur. Nadie duda que de persistir en su candidatura, tendrá que remontar una cuesta extenuante muy empinada. Nadie ignora las dificultades de gobernar en esas condiciones, bajo un ambiente externo crecientemente adverso.

La experiencia de perder para el oficialismo la gran mayoría de los escaños parlamentarios ha resultado nefasta para las fuerzas opositoras, que, como imbuídas de un impulso disgregador, han optado por caminos individuales contrario a unir sus fuerzas en un solo frente, sin esperar una todavía supuesta segunda vuelta presidencial basada en la creencia de que el candidato oficial no será capaz de ganar de un solo envión. Eso supondría un cálculo frágil, dicen los entendidos, un todo o nada peligroso para sus proponentes y sus seguidores cuando en muchos ciudadanos persisten dudas sobre la pureza del padrón electoral, al que se atribuye contener registros ilegales correspondientes a difuntos y duplicaciones, entre otros, capaces de alterar resultados.

Aún está pendiente un pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de DDHH sobre la legalidad de una nueva candidatura del presidente Morales. Ésta fue rechazada por el referendum de febrero de 2016 pero reimpuesta por un fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional que dictaminó que la re-elección, inclusive ad infinitum, es un  derecho humano  individual que se sobrepone a un derecho colectivo como el emanado del referendum.

La espera por el dictamen de ambas instituciones sobre el entredicho luce interminable.¨Estas instituciones deberían actuar de oficio sin siquiera esperar una denuncia¨, me dijo Rubén Dario Cuéllar, quien preside la Fundación Observatorio de Derechos Humanos y Justicia, que pidió el pronunciamiento de las cortes regionales.

¨El silencio que se empecinan en mantener sobre Bolivia, ronda la complicidad sobre la violación denunciada¨. Realcó que el fallo del TCP a favor de las reelecciones indefinidas ¨desconoce la voluntad del soberano expresada el 21F¨ e ignora la CPE que dicta que el presidente y el vicepresidente ¨solo pueden ser reelegidos por una sola vez¨.

Con la candidatura oficial aun en entredicho, los esfuerzos de los partidos que concurrirán a las elecciones de octubre deberán volcarse hacia los pretendientes a cargos legislativos. La campaña que se asoma puede ser una de las más reñidas de la historia.

Jornadas de abril

Posted on Actualizado enn

Nota: En primer párrafo corrige: Comisión, en lugar de Corte, como erróneamente salió.

La audiencia vespertina del martes en el Juicio del Siglo se arrastraba bajo una monotonía agobiante de lectura de pruebas cuando las pantallas de los celuares trajeron la noticia de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos acogía una denuncia de ejecuciones extrajudiciales y violación de derechos humanos presentada nueve años antes contra el Estado boliviano. De golpe venían a la memoria el asalto armado al hotel Las Américas y la ejecución sumaria y brutal de tres huéspedes que hasta poco antes dormían apaciblemente, desfile de decenas de presos y el comienzo de un episodio tenebroso y atemorizante que para muchos aún no ha restañado.

Las luces de alarma en el gobierno del Movimiento al Socialismo volvieron a encenderse, esta vez con máxima intensidad, pues la admisión significaba poner en el banquillo al Estado Boliviano y quizá a sus máximos representantes, incluso el presidente Evo Morales. La agenda informativa del pais dio un brusco viraje y atrás quedaron otros episodios que hasta entonces ocupaban la atención nacional con prominencia, inclusive el juicio en La Haya por la demanda marítima de la que nadie habló durante días.

Era la primera vez que la Comisión en sus 60 y pico años daba curso a un caso que involucraba al Estado y por ende a las máximas autoridades bolivianas, que la recibieron con desdén.

La fuerza del impacto pudo medirse por las reacciones de las autoridades. El Ministro de Gobierno, Carlos Romero, dijo que el Estado asumiría su defensa y que refrescaría la memoria de lo ocurrido hace casi una década. Las novedades que traería ese refrescamiento provocaban curiosidad, pues en cinco años de juicio oral los acusadores no han logrado comprobar ningún elemento que sostenga la tesis de que desde Santa Cruz se planeaba dividir al país y que la unidad policial armada hasta los dientes que rodeó el hotel había sido ¨injustamente atacada¨ y debió defenderse, como dijo el entonces fiscal Marcelo Soza. Fuera de 51 casquillos de balas contabilizados dese día, una prueba tangible mayor fue una vieja pistola sin cacerinas que uno de los acusados, Juan Carlos Guedes Bruno, vendió a Eduardo Rózsa Flores, con la que éste se armaría para capitanear la gesta magna de rendir al ejército nacional.

El Presidente Morales no argumentó y en un tweet pontificó que admitir la demanda equivalía a defender al terrorismo y separatismo. La afirmación causó  perplejidad entre los defensores de los acusados en el largo trámite del caso. ¨El Presidente no reparó que la misma CIDH que él tilda de favorecer al terrorismo es la que años atrás admitió el caso denunciado por el ahora vicepresidente García Linera cuando estaba preso a fines del siglo pasado. Se debe concluir que ya entonces la Comisión habría estado favoreciendo al terrorismo. Una de muchas conclusiones: el presidente carece de sindéresis, de capacidad de juzgar correctamente¨, dijo con ironía Gary Prado Araúz, abogado defensor.

El Vicepresidente salió desde otra esquina. En Bolivia, dijo, hubo terrorismo e intención de dividir al país que admitieron actores del caso ahora en libertad y algunos fuera del país. El segundo mandatario omitió mencionar que sobrevivientes del asalto policial ahora fuera del país, negaron consistentemente, a lo largo del juicio escenificado en Santa Cruz, que hubiesen pretendido promover una guerra interna y dijeron que, si confesaron culpabilidad, fue para salir en libertad al cabo de más de seis años de prisión y, a escondidas, poder fugar del país.

El memorial de admisión, contenido en decenas de páginas, era un revés a las versiones que el gobierno ofreció desde la madrugada del 16 de abril de 2009.

La noticia de la CIDH era parte de la racha de malas nuevas que golpean al socialismo del Siglo XXI. En Venezuela, Nicolás Maduro estaba cada vez más cercado; en Argentina se acentuaba el sitio judicial sobre la expresidente Cristina Fernández de Kirchner, y en Brasil, el ícono más valioso de esa corriente, el ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva, estaba a horas de ir preso, condenado en dos instancias, por uso indebido de recursos del estado y corrupción. Nunca las llamas que consumen a vecinos izquierdistas habían llegado tan cerca del círculo boliviano en el poder.

La sensación de estar con las barbas en remojo para protegerse del fuego que quemaba a la figura más emblemática de la izquierda latinoamericana se agravaba cada hora. El presidente Morales acudió al tweet para alentar al acosado ex presidente Lula da Silva. ¨Repudiamos la decisión indignante de la justicia de Brasil…Esa sentencia ilegítima es un golpe imstituicional¨. El aliento que enviaba hacia el hermano mayor de los líderes de su línea en la region debe haberse perdido en el fragor de las horas del largo fin de semana brasileño.

La Ley de Murphy (si algo puede salir e quivocado, saldrá equivocado) que ronda el Juicio del Siglo volvió a manifestarse el viernes. El juez Sixto Fernández, que el dia anterior había suspendido las audiencias hasta el 16 de abril, pues el viernes se debatiría un enésimo pedido del ex dirigente juvenil cruceñista Guedes para defenderse desde su domicilio, no notificó al Penal de Palmasola que el reo debía ser trasladado hasta la sala de audiencias. Los custodios policiales concluyeron que al estar suspendidas las audiencias, Guedes no podía salir el penal.  Defensores y acusados aguardaron durante casi una antes que el juez suspendiera el acto hasta el martes 17 de abril.

Las noticias que llegaban de Brasil condimentaron el caldo todo el fin de semana. El rechazo del habeas corpus para Lula y su prisión inminente por lavado de dinero y corrupción, bajo óptica boliviana, era un presagio de lo que podría ocurrir a otros gobernantes. Por eso, la decisión de la CIDH estremeció a más de un alto dignatario boliviano susceptible de acusaciones de  corrupción o de violación de derechos humanos.

La secuencia de noticias no había declinado y en la semana que empieza crecía la ansiedad por descubrir lo que aún trae este mes de abril.

 

La angustia de las urnas

Posted on Actualizado enn

El recorrido del gobierno para consolidar su ruta hacia la re3 (tercera reelección) para luego conferirle un carácter  indefinido se ha vuelto más espinoso tras las concentraciones del 10 de octubre en todo el país. Con miles de ciudadanos en las calles, las demostraciones exhibieron para el presidente  y la cúpula gobernante que una gran parte de la ciudadanía  quiere respeto al ordenamiento constitucional y repudia la noción del líder único indispensable para regir la nación.

Los observadores coinciden en que las concentraciones del martes son una muestra de la urgencia que se siente en el país por un cambio  de líderes, y  el reclamo por una administración austera y responsable. Lo ocurrido el martes no podrá ser ignorado por el Tribunal Supremo de Justicia que en días más deberá pronunciarse sobre la constitucionalidad de la pretensión de una re3.

La presión indudable que ahora existe sobre la máxima institución de la justicia, que gran parte de la ciudadanía percibe como dócil a los requerimientos del gobierno, es incompatible con la noción de que  los jueces deben decidir libres de presiones.

A esta coyuntura se ha llegado tras la aceptación que hace dos semanas anunció el tribunal de considerar la demanda del partido de gobierno para dejar sin efecto los preceptos constitucionales que prohíben una nueva reelección del Presidente Evo Morales. Esta aceptación acentuó el desaliento de quienes aún quieren creer en la imparcialidad de los jueces supremos. La expectativa sobre el fallo que debe pronunciar el Tribunal es creciente por  las actitudes del propio presidente, quien en otras ocasiones aseguró que no volvería a candidatear y que al final del periódo de gobierno en curso se iría a cultivar su hato de coca en el Chapare.

La coyuntura ha agravado la impresión de muchos de que gobiernos del Socialismo del Siglo XXI solo ceden poder si los reclamos vienen acompañados por avalanchas de votos.  El régimen de Nicolás Maduro ha resistido incluso a la derrota legislativa de 2015, y se las arregló para conservar su poder apoyado en la fuerza militar. En las elecciones regionales de este domingo, en Venezuela están en juego las 23 gobernaciones del país. Con índices de aprobación de 20-25 por ciento, no es mucho lo que Maduro y su partido podrían esperar pero habrán logrado una tregua que, por todo lo visto, puede ser muy efímera.

Una razón principal por la que dirigentes del Socialismo Siglo XXI se aferran al mando puede yacer en tropelías cometidas  en el ejercicio ilegal de ese poder y el temor a rendir, algún día, cuentas ante una justicia cuyas reglas nunca sospecharon que podían volcarse contra sus propios diseñadores.

La semana antepasada el gobierno nacional quemó uno de sus últimos cartuchos cuando no consiguió ningún respaldo en la OEA para la original tesis de que al Presidente Morales se le violan sus derechos de ser humano a través de la CPE de 2009, algunos de cuyos artículos prohiben la reelección que buscan el mandatario y su partido. La oposición ha acudido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que aclare si es correcta la interpretación del gobierno que asegura que la CPE interfiere los derechos humanos del presidente al impedir su re3. La corte deberá dar su veredicto en las semanas próximas.

El empeño reeleccionista amenaza con restar brillo a la gestión del presidente y afectar áreas no vinculadas necesariamente a sus acciones internas. No son pocos los que creen que tras ese empeño  yace un temor al futuro. Salvo algún pacto nacional creíble, nadie estaría en condiciones de garantizar, en los límites nacionales,  un retorno no traumático de los hombres del gobierno a la vida fuera del poder. En eso estriba la angustia de las urnas presente en los últimos regímenes de la izquierda del siglo 21.

Reconozco la deuda pero no la pago

Posted on Actualizado enn

Menos de 48 horas después de la firma del acuerdo con los médicos para la suspensión de la huelga que durante casi dos meses paralizó los servicios de salud en todo el país, el Ministro de Gobierno ha dicho que la consulta que se quiere elevar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no tendrá un carácter vinculante. Dicho mejor: El gobierno no se sentirá obligado a acatar la opinión que emane de ese organismo.
El acuerdo, del cual la consulta es elemento central, debería lograr que los servicios de salud se reanuden plenamente a partir de este lunes.
“No tiene carácter vinculante (lo que disponga esa corte, que) puede generar disposiciones o recomendaciones de conciliación de partes y eso hacen estos organismos”, dijo citado por la agencia gubernamental de noticias ABI. La información, que se encuentra en el sitio ABI.com la reproduce El Mundo este lunes. “El gobierno brindará información sobre las vías a las que deben recurrir”, dice la versión de ABI, para agregar: “Pero recordó que, independientemente de la consulta que realicen al organismos internacional, todos los colegios de médicos están en la obligación de respetar el acuerdo suscrito con la organización nacional en su representación…”

La consulta a la CIDH fue el último eslabón para llegar al acuerdo que  permitiera anunciar que los miles de médicos en huelga retornarían hoy a sus labores habituales. No se tiene noticia de que ese organismo hubiera alguna vez fallado en contra de los llamados “derechos adquiridos” y por desmejorar las condiciones de trabajo de cualquier sector. Tal vez por eso los médicos la colocaron entre sus demandas para llegar al fin del conflicto. Pero la declaración del Ministro de Gobierno puede haber sido para muchos un balde de agua fría.
Si quiere atizar el fuego, la aclaración del ministro es, indudablemente, efectiva.