CIDH
Elecciones con sabor legislativo
Todo parece indicar que tendrán un fuerte carácter legislativo las elecciones a celebrarse en octubre, cuando el gobierno decida la mejor fecha, pues no desea una sobreposición con las elecciones presidenciales en Argentina, donde en las más recientes elecciones hubo unos 100.000 sufragantes bolivianos. Debido a la disputa aún no zanjada definitivamente en torno a la recandidatura del presidente Evo Morales, que los principales partidos opositores se rehusan a aceptar, las principales organizaciones se preparan para una justa en la que por primera vez el principal trofeo puede no ser la presidencia de la república, sino la mayoria de las cámaras legislativas. Desde ellas se habrá de gobernar más que desde la presidencia durante el período 2020-2025, vaticinan politólogos y entendidos en cuestiones electorales.
El Partido de gobierno da por descontado que sus candidatos ganarán la elección. Pero esa premisa aún tiene un camino largo por recorrer debido a la oposición a una nueva candidatura del presidente Morales, que empieza a ser juzgada como una anomalía también en el exterior.
Con el gobierno de Nicolás Maduro tambaleante, o con los dias contados, como aseguran autoridades estadounidenses, resulta prematuro dar por asegurada la candidatura del líder boliviano cuando la corriente que lo lleva, el Socialismo del Siglo XXI, yace en la lona. La camiseta de esa corriente solo la visten el venezolano Maduro y el presidente Morales. De ella ya se apartaron los mandatarios de Argentina, Chile, Paraguay, Brasil y Ecuador, solo en América del Sur. Nadie duda que de persistir en su candidatura, tendrá que remontar una cuesta extenuante muy empinada. Nadie ignora las dificultades de gobernar en esas condiciones, bajo un ambiente externo crecientemente adverso.
La experiencia de perder para el oficialismo la gran mayoría de los escaños parlamentarios ha resultado nefasta para las fuerzas opositoras, que, como imbuídas de un impulso disgregador, han optado por caminos individuales contrario a unir sus fuerzas en un solo frente, sin esperar una todavía supuesta segunda vuelta presidencial basada en la creencia de que el candidato oficial no será capaz de ganar de un solo envión. Eso supondría un cálculo frágil, dicen los entendidos, un todo o nada peligroso para sus proponentes y sus seguidores cuando en muchos ciudadanos persisten dudas sobre la pureza del padrón electoral, al que se atribuye contener registros ilegales correspondientes a difuntos y duplicaciones, entre otros, capaces de alterar resultados.
Aún está pendiente un pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de DDHH sobre la legalidad de una nueva candidatura del presidente Morales. Ésta fue rechazada por el referendum de febrero de 2016 pero reimpuesta por un fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional que dictaminó que la re-elección, inclusive ad infinitum, es un derecho humano individual que se sobrepone a un derecho colectivo como el emanado del referendum.
La espera por el dictamen de ambas instituciones sobre el entredicho luce interminable.¨Estas instituciones deberían actuar de oficio sin siquiera esperar una denuncia¨, me dijo Rubén Dario Cuéllar, quien preside la Fundación Observatorio de Derechos Humanos y Justicia, que pidió el pronunciamiento de las cortes regionales.
¨El silencio que se empecinan en mantener sobre Bolivia, ronda la complicidad sobre la violación denunciada¨. Realcó que el fallo del TCP a favor de las reelecciones indefinidas ¨desconoce la voluntad del soberano expresada el 21F¨ e ignora la CPE que dicta que el presidente y el vicepresidente ¨solo pueden ser reelegidos por una sola vez¨.
Con la candidatura oficial aun en entredicho, los esfuerzos de los partidos que concurrirán a las elecciones de octubre deberán volcarse hacia los pretendientes a cargos legislativos. La campaña que se asoma puede ser una de las más reñidas de la historia.
Reconozco la deuda pero no la pago
Menos de 48 horas después de la firma del acuerdo con los médicos para la suspensión de la huelga que durante casi dos meses paralizó los servicios de salud en todo el país, el Ministro de Gobierno ha dicho que la consulta que se quiere elevar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no tendrá un carácter vinculante. Dicho mejor: El gobierno no se sentirá obligado a acatar la opinión que emane de ese organismo.
El acuerdo, del cual la consulta es elemento central, debería lograr que los servicios de salud se reanuden plenamente a partir de este lunes.
“No tiene carácter vinculante (lo que disponga esa corte, que) puede generar disposiciones o recomendaciones de conciliación de partes y eso hacen estos organismos”, dijo citado por la agencia gubernamental de noticias ABI. La información, que se encuentra en el sitio ABI.com la reproduce El Mundo este lunes. “El gobierno brindará información sobre las vías a las que deben recurrir”, dice la versión de ABI, para agregar: “Pero recordó que, independientemente de la consulta que realicen al organismos internacional, todos los colegios de médicos están en la obligación de respetar el acuerdo suscrito con la organización nacional en su representación…”
La consulta a la CIDH fue el último eslabón para llegar al acuerdo que permitiera anunciar que los miles de médicos en huelga retornarían hoy a sus labores habituales. No se tiene noticia de que ese organismo hubiera alguna vez fallado en contra de los llamados «derechos adquiridos» y por desmejorar las condiciones de trabajo de cualquier sector. Tal vez por eso los médicos la colocaron entre sus demandas para llegar al fin del conflicto. Pero la declaración del Ministro de Gobierno puede haber sido para muchos un balde de agua fría.
Si quiere atizar el fuego, la aclaración del ministro es, indudablemente, efectiva.
Mientras tanto, en Santa Cruz 