Chile

El problema marítimo en la OEA

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El diplomático Ramiro Prudencio Lizón ha escrito el siguiente artículo, que comparto con Uds. con autorización del autor. El artículo lo trae también el diario paceño La Razón.
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En junio se llevará a cabo en Cochabamba la 42º Asamblea General de la OEA, donde nuestro país planteará nuevamente su problema marítimo. El canciller Choquehuanca ha viajado a Washington para efectuar los preparativos con el fin de lograr la emisión de una nueva resolución, después de más de veinte años de la última, la cual fue aprobada en 1989.
Posiblemente se tiene in mente la redacción de una resolución semejante a la promulgada en La Paz, en 1979, año del centenario de la Guerra del Pacífico, porque es considerada como la mejor de todas. No sólo porque fue la primera vez que la organización dictaminara al respecto, sino porque el texto resumía las condiciones en que nuestro país deseaba negociar con Chile. Allí se expresaba que se debía ceder a Bolivia un territorio que lo vinculara con el océano Pacífico, asimismo, que se estableciera una zona de desarrollo integrado entre los tres países (Bolivia, Chile y Perú) y, por último, que “no se deberán incluir compensaciones territoriales”.
Pese a la gran alegría que dicha resolución provocó en el pueblo boliviano, el cual creía ingenuamente que ya se estaba acercando al mar, ella no tuvo ningún fin práctico, ya que Chile consideró que le imponía condiciones inaceptables y siempre la repudió.
Ahora bien, nuestro embajador en la OEA ha manifestado que se efectuará una política “contundente” sobre el mar. En verdad, cuesta entender qué significa esa disposición. Porque si nuestro país desea obtener una resolución sobre el tema, ésta deberá ser negociada con Chile. De otro modo sería muy difícil que sea aprobada.
Además, es menester tener presente que las resoluciones rechazadas por Chile son sólo declaraciones líricas y no conducen a nada positivo. Nuestro pueblo debe entender que ni la OEA ni ningún organismo internacional pueden obligar a Chile a efectuar cesiones territoriales.
Pero parece que el gobierno nacional se ha dado cuenta de dicha dificultad y ahora ya no habla de resolución sino simplemente de un informe, tal como se lo ha estado haciendo desde hace veinte años. Pero si el mismo informe es “contundente”, sólo servirá para ahondar más nuestras diferencias con Chile y, lo más grave, se perderá el apoyo constante que muchos países del continente tradicionalmente nos han ofrecido.
Cabe señalar que si el gobierno de Evo Morales calma su espíritu belicoso y busca entendimientos en la OEA, es muy factible que se obtenga una nueva resolución sobre la cuestión marítima. Para ello bastaría negociar con el Secretario General, el chileno Insulza, quien estaría muy de acuerdo en colaborarnos. Al contrario de lo que generalmente se piensa en el país, Insulza siempre abogó por buscar entendimientos entre su país y el nuestro. Parece que el haber tenido una abuela boliviana lo inclinó a esa política. Y, naturalmente, Insulza se encargaría de convencer al gobierno de Piñera para que aceptase la resolución.
Esta nueva resolución debería tener una redacción semejante a la de 1983, negociada por un ilustre canciller, don José Ortiz Mercado, la cual fue consensuada con Chile y donde se manifestaba que se incluiría en la futura negociación “una fórmula que haga posible dar a Bolivia una salida soberana al océano Pacífico, sobre bases que consulten las recíprocas conveniencias y los derechos e intereses de todas las Partes involucradas”.
Esta importante resolución dio lugar a una nueva negociación durante la década del 80 del siglo pasado, que culminó con la denominada negociación del “Enfoque fresco”. Pues bien, si se llegara ahora a otra resolución de consenso con Chile, es muy factible que ella también podría determinar la superación de los problemas que están separando actualmente a las dos partes y a la iniciación de una negociación sobre el mar. De otro modo, si se sigue insistiendo en una política “contundente”, bien puede suceder que por castigar a Chile seamos los bolivianos los castigados contundentemente, ya que el mar podría alejarse muchísimo más de nuestro territorio.

La historia implacable o el efímero poder

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El lento retiro del General (The General’s slow retire) de Mary Helen Spooner. University of California Press, 322 páginas)

El general Augusto Pinochet (1915-2006) estaba convencido de que el pueblo chileno quería que fuese candidato una vez más para gobernar por otro periodo (ocho años). Para sorpresa suya y de sus allegados, los cómputos le dijeron No. Fue el punto que marcó el declive acelerado de una de las dictaduras más brutales de América Latina. Y aún comandante del ejército, vio derrumbarse el sistema de represión y seguridad que había instalado.  Violaciones a los derechos humanos y corrupción, que suelen andar de la mano, lo acosaron sin tregua en su otoño, cuando Chile retornó al goce democrático pleno  que había caracterizado gran parte de su historia. Hasta las estrofas agregadas al himno nacional fueron borradas y olvidadas apenas retornó la racionalidad.

La historia chilena reciente trae muchas lecciones para los aspirantes y practicantes de la dictadura. La obra de la periodista Mary Helen Spooner nos lleva de vuelta a esos tiempos y nos pasea con fluidez por muchos detalles arrinconados en la memoria y que aún provocan escalofríos. La obra es densa en el recuento y en el tiempo que abarca: hasta la llegada del actual presidente Sebastián Piñera.

La periodista nos hace sentir que la cínica impunidad del régimen, las violaciones sistemáticas a los derechos humanos, la sumisión del poder judicial y  la persecución política y  legal a los rivales tocaron límites insoportables. Pero la sociedad chilena,  de manera democrática, les puso fin. Esa sociedad   generó los anticuerpos para un régimen que parecía de acero. La periodista nos cuenta sobre la delicada orfebrería política trabajada por demócratas acendrados que abrieron el cauce para el retorno democrático  que permitió que se conociera públicamente mucho de lo que había ocurrido en el país vecino, con detalles morbosos de persecución, tortura y, como perla en la corona, la corrupción que parecía haber alcanzado al propio jefe omnímodo del estado.

El repaso de la historia, de manera periodísticamente vívida, hace de la obra de Mary Helen Spooner una lectura imperiosa que agarra hasta el final.  Es una lección sobre lo pasajero del poder, cómo las cartas se dan la vuelta y nada queda impune. No deja de ser una ironía la lectura de los pasajes del todopoderoso director de la tenebrosa DINA, general Manuel Contreras, escondido en una finca del sur de su país alegando estar enfermo, ni la vergüenza de dar la cara que tuvieron muchos ex colaboradores del general Pinochet. Son igualmente ironía los alegatos del general en retirada, sorprendido por el largo brazo de la justicia a través del juez español Baltazar Garzón, quien logró arraigarlo durante meses en Londres. Y también lo son sus repentinas pérdidas de memoria, malestares y supuestos olvidos cuando era interrogado sobre su fortuna y sobre los  “pinocheques”. Una conclusión inevitable: Los delitos contra los derechos humanos son imprescriptibles y tarde o temprano se los paga.

La autora también pasea por las penurias de los habitantes originarios del sur chileno, que no logran el establecimiento pleno de sus derechos ciudadanos. La obra es un típico y fluido recuento histórico, algo escaso en la narrativa del continente. Su peregrinaje como corresponsal en América Latina en los 80 la trajo por Bolivia. Cubrió los primeros tiempos de la noche oscura de la dictadura del dúo García Meza-Arce Gómez y, claro, sufrió la privación de su libertad: estuvo presa una semana en el Ministerio de Gobierno. Se espera para este año la versión en castellano.

En torno a la ocupación de Antofagasta

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Con el título arriba citado, el diplomático e historiador Ramiro Prudencio Lizón ha escrito sobre el aniversario de la invasión sobre territorio boliviano por el ejército chileno. Con su autorización comparto la nota del diplomático, publicada por el diario paceño La Razón:
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Este mes se conmemora un nuevo aniversario de la invasión a Antofagasta. El 14 de febrero de 1879, tropas chilenas al mando del coronel Emilio Sotomayor, desembarcaron y tomaron ese puerto, hecho que dio inicio a la Guerra del Pacífico.
Existe actualmente entre historiadores de los tres países involucrados en esa contienda una corriente interesada en estudiar la posibilidad de escribir una historia de la guerra con la mayor comprensión y ánimo integrador. Es una laudable intención pero muy improbable de lograr ya que los problemas devengados de ella, como la salida al mar de Bolivia, no se han podido resolver hasta ahora.
Además, existen aspectos de ella en que Chile muy difícilmente cambiaría de opinión, como el relativo a las causas de la guerra. Allá se menciona constantemente que sería Bolivia la causante de la misma.
Pero para Bolivia, la cuestión de los motivos que provocaron la ocupación de Antofagasta es de fundamental importancia. No podemos callarnos ante una afirmación de que por culpa de la ley de los diez centavos, Chile se sintió obligado a invadir territorio boliviano. Actualmente el gobierno nacional está terminando de nacionalizar las acciones de una gran empresa argentina de petróleo y no por ello la República Argentina tendría derecho a invadir nuestro país.
El origen de la Guerra del Pacífico no fue la mencionada ley de los diez centavos, sino el plan chileno, preparado con antelación, de apoderarse por lo menos de la zona sur del litoral boliviano, donde estaban ubicados los puertos de Antofagasta y Mejillones, y la zona interior de Caracoles. Y el argumento en que se basaba era el asentamiento de una gran población chilena en ese territorio, población que tarde o temprano se alzaría contra las autoridades locales y pediría su anexión a Chile.
El más importante historiador chileno, don Francisco Antonio Encina, dice: “La población chilena, por impulso espontáneo de la sangre, tenía que rebelarse contra la soberanía artificial de Bolivia y tender hacia Chile, cualesquiera que fueran la prudencia y honradez de los funcionarios bolivianos”. Pues bien, los gobiernos chilenos anteriores a la guerra, conscientes de ello, organizaron un fuerte ejército y una poderosa escuadra para llevar a cabo esa anexión. En general, los textos escolares de historia de ese país dan cifras muy reducidas (2.000 soldados) sobre el ejército chileno cuando comenzó la guerra. Pero el historiador chileno, don Ignacio Santa María, hace referencia a 14.000 hombres en pie de guerra, armados con los fusiles más modernos de la época, y apoyados por 16 cañones Krupp de acero. Este potente ejército esperaba día a día el levantamiento de la población chilena contra las autoridades bolivianas en la zona de Antofagasta; levantamiento fomentado naturalmente por el gobierno de ese país.
Pero en vez de que ello sucediera, provino la cuestión de la ley de los diez centavos que facilitó el plan chileno, el cual no sólo incluía la toma de Antofagasta sino también la rica provincia peruana de Tarapacá, donde también habitaba una considerable población de esa nacionalidad. El gobierno de la Moneda bien sabía de la existencia de un tratado secreto entre Bolivia y Perú, tratado motivado por el temor a esa expansión chilena y, por tanto, obró en consecuencia. Preparó la guerra no contra Bolivia, país que no tenía recursos ni posibilidades de defender su litoral, sino contra Perú, para arrebatarle Tarapacá, con lo cual obtendría el control total del salitre del mundo.
Es una ardua tarea buscar la debida imparcialidad y comprensión en hechos que han provocado un distanciamiento que dura más de un siglo. Sólo cuando nuestro país solucione su problema marítimo, mediante una salida propia y soberana al mar, se podrá estudiar la Guerra del Pacífico como un acontecimiento del pasado, porque la lacerante herida provocada por ella, dejará de lastimar por fin a bolivianos y peruanos.

Adjudicaciones en Arica

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El título bien podría haber sido “Un tranvía llamado deseo” (Tennessee Williams), pues no es sino un deseo lleno de aristas el expresado por la cancillería boliviana para administrar el ferrocarril Arica-La Paz. Es el tema del artículo del diplomático Ramiro Prudencio Lizón, transcrito a seguir:

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La Cancillería nacional está solicitando a Chile que Bolivia se haga cargo de la administración del puerto de Arica, y también del ferrocarril de Arica a La Paz que próximamente quedará habilitado.  Es meritorio el anhelo de que el país tenga mayor autonomía en su comercio exterior.  Pero, cabe la pregunta: ¿es factible que se concrete tal deseo?

Lamentablemente, nuestra Cancillería no ha ponderado los factores adversos que imposibilitan que el país pueda administrar tanto el puerto ariqueño como el ferrocarril de Arica a La Paz.

Respecto al puerto de Arica, hay que tener presente que el Estado chileno debe subvencionar a la empresa privada que lo administra, la Terminal Portuaria de Arica (TPA), para que pueda sostenerse y efectuar una eficiente labor en beneficio de los usuarios bolivianos y chilenos.  El motivo  de la subvención es el hecho de que TPA no puede cobrar por el almacenaje de la carga boliviana en dicho puerto, ni  de importación ni  de exportación.  Existen tratados bilaterales que libran a Bolivia de pagar por el almacenaje de su carga en todos los puertos chilenos.  Y como ella constituye el 80% de la que se manipula en Arica, sin la subvención del Estado chileno, la empresa TPA no podría subsistir.

Existe además, una acusación muy poco fundamentada de nuestra Cancillería sobre la administración privada del puerto de Arica.  Aquí se hubiera preferido que fuese el propio Estado chileno el que lo haga.  Pero esto es un error, porque cuando EMPORCHI, la empresa estatal chilena, manejaba el puerto, nuestros transportistas que llevaban y traían carga, sufrían lo indecible.  Ellos llegaban a Arica, descargaban su mercancía, y luego debían permanecer, tres o más días en esa ciudad hasta recoger la carga de ultramar, con los consecuentes gastos e incomodidades que esto reportaba.  La mayoría de ellos dormía en su propio camión con el fin de cuidarlos en la noche.  Ahora, con la TPA, eso se mejoró mucho, ya que nuestros transportistas descargan la mercancía en la mañana, y en la tarde de ese mismo día, o a más tardar al día siguiente, reciben la mercancía de ultramar y retornan a Bolivia.

Es evidente que la TPA ha subido las tasas portuarias, pero eso se compensa con el tiempo ganado por la eficiente manipulación de la carga boliviana.

Si las tasas portuarias fueron incrementadas, es porque existe además el cobro que efectúa una empresa autónoma estatal boliviana: ASP-B, radicada en Arica.  Su función se reduce a entregar manifiestos de carga.   Pero su cobranza es arbitraria, porque en Arica es elevada mientras que en Matarani es casi simbólica.  Cabe destacar que el dinero que percibe no lo deposita directamente al TGN sino que ella lo administra autónomamente.

En cuanto al ferrocarril de Arica a La Paz, sabemos que éste no es competitivo desde que se inauguró la carretera de Bolivia a Arica.   Esta carretera determinó que las empresas privadas que administraban el ferrocarril terminaran por declararse en quiebra.  El trazo en la zona chilena, de Arica a Visviri, tiene una pendiente muy alta lo que incide en el rápido deterioro del riel, de las ruedas y de las locomotoras en particular.  Precisamente, y con el fin de mantenerlo habilitado, existía una maestranza en Arica, con más de cien operarios, que se preocupaba de refaccionar y reparar constantemente tanto la vía como los vagones y locomotoras.

Ahora bien, la empresa que se haga cargo del Ferrocarril deberá también ser subvencionada por el Estado chileno, porque la mencionada maestranza es muy costosa.  Y  si el Estado boliviano llegara a controlar este medio de transporte, ¿cómo podrá sostenerse si deberá pagar a más de cien operarios de la maestranza?  Sería ilógico pensar que el Estado chileno subvencionase al Estado boliviano en ese rubro.

En consecuencia, los anhelos de nuestra Cancillería de controlar el ferrocarril y el puerto de Arica son sueños irrealizables.   Sin las mencionadas subvenciones del Estado chileno la administración de los mismos sería un esfuerzo a pura pérdida.

Evo y el mar

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23 de agosto, 2007 

Todos los gobiernos de los últimos 100 años, unos más que otros, han abordado  la cuestión de la mediterraneidad.  Muchos han creído estar a punto de una solución. Y todos se han desengañado.  Ahora le toca al de Evo Morales jugar la carta marítima y ya tiene una baja: el cónsul en Santiago, quien llegó a decir que Bolivia estaba ”cerca” de una solución. 

Cuando en febrero de 1975  los dictadores Hugo Bánzer y Augusto Pinochet decidieron reanudar relaciones diplomáticas  y encarar la cuestión tras abrazarse en Charaña, en el supuesto que los militares se entienden mejor, se afirmaba que éste le dijo a su colega: ”A Ud. lo colgarán en una plaza. A mí me harán un estatua”.  El vaticinio no se cumplió y ambos, con diferencias de intensidad, vivieron perseguidos por su pasado. Pinochet por los abusos y crueldades de su régimen en materia de derechos humanos y Banzer (reelecto democráticamente años después)  por lo mismo,  pero en escala boliviana, y por aquel infructífero abrazo.

Se decía entonces que el mar era para los presidentes bolivianos como una piedra al medio de una cachuela. En la ribera del frente había un tesoro tentador, pletórico de gloria. Pero para cruzar era necesario poner el  pie en la piedra. El problema era que  la piedra estaba cubierta de aceite.  Asentando bien el pie, se llegaba a la otra orilla y al tesoro. O se caía sin remedio.

La caída del Gral. Banzer comenzó por ahí. Junto al tema del mar empezaron a filtrarse críticas a su gobierno, porque los bolivianos podrían aguantar cualquier mordaza, menos que se les impida hablar del mar. Fue como un virus que infectó al régimen, de la misma manera que un virus infecta una computadora y la inutiliza. Tres años después, Banzer llamó a elecciones, su candidato ganó/perdió,  éste golpeó a su mentor y luego golpearon al golpeador.  

Evo Morales se dispone a poner el pie sobre la piedra resbalosa. Conviene que escuche lo que dicen  algunos “marólogos”  de primera clase. 

Subraya Javier Murillo, ex canciller, testigo de lujo en el Abrazo de Charaña, en el número más reciente de la revista Lazos de la fundación Unir:  ”…en el plano internacional los problemas no se resuelven  porque las causas sean justas o porque existan simpatías entre los pueblos y los gobiernos, o porque gocen del  apoyo, creemos sincero aunque declamatorio, de otros países. Es el realismo político el que prevalece”.  En otro párrafo dice: “El problema marítimo boliviano sólo podrá ser resuelto cuando concurran en el mismo momento político (¡!) la efectiva voluntad de Chile, el consentimiento del  Perú y la convergencia de criterios en Bolivia.”  Y algo para subrayar: “El enclaustramiento boliviano no ha sido parte importante, hasta el presente, de la agenda internacional de Chile. Su diplomacia optó por el statu quo. Esta situación puede cambiar en función del nuevo escenario externo (¿el pleito con Perú sobre los límites marinos?) y de los activos económicos (¿gas?) que puede desarrollar Bolivia.” 

Fernando Salazar Paredes, ex Embajador boliviano en la OEA,  ex ministro y profesor universitario trae un análisis fresco y detallado en su más reciente obra: “Bolivia y Chile: Desatando nudos”.   Su propuesta es novedosa en la maraña de muchas otras sobre el tema.  Sugiere el concepto de ”supremacía territorial” para una solución bilateral que consistiría en “la cesión por parte de la República de Chile a favor de la República de Bolivia de una costa marítima  útil, libre y con supremacía territorial conectada al territorio soberano de Bolivia mediante una franja igualmente útil y con supremacía territorial…”   Esta supremacía, se explica en la presentación de la obra, “no otorga al Estado que goza de la misma el derecho a disponer del respectivo territorio, sino sólo el derecho a ejercer algunas o varias competencias”.  Es decir, no hay soberanía, término-escollo en la mayoría de las propuestas. 

La propuesta de Salazar involucra unos 3.400 kilómetros cuadrados con 7,5 kms. de costa al extremo norte de Chile. Y como la fórmula no supone una cesión de soberanía, no sería necesario el consentimiento de Perú, dice. Además, nos explica que la idea tiene precedente en el propio Chile.

Genealógicamente, dice el autor, las primeras semillas habrían partido de Chile, con una visita a Bolivia en 1971 del ex canciller Gabriel Valdez Subercaseaux,  cuando era funcionario de las Naciones Unidas. El corazón de la propuesta consistía en “otorgar a Bolivia en usufructo un corredor a perpetuidad que sirviera para conectar su territorio con el mar, manteniendo la soberanía chilena sobre esa franja territorial”.

El tesoro está allí, en la otra ribera. Y la piedra resbalosa también. 

Harold Olmos