Chaparina

De nuevo el Tipnis

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El Tipnis ha vuelto a erigirse en tema de atención nacional ante la inminencia de la construcción de una carretera a través de ese lugar con la venia de los legisladores del gobierno que con un ¨se le mete nomás¨ dieron una voltereta a la decisión que habían tomado hace seis años. Por estos días en 2011, medio millar de habitantes del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure decidió marchar hasta La Paz en un trayecto de 600 kilómetros que duraría poco más de un mes, como recurso extremo para detener la construcción de una carretera que consideraban iba a herir de muerte a su territorio. Los temores de los marchistas cundieron en todo el país, aún más después de que recibieran una paliza inmisericorde de la policía que intentó desbandarlos el 25 de septiembre aquel año. Cuando, por fin, consiguieron subir las alturas y llegar a La Paz, fueron ovacionados por miles de ciudadanos que desbordaron los controles policiales para dar la bienvenida a quienes consideraron como heroes de una epopeya por salvaguardar uno de los pocos rincones naturales que quedan en el mundo.

Presionado por un movimiento genuino de opinión pública que había desbordado el país, cruzaba mares y llegaba a latitudes lejanas donde poco o nada se sabía de Bolivia, el presidente Morales firmó un ley que declaraba al Tipnis un territorio intangible, que no podía ser tocado. Fue la primera vez que un auténtico movimiento social torció el brazo de la primera autoridad nacional. Este pasado miércoles 9 de agosto, los senadores oficialistas levantaron la mano para aprobar la ley que suprimió la intangilidad del lugar y dejaron abierto el camino para construir la carretera por el centro del territorio.

(De este episodio marcante de la historia moderna del país tengo algunos capítulos narrativos y testimoniales en mi libro ¨Labrado en la memoria,  anotaciones de un reportero¨, editado por Plural y expuesto en la Feria del Libro de La Paz que concluye esta semana.)

Creo que el gobierno calculó muy mal si creyó que le saldría barato o gratis abrir la cuestión del Tipnis y tenerla resuelta para la campaña electoral de 2019-20 y la re-re-re con la que la mayoría oficialista parece de nuevo entusiasmada. Le está saliendo costoso. Miren ustedes.

Por las redes sociales abundan llamados para la defensa del lugar. El canción de Luis Rico que destaca el coraje de los habitantes del Tipnis resuena en millares de mensajes que recorren las redes. Junto a la canción, se ha vuelto viral la pintura del artista riberalteño José Moreno Aparicio que muestra en primer plano una paraba multicolor gigante de colores vistosos, que bate las alas como para aventar peligros sobre los que marchaban para llegar a La Paz hace seis años.

Los llamados a favor del parque y contra el status de tangibilidad que le han conferido los legisladores oficialistas parecen destinados a multiplicarse al aproximarse, en septiembre,  el aniversario de la ¨Masacre de Chaparina¨, el lugar donde ocurrió la paliza despiadada ejecutada por la policía y dirigida por autoridades del Ministerio del Interior.

Este movimiento corre independiente de la protesta de los partidos politicos de oposición, que han encontrado en la nueva norma una razón poderosa para actuar en conjunto. Todo cuenta con el aval de una opinion pública cuyo crecimiento luce incontenible, incluso para los propagandistas más empeñosos, pues está recubierta por principios de nobleza indiscutible como la defensa del medio ambiente y la protección de los pueblos indígenas. Son atributos que todo el mundo ama defender. (O casi todo el mundo). A eso se suma el convencimiento de que la carretera por el lugar tiene el propósito de ampliar las áreas de cultivos de coca, una promesa no desmentida del presidente Morales a los miembros de las federaciones que él también preside.

También hay el convencimiento de que no obstante la inquietud ya provocada por el paso dado por el legislativo, el debate no ha llegado a su fin y que la controversia reabierta está solo en sus comienzos. En el umbral parecen haber surgido batallas ecológicas y políticas con bajas cuya magnitude aún se desconoce.

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Reserva dilapidada

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El daño causado por las estafas al Fondo Indígena es cuantioso en cualquier escala boliviana pero aún mayor es la devastación del concepto de que los pueblos indígenas eran una reserva ética y moral que el país podía exhibir con orgullo ante el mundo. Las pérdidas financieras, pese a ser gigantes, no guardan simetría con las que ha sufrido la noción de probidad atribuida a una administración indígena que, solo por ser tal, se la creía incapaz de dañar a su propia gente.

Una recopilación metódica realizada por el legislador cruceño Oscar Ortiz Antelo evidencia la magnitud del desastre. ¨Crónica de una traición¨ – Investigación del Fondo Indígena (Plural, 226 páginas) presentada hace dos semanas en la Feria del Libro de Santa Cruz, es producto de meses de acumulación de datos, la mayoría de informes oficiales y de las publicaciones de la prensa desde que el caso salió a la luz pública hace cuatro años, tras una investigación periodística que encendió las luces de alerta. La obra de Ortiz ordena los datos, los coloca en cuadros estadísticos y dibuja una desgracia abatida sobre los intereses del sector menos protegido de la sociedad boliviana. En su versión online, la obra trae enlaces ilustrativos producidos por Sucel Comunicadores Asociados, un grupo de jóvenes abocados a trabajos en la red.

Recurrentes en la vida de este fondo creado a fines de 2005, fueron los favores personales basados en la militancia política, sobreprecios, compadrazgos, financiamiento de campañas y, en la culminación de irregularidades, el depósito del dinero en cuentas particulares de dirigentes del FONDIOC, que aplicaron en beneficio propio el principio de ¨vivir bien¨.

Los datos que trae habrían venido al dedillo en la obra del politólogo y ensayista venezolano Carlos Rangel, quien en 1976 sacudió los mitos que aún predominan en la izquierda latinoamericana (Del buen salvaje al buen revolucionario). Esa izquierda aún cree que en ¨el imperio¨ yacen las razones de la pobreza y el atraso que predominan en las sociedades del continente.  También resulta inevitable evocar a George Orwell (Eric Arthur Blair) en Rebelión en la Granja durante la escena en que los animales, desde las ventanas, contemplan con asombro y dolor la conversión de sus líderes en el hombre, la especie que habían aprendido a odiar y temer, con todos sus vicios, desde vestirse con prendas aterciopeladas hasta beber whisky.

Con irregularidades en más de la mitad de 1.100 proyectos aprobados por las autoridades del fondo, 1.048 (95%) recibieron los recursos en cuentas particulares por un valor de 695 millones de bolivianos, poco más de 100 millones de dólares. Del total de proyectos, 267 se detuvieron tras recibir el primer desembolso. Ochenta y seis personas recibieron en sus cuentas más de 113 millones de bolivianos en transferencias de entre 900.000 y 17,6 millones de bolivianos. Solo uno de los proyectos aprobados por el fondo llegó a recibir el cuarto desembolso. Esta sorprendente anomalía lleva al autor a concluir que ¨no se hizo mayor daño económico al estado por ineficiencia¨ y que ¨Nunca, en ninguna otra entidad públicda, se dio este despropósito…¨

El favoritismo politico que predominaba en las decisiones financieras del fondo queda expuesto cuando la obra lista a las entidades beneficiarias. Todas son del bloque que apoya sin condiciones al gobierno:  las Bartolina Sisa, la Confederación de ¨interculturales¨, y la Confederación Única de Campesinos, las tres del occidente del país. En conjunto, recibieron más de 500 millones de bolivianos, dice el estudio. Las del oriente recibieron un quinto de esa porción.

Es por lo menos curioso que una buena parte de los desembolsos hubiera tenido lugar durante y después de los acontecimientos del Tipnis, cuando el gobierno se empeñaba en construir una carretera que los nativos del lugar rechazaban y que remató en la violenta represión a la marcha indígena en Chaparina.

La sensación que queda después de leer la obra y revisar sus datos es de frustración y que los tiempos del abuso sobre y con los indígenas no han acabado. Y que los abusadores son de las filas de los abusados.

Justicia en entredicho

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La forma de justicia que en estos tiempos Bolivia proyecta al mundo tiene estampadas marcas indelebles. La de la mal entendida “justicia comunitaria” con la amenazante habilidad de los degolladores de perros; la de los comerciantes incendiados vivos en Achacachi; la de los policías martirizados en ayllus de Potosí; la de los campesinos vejados en Sucre; la paliza brutal a los marchistas en Chaparina. A esas imágenes se ha sumado la sombra de Jacob Ostreicher y la cruzada del actor Sean Penn para liberarlo. Del caso se supo localmente como una noticia policial más, pero ahora, después de casi dos años, es un suceso que aparece en medios mundiales como ejemplos de una realidad distinta de la que exhibe la propaganda oficial.

Es una de las ironías actuales de Bolivia. Un senador del gobierno admitió a tropezones la noche del miércoles que el actor fue designado embajador “de las causas nobles” por el presidente Morales y que ese nombramiento está vigente. Colegas del legislador dicen que el agro-inversionista Ostreicher es un malagradecido al boicotear la porción del rally de Dakar que deberá pasar por Bolivia. Conociendo el anuncio de un posible boicot y el desánimo que eso provocaría, las autoridades deberían tomar más en serio al actor, a su defendido y la causa que los une.

Con toda su notoriedad, el caso tiene rivales que le disputan atención y a ratos lo  aventajan. El llamado “caso terrorismo” o Juicio del Siglo se arrastra desde hace  cuatro años, cada vez con menos creyentes y con la sospecha de que los mayores responsables no están en el banquillo. El juicio transcurre bajo la mirada impaciente de decenas de familias cruceñas y cientos, quizá miles, de parientes y amigos a quienes llega el oleaje del proceso que ahora se desarrolla en Santa Cruz. La audiencia para este caso trasciende fronteras con una peligrosa magnitud que muchos aún no perciben.  El que estén involucrados ciudadanos de países de los que nos llegan pocas noticias, como Irlanda, Hungría y Croacia, no significa que esos países sean indiferentes al proceso en curso ni su bloque mayor, la UE.

Estos días cumple un año en la Embajada de Brasil el asilado más notable que ha tenido Bolivia: el senador Pinto, todavía en su refugio en La Paz sin perspectivas de un salvoconducto. Y acaban de pasar seis meses desde que el periodista, Fernando Vidal, de Radio Popular de Yacuiba, también estuvo cerca de ser convertido en bonzo por quienes lo atacaron y quisieron quemarlo junto a su operadora Karen Anze.

Ninguno tiene apoyo de un Premio Oscar, pero encierran dramas que algún día serán parte del neorealismo boliviano

Chaparina, otra vez

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Las sombras densas que cubren la verdad oficial sobre la represión policial a cientos de indígenas que marchaban hacia La Paz en septiembre de 2011 se han vuelto aún más espesas esta semana, con la negativa de las autoridades a revelar quién dio la orden de avanzar contra la marcha y maltratar y apresar a decenas de personas, entre ellas mujeres y niños, en uno de los capítulos más lamentables y brutales del gobierno del presidente Evo Morales.
Nadie cree que una operación, políticamente tan importante, hubiese sido ignorada por las principales autoridades, y que todo partió de la acción irresponsable de algún subordinado. Es como creer que una cirugía mayor fue dispuesta y dirigida por un cirujano subalterno del hospital con el desconocimiento del jefe encargado de la operación y de la cabeza administrativa del lugar.
Esta tesis se vuelve aún más inverosímil cuando se recuerda que la ex ministro de Defensa, Cecilia Chacón dijo que el día anterior a la represión se había realizado una reunión de la cúpula del gobierno, a la que no había sido convocada (tiempo después, la ministra renunciaría públicamente al cargo), para evaluar la situación que se planteaba con la decisión de las mujeres de la marcha de sujetar al canciller David Choquehuanca. La actitud decidida de las mujeres forzó la ruptura del cerco policial que impedía a los marchistas acercarse a un arroyo para aprovisionarse de agua fresca y asearse.
La versión oficial se ha complicado con las declaraciones del vicepresidente Álvaro García, quien dijo que se había enterado (él, y probablemente otras autoridades) de lo que ocurría gracias a la llamada de un periodista. (“…uno de Uds. que nos llama desde Chaparina y nos dice que estaba habiendo la intervención policial. Fue la manera de enterarnos”, transcribe El Deber de hoy, 24 de abril, 2013. En la versión de El Día: “Yo me entero del operativo en Chaparina a través de la llamada de un periodista a las 4 de la tarde…Si es que el presidente y el vicepresidente hubieran planificado hubiéramos estado reunidos desde las 2 o 3 de la tarde”.
Un comentario rápido: Urge saber quién era ese periodista (un varón, por lo que escucha decir al segundo mandatario), que tiene el número telefónico del vicepresidente y pudo llamarlo directamente. Los colegas que cubren la fuente habitualmente podrían determinar de dónde partió esa llamada. Hay una discrepancia en cuanto a la hora: el vicepresidente habla de las 16:00 horas; dirigentes indígenas dicen que a las 17:00.
Poco después del episodio el vicepresidente dijo que las autoridades sabían de dónde había partido la orden y pidió a los periodistas “tener un poquito de paciencia”. Nunca ofreció nombres, ni cuando a APLP que presidía Pedro Glasinovic se lo reclamó.
Una dirigente indígena dijo que el vicepresidente sabía de lo que estaba por ocurrir “mucho antes” y no por medio de la prensa. “El requerimiento de masquín (cintas adhesivas) y combustible vino un día antes. Tenemos pruebas de eso”. Las palabras de la dirigente Nelly Romero están también en El Deber de hoy.
El ex ministro de Gobierno Sacha Llorenti, una de las cabezas a cargo de la marcha indígena de entonces, estuvo en otro plano noticioso. Como embajador ante la Organización de las Naciones Unidas, el ex defensor de los derechos humanos en Bolivia fue componente de la delegación boliviana que entregó este miércoles en La Haya el reclamo del país para una solución a la mediterraneidad en que se encuentra desde 1879. Llorenti sostiene la tesis de que la “cadena de mando” se rompió en Chaparina.
Hay una voz incorpórea que dio la orden cuya identidad aún sigue en la oscuridad. El caso lleva 19 meses.

¿Quién aplaudió la “represión limpia y sin balas” en Chaparina?

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La pregunta fue hecha esta comienzo de semana por la ex Ministra de Defensa Cecilia Chacón al exponer insatisfacción con la designación de Sacha Llorenti como representante boliviano ante las Naciones Unidas. La ministra, con un sonoro “así no”, renunció al gobierno del presidente Morales hace casi un año como protesta por la represión policial sobre la marcha indígena en Chaparina, de la cual ninguna autoridad quiere responsabilizarse. La insatisfacción de la ex ministra, la única en dirigir la cartera de Defensa Nacional bajo del actual gobierno, es un hecho noticioso de  magnitud.
Cuenta de la carta de la ex ministra dio la Agencia de Noticias Fides (ANF), que colocó un resumen en su portal Noticias Fides y alertó a los medios sobre la actitud de quien durante algunos meses estuvo a la cabeza de las armas bolivianas.
(Para ver la entrada completa ir aquí al lado, a Páginas)