Carretera

Barreras

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El camino para que el presidente Evo Morales pueda aplicar el principio del ¨se le mete nomás¨ en busca de permanecer en el gobierno se ha vuelto más empìnado. Estos días han surgido barreras que parecen haber colcado ese sendero muy próximo a una posición vertical. Su estrategia, dicen los observadores, puede continuar de manera impredecible o rectiificar hacia un retiro elegante. Nada indica que, de inmediato, el mandatario vaya a renunciar a su intento tri-releccionista.

En menos de dos semanas han aterrizado en el escenario politico nacional dos factores que deben haber sacudido sus planes. Primero ocurrió el manifiesto ciudadano Agenda del 21F (por el referendum de febrero del año pasado, cuando la mayoría dijo No al propósito de reformar la constitución para permitir al presidente ser candidato por enésima vez.) A poco vino el ingreso de Jaime Paz Zamora a la arena con el mismo propósito de la A21F y fijó como punto de ruptura oponerse a la construcción de una carretera por el Tipnis que no repara en las secuelas ambientales del proyecto ni en el buen vivir de los habitantes de la zona.

La A21F reiteró también sin ambages una posición ciudadana generalizada contra el plan carretero del gobierno que, por ahora, regresó otra vez en el congelador. El gobierno calibró la avalancha que representaba haber quitado la intangibilidad al territorio cuando, el 9 de agosto, los legisladores oficialistas revirtieron la decision que ellos mismos habían tomado seis años antes, y lo dejaron legalmente interme. Entonces, el presidente Morales declaró que la obra dormiría sin plazo porque no había recursos para construirla.

Que no había más financiamiento externo era algo que ya se sabía cuando los legisladores desnudaron al Tipnis de protección legal. De manera que el ¨no hay dinero¨ equivalió a reconocer que hay una corriente mayoritaria opuesta a su plan, visto más que como una via de infraestructura para unir los dos departamentos, como un claro favorecimiento a la expansion de las áreas cocaleras del Chapare, que el presidente había prometido facilitar. Aquí yace el punto de fricción inevitable pues nadie en el gobierno se ha atrevido a desmentir los estudios que dicen que hasta el 90 por ciento de la coca chapareña tiene un fin ilícito. Léase narcotráfico.

La A21F expresó un compendio de ideas y sentimientos que han estado a flote en el ambiente y tiene la virtud de expresarlos de manera resumida y clara. En contenido y propósitos, es el mismo movimiento que recorrió el país con la meta de parar la tentativa multi-reeleccionista del presidente Morales y culminó a principios del año pasado.  El éxito fue contundente y al principio reconocido, pero el gobierno, en una confirmación de que regímenes de su naturaleza tienden a no irse del gobierno si no son arrancados de él, decidió buscar otras maneras de contornar el muro anti re-re-re-releccionista que se levantó. Igual que Nicolás Maduro, quien, arrinconado por una asamblea legislativa mayoritaria, inventó una constituyente de miembros escogidos a dedo con la que pretende gobernar.  

Concebido en media docena de páginas, el documento con el que la A21F ingresó al escenario politico expuso su objetivo principal: ¨la transición del Estado autoritario y corporativo actual hacia un estado democrático que garantice los derechos de las personas, de los pueblos y de a naturaleza¨, al que agregó una advertencia: ¨Puesto que no hay viabilidad jurídica ni política para los planes de perpetuación de Evo Morales en el poder, las organizaciones de oposición y el propio MAS (el partido de gobierno), deben prepararse para un nuevo proceso de transición¨.

De inmediato, el presidente no dio oídos a la advertencia, que sonó como un consejo de sobria firmeza para evitar mayores tribulaciones al país. Este fin de semana estaba de viaje, acompañado de docenas de militantes de su partido, rumbo a Caracas, para rendir apoyo a Maduro, el gobernante más impopular del continente, de quien el mismo conglomerado ciudadano le había sugerido un alejamiento profiláctico.

Paz Zamora, aún empeñado en obtener reconocimiento legal para su partido ahora bajo el nombre de Unidad 21F MIR, mostró otra punta afilada de la que Morales deberá cuidarse mucho. Jefe de una organización que luchó contra dictaduras y que tiene estructuras en casi todo el país, Paz Zamora se pone al frente de Morales determinado a combatir los nuevos intentos prorroguistas del mandatario. La última semana, estuvo casi todos los días atacando al régimen y condenando el plan carretero por el Tipnis, bajo cuya presidencia ganó el carácter doble de parque nacional y territorio indígena.

Hasta hace solo unos meses, el cielo de Evo Morales parecía más o menos despejado. Ahora las nubes se le han oscurecido y anuncian tiempos de tormentas.

Aristas

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En días que el gobierno querría que fuesen tranquilos, han empezado a afirmarse focos de controversia destinados a crecer en momentos en que el Papa Francisco ya está en tierra sudamericana y se aproxima el momento de su llegada a Bolivia. Las aristas conflictivas afiladas a lo largo de años que se manifiestan estos días contrastan con los esfuerzos de las autoridades por rodear la presencia de Pontífice de un clima de concordia.

A unos cientos de metros de las vallas oficiales que saludan al Santo Padre desde un escenario conmovedor  por su sencillez y expresivo de la profunda cultura religiosa que plantaron los misioneros jesuitas de la colonia, se alzan otras que celebran la presencia del Papa Bergoglio y reclaman una amnistía como paso de reencuentro entre bolivianos. Flanqueado por banderas verde-blanco de Santa Cruz, y un diseño del perfil del Pontífice, estaba este fin de semana un pedido adherido a los vidrios de gran número de vehículos: “Papa Francisco: Intercede por nuestros familiares, refugiados, presos y perseguidos políticos”.

La oportunidad que ofrece la visita del Pontífice repercutió con fuerza el jueves en el Juicio del Siglo, donde un abogado defensor sugirió sorpresivamente una amnistía que decretaría el  Presidente Evo Morales bajo prerrogativas establecidas por la Constitución Política del Estados. Francisco Aróstegui, el ex prefecto de Santa Cruz, planteó esa mañana, apenas iniciada la audiencia, que la amnistía fuese solicitada al presidente en conjunto por la defensa y por los propios fiscales, ante la insólita extensión del proceso, con más de seis años desde sus orígenes, el 16 de abril de 2009 con el asalto al Hotel Las Américas.

“Fue como hablarle a mudos”, dijo después, al recalcar que los fiscales no respondieron de inmediato a la propuesta. Aróstegui dijo que veía esa posibilidad como una forma legal y expeditiva de resolver el proceso aletargado como pocos en la historia del país. Uno solo de 41 testigos lleva más de tres meses declarando y a ese ritmo “verán llegar a sus bisnietos y tataranietos sin que ocurra una solución”, dijo. De 39 acusados, cuatro siguen en prisión preventiva en San Pedro (La Paz) y Palmasola (Santa Cruz) y cinco recuperaron la libertad tras declararse culpables tras años en la prisión desde la que proclamaron inocencia. (Uno de ellos, acaba de afirmar ante el Parlamento Europeo que no hubo un enfrentamiento entre la policía y ocupantes del hotel, a diferencia de la tesis oficial que sostiene que la policía fue la atacada). Los demás están en el exilio.

Con una magnitud igual o mayor, se desplaza la controversia sobre el TIPNIS. La determinación del gobierno de abrir una carretera por el corazón de ese lugar entre el norte de Cochabamba y el sur del Beni marcó una ruptura con indígenas del oriente boliviano y definió prioridades oficiales superiores a los discursos para preservar la naturaleza. Los indígenas que se opusieron a la carretera y pagaron con una paliza brutal que indignó a ecologistas en todo el mundo, se proponen denunciar la persistencia de los planes para atravesar el lugar y buscan la manera de llegar con su mensaje hasta el Sumo Pontífice. Con cartas oficiales a la Nunciatura Apostólica, la Conferencia Episcopal y al Cardenal Julio Terrazas, han pedido ayuda para hablar ante el Papa Francisco sobre “los problemas de las nacionalidades indígenas” y denunciar que “se siguen violando los derechos de los pueblos indígenas”.

El tema es particularmente sensible para el Papa, que hace solo pocas semanas  divulgó una carta encíclica para la preservación de la naturaleza.  “A los gobiernos se les vende un discurso que no corresponde a la realidad”, dijo Adolfo Chávez de la CIDOB (Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente de Bolivia). Con el tema que representan, opuestos al recorrido de la carretera, los indígenas amazónicos esperan llamar la atención sobre el problema y llevar al gobierno a reorientar su mayor proyecto carretero.

“Es una oportunidad de mostrar esta agresión contra nosotros y la naturaleza”, dijo Lázaro Tacoó,  también de la CIDOB. En el lugar se extiende por unos  9.000 kilómetros cuadrados donde viven más de 4.000 indígenas agrupados en unas 60 comunidades. La mayoría vive de la caza y la pesca y del comercio entre comunidades. En busca de frenar los planes del gobierno realizaron dos marchas con un recorrido de más 600 kilómetros desde el lugar hasta La Paz.

A la controversia se ha sumado la autorización  del gobierno para que empresas petroleras exploren en busca de hidrocarburos en una veintena de parques naturales. La apertura hacia una industria frecuentemente en conflicto con los ambientalistas ha traído a la discusión el estado del sector petrolero nacional, hoy responsable de la mayor tajada de ingresos de divisas y de impuestos que tiene el país. El tema merece ser tratado en otra oportunidad.

Otra vez el Tipnis

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En una decisión que reactiva la alarma de los ambientalistas, el gobierno ha dicho que se propone retomar este año la construcción de una carretera por el Tipnis, la obra más controvertida de la historia nacional.

Al tenor de noticias recientes, ejecuta los trabajos una Fuerza Binacional de Ingeniería Social Bolivia Venezuela de la que poco se ha hablado y que este año deberá construir 1.500 kilómetros de carreteras asfaltadas en Beni y Pando. Es una extensión respetable, sin precedentes para solo un año, aun de vías sencillas doble carril. Unos 60 kilómetros de la carretera hacia San Ignacio de Mojos traen un costo ambiental inaceptable para muchos bolivianos. Incluyen el tramo destinado a atravesar el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro-Sécure que un millar de indígenas originarios encumbró en la conciencia ecológica del mundo como trinchera de la defensa de las reservas naturales.

Paralizado desde hace tres años, al arreciar las simpatías hacia los habitantes originarios del Tipnis y la furia por la represión sobre quienes marcharon en 2011 para defenderlo (aún no está muy clara la ruptura de la “cadena de mando” que desencadenó la brutal paliza), el presidente ha anunciado el reinicio del emprendimiento, dormido por las campañas electorales recientes.

Apoyados en una consulta posterior (previa, dispone la ley) los colonizadores de un quinto de los 12.000 Km2 del Tipnis, ahora se movilizan por la construcción, en tanto que nativos originarios han dicho que preparan  otra marcha para llegar hasta la sede de la comisión interamericana de derechos humanos, en Washington.

La controversia en torno a la obra que irritaba a ambientalistas por doquier   inviabilizó un financiamiento de 332 millones de dólares acordado por Brasil mediante su Banco de Desarrollo. El gobierno boliviano dispuso entonces cubrir todos los costos con recursos propios. La controversia está atizada por la presencia de sembradores de coca entre los colonos y el temor de que la carretera aumente sembradíos y materia prima para las drogas. Dirigentes del lugar contrarios a la obra han dicho que legiones de cocaleros ingresarán al Tipnis apenas esté expedita la ruta, que aseguran les prometió el presidente Morales en la campaña para su primera elección.

La agitación derivada del proyecto reconfirma una realidad que algunos preferirían ignorar: un tema que marcará huella en el registro positivo o negativo de la historia será la actitud de los dirigentes del gobierno ante el Tipnis. Por lo que se lee, datos fundamentales para esa historia están siendo escritos estos días.

Recisión del contrato con OAS: Se agita el avispero

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Actualización:

No habían transcurrido más de dos horas del anuncio del presidente sobre el “inicio” de la recisión del contrato con OAS para la construcción de la carretera que atravesaría el TIPNIS cuando resonó la voz de los dirigentes originarios del lugar: La decisión de la marcha desde Chaparina a partir del 25 de este mes se mantiene  mientras el gobierno no derogue la ley 222, que decretó la tangibilidad del parque que semanas antes había sido declarado intangible.

Las palabras del presidente dieron pie a que dirigentes del TIPNIS y de quienes los apoyan exhibiesen la poca credibilidad que asignan a la palabra del primer mandatario.

“El presidente miente y lo que busca es frenar la movilización. Nosotros continuaremos”, dijo Fernando Vargas, el presidente de la Subcentral del TIPNIS, Fernando Vargas al sistema rural de emisoras Erbol. El proceso hacia la marcha continúa, dijo,  no solamente hasta que se derogue esa ley sino mientras la Administración Boliviana de Carretera no presente una alternativa a la ruta sobre la que trabajaba la OAS, la  empresa brasileña cuyo contrato está ahora bajo la guillotina.

El ex Viceministro de Tierras Alejandro Almaraz,  participante de la marcha de los pobladores originarios del TIPNIS el año pasado, dijo lo mismo. “Independientemente de  lo que pase con el contrato (de la OAS), y aun asumiendo su anulación como positiva, subsiste el grave problema creado por el gobierno al oponer….a la Ley 180 de protección al TIPNIS la ley de Consulta sobre el TIPNIS”. Su declaración está aquí.

La contraposición, en criterio de Almaraz, “vulnera los derechos de los indígenas…si no lo hace la OAS (atravesar el TIPNIS) lo hará otra empresa”.

En pocas palabras: el anuncio presidencial ha agitado aún más el avispero causado por la carretera.

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 La agencia oficial de noticias ABI acaba de traer la información: El presidente Morales anuncia “el inicio” de la ruptura del contrato entre el estado y la empresa  brasileña OAS para construir la carretera San Ignacio-Villa Tunari. El mandatario dijo que “desobediencias” y faltas en el contrato lo habían llevado a esa decisión. No ofreció detalles que avalen todo el peso de la decisión.

En el momento de publicar esta entrada no había indicaciones sobre el significado del “inicio” pero parecía un proceso en marcha que, por lo menos de momento, abre un paréntesis en la controversia monumental levantada con esa obra, proyectada para atravesar el corazón del TIPNIS, el santuario ecológico entre Beni y Cochabamba. Si la obra será continuada y por qué ruta, era un tema de especulación, pues no  había indicios claros sobre las cartas que barajaba el gobierno.
Tampoco era sabido quién y en qué condiciones podría retomar los trabajos. (El presidente habló en los últimos meses de asignar a las fuerzas armadas un papel importante en trabajos de infraestructura, pero no se conoce si la institución militar puede acometer la responsabilidad de esa carretera).   La obra está financiada por el Banco de Desarrollo Económico y Social (BNDES), de Brasil (más de 300 millones de dólares) y tampoco se sabía si el crédito sería mantenido.  Menos se podía, con los escasos datos disponibles, anticipar las consecuencias que el paso podría tener, que abona un terreno fértil para la especulación.

De momento, es probable que ganen crédito por la decisión las organizaciones que  han denunciado irregularidades en el contrato, entre ellas -y principalmente- el Movimiento Sin Miedo (MSN), de Juan del Granado, ex aliado del gobierno y ahora en marcha por su propio camino.

Creo que el sentido común hace esperar que no se trate de un nuevo salto al vacío. El anuncio ocurre a sólo 15 días de la marcha programada por la Confederación de Indígenas del Oriente Boliviano (CIDOB) ante la decisión del gobierno de ir adelante con el proyecto apoyándose en una “consulta previa” no más previa en fecha próxima.
Transcribo la nota inicial de ABI como fue colocada en su sitio de la internet.
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La Paz, 10 abr (ABI).- El presidente Evo Morales anunció el martes el inicio de la recisión del contrato suscrito con la empresa brasileña OAS para la construcción de la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos, en los tramos I y III.

El Mandatario en conferencia de prensa en Palacio de Gobierno dijo que “desobediencias de OAS, incumplimiento en varias obligaciones contractuales que afectan las obras en tramo I y III, no presentó informes de medición? (el signo de interrogación viene del original) Ayer en una larga reunión del equipo que está a cargo como ABC y por eso hemos decidido iniciar la anulación del contrato con OAS en esos dos tramos, es importante el camino, pero empresas que no cumplen saben ustedes que se ejecuta la boleta de garantía que hicimos con muchas empresas”.
Red central-ma ABI

En una ampliación de la noticia momentos después, ABI informó que el presidente había dicho que “sentía” (un pálpito o alguna sospecha fundamentada?) que “hay algún fraude” y que por eso la obra no es concluída (se refería a los tramos I y III de la carretera). La decisión fue adoptada tras una dilatada reunión en el gobierno sobre los alegados incumplimientos de la empresa brasileña. Dijo que OAS había suspendido arbitrariamente las obras en los tramos I y III y no había presentado ninguna propuesta de “rescate arqueológico”.

La OAS tampoco ha cumplido debidamente otros contratos, como el de la carretera Uyuni-Potosí, que debía haber sido entregada en diciembre de 2010. Los atrasos e incumplimientos han puesto en aprietos a las autoridades departamentales o regionales sobre cuya jurisdicción se realizan las obras, dijo el mandatario, de acuerdo a la versión de ABI.  Sin embargo, subrayo que, a diferencia de otras administraciones, la suya ejecuta las boletas de garantías (citó el caso de El Mutún, 3% del valor total del contrato). En cambio, encomió a las empresas que ejecutan la doble via Montero-Cristal Mayo y La Paz-Oruro.

Hasta cerca delmediodía no se conocía ninguna reacción de la empresa brasileña.

No es el primer caso de una firma brasileña cuyos contratos son rescindidos por el estado. Durante el gobierno del presidente Luz Inacio Lula da Silva (2001-2010), la constructora Odebrecht fue expulsada de Ecuador por incumplimmiento de contratos para una presa hidroeléctrica. La drástica decisión irritó a la diplomacia brasileña. La obra, de acuerdo a los alegatos de Ecuador, tenía graves defectos.  Brasil salió en defensa de su empresa y suspendió todos los acuerdos de cooperación con Ecuador. Pero luego de varias escaramuzas, las relaciones bilaterales retornaron a su cauce.