Cancillería

La piedra en el zapato

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Caroline Dwyer vino a Bolivia hace dos semanas y demoró pocas horas en llegar a la conclusión de que su viaje desde las tierras verdes y frías de Irlanda había sido una nueva frustración. Era su segunda venida a los andes y los trópicos sudamericanos en busca de averiguar porqué y quién mató a su hijo de un balazo certero en el pecho en un episodio sangriento que siete años después aún es una sombra para el gobierno. Las autoridades afirman que el joven irlandés vino desde parajes remotos de su país para involucrarse en una conjura, sembrar terrorismo para dividir Bolivia y proclamar una nueva nación en el centro continental.
En busca de lograr que las autoridades bolivianas contribuyan a esclarecer el caso, mantuvo en los últimos años una actitud cautelosa. Creyó que el viaje del presidente Morales a Irlanda y las entrevistas que sostuvo con las principales autoridades de ese país hace ocho meses, allanarían el camino para una investigación internacional independiente y dar con los responsables de la muerte de su hijo.
Cálculos iniciales decían que esa investigación estaría activa en abril. Pero la comisión aún no se ha formado, aún carece de anuncio oficial, y la investigación continúa con el epílogo que le asignó la versión oficial: él y sus compañeros dispararon sobre la policía desde sus habitaciones y ésta abrió fuego. Permanecen las dudas sobre si los que estaban en el Hotel Las Américas pudieron disparar pues dormían semidesnudos, o en qué condiciones batallaba Dwyer para recibir casi a quemarropa el disparo que le perforó corazón. Su compañero Elöd Tóásó dijo que lo había visto a su lado de rodillas en una pista de aterrizaje en la madrugada del 16 de abril de 2009. La forense oficial irlandesa envió hace años su informe sobre su compatriota, pero la defensa dice que el documento se quedó en la cancillería boliviana y no fue enviado al juez a cargo del caso.
¨Lo menos que podían haber hecho antes de que emprendiera el largo viaje a Bolivia, era avisarme que no me recibirían¨, dijo al retornar a su país. ¨Mi experiencia me dice que las autoridades bolivianas nunca serán parte de una investigación sobre la muerte brutal de mi hijo¨, agregó, citada por diarios irlandeses. El departamento de asuntos exteriores de Irlanda emitió una declaración en la que subrayó su ¨grave preocupación¨ por la inutilidad de la visita. Una preocupación similar había emitido durante la visita del presidente el año pasado.
Consulté a la señora Dwyer por correo electrónico sobre los trámites para su visita y las autoridades con las que esperaba entrevistarse. ¨Todo fue arreglado con el departamento de asuntos exteriores a niveles diplomáticos¨, dijo. Por lo visto, esperaba verse con niveles altos de la Cancillería. Cuando estuvo en Bolivia las autoridades concertaron un encuentro con dos técnicos con los que Caroline Dwyer habló, pero ninguno de ellos era siquiera testigo de alguna de las partes en el juicio y el tema para ambos parecía desconocido. Si se trató de una manera de evadir un problema, es difícil creer que se hubiera evadido algo.
El traspié no configura buenos augurios para el Juicio del Siglo, que debe reanudarse esta semana tras casi tres meses de tropiezos, ahora a la espera del resultado de una apelación a la decisión del tribunal que decidió apartar el general Gary Prado Salmón hasta que se cure de viejas heridas. La fiscalía quiere que el militar sea reincorporado a las audiencias, pero todos los diagnósticos, incluso de los forenses oficiales, dicen que las heridas del general deben curarse so peligro de un grave desenlace. Con el fracaso para abrir el caso a investigadores externos la ofensiva de la familia Dwyer podrá volverse más abierta y más activa.

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La carta clandestina

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Cinco meses después de la difusión de  la “Carta al Pueblo de Bolivia”  que escribió el ex fiscal Marcelo Soza Álvarez tras su fuga a Brasil, el documento es aún desconocido legalmente. Soza, director durante cuatro años del mayor caso penal de la historia boliviana reciente, dijo que su vida y la de su entorno familiar corrían peligro, y aguarda la decisión brasileña sobre su pedido de refugio. En Brasilia, en una entrevista con  medios bolivianos, el ex fiscal Soza dio fe de la autenticidad del documento,  al principio puesto en duda por defensores de la tesis gubernamental.  “Yo reconozco la carta. Yo la firmé, la presenté a la Policía Federal, la leí ante los medios de comunicación y ésa es la carta que yo firme de puño y letra”, dijo en mayo a Página Siete y ANF. La confirmación zanjó la controversia en sus inicios, pero no consiguió que la nota sea aceptada como documento válido para el Juicio del Siglo escenificado en Santa Cruz desde hace 20 meses.

Traducida al portugués y autenticada por un notario de fe pública de Brasil, la carta carece de valor legal en Bolivia. Las perspectivas inmediatas de asignarle vida legal son exiguas y los fiscales que defienden el caso del gobierno le anteponen el adjetivo de “supuesta”.  El tribunal a cargo del juicio no la reconoce como prueba (“existe, pero aún no ha sido valorada”) y concuerda con la postura de los patrocinadores opuestos a los movimientos de la defensa para incorporar la misiva, cuyo contenido apunta al corazón de la tesis que sostiene el gobierno desde hace 64 meses.
La carta más famosa de Bolivia en los últimos tiempos aguarda que la cancillería otorgue luz verde que permita conferirle valor legal, algo que los acusados ven improbable. Sostienen que hacerlo significaría confrontar la tesis oficial con la que ahora sostiene el personaje que la preparó: fue producto de manipulaciones y presiones del gobierno en un plan para controlar políticamente a una región en la que no parecía gozar de gran afecto. ¿A quién creería usted? ¿Al autor o a quienes defienden la tesis que  el autor ahora niega?
Entre las razones para su escepticismo, los acusados dicen que la cancillería no remitió al tribunal los resultados de la autopsia emitidos en mayo de 2010 por la forense oficial de Irlanda, que examinó el cadáver de Michael Dwyer, uno de los tres que murieron en el episodio del Hotel Las Américas en la madrugada de 16 de abril de 2009. El informe se contrapondría al oficial del gobierno boliviano. Empero, dicen, debía haber llegado al tribunal para ilustrar a los jueces sobre cómo los peritos de Irlanda sostienen que murió su compatriota. El freno atribuido a la cancillería nunca fue explicado y es un reclamo sobre el que periódicamente se escucha en la sala de audiencias del Palacio Judicial de Santa Cruz.
La carta que legalmente no existe relata pormenores de la que Soza describe como intervención gubernamental en el caso y asegura que llegó a pedir que el Presidente Evo Morales y el Vicepresidente Álvaro García declaren ante su fiscalía para que se liberen de toda responsabilidad.  “Sus ministros  lo impidieron”, sostiene en el documento.  Las autoridades dijeron que no comentarían la versión de “un delincuente confeso”.
 Soza encabezó las investigaciones hasta un año antes de su fuga.  Denis Rodas Limachi, uno de los ex abogados del gobierno  presentado como testigo de la defensa, dijo que la denuncia del caso fue elaborada antes de que ocurrieran los sucesos que iban a ser denunciados. El memorial sobre preparativos de actos inespecíficos de violencia fue redactado el 30 de marzo pero activado el 14 de abril. La denuncia “no precisaba ni el hecho a investigar ni a las personas que había que investigar”, dijo Rodas Limachi, en el Ministerio de Gobierno desde 2008 y en 2010 promovido como Jefe de Sección de Asuntos Jurídicos. Estaba en la cúspide de su carrera en ese ministerio cuando fue golpeado, junto con otros de sus colegas, por denuncias de extorsión y está preso en Palmasola desde hace más de un año y medio.
La inexistencia legal de la carta de Soza es uno de los elementos peculiares del caso. Hace unas tres semanas, cuando el tribunal rechazó una acción de libertad (habeas corpus) para uno de los acusados presos desde el episodio del Hotel Las Américas (16 de abril de 2009), surgió una interpretación que configuraba una “doctrina de los años efectivos”  (365 días hábiles). Se negó libertad condicional al acusado, que alegaba que estaba preso sin sentencia desde hacía más de cinco años aunque la norma dicta un máximo de 36 meses (tres años) para esa condición. Los fiscales acusadores destacaron que los 36 meses no debían incluir dilaciones supuestamente ocasionadas por el  acusado, ni feriados, suspensión forzosa de sesiones y otras causas que sumadas harían que, para el acusado, el año tuviese más de 500 días o el mes más de 40.
En esa sesión estuvo como observador un diplomático de la Unión Europea.

 

Brasil confirma ingreso de Pinto y llama a embajador – Saboia: Riesgos eran inminentes

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Actualiza con declaraciones del Embajador

Una escueta noticia colocada en el portal del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil da cuenta esta mañana de domingo de la presencia en ese país del senador Roger Pinto Molina y anuncia que el embajador Eduardo Saboia ha sido convocado para informar sobre lo ocurrido y esclarecer uno de los capítulos más vidriosos de las relaciones boliviano-brasileñas.

La nota dice:

El Ministerio de Relaciones Exteriores fue  informado, el día 24 de agosto, del ingreso a territorio brasileño, en esa misma fecha, del senador boliviano Roger Pinto Molina, asilado hhace m;as de un año en la embajada en La Paz.

El Ministerio reune elementos respecto a las circunstancias en que se verificó la salida del senador boliviano de la embajada brasileña y su entrada a territorio nacional. El Encargado de Negocios de Brasil en La Paz, Ministro Eduardo Saboia, está siendo llamado a Brasilia para (efectuar) esclarecimientos.”

El Ministerio de Relaciones Exteriores abrirá una investigación y tomará las medidas administrativas y disciplinarias correspondientes.”

La nota está en portugués, el idioma de Brasil, y la traducción es del blog. Habrá las actualizaciones que fueren necesarias a lo largo de la jornada.

Más tarde, el embajador Saboia  admitió que había asumido la decision de llevar al senador a Brasil. “Tomé la decisión de conducir esta operación pues habia riesgo iminente para la vida y a dignidad de esa persona”, dijo el diplomático citado por Valor Económico en una nota de Folhapress. Itamaraty, La cancillería brasileña. informó, le había pedido que no diese entrevistas sobre el particular, pero resolvió hablar pues su nombre había sido citado en un informe oficial (probablemente la nota oficial de comienzos de esta entrada). No había, según el diplomátco,  una negociación para la salida del senador y existía riesgo para las personas que trabajaban en la embajada en La Paz pues él se sentía como si hubiese tenido al lado de su sala los departamentos de control político que atemorizaron a los brasileños durante los tiempos de la dictadura militar en su país (1964-85). El embajador relata que inclusive pidió ser transferido.

El artículo puede ser visto en:

http://www.valor.com.br/internacional/3246372/diplomata-brasileiro-assume-iniciativa-de-trazer-senador-boliviano#ixzz2d44K7vxE