Aróstegui
La prueba ciega
Mayo ha traído algunas de las jornadas más aburridas del Juicio del Siglo, en camino a la primera década de los hechos brutales que lo originaron. En las audiencias ha imperado el tedio, con la lectura de las pruebas conspirativas que se supone yacen en los registros de llamadas desde y hacia teléfonos de los acusados. El trámite lleva más de seis meses y el tedio abrumador ha llegado al paroxismo.
En una de las últimas audiencias, todas las partes lucían concentradas en los teléfonos celulares, en diálogos sigilosos o en las pantallas de lap-tops, tan útiles para video-juegos y películas capaces de matar el tiempo. Una que otra vez, incluso las jueces dejaban escapar sendos bostezos. Una de ellas desplomó la cabeza sobre los brazos, traicionada por la urgencia de cerrar los ojos un segundo y alejarse de la agobiante monotonía. De haber estado la sala sin luz, la única presencia perceptible habría sido la del secretario que leía mecánicamente los registros. Desde fines del año pasado ha leído 1.600 y pico hojas y le tocaría leer otras 4.000. Provoca curiosidad saber si el funcionario aparta de sus sueños esa tarea.
La lectura refiere cada número de entrada o salida y tiempo de conexión. No revela ningún contenido sobre el tema que originó la llamada. Con mucha suerte y procesos avanzados de búsqueda, ese detalle podría encontrarse en enormes servidores de las grandes empresas telefónicas. Para averiguar sobre el contenido de los intercambios, el entonces poderoso fiscal Marcelo Soza viajó a Canadá en 2013. Fue en vano. Habría sido como encontrar un gato rosado bilingüe en alguna isla de algún planeta entre trillones de galaxias.
En el supuesto negado de que hubiese conseguido detalles magnetofónicos de la inmensa maraña, ninguna comunicación en el mundo habría estado segura. Así y todo, mantuvo el listado que le dieron, bajo su demanda, las compañías telefónicas bolivianas como pruebas en el juicio. Ahora son una muralla para su desarrollo y asfixian la tesis de que en Santa Cruz se planeó dividir Bolivia, aterrorizarla y rendir a su ejército.
¨Es una prueba ciega¨, sintetizó Rolando Francisco Aróstegui, ex prefecto cruceño y uno de los abogados de la defensa. La prueba registra números con los que nadie podría sostener que esconden una conspiración.
Para alijerar el juicio, la acusación separó de las pruebas las lecturas de una de las empresas telefónicas. El efecto de esa decisión es aún incierto, pero ha permitido al Fiscal General asegurar que a fines del año el proceso llegaría a la etapa de sentencias. La reacción inmediata a esa afirmación fue simple: ¿Será?
Se non é vero é ben trovato
Actualización y ajustes
El paro convocado por las organizaciones cívicas para conmemorar el 21 de febrero se cumplió en la mayor parte del país con una magnitud y contundencia tales que es insensato creer que lo ocurrido este miércoles no influirá en el cauce politico nacional. La escala del movimiento muestra el tamaño de la montaña que el gobierno deberá escalar para su propósito de afirmar la re-re-re-re candidatura del presidente Morales en busca de una presidencia continua a través de reelecciones sucesivas. La dimensión del paro fue minimizada por el Ministro de Gobierno Carlos Romero y otras altas autoridades, pero quienes salían a las calles principales de Santa Cruz y veían las imágenes que de otras ciudades transmitía la televisión, percibían que las cúpulas gubernamentales trataban de cubrir el sol con un cedazo. El paro fue consistente y vino acompañado de la convicción de que el partido ahora en curso apenas comienza y que adelante yacen presiones cívicas renovadas que pondrán en jaque constante a los objetivos del gobierno. El gobierno y el país tendrán que andar con los cinturones bien amarrados.
El presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Fernando Cuéllar, advirtió en las primeras horas de la jornada: ¨Ahora estamos comenzando…unidos nadie vendrá a torcernos el brazo¨. Un par de días antes, en La Paz, José Antonio Quiroga, abanderado de una de las plataformas que hace dos años levantaron la muralla que derrotó la pretensión reeleccionista, dijo en que no tenía sentido participar en cualquier elección presidencial si el mandatario iba como candidato a pesar de haber sido derrotado en el plebiscito del 21 de febrero de 2016. Y el ex prefecto de Santa Cruz Rolando Aróstegui proclamó en su página de internet: ¨Se podrá esconder el sol y desaparecer la luna, pero la voluntad del pueblo no se atropellará¨. La temperatura política nacional creció con la jornada del miércoles y ya no serán suficientes los analgésicos para detener el ascenso.
La información que corría por los teléfonos celulares dio cuenta de incidentes en lugares distantes como Puerto Suárez y Riberalta, donde el paro también tuvo consistencia. La TV mostró caravanas de cientos de motociclistas riberalteños que gritaban el mantra anti-reeleccionista que cundió en la jornada: ¨Bolivia dijo no¨. El paro abarcó los cuatro puntos cardinales bolivianos.
La declaración del presidente Morales de que el paro había sido un fracaso, era desmentida en Santa Cruz por las aulas vacías de un gran número de escuelas, el comercio cerrado y calles y avenidas desoladas que aprovechaban algunos vecinos para entablar sendas tertulias y hacer un día de campo mientras los niños gozaban con la oportunidad de pedalear triciclos y jugar. En La Paz, el alcalde Luis Revilla cerró la jornada asegurando que el paro había sido contundente y que la marea manifiesta durante la jornada estaría activa y en crecimiento, a menos que el presidente renuncie a candidatear. En la capital las tensiones fueron mayores, por la proclamación de grupos oficialistas al presidente Morales para una re-re-re. Allí ocurrió el incidente más destacado del día, cuando un disparo de gas lacrimógeno hirió en una pierna a Franco Albarracín, hijo del rector de la Universidad Mayor de San Andrés, Waldo Albarracín, ex Defensor del pueblo y opositor conspicuo.
La jornada tuvo un remate en Cochabamba, con una concentración multitudinaria, con decenas de miles de participantes que escenificaron una de las más grandes manifestaciones de tiempos recientes, que se contraponía a otra promovida por el partido de gobierno para afirmar la renovada candidatura del presidente Morales. Fue en Sacaba donde ocurrieron las tensiones más graves en ese departamento. La policá lanzó gases lacrimógenos profusamente sobre la carretera hacia esa población, decían los partes informativos, pero no se conocía si hubo heridos de gravedad.
Santa Cruz también remató la jornada con una extraordinaria concentración al pie del Cristo Redentor. En la noche, parecía haber calado en muchos participantes la idea de que concentraciones de multitudes como la que engrosaban serían un hecho frecuente en los meses por venir.
El jueves, el presidente iba a asegurar, desde Pando, que el movimiento nacional de ¨la derecha fascista¨ contra su candidatura había sido inferior al que organizaron sus partidarios. Dijo que sus partidarios habían ganado ¨por goleada¨ la presencia militante en las calles que el paro cívico había vaciado, pero pareció más condescendiente que el Ministro de la Presidencia, Alfredo Rada, quien horas antes afirmó que el movimiento de los comités cívicos de todo el país resultó un fracaso pues, en su parecer, no había habido un paro cívico digno de ese nombre. Sin imaginarlo, el mandatario y su ministro evocaban al presidente Donald Trump cuando aseguraba que la ceremonia de su inauguración había sido la más concurrida de la historia de su país. Todo el mundo sabe que no fue así.
Estado de guerra
La guerra del gobierno con los médicos ha desnudado realidades hasta ahora no evidentes pero que en la crisis en curso juegan un papel destacado y servirán de base para entender dificultades del futuro inmediato.
La primera realidad, en la que la mayoría de los analistas concuerda, es que el miedo se ha desvanecido, o no existe más en la medida de hace poco tiempo. La sociedad no tiene reparos en manifestarse contra las autoridades nacionales cuando siente que sus intereses democráticos están amenazados y sus actores emergen dispuestos a pagar el precio que conlleva su lucha. La amenaza de sectores afines al régimen carecen del efecto de otros tiempos. No consiguen más inducir al temor manifiesto hace pocos años ni a la cautela que confería un respeto reverencial a un ¨proceso de cambio¨ que, para muchos, ahora representa una repetición temible de procesos históricos, en Bolivia y en otras latitudes, que amenazan con un sepultamiento de las libertades individuales esenciales. Lo ocurrido en Venezuela está demasiado cerca y es inocultable. Esta realidad ha venido acompañada de un repliegue de los así llamados ¨movimientos sociales¨ sobrepuestos a las fuerzas políticas tradicionales y que, colocados en una etapa diferente de una lucha que no parecen comprender, carecen de armas equivalentes apropiadas. Las amenazas de organizaciones del Chapare de intervenir hospitales y clínicas no lograron disuadir a los medicos y a las pocas horas el president anunciaba que iba a plantear la derogatoria de los artículos resistidos del nuevo Código Penal que activaron todo el conflicto
A la pérdida del miedo se suma la insurgencia de nuevas generaciones que se expresan en plataformas digitales sobre las cuales ni el gobierno ni quienes lo secundan tienen capacidad de control, pues ellas emergen con armas propias nuevas, con pensamiento y habilidad que los movimientos sociales no logran contrarrestar pues su surgimiento es extraño a las esferas de lucha donde esos movimientos se forjaron. La insurgencia generacional, hasta solo hace poco subterránea y sin mayor sincronía entre sus actores, se ha posicionado al lado del movimiento de los médicos, el sector príncipe de la sociedad boliviana. El gobierno luce carente de un antídoto para equilibrar ese robustecimiento de posiciones, que coloca del mismo lado a las generaciones digitales que perciben con mayor claridad el mundo en el que están insertos, y al sector médico, por lo general el más preparado, más leído y más ilustrado de la sociedad boliviana. Al igual que en otros países, los médicos son una referencia para las aspiraciones de gran parte de la juventud. No ha sido casualidad que en miles de vehículos y viviendas hayan aparecido carteles que rezaban: ¨Yo apoyo a mi médico¨. Si eso hubiese ocurrido en tiempos de elecciones, habría sido fácil determinar quién ganaría y quién perdería.
Carlos Hugo Molina, uno de los mayores ¨municipalistas¨ de Bolivia, subraya que el fenómeno ocurre paralelo al avance impetuoso de la urbanización, que encoge cada vez más a la población rural, en un proceso que, aún con graves deficiencias, estimula la educación y lleva al modernismo. Ese desarrollo hace más evidente para los protagonistas el atraso de sus municipios y reclaman del gobierno mayor atención. El reclamo se vuelve patético ante la evidencia de que la mayoría de los municipios es conducida por dirigentes del partido de gobierno y los tiempos son de austeridad, en contraste con la época en que el dinero era abundante. Cita un ejemplo: De los 339 municipios del país, 251 (más de dos tercios) tienen menos de 20.000 habitantes y no cuentan con un solo hospital de segundo nivel, lo que obliga a la escasa población con algunos medios a buscar auxilio en centros urbanos mayores.
Francisco Aróstegui, analista cuidadoso, ex prefecto de Santa Cruz bajo el gobierno de Jaime Paz, cree que el proyecto de poder del MAS boliviano muestra como nunca graves limitaciones. El MAS original (1968) reside en Venezuela y es de tendencia opuesta. ¨El masismo fue bueno para destruir las instituciones de intermediación social: primero, la COB, con lo que los trabajadores y menos protegidos quedaron sin la institución que los escuchaba y atendía, pero no consiguieron crear un substituto histórico…Destruyeron el sindicalismo campesino (CSUCB) y tampoco construyeron una instancia substitutiva. Y poco a poco destruyeron a las organizaciones de clase media. Primero, los abogados, luego los auditores y contadores públicos, y así ingenieros, arquitectos, etcetera. Hasta que les tocó a los médicos. Pero éstos han resistido la destrucción con una persistencia a la que el gobierno no está acostumbrado. De ahí que el alzamiento de los mandiles blancos ha concitado solidaridad y un apoyo que el gobierno no calculaba. CONALCAM es una caricatura de lo que querría ser y está ante un proceso inverso. Una de sus limitaciones es su incapacidad de revertir ese proceso. De la pulseta resulta claro que el gobierno ha pasado, por primera vez, a la defensiva y que no consigue retomar la iniciativa¨.
Molina cree que hay cuatro factores insurgentes que han tomado cuerpo durante el año transcurrido: los movimientos juveniles, políticamente aún amorfos, los médicos indignados, el desafío irresuelto del ¨federalismo¨ cuya bandera volvió a levantar el gobernador cruceño Rubén Costas, y la urgencia de un pacto fiscal para las regiones, en momentos en que no hay más holgura económica y todos pugnan por guarecerse bajo un paraguas estrecho. El gobierno se niega a conceder recursos que afecten su área de ingresos de la que tuvo durante una década unos 90.000 millones de dólares, y ¨se aferra a una lógica inequitativa de ´lo mio es mío y solo negociamos lo tuyo´¨. Comparativamente, dice Molina, aquella cifra representa tres PIBs, todo lo producido y ganado por el país en un año.
Otra realidad manifiesta fue expuesta cuando los médicos denunciaron que algunas de sus réplicas a la campaña gubernamental fueron rechazadas por una media docena de medios informativos, impresos y radiotelevisivos. El episodio expuso otra vez la fragilidad de la libre expresión en el país.
Los tambores de la guerra declarada por el Vicepresidente fueron escuchados con incredulidad por gran parte de la población que creía que la función de las autoridades era administrar y gobernar, no pregonar hecatombes, menos aún en temporada Navideña. No hubo una cuantificación sobre si los augurios bélicos tuvieron algún efecto en el 30%-35% que votó el 3 de diciembre para designar jueces. Los analistas aseguran que ese porcentaje es el del ¨voto duro¨ con que se blinda el gobierno y sería el límite capaz de asegurarle una victoria. Ese límite parece caminar sobre las orillas de su capacidad de satisfacer demandas sociales crecientes en momentos críticos, al aproximarse nuevas justas electorales. El episodio también operó como un llamado a las organizaciones que discrepan con el gobierno a promover la unidad y forjar un solo frente para las elecciones de 2019.
La llegada de los médicos cubanos obró más como combustible sobre el fuego del conflicto que como apaciguador. La controversia en torno a la calidad de los servicios de esos profesionales fue puesta en duda con informes de otros países que dudaban de la vigencia de las bondades que vistieron a los galenos caribeños durante los primeros años de la revolución cubana, cuando la salud era aún más incipiente en Bolivia y otras naciones en desarrollo. A mitad de la semana, estaba en gestación acelerada un frente mayor con el ingreso del transporte pesado a una huelga general a menos que el gobierno derogue todo el Código Penal. Era un reflejo e lo que los médicos ya se planteaban: el artículo 205 sería solo uno de muchos otros que habría que ¨componer¨ para inocular los aspectos nocivos que tendría el nuevo Código. Cerca del cierre dde la semana, el Presidente Morales annció que iba a pedir a las cámaras legislativas que deroguen el artículo 205 del nuevo Código y revisen otros igualmente controvertidos.
El conflicto con los médicos fue reminiscente de las semanas finales de 1977, cuando una huelga de hambre por una amnistía sin resrtricciones dobló el brazo del gobierno, desnudó sus debilidades y condujo a nuevas elecciones en las que el gobierno fue derrotado para dar lugar a una nueva dinámica política que no paró hasta la reinstauración de la democracia.
En busca de una milicia
La guardia municipal de Santa Cruz ha sido estos días centro de un debate renovado que cuestiona su capacidad para jugar el papel de ariete en la tesis que sostiene que entre 2008 y 2009 estuvo en curso un plan terrorista que llevaría a un enfrentamiento con el Ejército, al que derrotaría para forjar una nueva nación. Sus entonces menos de 1.000 hombres más otros 3.000 provenientes de comparsas, fraternidades carnavaleras, de la Unión Juvenil Cruceñista y de FSB iban a ser ejecutores del plan que comandaría el boliviano-croata-húngaro Eduardo Rózsa Flores, acribillado en la operación policial del 16 de abril de 2009. Un problema inicial surgido en el Juicio del Siglo, que procesa esos eventos, ha sido determinar si la eventual tropa recibió entrenamiento acorde con la misión que se le asignaba, en cuánto tiempo y en qué lugar esa tarea se habría cumplido.
En una de las informaciones más específicas logradas de las preguntas al testigo principal de la acusación, el mayor de policías Miguel Ocampo Tarqui dijo que el entrenamiento incluía lucha cuerpo a cuerpo en distintas modalidades y combates que conllevarían el uso de armas blancas.
El abogado Otto Ritter, de la defensa del general (r) Gary Prado Salmón, descalificó la calidad de los combatientes y ridiculizó la mención que había hecho el investigador policial tomada de declaraciones de uno de los acusados en el pliego acusatorio inicial. “De Los Chabacanos (una de las comparsas), el menor tendría entonces más de 60 años, y cualquiera de Los Chirapas estaría (también) en los 60”, con lo que, subrayó, no serían aptos para la misión de terror y separatismo que se les encomendaría.
El papel que desempeñarían los miembros de la Guardia Municipal en la milicia sería limitado en extremo, precisó el abogado Gary Prado Araúz, también de la defensa del general Prado Salmón. Lo dijo como conocedor de esa fuerza, que comandó mientras fue Oficial Mayor del municipio cruceño entre 2009 y 2010. Aseveró que cuando esos guardias eran entrenados el objetivo era defenderlos de “los chicheros (vendedores de chicha), que los pegaban”. Para protegerlos de las golpizas desmedidas que recibían, dijo, se les dotaba de chalecos acolchonados y el arma más contundente que tenían eran los bastones.
El mes que concluyó fue pródigo en preguntas bloqueadas por los fiscales. La exasperación llevó al abogado Rolando Francisco Aróstegui, ex prefecto de Santa Cruz, a pedir al testigo que “diga lo que quiera” y a suspender su interrogatorio tras señalar que la fiscalía tampoco permitiría que eso ocurriese. Otro abogado pidió al tribunal que le dijese qué y cómo debía preguntar.
Un momento que los abogados de la defensa consideraron como estelar para su tarea ocurrió cuando el testigo admitió que el grupo atribuido a Rózsa Flores había sido infiltrado por la policía. Los penalistas subrayaron que el trabajo de agente infiltrado está prohibido por las leyes nacionales y solo puede ocurrir cuando se trata de una investigación sobre narcotráfico y bajo autorización expresa de un juez.
La defensa no consiguió mayores esclarecimientos a causa de las objeciones de la acusación y por el escaso éxito en lograr que el tribunal le facilite su tarea. “Les pido de todo corazón”, dijo el abogado Ritter, las manos cruzadas en el pecho, a las jueces ciudadanas al plantearles que revocaran una decisión del juez Sixto Fernández. El gesto no le dio ningún resultado.
Las audiencias serán reinstaladas el 10 de agosto.
Aristas
En días que el gobierno querría que fuesen tranquilos, han empezado a afirmarse focos de controversia destinados a crecer en momentos en que el Papa Francisco ya está en tierra sudamericana y se aproxima el momento de su llegada a Bolivia. Las aristas conflictivas afiladas a lo largo de años que se manifiestan estos días contrastan con los esfuerzos de las autoridades por rodear la presencia de Pontífice de un clima de concordia.
A unos cientos de metros de las vallas oficiales que saludan al Santo Padre desde un escenario conmovedor por su sencillez y expresivo de la profunda cultura religiosa que plantaron los misioneros jesuitas de la colonia, se alzan otras que celebran la presencia del Papa Bergoglio y reclaman una amnistía como paso de reencuentro entre bolivianos. Flanqueado por banderas verde-blanco de Santa Cruz, y un diseño del perfil del Pontífice, estaba este fin de semana un pedido adherido a los vidrios de gran número de vehículos: “Papa Francisco: Intercede por nuestros familiares, refugiados, presos y perseguidos políticos”.
La oportunidad que ofrece la visita del Pontífice repercutió con fuerza el jueves en el Juicio del Siglo, donde un abogado defensor sugirió sorpresivamente una amnistía que decretaría el Presidente Evo Morales bajo prerrogativas establecidas por la Constitución Política del Estados. Francisco Aróstegui, el ex prefecto de Santa Cruz, planteó esa mañana, apenas iniciada la audiencia, que la amnistía fuese solicitada al presidente en conjunto por la defensa y por los propios fiscales, ante la insólita extensión del proceso, con más de seis años desde sus orígenes, el 16 de abril de 2009 con el asalto al Hotel Las Américas.
“Fue como hablarle a mudos”, dijo después, al recalcar que los fiscales no respondieron de inmediato a la propuesta. Aróstegui dijo que veía esa posibilidad como una forma legal y expeditiva de resolver el proceso aletargado como pocos en la historia del país. Uno solo de 41 testigos lleva más de tres meses declarando y a ese ritmo “verán llegar a sus bisnietos y tataranietos sin que ocurra una solución”, dijo. De 39 acusados, cuatro siguen en prisión preventiva en San Pedro (La Paz) y Palmasola (Santa Cruz) y cinco recuperaron la libertad tras declararse culpables tras años en la prisión desde la que proclamaron inocencia. (Uno de ellos, acaba de afirmar ante el Parlamento Europeo que no hubo un enfrentamiento entre la policía y ocupantes del hotel, a diferencia de la tesis oficial que sostiene que la policía fue la atacada). Los demás están en el exilio.
Con una magnitud igual o mayor, se desplaza la controversia sobre el TIPNIS. La determinación del gobierno de abrir una carretera por el corazón de ese lugar entre el norte de Cochabamba y el sur del Beni marcó una ruptura con indígenas del oriente boliviano y definió prioridades oficiales superiores a los discursos para preservar la naturaleza. Los indígenas que se opusieron a la carretera y pagaron con una paliza brutal que indignó a ecologistas en todo el mundo, se proponen denunciar la persistencia de los planes para atravesar el lugar y buscan la manera de llegar con su mensaje hasta el Sumo Pontífice. Con cartas oficiales a la Nunciatura Apostólica, la Conferencia Episcopal y al Cardenal Julio Terrazas, han pedido ayuda para hablar ante el Papa Francisco sobre “los problemas de las nacionalidades indígenas” y denunciar que “se siguen violando los derechos de los pueblos indígenas”.
El tema es particularmente sensible para el Papa, que hace solo pocas semanas divulgó una carta encíclica para la preservación de la naturaleza. “A los gobiernos se les vende un discurso que no corresponde a la realidad”, dijo Adolfo Chávez de la CIDOB (Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente de Bolivia). Con el tema que representan, opuestos al recorrido de la carretera, los indígenas amazónicos esperan llamar la atención sobre el problema y llevar al gobierno a reorientar su mayor proyecto carretero.
“Es una oportunidad de mostrar esta agresión contra nosotros y la naturaleza”, dijo Lázaro Tacoó, también de la CIDOB. En el lugar se extiende por unos 9.000 kilómetros cuadrados donde viven más de 4.000 indígenas agrupados en unas 60 comunidades. La mayoría vive de la caza y la pesca y del comercio entre comunidades. En busca de frenar los planes del gobierno realizaron dos marchas con un recorrido de más 600 kilómetros desde el lugar hasta La Paz.
A la controversia se ha sumado la autorización del gobierno para que empresas petroleras exploren en busca de hidrocarburos en una veintena de parques naturales. La apertura hacia una industria frecuentemente en conflicto con los ambientalistas ha traído a la discusión el estado del sector petrolero nacional, hoy responsable de la mayor tajada de ingresos de divisas y de impuestos que tiene el país. El tema merece ser tratado en otra oportunidad.
La gateadora
Los precios de casi todas las materias primas y productos agrícolas declinaron a lo largo del año que acaba de irse. Este lento descenso ha sido eclipsado por el derrumbe estrepitoso del petróleo y sus consecuencias económicas y políticas más inmediatas, pero su amenaza sobre naciones como la nuestra puede ser mayor que la que nadie querría imaginar. Ese avance puede poner a prueba la creencia de que las reservas monetarias del país son garantía en los tiempos de vacas flacas a los que se ha ingresado.
Están acosados los 15.000 y pico millones de dólares de los que se ufanan las autoridades. Una porción está en oro, cuya cotización ha bajado en un 40% la semana que pasó respecto a un año atrás. El euro, parte de la canasta de divisas del Banco Central, declina frente al dólar, que se yergue poderoso con la economía expansiva del mayor país capitalista. Al cuadro se agrega el declive de las remesas de bolivianos en Europa, que se encogen al igual que el valor de la moneda europea o que deben retornar al país porque no hay más trabajo.
Soya y granos en general no están más en los niveles de hace dos años, cuando el júbilo de los productores ensordecía. Los minerales también retroceden y los productores procuran subsidios del Estado.
Con Cuba y Estados Unidos en pleno deshielo, y Rusia empantanada en su condición petro-exportadora, están cada vez más solos los que creen que el capitalismo está por morir.
Nadie ha arriesgado decir oficialmente cuánto Bolivia dejaría de percibir en el nuevo ciclo petrolero. El presidente dijo que la nueva tendencia sólo “salpicaría” a Bolivia, el Ministro de Finanzas aseguró que los ingresos menores serían compensados con los combustibles importados más baratos, pero sin ofrecer cifras para corroborar la afirmación, y el vicepresidente dijo que desde julio o agosto la merma estaría entre 40 millones y 60 millones de dólares. Si decía que eso sería mensual, se habría aproximado a la realidad.
El ex prefecto de Santa Cruz Rolando Aróstegui compara el panorama con el que ofrece un fenómeno de la temporada lluviosa que en el Beni se lo conoce como “la gateadora”. Las aguas sobrepasan sus contenciones naturales y avanzan desde todas las direcciones a ritmo lento, persistente y avasallador, dice Aróstegui, y sus efectos resultan calamitosos si las comunidades por las que avanzan no se unen para crear defensas. Eso incluye reconocer errores, subsanarlos, resolver disputas y sanear agravios en aras de un bien mayor: evitar que “la gateadora” destruya todo.
