Aplazamiento

No hubo ley del talión

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El tribunal a cargo del juicio del siglo se encontró este lunes, antes de aplazar su reiniciación por dos días más, hasta el jueves, con un dilema: si había actuado de una manera con los acusados debía actuar igual al decidir sobre la condición de uno de sus integrantes. La juez ciudadana Julia Elena Gemio estaba incapacitada para asistir y requirió una licencia temporal en base a un dictámen de la Caja Nacional de Salud. Sufre de una parálisis facial y los médicos ordenaron reposo hasta el miércoles. La orden llegó al juez Sixto Fernández en un fax. La defensa le recordó que en todos los casos que involucraban a los acusados, desde Gary Prado Salmón hasta Ignacio Villa Vargas, pasando por el ex presidente de Cotas Ronald Castedo, había dado curso a sendos exámenes forenses para, al final, decidir que todos ellos debían estar presentes en el juicio.
El juez optó por conceder la licencia a la jurado sin mayores trámites y sin objeciones de la defensa, salvo uno de ellos que pidió –sin éxito- que el aplazamiento no incluyera otros actos dentro del proceso, especialmente audiencias de medidas cautelares que habían sido gestionadas con esfuerzo y desde semanas antes. Antes que exigir que a la jurado se aplicara el rigor mostrado con los acusados, la defensa aceptó mayoritariamente que se otorgue la licencia bajo la condición de que la orden médica sea certificada y entregada al tribunal en la versión original. No hubo ley de talión (ojo por ojo, etc.) El abogado Otto Ritter, del general Prado Salmón, felicitó al tribunal “por su ecuanimidad” y recordó que a su defendido no solamente le habían exigido certificados forenses sino que en alguna medida éstos fueron “interpretados”.
Otros plantearon que a partir de lo ocurrido se aplique la misma vara para medir a todos.
Me explicaron que si la baja de la Dra. Gemio fuese permanente, el juicio caería en un limbo, pues el tribunal no podría funcionar y habría que designar a otro, en un proceso que duraría meses. La Dra. Gemio fue voz disidente en algunos casos en los que el tribunal debía votar para tomar una decisión. Un ejemplo reciente: votó contra la decisión de sus colegas que obligaron a mantener a Ronald Castedo (tuvo un infarto a principios de año) en el juicio y no separarlo.

Evaluación forense demora “caso terrorismo”

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Una especialista designada por el Instituto de Investigaciones Forenses, radicado en Sucre, deberá realizar hasta el jueves una evaluación de la salud del general Gary Prado Salmón para dar cumplimiento a la resolución del Tribunal Constitucional que hace diez días declaró ilegal una resolución que el año pasado había declarado rebelde al militar ahora en retiro.
La declaratoria a favor del militar cuya compañía Ranger rindió al guerrillero argentino-cubano Ernesto “Ché” Guevara en 1967 y el informe que emita la forense Sheila Gutiérrez, pueden llevar a reimponer a Santa Cruz como la sede permanente para el “juicio del siglo” que se lleva a cabo desde hace dos meses en esta ciudad, contra 39 personas acusadas de magnicidio, terrorismo, alzamiento armado y separatismo.
La forense se presentó este lunes al reanudarse la audiencia del caso, que se arrastra por más de cuatro años, y pidió un mínimo de cinco días para realizar su trabajo. Luego redujo el plazo a cuatro días.
En silla de ruedas desde hace más de dos décadas, y con dolencias que le impiden desplazarse a zonas altas, el general Prado Salmón alegó sus condiciones de salud para no asistir a las audiencias que se iniciaron en Cochabamba y luego siguieron en Tarija para finalmente venir a Santa Cruz.
La decisión del TC tuvo un efecto paralizante sobre las audiencias y puso en jaque a la acusación promovida por el gobierno. La negativa a reconocer la precariedad de la salud del militar retirado como impedimento para ir a Cochabamba o Tarija fue una actitud tanaz de los fiscales encabezados por el Dr. Marcelo Soza, ahora apartado del proceso. Soza no se presentó hoy a la audiencia, pese a haber insistido en que continuaba a cargo del caso. El Fiscal General de la República, Ramiro Guerrero, lo desmintió.
La salud de algunos de los acusados ha acosado al proceso. Ignacio Villa Vargas (El Viejo) tuvo que ser trasladado a principios de mes de la prisión cochabambina de El Abra a la de Palmasola en Santa Cruz, debido a una diabetes fuera de control que le ha causado una trombosis en las piernas.
El ex Presidente de COTAS, la cooperativa telefónica de Santa Cruz, Ronald Castedo, sufrió un infarto y un desangramiento en Tarija tras la negativa del juez de excluirlo de las audiencias en esa ciudad a pesar de informes médicos que desaconsejaban que el ex ejecutivo viajase a esa ciudad. Debió ser traído a Santa Cruz e internado bajo terapia intensiva durante varios días en una clínica a principios de enero.A raíz del decaimiento de Castedo se optó por traer el proceso a Santa Cruz.
Este lunes se supo que el TC habría aprobado una resolución similar a la que acordó para el general Prado Salmón, que obligaría a una evaluación forense de la salud de Castedo.
“En la Clínica Petrolera y su sistema de seguro tienen todos los informes para la forense. Ahí hay 30 años de la historia de mi salud”, dijo el militar.
La forense deberá presentar su informe hasta las 1800 del jueves. La audiencia se reanudará a las 0900 del viernes, dijo el juez.

El interés en Croacia por el caso trajo a Santa Cruz a la embajadora de ese país Vesna Terzic, quien asistió a la audiencia. Ese país condecoró a Eduardo Rózsa Flores y lo consideraba un héroe nacional por su lucha por la independencia de Croacia. Otro de los acusados, Mario Francisco Tádic, es boliviano-croata. Su caso, al igual que el de otros bolivianos sindicados por el gobierno, está bajo consideración de organismos internacionales de derechos humanos. ambkién estuvo presente en la audiencia un funcionario de Naciones Unidas.

Reaparición del fiscal y la suspensión de la audiencia

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Este lunes después de Pascua, el fiscal Marcelo Soza resurgió de entre los desaparecidos sano y entero y declaró ante un juez de La Paz. Previsiblemente, el fiscal reiteró su apreciación de que el audio con el que se lo quiere incriminar es un montaje. Su abogado, Moisés Ponce de León, complementó: el supuesto y laborioso montaje fue realizado por el propio especialista brasileño, Ricardo Molina de Figueiredo, quien condujo el peritaje del audio más famoso de Bolivia en los últimos meses.
La reaparición del fiscal en el Día de la Mentira (1 de abril en muchos países, no así en Bolivia, donde el día equivalente es el de Inocentes, el 28 de diciembre) precedió al diferimiento de la audiencia del llamado “caso terrorismo” debido a la gravedad de la salud de Ignacio Villa Vargas (“El Viejo”).

La del lunes debía haber sido la audiencia reveladora del inventario actualizado de las pruebas sobre las que se sostiene “el juicio del siglo”, que se arrastra desde hace casi cuatro años (16 de abril de 2009). La audiencia deberá realizarse el 11 de abril.
Había suspenso por la audiencia de este lunes, pues el inventario permitiría saber, entre otras cosas, qué armas de las que supuestamente tenía el grupo encabezado por Eduardo Rózsa Flores, están aún bajo custodia y cuáles faltarían. Abogados de la defensa dicen que el número de bultos en Santa Cruz es de tres frente a una docena que había en Cochabamba, en 2011.
Uno de los que reclama las pruebas es el mecánico de aviación Juan Carlos Guedes Bruno, quien ha dicho que vendió a Rózsa una pistola ametralladora “mugrienta” de 1944, pero que la que le mostraron en Cochabamba era una pistola flamante de 9 milímetros. Que el combatiente de los Balcanes hubiese pagado mil dólares por una pieza sin cacerinas ni refrigeración hizo dudar a Guedes sobre la calidad militar de Rózsa y el arma inútil es uno de sus argumentos para derribar la tesis secesionista del fiscal. Sólo mostrarla quebraría el argumento, afirma. No mostrarla sería aún más grave: la prueba habría desaparecido. El juez Sixto Fernández, que preside las audiencias, ha dicho que sin pruebas no hay juicio.
Entre los acusados había frustración porque el juez de La Paz, Genaro Quenta, recibió la declaración del fiscal Soza sin tomar medidas preventivas como las ordenadas contra casi todos los investigados.
El abogado Gary Prado Arauz subrayó la que le pareció una irregularidad de partida: el fiscal ingresó a declarar en la sala del juez a las 07:45, cuando el horario de trabajo empieza a las 08:30. De esa manera, Soza eludió a la prensa, que lo daba por desaparecido desde hacía más de dos semanas.
“Debían haberlo detenido”, dijo Guedes Bruno. Otto Ritter, el abogado del general retirado Gary Prado Salmón, agregó a otro grupo de reporteros: “En la lista de los que el gobierno no quiere vivos están “El Viejo” y el fiscal Soza”. Y anunció lo que se viene: “Lo interrogaremos nosotros, no sus colegas fiscales. El fiscal es nuestro testigo estrella”. “Le preguntaremos por qué no convocó a declarar al Vicepresidente; a quienes excluyó; serán nuestras preguntas”. Mario Tádic, uno de los dos sobrevivientes del 16 de abril de 2009, dijo que el ir a declarar ante el juez Quenta equivalía a  “darle al ratón el queso”. Y el general Prado dijo que en el anunciado nuevo video , de 45 miutos (el debatido estos días tiene la mitad de duración) “hay revelaciones y veremos cómo las niega”.
La salud de “El Viejo” consumió gran parte de los 55 minutos de sesión. “El Viejo” está en preso desde que el fiscal Soza determinó que era un  “acusado clave” en vez de la condición de “testigo clave” que le habia asignado al principio de las investigaciones.

Para evitar mayores dilaciones en el proceso, el detenido Juan Alberto Kudelka sugirió al juez que Villa Vargas fuese trasladado a Santa Cruz de manera permanente. El juez sólo dijo que la sugerencia sería considerada. El paciente está en una clínica de Cochabamba, que informó que el examen de glucosa que se le practicó la semana pasada marcó un nivel superior a 500. La escala de seguridad es 70-110 en ayunas. A los especialistas se les debe haber parado el pelo.

Orden para arrestar a los generales Prado y Áñez

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Actualiza con suspensión de la sesión hasta la próxima semana

 “El Viejo”, el personaje dudosamente célebre que el fiscal Soza dijo que era un “testigo clave” para después mudar los términos y acusarlo de complicidad con toda la trama que atribuye a Eduardo Rózsa Flores, no pudo asistir a la audiencia en Tarija. Padece de una “trombosis pulmonar” y no puede emprender un viaje tan largo sin poner su vida en extremo peligro. El juez Víctor Fernández suspendió la audiencia por una semana. A la ausencia de Ignacio Villa Vargas se sumaba la de los generales Lucio Áñez y Gary Prado Salmón, los dos supuestos integrantes del Estado Mayor que habría formado Rózsa, el primero con dolencias cardíacas y el segundo en silla de ruedas Parecería una ficción del mago del suspenso Stepehn King, sólo que este caso no es ficción. Gary Prado araúz, hijo del general, ex comandante de la división militar de Santa Cruz y ex embajador en México y Londres, reiteró lo que su padre ha dicho muchas veces: es objeto de una “vendetta” del comunismo cubano que no le perdona haber sido el militar de un país, económicamente flaco y con un ejército supuestamente débil y fácil de derrotar, quien rindiera al mítico comandante guerrillero Ernesto ‘Ché’ Guevara. La audiencia concluyó cuando todavía esgtaba en curso la lectura de la acusación. Es posible que, al concluir esta parte de la audiencia, y quizá también la lectura de las defensas de los acusados, el proceso vuelva a suspenderse. Con la suspensión de hoy, también quedaría sin vigor la orden de arresto. Si no hay audiencia, el arresto de los dos generales carecería de sentido, pues la orden de detenerlos es para llevarlos a tal audiencia. Si los plazamientos continúan, llegará el fin de año, luego carnaval…

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Hoy, 10 de octubre, a 30 años de la restitución de la democracia en Bolivia, las autoridades han ordenado la detención de los generales Lucio Áñez y Gary Prado Salmón, dos de las oficiales institucionalistas de las Fuerzas Armadas con mayores credenciales democráticas en el país. Se rebelaron contra la dictadura del general Hugo Bánzer, primero, y Luis García Meza Tejada, después. Pagaron caro su audacia pero lograron su propósito de contribuir a restablecer una patria democrática.

El fiscal Marcelo Soza, del “caso terrorismo”, o el complot magnicida secesionista cuyo comando atribuye al boliviano-croata Eduardo Rózsa Flores, pidió el arresto de ambos porque no se presentaron en Tarija, donde se lleva a cabo fase final del proceso. El fiscal Soza  había conseguido que el proceso se escenifique en Tarija alegando que Santa Cruz, donde se debía realizar la audiencia, no garantizaba la seguridad de la parte acusadora. En el caso hay 39 imputados, y varios presos en la ciudadela carcelaria de San Pedro, incluso dos sobrevivientes del episodio del 16 de abril de 2009. Otros están refugiados o exiliados países vecinos. La audiencia comenzó ayer, pero como ninguno de los dos generales se presentó, alegando razones de salud, el fiscal se encuentra ante un vacío que no logra llenar.
La orden, por lo que se sabía esta noche, no ha sido cumplida.

No será de fácil trámite el arresto de dos generales para un caso que se arrastra a paso de tortuga desde hace tres años y medio, menos para dos personas cuya hoja de servicios luce institucionalmente impecable. El general Áñez sufre de dolencias cardíacas y el general Prado Salmón está en silla de ruedas desde hace más de veinte años a raíz de una bala fortuita que lo hirió cuando trataba de reimplantar el orden en una zona convulsionada de Santa Cruz.  Por estos motivos no habían asistido a las audiencias en La Paz y Cochabamba.
Sobre estos ambos pesa la acusación de haber colaborado con Rózsa. Al general Prado por haber recibido al fallecido combatiente croata para una entrevista. La entrevista derivó en una publicación en la revista húngara en la que Rózsa escribía.  El general entregó al fiscal uno de los dos ejemplares con el reportaje. Al general Áñez se le acusa de haber participado en supuestas reuniones relacionadas con la causa que se atribuye a Rózsa.

La condición de los dos generales sería, en muchas partes, razón suficiente para descartar la acusación.Cómo podrían ser parte de  un estado mayor separatista con los problemas médicos que tienen?
La orden de arresto y la audiencia en Tarija son acontecimientos en pleno desarrollo.