Alzamiento Armado

Defensa: “Terroristas son los del gobierno”, que el juicio siga

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El Juicio del Siglo trajo este lunes una nueva sorpresa. Si algunos creyeron que no quedaría otra salida que declarar el proceso extinguido por vencimiento de plazo, se encontraron con una sorpresa: la defensa del general Gary Prado Salmón retiró la moción y expresó su decisión de continuarlo hasta el final. “Los únicos terroristas en este país son los del gobierno, y estamos listos para demostrarlo plenamente”, dio el abogado Otto Ritter.

La intervención del abogado del comandante militar que en 1967 rindió a Ernesto Ché Guevara en las selvas de sudeste boliviano, reiteraba que NO han sido los acusados los que han dilatado el juicio, cuyo plazo de tres años para llegar a una sentencia fue cumplido el 16 de abril del año pasado y resta menos de un mes para llegar al cuarto año.

La abogada del Ministerio de Gobierno Paola Barriga acababa de listar las objeciones de la defensa y atribuía a los imputados las incidencias que han dilatado el proceso más allá del plazo establecido por la ley y uno de los abogados defensores pedía al juez que los fiscales respetaran la presunción de inocencia (en la sesión anterior el representante del Misterio Público los había llamado “terroristas”).

La intervención del abogada ministerial exasperó a Ritter quien pidió que el juez desestimara la demanda de disolución del proceso por extinción de plazo que había planteado al inicio de las sesiones en Santa Cruz, en febrero. “Vamos adelante, hasta el final”, dijo ante la sorpresa de gran parte del público congregado en el segundo piso del Palacio Legislativo de Santa Cruz.

La decisión de la defensa del general retirado y ex embajador en varios países puede haber sido una jugada calculada. El fiscal Marcelo Soza, cabeza de la acusación, tiene alrededor suyo una investigación de grabaciones de diálogos telefónicos en los que supuestamente formula apreciaciones sobre temas sensibles del gobierno. En un segmento de la grabación, se escucha a la supuesta voz del fiscal decir, en medio de términos vulgares, que si se cayera el caso terrorismo “cae el gobierno”.

Soza no apareció en la audiencia de este lunes y nadie supo decir si se disponía a reasumir su condición de fiscal principal. Su ausencia se produjo en medio de especulaciones sobre el rumbo que puede tomar el caso más espectacular que en lo que va de siglo se desarrolla en Bolivia, con acusaciones de magnicidio, terrorismo, alzamiento armado y separatismo. El plan habría sido detenido con el asalto armado al hotel Las Américas, el 16 de abril de 2009, del cual resultaron acribillados a balazos Eduardo Rózsa Flores, el rumano Arpad Magyarosi y el irlandés Michael Dwyer. Los dos países discrepan de la tesis del gobierno y sostienen que sus compatriotas fueron ejecutados.

En Santa Cruz hubo el rumor, sin confirmacion y sin desmentido, de que Soza había vuelto a renunciar  al caso, con argumentos similares a los que había esgrimido hace más de un año, cuando también quiso alejarse y el Fiscal General, entonces Mario Uribe,  le ordenó continuar con el caso.

Hasta ahora no han sido exhibidas las pruebas documentales que sostendrían la tesis gubernamental boliviana.  Prado Salmón no ha logrado que le muestren el plan llamado “bermutato” (presentación, en húngaro), que el fiscal originalmente le atribuyó. El general retirado ha dicho que posteriormente la autoría mudó y, en una confusión de fechas, le fue atribuida a Rózsa, al parecer cuando éste ya había muerto. El ex mecánico de aviación Juan Carlos Guedes también ha reclamado que le presenten la pistola-ametralladora que con la que contribuiría al plan magnicida-terrorista-separatista.

Luego de un nuevo malestar experimentado por “El viejo”(Ignacio Villa Vargas), quien pidió salir en su silla de ruedas apresuradamente de la audiencia pues decía que estaba a punto de vomitar, del juez Sixto Fernández anunció la suspensión de las sesiones.

Deberán reiniciarse el jueves, con la decisión de del jurado sobre las incidencias y objeciones presentadas por la defensa. Después comenzará la fase de “confesiones” en las que cada uno de los acusados presentará su propio caso y responderá a preguntas tanto de la acusación como de la defensa. Es en esta parte del proceso que la defensa afirma estar segura de poder “desmontar” el caso.

Agrega un NO que, al parecer, se escurrió fuera de a versión,

Azúcar: 310

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Es el nivel de glicemia que registró la tarde de este miércoles el lector de glucosa One Touch (Taiwan) del detenido Ignacio Villa Vargas, conocido como “el Viejo”. Ese nivel es demasiado alto y demanda una inmediata aplicación de insulina para bajarlo y evitar riesgos más graves, inclusive cardiacos. La descompensación, sufrida cuando suben los niveles de azúcar en la sangre, obligó al juez Sixto Fernández, a suspender la sesión vespertina de la audiencia del Juicio del Siglo, que reúne acusaciones de alzamiento armado, terrorismo, separatismo y magnicidio, contra 39 personas.

“El Viejo” fue llevado a una clínica  tras haber aguardado, junto con los demás acusados, durante 30 minutos la llegada del fiscal Marcelo Soza. “Hice el esfuerzo por permanecer en sala, para evitar una nueva dilación del proceso”, declaró el acusado. “Pero, vean ustedes, cómo se demora la sesión”. El proceso está cerca de cumplir cuatro años, desde que el caso tuvo su inicio con el asalto armado al Hotel Las Américas y la muerte acribillados a balazos de Eduardo Rózsa Flores, Martin Dwyer y Arpad Magyarosi.

El registro de glicemia de “El Viejo” aconseja la aplicación inmediata de unos 15 miligramos de insulina de efecto rápido, según informaron médicos clínicos. A partir de esa dosis, se aplica otro tipo de insulinas de efecto más lento que permiten estabilizar al paciente. Vargas había tenido ayer una lectura de 300, igualmente alta, que requirió tratamiento urgente.

La afección de “El Viejo” exhibe las deficiencias del sistema penal boliviano, cuyos juzgados carecen de especialistas que vigilen la salud de los detenidos.

El general Gary Prado Salmón debe asistir a las audiencias dotado de un equipo que le permita  una terapia cada tres o cuatro horas, el máximo que puede permanecer sentado en la silla de ruedas. El general tiene parálisis desde a cintura a consecuencia de una bala que recibió hace más de 30 años, cuando trabajaba para reimplantar el orden en una zona rural de Santa Cruz.  Esa fue una de las razones por las cuales el militar, ahora retirado, resistió la orden de la fiscalía para asistir a las audiencias en La Paz, Cochabamba y Tarija. El fiscal Soza lo había declarado en rebeldía y podía ser arrestado en cualquier momento, pero la orden nunca se cumplió y fue suspendida en la primera audiencia llevada a cabo en Santa Cruz.

Ronald Castedo, el ex presidente de COTAS, está afectado por dolencias cardiacas. Ante la negativa de los fiscales de juzgarlo en Santa Cruz, fue a las audiencias de Tarija, pero en diciembre tuvo que ser trasladado de urgencia a una clínica cruceña cuando empezó a perder sangre a causa de la presión originada en la altura y el stress que implica una audiencia con las acusaciones de terrorismo, magnicidio, separatismo y alzamiento armado. Los médicos le han recomendado evitar la tensión nerviosa y llevar una dieta apropiada. Hace tres años la policía mantuvo un sitio de cuatro semanas alrededor de su casa en Santa Cruz con la intención de llevarlo preso a La Paz por órdenes de la fiscalía.

En las pocas horas de audiencia de la jornada del miércoles continuó el debate entre la acusación y la defensa en torno a las pruebas que deben sustentar todo el caso. La defensa insistió en la presentación de las evidencias, que debe incluir armas. Pero elementos esenciales de la acusación no fueron presentados o no estaban disponibles.