Acusados

Crónica de un martes

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Corrige título: martes, no matres.

Los tres testigos llegaron protegidos por murallas compuestas por decenas de policías en traje de fajina, en una movilización raras veces vista para individuos de quienes se esperaban detalles esclarecedores para el mayor juicio penal de la historia boliviana y la muerte brutal de tres personas.
El episodio sucedió hace ocho años pero la presencia masiva de la policía y las decisiones del tribunal que preside el juez Sixto Fernández trajeron de nuevo a la memoria escenas que aún conmueven de manera especial al oriente boliviano. El martes, blindados por sus camaradas y en calidad de testigos de descargo, ingresaron al salón de audiencias Walter Andrade, Marilyn Vargas y Gary López, con jerarquías de capitán, dragoneante y subteniente de policías cuando, lanzado por una unidad policial ya disuelta de la que los tres eran parte, ocurrió el ataque al Hotel Las Américas.
La movilización hacía pensar en declaraciones capaces de quitar los velos que aún cubren lo ocurrido en el Hotel Las Américas al rayar la madrugada del 16 de abril de 2009. Tres huéspedes del hotel murieron esa madrugada: uno acribillado a balazos, otro con un disparo que le destrozó la tráquea y un tercero con un disparo que le partió el corazón.
Bajo protestas de la defensa de la docena de acusados, el juez dispuso que la audiencia fuese reservada. De la sala salieron parientes, amigos, periodistas, fotógrafos y camarógrafos antes de que los testigos llegasen. La medida fue inusual, pues otros policías e investigadores oficiales habían declarado en público sin que se alegase seguridad personal ni secretos vitales para la seguridad del estado.
La cuarentena para la prensa se extendió a todo el piso y solo estuvieron exentas las gradas hacia el primer piso. El Secretario del Tribunal ordenó que salieran de los pasillos para ampliar el perímetro-sin-prensa diciendo que el juez Fernández lo había dispuesto así. El diario El Deber informó al día siguiente que el magistrado había negado tres veces haber impartido tal orden. La ocurrencia parecía evocar el Viernes Santo que acababa de pasar.
La exclusión tuvo lugar en medio de protestas de los parientes de los juzgados y la inconformidad de los periodistas. Maria del Carmen Morales, esposa del general (r) Gary Prado Salmón, reclamó con vehemencia contra la que calificó como una censura ¨propia de dictaduras¨ para proteger al trio policial al que responsabilizó de gran parte de lo ocurrido en el hotel. Recordó que a su esposo, Héroe Nacional declarado por el Congreso, lo habían obligado a declarar aún convaleciente en su domicilio bajo el sistema de comunicaciones Skype, sin respeto a su privacidad.
Pese a la parafernalia protectiva, ninguno de los tres declaró, aseguraron personas que lograron informarse sobre la sesión. Una de ellas dijo que los policías ni siquiera llegaron a jurar, requisito indispensable para quienes van a declarar pero en este caso innecesario pues los policías no lo harían, amparados en el derecho a la reserva por cuestiones de seguridad nacional que el tribunal les reconoció.
Los policías habían sido traídos bajo el patrocinio de Alcides Mendoza, el ex dirigente de la Unión Juvenil Cruceñista preso, junto a otro dirigente de la agrupación, Juan Carlos Guedes, pocos días después del asalto al hotel. Ambos, junto a Svonko Matkovic, están en el penal de Palmasola, en Santa Cruz. Se los acusa de ser parte de un plan terrorista y separatista. El autor de la acusación, el ex fiscal Marcelo Soza, está refugiado en Brasil desde 2014 tras fugar del país y denunciar que la tesis acusatoria fue en gran parte obra de las autoridades para desarticular a la oposición al gobierno del presidente Morales en Santa Cruz.
Mendoza dijo que al trio se le pagó el transporte terrestre pero declinó el alojamiento. Los tres tenían reserva para pasar la noche en el Hotel Las Américas en las mismas habitaciones de los que murieron hace ocho años. Ninguno se presentó y las piezas estuvieron vacías, dijo el abogado Gary Prado Araúz, defensor de Mendoza. Las habitaciones suelen ser objeto de curiosidad de huéspedes del hotel atraídos por el recuerdo del violento episodio de 2009.

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Tropiezos en el Juicio del Siglo

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Mario Tádic (boliviano-croata) y Elöd Tóásó (húngaro) deberán concluir estos días los trámites para recuperar efectivamente la libertad, al cabo de casi seis años desde el asalto al Hotel Las Américas, el episodio que marca un antes y un después en la historia moderna de Santa Cruz. Se da por descontado que retornarán a los países que dejaron con planes que acabaron convertidos en un horror que les cercenó parte de sus vidas. Los dos podrán hablar con más soltura sobre el sexenio en la prisión, las torturas e interrogatorios reminiscentes de Lubianka o Control Político que denunciaron durante el Juicio de Siglo (alzamiento armado,magnicidio, separatismo y terrorismo). Podrían, entonces, conocerse detalles de cómo se gestionó el acuerdo que les permitirá respirar bajo plena libertad.
Con penas que parecieron cronometradas (cinco años y 10 meses) para adecuarlas al tiempo que han estado presos, el proceso acelerado y sus resultados evocan los juicios en la Rusia bolchevique del siglo pasado, cuando muchos acusados de entonces también se declararon culpables bajo farsas históricas. Sentencias mayores tuvieron Ignacio Villa Vargas (ocho años) y Juan Alberto Kudelka (seis años y nueve meses).
No se ha probado que fuesen culpables, pero han admitido delitos que se les endilgaba. El paso puede quitar impulso al avance de sus denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La confesión de culpabilidad fue precedida de más de una docena de audiencias fallidas de Habeas Corpus planteadas por cada uno a lo largo de sus años en la prisión.
En la estela de las confesiones, la propaganda gubernamental ha arreciado a todo vapor estos días, como aprovechando la marea de quien asegura: ¿Ven? Yo tenía razón.
Un corto televisivo en la mayoría de las estaciones y un suplemento en algunos diarios han buscado tonificar la idea de que Bolivia iba a ser mutilada bajo la dirección del grupo a cuyo cargo habría estado Eduardo Rózsa. La tesis elaborada por el Dr. Marcelo Soza, ahora fugitivo refugiado en Brasil, sostiene que los 39 acusados, dos en silla de ruedas, uno apartado del proceso por dificultades de memoria y todos con escasa o ninguna vinculación entre sí antes del juicio, fueron la falange de una aventura separatista monumental. En la nueva andanada propagandística figuran incluso abogados de la defesa y esposas de algunos presos.
Declarado Héroe Nacional por el Congreso, entre los acusados está el general (r) Gary Prado Salmón, el militar que rindió a Ernesto “Ché” Guevara en la única victoria decisiva de las armas bolivianas el siglo pasado.
Dos semanas después de comenzar la sucesión de confesiones y las sentencias que sobrevinieron, una pregunta mayúscula aún estaba sin respuesta: si ha habido admisión de culpas en el grado de complicidad, ¿quiénes fueron los autores directos del crimen?
La admisión de culpas fue iniciada por el personaje célebre de todo el proceso, Ignacio Villa Vargas, nacionalmente conocido como “El Viejo”.
El general Prado Salmón dijo en el programa televisivo “No Mentirás” que no buscará el juicio abreviado y que continuará en el proceso. “Jamás. Soy militar de honor y no voy a aceptar un proceso y una condena por una supuesta sedición montada por el gobierno contra los líderes de Santa Cruz”, dijo. Una afirmación similar en el mismo programa hizo el ex prefecto Svonko Matkovic Fleig respeto a su hijo.
El proceso ha estado caracterizado por episodios sorprendentes. El más reciente ocurrió el martes cuando una juez técnica notó que faltaban 11 volúmenes de documentación con un total de 2.200 páginas, entre ellas las relativas a las sentencias a “El Viejo”, Tádic, Tóásó y Kudelka. El abogado defensor Otto Ritter recordó (“está registrado en las actas”) que el juez Sixto Fernández, al anunciar con alivio que el bloque de documentos había aparecido, cometió un lapsus y dijo a la audiencia que “lamentablemente” el cartón en el que están guardados había sido ubicado. “Quiso decir ‘felizmente’”, dijo Ritter, al pedir que las actas hiciesen notar la corrección.
La historia de ese legajo voluminoso, cuya desaparición habría paralizado el juicio, está aún pendiente de la investigación que esa misma tarde inició la policía. Su hallazgo parece surrealista.
La juez Julia Elena Gemio pidió un documento y tras notar su falta entre los cartones que acompañan los desplazamientos del tribunal del mayor caso de la historia penal boliviana, percibió que la falla era gigante. Todo el expediente tiene hasta ahora unos 160 cuerpos y cundió la alarma con la desaparición misteriosa de 11 de ellos. El juez Fernández convocó a la policía y suspendió la sesión. La falta de documentos obligaba a aplazarla hasta el día siguiente (miércoles). Juan Carlos Guedes, Gelafio Santisteban y Zoilo Salces descendieron desde el segundo piso del edificio judicial hasta el subsuelo, donde los detenidos se concentran para volver a la prisión de Palmasola. El Cnl. Salces deseaba escupir y pidió permiso al guardia que lo custodiaba. “Me dirigí hacia un cartón que parecía de basura, que ya tenía encima algunos desechos. Me contuve, vi que contenía material como el de los archivos y miré con atención. Al darme cuenta que eran documentos del proceso avisé al guardia y éste al juez y a sus superiores en el edificio”, dijo el militar retirado, que hace un año recibió el beneficio de la prisión domiciliaria, después revocada por el juez que la otorgó.

Por qué el cajón quedó durante horas en ese lugar y el temor de que la documentación hubiese sido manipulada, estaban entre los temas que la policía debía aclarar.
Gelafio Santisteban, militar boliviano ex integrante de las Fuerzas de Paz de las Naciones Unidas y uno de los acusados en la lista del ex fiscal Soza como responsable de cuatro divisiones secesionistas, dijo que tiempo atrás desapareció del expediente el certificado oficial de sus ingresos y salidas del país con el que buscaba probar que no estuvo en Bolivia en las fechas que el ex fiscal decía que sí estuvo. Ese documento, dijo, no tuvo la suerte de los 11 volúmenes y sigue desaparecido.

Fiscal Soza: Acusados dilatan el “juicio del siglo”

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El fiscal Marcelo Soza denunció este lunes que los acusados en el “juicio del siglo”, con acusaciones de terrorismo, magnicidio, alzamiento armado y separatismo, son los responsables de que el caso se hubiera dilatado allende los tres años prescritos por ley. Afirmó también que las irregularidades y objeciones al proceso por parte de la defensa conllevan la misma finalidad dilatoria.

Quienes han dilatado el caso, que estalló el 16 de abril de 2009 con la incursión policial armada al Hotel Las Américas, de Santa Cruz, son los acusados, dijo, al sostener que algunas de las irregularidades, como la numeración errónea de los folios, “se puede subsanar”, pues, en sus palabras, se trataba de un “defecto relativo”.

Se espera para las próximas jornadas, en las que el fiscal continuará su exposición, quede claro cómo se procedería a aquella enmienda, una en la cadena de fallas denunciadas por la defensa. Tampoco hubo una explicación sobre porqué la defensa de los acusados, gran parte de ellos presos, con prisión domiciliaria o con arraigo, buscaría intencionalmente la dilación, que se traduce en la persistencia del cautiverio de sus defendidos. Algunos llevan casi 47 meses en el presidio.

Las fallas en el expediente, que hace dos semanas hizo notar la abogada Verónica Suarez, a cargo de la defensa de ex líder cívico Alberto Melgar, incluyen también borrones, líneas sobrepuestas, correcciones sin autenticación,  confusión en la numeración y uso de papel ya utilizado de fax.

El fiscal dijo que las pruebas que le corresponderían a la acusación fueron ya “presentadas, codificadas y protegidas”. En esa calidad podrían estar las armas y municiones encontrados en el stand de Cotas en la madrugada del asalto al hotel, en el que murieron el boliviano Eduardo Rózsa Flores, el húngaro Arpad Magyarosi y el irlandés Michael Dwyer. En las sesiones iniciales celebradas en Cochabamba, el fiscal dijo que los explosivos habían sido destruidos.

El Dr. Soza dominó toda la jornada en el Palacio de Justicia. En la parte del juicio que comenzó la tarde de este lunes corresponde a la acusación responder a las presentaciones de la defensa. La sesión tuvo un inicio tardío, debido a tecnicismos que empantanan el curso del proceso. Esta vez, hubo una demora superior a una hora porque uno de los acusados no podía moverse de su domicilio, donde guarda arresto domiciliario, porque los jueces no habían expedido la orden para que el guardia que lo vigila pudiese acompañarlo dejando el lugar donde cumple su deber.

La audiencia fue suspendida durante un cuarto de hora debido a una afección respiratoria que atacó al detenido Juan Alberto Kudelka. El detenido denunció que desde el año pasado aguarda el permiso del director del Penal de San Pedro, en La Paz, para someterse a exámenes médicos. Kudelka, ex hombre de confianza del ex líder cívico Branko Marinkovic, fue torturado por policías del penal quienes, en la mañana del 16 de junio, le sumergieron repetidas veces la cabeza en un balde de agua fría, según denunció entonces su esposa Kathy Rabzuc.

Este lunes, Kudelka comenzó a toser sin cesar y el juez Sixto Fernández, que preside la audienci,a abrió un intermedio de 15 minutos, mientras el acusado se recuperaba. “Sigo esperando el permiso del gobernador del penal”, dijo Kudelka, cuando pudo respirar otra vez con normalidad.

No es la primera vez que las audiencias son interrumpidas por malestares sufridos por alguno de los acusados. En Tarija, el año pasado, el ex presidente de COTAS Ronald Castedo empezó a sangrar durante una audiencia y, con síntomas de infarto, debió ser trasladado de emergencia Santa Cruz. Hace tres años, el ex ejecutivo tuvo su domicilio en Santa Cruz sitiado por órdenes de la fiscalía, que quería detenerlo para que declarase en La Paz. El acusado se oponía al traslado por prescripción e sus médicos, que desaconsejaban viajes a ciudades altas. En algunos momentos del sitio que la policía mantuvo durante cuatro semanas, su domicilio estaba rodeado por 120 policías, 20 vehículos y 16 motocicletas, recordó al hablar con periodistas este lunes.

La audiencia se volvió tensa en el momento en que un representante del Minisiterio Público, al hablar de los acusados, incluyó el adjetivo “terrorista” prescindiendo del filtro fundamental “presunto”o “supuesto” requerido cuando las personas no han sido sentenciados. Los abogados de la defensa protestaron airados por el término. El abogado Otto Ritter declaró que el Ministerio Público había agredido a los acusados e irrespetado sus derechos humanos.