Acusación

En busca del tiempo perdido

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Tras cruzar el sexto aniversario a partir del suceso sangriento que lo originó, el Juicio del Siglo empieza este lunes bajo un régimen draconiano. Las audiencias serán continuas, anunció el juez Sixto Fernández, de modo que se suprimirá la semana que mediaba entre un período de audiencias y otro. El régimen deberá continuar hasta sentenciar a todos los acusados, en el proceso penal más traumático de la historia boliviana reciente.

La decisión corre hacia una búsqueda del tiempo perdido, que nada tiene que ver con el título de la obra clásica de Marcel Proust sino con la intención de alcanzar  un desenlace total en lapso menor al que marca la tendencia de estos años.

El tribunal, compuesto por la juez técnica Elena Gemio y las jueces ciudadanas Sonia Mamani y Anastasia Callisaya, de La Paz, como el magistrado presidente, procura recuperar el tiempo perdido en vacaciones, salud, incidentes y feriados, trabajando a marcha forzada hasta sentenciar a todos los acusados. Cinco ya se acogieron al método abreviado y se declararon culpables después de años de alegar inocencia de la acusación, que los sindicaba de planear un alzamiento armado para dividir al país, previa capitulación del ejército.

Cuánto podrá durar todavía el proceso, en curso en Santa Cruz desde 2013, es pregunta abierta. El mayor de policías Rolando Ocampo Tarqui, testigo central de la acusación y primero de 41, declara desde el 23 de marzo y es interrogado por los fiscales del Ministerio Público y abogados del Ministerio de Gobierno.  Compañeros suyos figuran en la lista de testigos presentada originalmente por el ex fiscal ahora prófugo Marcelo Soza. La defensa se propone contra-interrogarlos.

En una medida vista por la defensa como un endurecimiento de la parte acusadora y del tribunal, el juez Fernández no objetó una demanda de la fiscalía para retirar dos termos de café de los que solían servirse acusados, defensores, visitantes y policías. El juez, inicialmente, titubeó ante el requerimiento del fiscal Sergio Céspedes, que reclamaba irritado que el café distraía la atención del testigo, al causar desplazamientos individuales esporádicos en la sala. “Que se saque el termo”, demandó. “Siendo evidente cuanto manifiesta…”, dijo el juez, al disponer un receso de cinco minutos que desembocaron en el retiro de los termos que solía llevar a las audiencias regulares Hugo Paz Lavadenz, uno de los 39 acusados.

A diferencia de otros de su género, el Palacio Judicial de Santa Cruz carece de cafetería.

Defensa: “Terroristas son los del gobierno”, que el juicio siga

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El Juicio del Siglo trajo este lunes una nueva sorpresa. Si algunos creyeron que no quedaría otra salida que declarar el proceso extinguido por vencimiento de plazo, se encontraron con una sorpresa: la defensa del general Gary Prado Salmón retiró la moción y expresó su decisión de continuarlo hasta el final. “Los únicos terroristas en este país son los del gobierno, y estamos listos para demostrarlo plenamente”, dio el abogado Otto Ritter.

La intervención del abogado del comandante militar que en 1967 rindió a Ernesto Ché Guevara en las selvas de sudeste boliviano, reiteraba que NO han sido los acusados los que han dilatado el juicio, cuyo plazo de tres años para llegar a una sentencia fue cumplido el 16 de abril del año pasado y resta menos de un mes para llegar al cuarto año.

La abogada del Ministerio de Gobierno Paola Barriga acababa de listar las objeciones de la defensa y atribuía a los imputados las incidencias que han dilatado el proceso más allá del plazo establecido por la ley y uno de los abogados defensores pedía al juez que los fiscales respetaran la presunción de inocencia (en la sesión anterior el representante del Misterio Público los había llamado “terroristas”).

La intervención del abogada ministerial exasperó a Ritter quien pidió que el juez desestimara la demanda de disolución del proceso por extinción de plazo que había planteado al inicio de las sesiones en Santa Cruz, en febrero. “Vamos adelante, hasta el final”, dijo ante la sorpresa de gran parte del público congregado en el segundo piso del Palacio Legislativo de Santa Cruz.

La decisión de la defensa del general retirado y ex embajador en varios países puede haber sido una jugada calculada. El fiscal Marcelo Soza, cabeza de la acusación, tiene alrededor suyo una investigación de grabaciones de diálogos telefónicos en los que supuestamente formula apreciaciones sobre temas sensibles del gobierno. En un segmento de la grabación, se escucha a la supuesta voz del fiscal decir, en medio de términos vulgares, que si se cayera el caso terrorismo “cae el gobierno”.

Soza no apareció en la audiencia de este lunes y nadie supo decir si se disponía a reasumir su condición de fiscal principal. Su ausencia se produjo en medio de especulaciones sobre el rumbo que puede tomar el caso más espectacular que en lo que va de siglo se desarrolla en Bolivia, con acusaciones de magnicidio, terrorismo, alzamiento armado y separatismo. El plan habría sido detenido con el asalto armado al hotel Las Américas, el 16 de abril de 2009, del cual resultaron acribillados a balazos Eduardo Rózsa Flores, el rumano Arpad Magyarosi y el irlandés Michael Dwyer. Los dos países discrepan de la tesis del gobierno y sostienen que sus compatriotas fueron ejecutados.

En Santa Cruz hubo el rumor, sin confirmacion y sin desmentido, de que Soza había vuelto a renunciar  al caso, con argumentos similares a los que había esgrimido hace más de un año, cuando también quiso alejarse y el Fiscal General, entonces Mario Uribe,  le ordenó continuar con el caso.

Hasta ahora no han sido exhibidas las pruebas documentales que sostendrían la tesis gubernamental boliviana.  Prado Salmón no ha logrado que le muestren el plan llamado “bermutato” (presentación, en húngaro), que el fiscal originalmente le atribuyó. El general retirado ha dicho que posteriormente la autoría mudó y, en una confusión de fechas, le fue atribuida a Rózsa, al parecer cuando éste ya había muerto. El ex mecánico de aviación Juan Carlos Guedes también ha reclamado que le presenten la pistola-ametralladora que con la que contribuiría al plan magnicida-terrorista-separatista.

Luego de un nuevo malestar experimentado por “El viejo”(Ignacio Villa Vargas), quien pidió salir en su silla de ruedas apresuradamente de la audiencia pues decía que estaba a punto de vomitar, del juez Sixto Fernández anunció la suspensión de las sesiones.

Deberán reiniciarse el jueves, con la decisión de del jurado sobre las incidencias y objeciones presentadas por la defensa. Después comenzará la fase de “confesiones” en las que cada uno de los acusados presentará su propio caso y responderá a preguntas tanto de la acusación como de la defensa. Es en esta parte del proceso que la defensa afirma estar segura de poder “desmontar” el caso.

Agrega un NO que, al parecer, se escurrió fuera de a versión,

Juicio del Siglo: ¿Dónde están las pruebas?

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En segundo párrafo aclara significado de palabra “bermutato”

El juez y los jurados que presiden “el juicio del siglo” se enfrentaron el martes a preguntas inquisidoras de los acusados en torno a las pruebas de los que depende una sentencia de condena o de libertad en el juicio que desde el mes pasado tiene por sede a Santa Cruz.
El general Gary Prado Salmón reclamó la presentación material de un documento con un nombre extraño que habría preparado y enviado a Eduardo Rózsa Flores para desencadenar una guerra separatista en Bolivia, o que, alternativamente, habría sido misteriosamente elaborado por el “combatiente de los Balcanes” bajo el nombre de “Bermutato” cuando estaba ya muerto.El documento es mencionado en la acusación del fiscal Marcelo Soza, pero Prado asegura que nunca lo vio, pese a haberlo reclamado cuando las audiencias pasaron de Cochabamba a Yacuiba y sus condiciones de salud le permitieron asistir a las sesiones en la ciudad tarijeña. El martes volvió a reclamarlo: “Quiero que me lo muestren”, exclamó. El documento continúa siendo un misterio pero es fundamental en la acusación contra el general retirado, ex embajador en Inglaterra y México y vencedor de la guerrilla que dirigía Ernesto “Ché” Guevara en las selvas del sudeste boliviano. El miércoles, el rumano Elod Tóásó aclaró parte del misterio: En húngaro, la palabra significa “Presentación”. Prado Salmón se mostró sorprendido, pues nunca tuvo, dijo, el más elemental conocimiento de la lengua magyar, menos aún para titular un documento.

Para Juan Carlos Guedes Bruno, la fuente de preocupación es menos misteriosa y más material pero parece igualmente intrigante: ¿Cuál es la pistola ametralladora de nueve milímetros que la acusación le atribuye haber tenido y que serviría para llevar a cabo el alzamiento armado, una de las sindicaciones de las que debe defenderse, junto a las de terrorismo, magnicidio y separatismo? El arma que le presentaron era, en sus palabras, “una pieza mugrienta” que supuestamente había vendido a Eduardo Rózsa Flores sin caserinas, y cuyo registro no corresponde al que menciona el expediente, un arma completa y moderna.
Gelaffio Santisteban, joven militar que era parte de las compañías bolivianas empleadas por la ONU en misiones de paz, tiene un reclamo diferente: en el expediente figura una declaración sin su firma, pero sí con la del fiscal que atendía el caso en sus etapas iniciales, hace casi cuatro años. Ese documento puede sellar su destino en el juicio.
Las fallas fueron inicialmente listadas por la abogada Verónica Suárez, al solicitar la nulidad del juicio por defectos absolutos en la compilación, organización, secuencia y autenticidad del expediente.
El fiscal Soza dijo el martes que esas fallas eran “subsanables”. La abogada, en una consulta que le hice en el Palacio Judicial, concordó pero agregó: “Subsanables en parte”, pues según su apreciación “más de la mitad del expediente es defectuoso”. “Se puede corregir la numeración pero ¿cómo explicar la desaparición de páginas, o la ausencia de notas de citación originales a los acusados?”
El juez Sixto Fernández declaró que “las pruebas son la base del juicio” y dispuso un inventario de todas las evidencias presentadas por la acusación y los descargos de los acusados. Los abogados de la defensa, que teme que los elementos puedan haberse dañado con el traslado de sede del juicio de La Paz a Cochabamba y de Cochabamba a Yacuiba y Tarija para, finalmente, aterrizar en Santa Cruz, recalcaron que todas las pruebas debían haber sido individualizadas y luego colocadas bajo resguardo.
El abogado Sergio Céspedes, del Ministerio de Gobierno, dijo que el reclamo de la defensa era una muestra de cómo el proceso sufría interferencias que lo habían dilatado. En abril serán cuatro años del caso, que partió de la incursión policial armada al Hotel Las Américas, de Santa Cruz.