Abogados

Ánimos crispados

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El Juicio del Siglo reanudará las sesiones orales este lunes, a pocos días de haber sido colocado cerca del colapso cuando un abogado del gobierno y otro de la defensa estuvieron a un paso de llegar a los puños, en un pugilato que sólo habría expresado la decadencia del mayor juicio penal de la historia boliviana.

Desde el inicio de la fase oral en Santa Cruz, hace tres años, el Juicio del Siglo ha estado repleto de incidentes, pero el de la semana antepasada eclipsó los anteriores, en medio de incitativas e interjecciones ante los ojos del tribunal primero de sentencia de La Paz, que preside el juez Sixto Fernández.

El 7 de enero, durante la sesión en la que hicieron crisis algunas de las tensiones y frustraciones acumuladas en años, el magistrado intentó reflexionar ¨a todas y cada una de  las partes¨. Esta semana podrían medirse los efectos de la reflexión sobre los ánimos de los involucrados, en un proceso que no exhibe señales de un final próximo, después de 80 meses de la invasión policial al Hotel Las Américas y la muerte violenta de tres ocupantes que, en la voz del gobierno, iban a cometer magnicidios, terrorismo y una guerra para dividir Bolivia.

¨Hay quienes quieren que el juicio fracase…¨, dijo el juez, al anunciar que había dispuesto mayor vigilancia de los policías siempre presentes en las audiencias para que observen el comportamiento de todos los asistentes. (La chispa de ese incidente había sido una interjección desde algún lugar donde su ubican los acusados y el público visitante). El llamado genérico del juez ¨a todas las partes¨ para que asuman un comportamiento profesional causó molestias en la defensa. Uno de los abogados le señaló que el incidente que acababa de ocurrir había sido causado por la interrupción exabrupta de un representante del Ministerio de Gobierno cuando hablaba un defensor.

Durante gran parte de las audiencias de diciembre y de comienzos de este mes, el tribunal ha estado  abrumado por una crisis interna cada vez más visible. Una de las jueces ciudadanas acusó a un fiscal de pretender imponerles su voluntad; luego las jueces ciudadanas acusaron a su colega técnica de no guardarles respeto y pidieron la intervención del juez presidente. Hace 10 días otro fiscal responsabilizó al juez Fernández de no conducir apropiadamente las sesiones.

En esa atmósfera tensa, el día 7 de enero hubo interjecciones airadas y un abogado defensor y un representante del Ministerio de Gobierno se levantaron de sus asientos con los puños cerrados rumbo al centro de la sala frente al tribunal. La intervención de sus colegas, que sujetaron a los dos, previno el pugilato que estaba por desencadenarse. La sesión iba a continuar, pero prevaleció la sugerencia apaciguadora del abogado defensor de funcionarios de COTAS para suspender la audiencia porque no existían condiciones para continuarla.

Luego de peregrinar por La Paz, Cochabamba, Tarija y Yacuiba forzado por problemas de salud que acosan a los acusados (uno de ellos sufrió un infarto), el caso está radicado en Santa Cruz desde enero de 2013. De los 21 acusados de entonces, quedan 16. Cinco optaron por juicios abreviados y se declararon culpables de delitos que les endilgaba la acusación y que ellos habían negado durante años. La abreviación fue calibrada para que la sentencia coincidiera con el tiempo que habían permanecido presos. Un tufillo evocador de  los Juicios de Moscú en la década de 1930 es inevitable para todo quien haya  leído un mínimo de la historia de esos años.

El juicio continúa en la fase declaratoria de los testigos de la acusación, cuyo número el juez decidió reducir para acelerarlo. Al acabar la presentación de testigos de cargo, deberá ocurrir el turno de los testigos de la defensa. Aún quedaría pendiente la presentación de pruebas en las que se basó el ahora ex fiscal Marcelo Soza Álvarez para articular la acusación. La gestión del ex fiscal duró más de tres años antes de que fuera apartado. Ahora está en Brasil, donde se le brindó refugio tras denunciar que  gran parte de su pliego acusatorio fue resultado de presiones del gobierno para involucrar a dirigentes de Santa Cruz en la trama que asegura buscaba derrotar al ejército y crear una nueva nación. Los documentos que el ex fiscal presentó en Brasil para obtener refugio no han sido aceptados entre las pruebas.

La acusación cree que se podrá llegar a la sentencia en cuestión de meses. La defensa no es tan optimista.  Con la experiencia de los años transcurridos, los abogados de la defensa creen que más realista sería hablar de años, tal vez hasta 2018.

 

Los testigos deben callar

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Bajo persistentes objeciones a las preguntas a los testigos, el Juicio del Siglo (terrorismo, alzamiento armado y división de Bolivia tras derrota del ejército) ha tenido este mes uno de los períodos más tensos desde el estallido del caso con el asalto policial al Hotel Las Américas de Santa Cruz hace más de cinco años. Nada sugiere que las sesiones que vienen serán diferentes.
Sólo en la jornada del jueves antepasado los fiscales bloquearon por lo menos 20 preguntas y llevaron a la defensa a retirarlas de la lista de cuestionamientos con los que trataban esclarecer la trama con la presencia de uno de los testigos más locuaces del mayor proceso penal de la historia boliviana. Boris Martín Villegas Rocabado, Director de Régimen Interior cuando ocurrió el episodio que ha marcado al oriente boliviano, ha cumplido siete jornadas de testimonios desde el 20 de agosto y asegura que todavía tiene mucho para decir. Suspendida hace una semana y media por nuevos problemas de salud entre los acusados, la audiencia debe continuar este lunes.
Un momento de alta tensión ocurrió cuando el juez Sixto Fernández evitó responder directamente al cuestionamiento del abogado Alberto Morales, quien preguntaba si el tribunal compartía la posición de la acusación, que había dicho que el pliego acusatorio era una “verdad material”, uno de los elementos base para una sentencia.
“Entonces, ¿qué hacemos aquí?”, preguntó Morales, al requerir que se le expidiese una copia legalizada del pronunciamiento que consideraba parcializado del juez. El juez dijo que la acusación será valorada en una etapa posterior del juicio. Los defensores arguyeron que no se debe esperar otro momento del proceso ni una instancia superior cuando se evidencia que la acusación tiene bases falsas, como afirma el ex fiscal Marcelo Soza, quien la preparó.
En la jornada del 4 de septiembre, los fiscales bloquearon una seguidilla de cinco preguntas al testigo, entre ellas si sabía si un oficial de la UTARC, de participación destacada en esa unidad ahora disuelta, había conocido a Eduardo Rózsa Flores antes del episodio del 16 de abril de 2009. La defensa considera importante el detalle para la noción de que la versión ofrecida por las autoridades fue prefabricada para calzar con el episodio.
Tampoco avanzó la pregunta para saber con detalle quiénes elaboraron el documento de la comisión legislativa que investigó el suceso. Villegas dijo que él había trabajado en la elaboración de ese informe, piedra angular de la posición gubernamental sobre todo el episodio, y que cumplió su labor en la vicepresidencia de la república. “Mi persona participó en la elaboración de ese informe…se le dio forma jurídica. No podíamos firmar porque éramos parte del Ministerio de Gobierno”, dijo al citar a algunos diputados de la comisión que figuraron como firmantes del informe. Considerada impertinente por la fiscalía, la pregunta sobre quienes más fuera de él participaron quedó sin respuesta.
Las declaraciones del ex director Villegas estuvieron precedidas por las de otro ex abogado del gobierno, Denis Rodas, de quien el abogado defensor José Hoffman intentó sin éxito obtener detalles sobre las pericias de piezas electrónicas externas (discos duros y flash memory) cuyo contenido ha sido esencial para la acusación.
Hasta ahora han sido estériles los intentos de conferir legitimidad plena a la carta que escribió el ex fiscal Soza cuando huyó a Brasil en marzo. En ella se ha basado la que hasta ahora es la mayor acción de la defensa del general Gary Prado Salmón. La acusación, que un tiempo encabezó Soza, la considera legalmente inexistente y estos días ha reafirmado que la carta carecerá de base jurídica mientras el tribunal no la considere. El juez no ha especificado cuándo lo haría pues el documento, cuya traducción al portugués ha sido reconocida por autoridades brasileñas, debería ser legalizado por autoridades bolivianas. Los abogados del gobierno y el Ministerio Público sostienen que el ex fiscal debería ir a la embajada de Bolivia en Brasilia para solicitar la legalización. La defensa replica que hacerlo equivaldría a renunciar al refugio del que goza en el vecino país, desde donde acaba de afirmar que lo ocurrido en el Hotel Las Américas fue una masacre.
La acusación ha frenado las averiguaciones sobre el llamado “gabinete jurídico”, el supuesto organismo para gubernamental al que se atribuye el diseño de las estrategias para lidiar con conflictos en el país. Para el ex jurista gubernamental Rodas el tema parece fuego: se excusó de abordarlo alegando su propia seguridad y la de su familia, y afirmó que el 10 de abril, tras hablar con algunos legisladores, había sufrido una paliza en la prisión de Palmasola, donde está detenido. Gran parte del tiempo de Rodas en la silla de los testigos transcurrió en medio de debates sobre si podía o no podía responder a preguntas de la defensa.

Juicio del Siglo: Con tropezones, rumbo al final

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Tras los sofocones de las últimas semanas, especialmente  la fuga aún oscura que el 11 de marzo protagonizó el ex fiscal Marcelo Soza, el Juicio del Siglo ha ingresado a un proceso terminal, dicen los abogados que siguen el caso. Nadie se atreve a formular un calendario final, pero todos coinciden en que no es mucho el tiempo que tiene por delante.

La incredulidad que rodea a la versión del gobierno (separatismo, que como tal no aparece en ninguna línea de la proposición que elaboró  el ex fiscal Soza, e intención de derrotar al ejército boliviano), se ha visto acentuada con la carta de la ex autoridad  y con declaraciones de los defensores.  El ex fiscal parece haber dejado un laberinto de preguntas que las autoridades no han respondido.

“Iba a ser nuestro testigo estrella”, dijo el abogado cabeza de la defensa, Otto Ritter Méndez, quien asegura que la salida del ex fiscal fue asistida por el propio gobierno, que habría preferido tener al magistrado fuera a enfrentar la posibilidad de que termine ante un juez y hable tal vez mucho más y con mayor precisión que su carta. Ritter consiguió autenticar el documento,  que proyecta presentar en cuanto se reanude el proceso suspendido tras la salida del ex fiscal.

Ese documento quitaría al juicio sustento para continuar. La senadora por Pando Carmen Eva González sostiene que una de las alternativas que estudiarían las autoridades sería sentenciar a algunos que se declararían culpables. La pena no sobrepasaría los casi cinco años que algunos llevan en prisión. Se desconoce quiénes serían los procesados dispuestos a inculparse.

Hace un par de semanas, Gary Prado Araúz, abogado de la defensa de su padre, el general Gary Prado Salmón, concedió una entrevista a la red de emisoras Erbol a la que no se le conoce una réplica equivalente del gobierno.  En la entrevista, Prado recuerda algunas tareas que el ex fiscal no investigó  o que no que aclaró.  ¿Quién trajo a Eduardo Rosza Flores a Bolivia a fines de 2008, en los días en que milicias campesinas cercaban Santa Cruz?

El abogado dijo que está determinado que el trayecto Budapest-Sao Paulo de Rózsa y un acompañante fue pagado mediante una tarjeta de crédito asignada al coronel venezolano Jorge Osorio, entonces Ministro de Alimentación. El ex fiscal llegó a ese punto pero curiosamente no avanzó más, dijo el abogado.  El viernes pasado  el mismo funcionario fue designado oficialmente Ministro del Poder Popular, adscrito a la Presidencia de Venezuela.

El abogado mencionó otro elemento: el ex fiscal recopiló llamadas hechas o recibidas por Rózsa, pero excluyó de la lista  números de La Paz. No los incluyó “porque son las llamadas de funcionarios de gobierno” que lo llamaron desde La Paz, inclusive una del ex Viceministro Saúl Ávalos, contra cuya residencia en Santa Cruz estalló un explosivo a fines de marzo de 2009. Se desconoce si existe algún informe del ex viceministro sobre  llamadas que habría recibido la noche del atentado a su casa.

Prado Araúz admitió la posibilidad de que Rózsa hubiese tentado a algunos cruceños con la idea de defender la ciudad, ante el que parecía avance inminente de las milicias campesinas y los antecedentes históricos  de la masacre de Terebinto, pero ridiculizó la idea de una guerra de secesión, como la que el gobierno afirma que estaba en gestación. “La boca aguanta todo, pero ¿alguien se ha animado a hacer números de lo que cuesta un enfrentamiento bélico real, lo que cuesta un día-hombre en combate…de dónde iba a salir la plata para un enfrentamiento bélico? No nos tomen por tontos”, dijo en la entrevista con Erbol. ¿”Saben cuántas armas dicen que le secuestraron a Rózsa del stand de Cotas (en la Feria Exposición de Santa Cruz): diez fierros viejos. Una compañía policial trituraba al ejército de Rózsa…”

El abogado agregó que no hubo “fuego cruzado”  en la madrugada del 16 de abril de 2009, y afirmó que pronto estaría en condiciones de presentar pruebas de su afirmación.  Dijo también que los signos que presentaba el cadáver del ex combatiente boliviano-croata mostraban que había sido torturado antes de morir.

“…lo matan. Su muerte era más útil… ¿sabe cómo muere? Por anemia, de acuerdo a la autopsia. Le metieron unos tiros al  abdomen…y se desangró, dice la autopsia.  Pero es mentira.  (La muerte fue causada por) un tiro de pistola detrás aquí, atrás de la oreja, a (una distancia de) menos de 60 centímetros. El disparo no sale al otro lado…Lo dicen las fotografías de la autopsia.”

Prado Araúz dijo que las autopsias en Bolivia fueron manipuladas y que el informe de la realizada en Irlanda por los forenses de ese país, sobre el cadáver del irlandés Michael Dwyer, fue enviado a la cancillería boliviana, pero  que allí lleva años. La cancillería no lo remitió a la fiscalía a cargo del caso. Los datos sobre el cadáver del húngaro Arpad Magyarosi también exhibían tortura y al morir estaba esposado, dijo.

Una anotación final para responder a una pregunta recurrente. ¿Por qué suelo llamar Juicio del Siglo a este proceso? Porque es un calificativo real y sin la connotación que tiene llamarlo “caso terrorismo’, como frecuentemente lo llama la mayoría de los medios nacionales. Designarlo “caso terrorismo”  implica en cierto modo comprar un calificativo cuya veracidad no ha sido establecida. Llamarlo Juicio del Siglo refleja mejor una verdad histórica: no hay un juicio igual en los 14 años del siglo en curso en magnitud y profundidad.

Juicio del Siglo: Prado Salmón no irá preso

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El tribunal a cargo del Juicio del Siglo declaró esta noche improcedente una demanda del Ministerio Público y del Ministerio de Gobierno que podía haber llevado preso a Palmasola al general Gary Prado Salmón.

Leída por el juez Sixto Fernández, la decisión fue alcanzada por unanimidad al cabo de una hora de deliberación de los miembros del jurado. Fue apuntalada por las disculpas que presentó al tribunal el general retirado, cuya compañía rindió a la guerrilla de Ernesto “Ché” Guevara en octubre de 1967, por haber abandonado la audiencia del viernes 26 de abril, aproximadamente una hora antes de que la sesión del día concluyese.

Prado Salmón y su abogado principal Otto Ritter, salieron de la reunión en protesta por la aplicación que consideraron incompleta de una resolución del Tribunal Constitucional que declaraba ilegal la declaratoria de rebeldía que le había impuesto el mismo tribunal el año pasado en Tarija. El militar no estuvo presente en esa audiencia y la decisión del TC avaló las razones de salud que había  invocado (está en silla de ruedas desde 1981 y padece de afecciones cardíacas).

La sesión vespertina de este jueves dio lugar a una defensa legalmente masiva de Prado Salmón por parte de sus tres abogados (Alberto Morales y Gary Prado Araúz, además de Ritter) y del propio general y ex embajador en Inglaterra y México. La calidad de los argumentos de la defensa convirtió a la sesión en un acto excepcional para muchos de los que estuvieron en la pequeña sala del cuarto piso del Palacio Judicial de Santa Cruz. Las audiencias son públicas y fue una pena no ver el lugar repleto de estudiantes de la carrera de Derecho.

En su breve alegato, Prado Salmón se mostró desalentado por la justicia boliviana que, subrayó, no obedecía el mandato del Tribunal Constitucional y dejaba indefensos a los ciudadanos. “Soy  un militar que ha servido honestamente  a su patria durante más de medio siglo”, dijo.   “Y si hay que terminar en Palmasola (la cárcel de Santa Cruz),  pues, adelante”.

La acusación anunció que apelará.

El juicio del siglo: La ronda continúa

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El juez Sixto Fernández abrió un nuevo paréntesis  en el “juicio del siglo” hasta el 1 de abril, sin atender a la defensa que exigía conocer el fallo sobre las incidencias y excepciones ni a los fiscales que reclamaban que el proceso continuase a pesar del visible deterioro de la salud de dos acusados cuyos exámenes clínicos no habían sido completados debido a un paro médico.

¿“No ve cómo estoy sudando? El médico que me atendía esta mañana estaba en cirugía”, exclamó “El Viejo” Luis Ignacio Villa Vargas dirigiéndose al juez y al jurado, mientras que el abogado  del ex dirigente juvenil cruceño Alcides Mendoza decía que lo que ocurría en la sala mostraba las anomalías del proceso y que el juez debía ordenar que los enfermos permaneciesen en Santa Cruz sin volver a La Paz.  “El Viejo”, trémulo y cansado, las manos y el pecho sudorosos, recordó al tribunal que él mismo se pagaba los pasajes desde Cochabamba para venir a Santa Cruz, y corría con los gastos de alimentación de su guardia. (Las autoridades le reembolsan sus gastos tardíamente, explicó después.) Mendoza lucía similar palidez a la de la víspera, cuando su frecuencia cardíaca había marcado 50 latidos por minuto.

Los alegatos presentados por los enfermos y sus abogados desde los primeros minutos de la breve audiencia no habían impresionado a la acusación. El nuevo fiscal Iván Ortiz, sumado al caso tras la ausencia aún inexplicada del acusador principal Marcelo Soza, había dicho que el tribunal estaba ante “una burla cruel” y que la sesión debía continuar pues los enfermos tenían condiciones de escuchar la lectura del dictamen del juez por completo, o parcial, solamente la parte resolutiva. (“Soza es nuestro testigo estrella. No puede estar ausente”, dijo sarcásticamente el general Gary Prado Salmón después de la sesión, al subrayar que su decisión era llevar el caso hasta el final.)

El abogado del gobierno Sergio Céspedes introdujo en el debate una duda: los dos acusados no podían comprobar que habían estado en la víspera y hasta la mañana del viernes en la clínica Bilbao, de Santa Cruz, para someterse a los exámenes médicos cuyos resultados parciales no estaban certificados. La defensa le tomó la palabra y propuso que los guardias de los detenidos declaren si habían estado en la clínica. El juez no tuvo  opción sino trasladar la pregunta a los guardias. El sargento primero Juan Quispe Velasco dijo brevemente: “Hemos estado toda la noche en la clínica Bilbao”. El oficial a cargo del sargento, el subteniente Richard Gutiérrez Cuéllar, corroboró a su subordinado.

La abogada del gobierno reclamó que los abogados de la defensa no habían actuado lealmente y que debían haber procurado certificar el tratamiento de los defendidos.

Restaba escuchar la declaración del juez, quien se aproximaba a levantar la sesión y fijar nueva fecha para la audiencia sin revelar su dictamen. La defensa intentó sin éxito que el juez leyese su resolución, entre las cuales debía estar un pronunciamiento sobre la extinción del caso por vencimiento de plazo.  Uno de los abogados dijo que ya se conocía cuál sería el veredicto: rechazo a todas las excepciones, y que la parte considerativa podía ser entregada a la defensa para su análisis. El magistrado no dio curso al pedido y dijo que la nueva audiencia empezaría el 1 de abril, a las 11:30 de la mañana.

La nueva fecha es la misma que, en La Paz, se ha fijado para que el fiscal desaparecido Marcelo Soza declare sobre la grabación que se le atribuye y las fotografías que lo muestran  al lado de otros abogados del gobierno ahora presos por extorsión. Es también el Día de la Mentira, en un gran número de países.

La realidad y la ficción

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Se les ha aplicado un encarcelamiento en áreas restringidas “como si fueran los más despiadados criminales con sentencia ejecutoriada” y viven el peor calvario de sus vidas. Hasta hace sólo un par de meses eran príncipes de la legión de abogados encargados de dirigir las causas legales del gobierno y de someter a los adversarios. Los ex titulares de la brigada legal del gobierno, Fernando Rivera y Dennis Rodas, viven el drama indignante de muchos bolivianos atrapados por una política salvaje carente de fronteras éticas que parece rutina a lo largo de la vida institucional del país.

Registradas en El Deber del miércoles, las quejas de los abogados sobre las miserias en las que han sido inmersos evocan los reclamos cada vez menos audibles del comisario Nicolas Salmanovich Rubashov, el ex poderoso jefe policial bolchevique enfrentado a quienes fueron sus subordinados en “Oscuridad al Mediodía” (Darkness at Noon, Penguin Books) del genial Arthur Koestler (1905-1983). En la novela, el comisario vive el oprobio de un sistema político y judicial que ayudó a construir en pos de una nueva sociedad y sobre el cual reflexiona, tardíamente, pues ya carece de capacidad para desmontarlo y acaba condenado a muerte.

A los dos abogados encarcelados se los percibe como parte de un método de supuesta justicia orientada a favorecer las causas del gobierno y han dicho que todo cuanto hacían era conocido por los funcionarios superiores y ministros de los que dependían. (Éstos han dicho que esa afirmación no es cierta. Quieren decir que la responsabilidad no llega hasta ellos.) Al igual que otros de sus colegas encarcelados desde que empezó el desenrollar de la madeja de corrupción denunciada por el agro inversionista estadounidense Jacob Ostreicher, todos aseguran haber cumplido cabalmente la misión que se les encomendó. Puestas sus palabras en las del ex comisario Rubashov, equivaldría a decir con impotencia e incredulidad: “Todos nuestros principios eran correctos, pero nuestros resultados fueron erróneos…Les trajimos la verdad, pero en nuestras bocas sonaba como una mentira…”

Este escabroso episodio representa lecciones imposibles de ignorar. La más evidente e inmediata es que el poder es efímero; las reglas aplicadas a los adversarios también serán válidas cuando las piezas del gran tablero nacional cambien de horizonte y los juzgadores de hoy sean los juzgados mañana. Y como el ex comisario a punto de morir podrán preguntarse: ¿Valió la pena?