Tarija

Arrecia el vendaval

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La de este jueves fue una jornada que el gobierno del presidente Evo Morales no habría querido jamás vivir. Las movilizaciones obreras hicieron un tormento político de la visita presidencial a Tarija, que celebra este viernes su aniversario cívico.  El país está por “desbocarse”. Lo dijo anoche en un programa de TV Jerjes Justiniano, ex candidato del MAS para la gobernación de Santa Cruz. El riesgo implícito es que el país se quede sin jinete.  En Yacuiba, grupos de manifestantes estuvieron cerca de llegar al lugar donde se encontraba el presidente Morales, quien fue al departamento para sumarse a los festejos cívicos. El presidente no tenía espacio geográfico para desplazarse: en Tarija  los maestros urbanos ocuparon el salón de honor donde debía rendir homenaje a la esfemérides departamental. El margen de desplazamiento territorial del presidente estaba otra vez reducido. Y, al menos en Tarija, estuvo colmado de gases lacrimógenos.

La atmósfera social y política del país continuó tensa, con organizaciones afines al gobierno reiterando que enfrentarían a las marchas y bloqueos obreros. El movimiento en pos de un 15% de aumento sobre los salarios básicos para todos los sectores laborales  era como una mancha de aceite que se extendía sin que hubiese hasta ahora una fuerza capaz de detenerla. El bloqueo de las mil esquinas en La Paz –no creo que hubieran sido exactamente mil- fue una nueva arma de los manifestantes. Era imposible hacer un cálculo cierto sobre cuántos trabajadores estarían movilizados, pero podría hablarse de decenas de miles en todo el país. Los campesinos afines al gobierno amenazaban con entrar al escenario desde el lunes.

Las posibilidades de diálogo era muy reducidas, tras el fiasco del jueves: los dirigentes de la COB no asistieron a la cita con los ministros y han reiterado que sólo se reunirán con el presidente. Hay  una leve esperanza de que el diálogo se renueve hoy, tras las palabras conciliatorias de Jaime Solares, el dirigente minero y  líder de la COB, en el breve intercambio de ideas que sostuvo en la  TV con Justiniano.

Mientras tanto, en Cochabamba la audiencia en la que el fiscal Marcelo Soza acusa a 39 personas, a mayoría de Santa Cruz, ingresaba a un momento crítico: la red televisiva ATB informó que el juez que preside la audiencia, Rolando Sarmiento, accedió al pedido de los abogados defensores para que el fiscal presente las pruebas de sus acusaciones. Eso pondría en aprietos a la parte acusatoria pues tendría que demostrar, con evidencias, que hubo  una conjura terrorista-separatista. Ya no serían suficientes las declaraciones de Ignacio Villa Vargas, “El Viejo”, que fueron la base para acusar a la mayoría de los cruceños en el grupo. Entre otras cosas, tendría que presentar el armamento supuestamente incautado, del cual hubo profusión de fotografías pero no se ha establecido de dónde provinieron, lo mismo que  los supuestos explosivos. De no haber esas evidencias, todo el proceso se tambalearía. Además, tendría que presentar las computadoras atribuidas a Rózsa. Expertos en computación y electrónica podrían determinar si fueron manipuladas. ¿Qué hacía en una de esas computadoras el disco duro de la entonces  Delegada Presidencial y ahora Senadora de la República Gabriela Montaño? Ahora la carga de  la prueba está sobre el fiscal, por lo menos es lo que uno entiende escuchando las noticias de Cochabamba. Muchos “misterios” deberán ser develados, inclusive el que no se quiere tocar directamente a fondo como el del popularmente conocido como video-soborno. Los generales retirados Gary Prado Salmón y Lucio Añez lograron una tregua momentánea: sus acusadores tendrán que esperar nuevos informes médicos sobre la salud de ambos.

La jornada de este viernes promete traer más acción y echar más luces sobre la oscuridad que ha rodeado el caso Hotel las Américas que en la madrugada que se aproxima cumplirá dos años. Se aproxima el momento en que el telón deberá ser levantado.

Tierra en trance

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Un jaque peligroso

Actualización: 19:20 y 20:45 horas.

En medio de los inquietantes acontecimientos de la jornada, la prefecta de Chuquisaca, Savina Cuéllar, ex firme partidaria de Morales, pidió en quechua la renuncia del mandatario antes del plebiscito del domingo 10 de agosto. El pedido podría tener una enorme connotación. Al dirigirse al presidente en su propia lengua, y en el  idioma autóctono más hablado en Bolivia,  la dignataria departamental introdujo un elemento inesperado de tensión. Le dijo que debería irse por haber traído la violencia a Bolivia. Su voz, de acuerdo a la descripción de Radio Fides, estaba acongojada por la pena que le causaban los enfrentamientos entre policías y mineros en la mañana, sobre la carretera Oruro-La Paz-Cochabamba. No hubo una reacción inmediata del presidente, que parecía aislado, tras no haber podido recibir a sus colegas de Argentina y Venezuela, y verse privado de presidir los actos de celebración del 183 aniversario nacional boliviano, que debían tener a Sucre como centro, por ser la capital constitucional boliviana. Al anochecer, estaba reunido con los principales funcionarios de su gobierno mientras se anunciaba que el miercoles al mediodia, desde los balcones del Palacio de gobierno, en La Paz, dirigiria al pais su informe anual. De inmediato, habia sigilosas pero intensas negociaciones para abrir un dialogo con la Central Obrera Boliviana (COB), en la que militaban los mineros mineros enfrentados con la policia, pues reclamaban una ley de pensiones diferente de la que el gobierno ha presentado al congreso.  

Las imágenes de batallas campales entre la policía y grupos de civiles, de jóvenes en su mayoría, exhibieron una violencia sólo vista en situaciones precursoras de desenlaces políticos de magnitud: reafirmación efimera del gobierno, cambios profundos en su estructura o el colapso final. Eso lo han visto y vivido Hugo Chavez, en 1989, con los acontecimientos que pavimentaron su llegada al gobierno, y el presidente Morales, que protagonizó acontecimientos que tambien acabaron catapultándolo al gobierno. Tal vez no transcurra mucho tiempo antes de saberse el epílogo de este episodio dolorosamente boliviano. En la noche, era evidente que el cumpleaños que Bolivia se dispone a celebrar será un aniversario dolorido, empañado por el furor descontrolado en que el país se hundió a lo largo de la jornada. Y que ese fantasma perseguirá al gobierno a lo largo de lo que le quede al mando del país.

 

 

 

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 La cumbre de tres presidentes sudamericanos en Tarija -Venezuela, Argentina y Bolivia- prevista para este martes 5 de agosto debió ser suspendida debido a la violencia que amenazaba con apoderarse del aeropuerto de aquella ciudad sureña de Bolivia. Una multitud de cientos de personas, en su mayoría jóvenes, colmó las instalaciones del aeropuerto donde debían llegar los presidentes Hugo Chávez, Cristina Kirchner y el anfitrión Evo Morales iban a reunirse para discutir y firmar acuerdos sobre energía. La cita fue cancelada por falta de seguridad.

En la mañana persistían los enfrentamientos entre mineros de Huanuni y la policía, y el saldo hasta ese momento era de dos muertos y cuando menos 40 heridos, reportaba Radio Fides. La violencia estalló cuando la policía intentó desbloquear una carretera que grupos de mineros habían tomado en la mañana del lunes. (Radio Fides dice que hasta ahora son 42 los fallecidos desde que Evo Morales asumió la presidencia en enero de 2006).

El movimiento de huelgas de hambre para que el gobierno devuelva a los departamentos los recursos del Impuesto Sobre los Hidrocarburos que les confiscó desde este año, empezaba a masificarse: se aproximaba al millar el número de huelguistas, con el Beni a la cabeza del movimiento. Beni contabilizaba hoy ochocientos huelguistas, la mayoría en Trinidad y Riberalta, a los que se sumaban 103 en Santa Cruz, donde el domingo comenzó el movimiento dispuesto por el Comité Cívico del departamento. Había otros 20 ayunadores en Pando y 10 en Tarija. La mayoria de los huelguistas cumple el ayuno en las plazas de sus ciudades.

En Sucre, la capital constitucional de Bolivia, los festejos por el Día Nacional (6 de agosto) se realizaban con una ausencia notable: la del presidente de la república. Las autoridades locales repudian al Primer Mandatario por su negativa a pedir excusas al departamento de Chuquisaca por los enfrentamientos ocurridos a fines de noviembre pasado (tres muertos y más de trescientos heridos a raíz de la aprobación de un proyecto de constitución del partido de gobierno que ignoró la demanda de Sucre para que se discuta su reclamo para volver a ser capital plena de Bolivia).

El lunes, partidarios del gobierno chocaron con personas afines al movimiento autonómico de Santa Cruz. No hubo registro de heridos de la refriega, conducida principalmente a palazos y golpes de puño y puntapiés. Las regiones a las que se privó de parte de esos recursos se quejan que la apropiación gubernamental contraría las leyes y les impide ejecutar proyectos. El gobierno utiliza parte de esos recursos para pagar bonos a los ancianos y a los niños.

Bolivia parece vivir una guerra civil de baja intensidad a solamente cinco días del referéndum que deberá decidir sobre la permanencia del presidente Morales y de ocho de los nueve prefectos (gobernadores) bolivianos. No hay bandos opuestos armados enfrentándose, pero desde la semana pasada los disturbios en uno u otro lugar del pais son frecuentes. Es como una tierra en trance, para copiar el título de una famosa película de los años de 1950 del cineasta brasileño Glauber Rocha.

El noveno departamento (Chuquisaca) tuvo elecciones a fines de junio, en las que la oposición le arrebató el gobierno departamental al partido del presidente, el Movimiento al Socialismo (MAS). Con esa victoria, el bloque de gobernadores opuestos al presidente subió a seis. Pero este domingo, un plebiscito legalmente controvertido deberá decidir sobre la permanencia de todos ellos. Las encuestas conocidas hasta este fin de semana daban como ratificado al presidente y su vicepresidente, y a los prefectos de Beni, Santa Cruz y Tarija. El resultado de Cochabamba, según las encuestas, era incierto, al igual que los de Oruro y Potosí (dirigidos por partidarios del gobierno). Pando se tambaleaba, con unb ligero margen a favor de revocar al prefecto. Se daba casi por cierta la revocatoria del prefecto de La Paz, debido a la barrera casi insuperable que presentan las reglas dictadas por el gobierno y aprobadas con la complicidad de la oposición. Según esas reglas, el prefecto de ese departamento, el más poblado de Bolivia, debería alcanzar cuando menos el 63% de los sufragios.

La distribución asimétrica de los resultados que deberá obtener cada prefecto y la clara ventaja que se autoasignó el gobierno (el presidente y su vicepresidente necesitarán sólo el 47% para su ratificación) ha ensombrecido la claridad del plebiscito revocatorio. Esta figura, por lo demás, no existe en la actual Constitución boliviana y su convocatoria es vista ampliamente como ilegal y una maniobra del gobierno para reoxigenarse.

Pero, por lo visto en los últimos días, Bolivia avanza hacia momentos cada vez más traumáticos y de desenlace imprevisible. La policía ha dicho que todos sus efectivos resguardarán el acto plebiscitario y las Fuerzas Armadas que estarán bajo alerta. Es decir, unos 50.000 o más hombres lo vigilarían: uno por cada cuarenta o cincuenta votantes, un despliegue nunca visto en una elección boliviana.

Nos afecta a todos

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Resulta que en la madrugada del 21 de junio estalló una carga de dinamita en el edificio de un canal de televisión en Yacuiba. Eran sólo 24 horas antes que empezase la jornada electoral autonómica en Tarija. Sólo minutos después, un Rav de alquiler al parecer con papeles que atestiguarían que el arrendatario habría sido la embajada de Venezuela, chocó contra otro estacionado a sólo metros del lugar del atentado. En el Rav en movimiento estaba el subteniente George Navas Zurita, y hasta donde pueden atestiguar los documentos que llevaba, era empleado del ministerio de Defensa y parte del cuerpo de seguridad del Presidente Evo Morales. Había recibido adiestramiento especial en seguridad en Venezuela sólo pocas semanas antes y en el vehículo habia  pistolas, incluso una Jericó de 9 mm., un AK47, detonadores, explosivos C4 que sólo utiliza el ejército, filmadoras y archivadores digitales. Todo un arsenal y todo indicaria que fueron sorprendidos con los pantalones debajo de las rodillas. Diecinueve personas fueron detenidas y de inmediato comenzó un proceso investigador. Algunas fueron liberadas, dias después. Hasta aquí, la historia es archisabida en Bolivia, donde la capacidad de sorprender parece inagotable.

La forma en que se presentaron los hechos parece configurar una forma de terrorismo, crimen que la ONU ha calificado de lesa humanidad. Lo raro es la molestia del gobierno y del presidente con la investigación, a lo que se suma la negativa de las autoridades del ejército a declarar sobre el caso. Más extraña todavía parece la explicación del Comandante en jefe de las FF.AA.: No lo haré si no me autoriza el presidente Morales. ¿Por qué el presidente debe autorizarlo a comparecer ante el Senado? Parece una implicación indirecta al presidente en algo tan abyecto como un supuesto acto terrorista con el que aparecen supuestamente vinculados elementos militares!

La población consciente esté en vilo! Algo anda mal si en Bolivia pueden operar grupos capaces de cometer actos de aquella naturaleza y escudarse en la figura del Presidente de la República. Peor aún si los involucrados vienen de las filas del ejército.

Yacuiba se alzó en protesta y hace una semana todos sus medios pararon de informar durante 24 horas. Lástima que la protesta no se extendió ni se ha generalizado. Pero que un medio informativo resulte atacado exhibe la violencia contra la libertad de expresión que empieza a manifestarse cada vez con mayor fuerza y arbitrariedad en Bolivia.

Lo ocurrido en Yacuiba no debe convertirse en un hecho baladí y de rutina, pues nos afecta a todos.

P.S. (23 de Julio)  Un visitante me escribe un correo y me dice las energias de los poderes del estado deberian concentrrse en investigar este caso. Pues, dice, de confirmarse que ha habido un acto terrorista con involucramiento de funcionarios del estado, la realización de un referéndum se vuelve irrelevante ante un hecho de esa magnitud. “Estos hechos -dice- deben ser investigados y esclarecidos por Naciones Unidas, Interpol, FBI, Scotland, el juez espanol Baltazar Garzon. Todos ellos prestarían una ayuda valiosa a Bolivia si los organismos interesados -Senado, policía, etc.-  la solicitan”.  

 

Riocentro

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El nombre probablemente signifique poco para los bolivianos. Riocentro es un extenso complejo cívico en el sudeste de Rio de Janeiro. La noche el 30 de abril de 1981 había unas 20 mil personas que asistían a un festival musical. Dos miembros del ejército, desde dentro de un automóvil, manipulaban un artefacto explosivo poderoso. Objetivo: hacerlo estallar y sembrar pánico entre los asistentes, ensangrentar el lugar con un sinnúmero de víctimas y responsabilizar del atentado a la oposición. Consecuencia? Marcha atrás en la política de apertura política iniciada por el cuarto gobierno militar consecutivo, que entonces presidía el general Joao Figueiredo.

Pero, como acontece con frecuencia, ocurrió lo imprevisto. Los ejecutores, escogidos por sus cualidades terroristas, fallaron. Hicieron una mala conexión y el artefacto estalló en las faldas de un sargento, quien murió instantáneamente tras perder toda la genitalia y vaciarse los intestinos. El capitán del ejército sentado a su lado perdió una pierna y no murió. Pero se convirtió en el testigo principal del atentado criminal en curso y en poner en evidencia a sus mandantes: el sistema de seguridad de ejército.

El gobierno intentó esconder la cara y acusó al “extremismo”. Sin mayor éxito, el general Figueiredo procuró cubrir a su gobierno que, a partir de ese momento, no tuvo más que seguir adelante con la cartilla de apertura democrática. Nunca más hubo atentados (el de Riocentro fue el último de una cadena de hechos misteriosos que habían conmovido a la sociedad brasileña y endurecido a quienes pretendían la dictadura perpetua.) Cuando dejó el gobierno al retornar la democracia, el general pidió ser olvidado. Y se le hizo caso. Murió rodeado del olvido de la mayoría de la sociedad brasileña.

El hecho viene a la memoria al ver los dos recientes atentados contra medios de comunicación, en Tarija, primero, y ahora en Sucre, en el que aparecen presuntamente oficiales vinculados a la seguridad del Palacio de Gobierno.

En ambos casos la motivación es la misma: afectar, puesto que frenarla es imposible, la onda expansiva que desplaza las ideas contrarias al centralismo. La onda crece: cuatro departamentos están en abierta oposición al régimen social-arqueológico que postula el gobierno con la idea del retorno al ayllu y al comunitarismo indígena, tan primitivo como impracticable en un mundo que permite la lectura de este trabajo desde cualquier lugar con conexiones a la internet. A la onda se une Chuquisaca, que se propone, según postulaba su ahora prefecta Savina Cuéllar, echar al viento su bandera autonomista en pocos meses. Después Cochabamba y quizá Potosí. Me pregunto si La Paz y Oruro se quedarán solos. (Como en aquel cuento pre caída del muro de Berlín: un guardia pregunta a otro. Si se cae el muro, qué harás? Y qué quieres?, responde. Que me quede solito?)

Una amiga me decía la semana pasada. “La Paz ya no está dormida. Empieza a reaccionar. Y verás que, al final, será la que precipite el desenlace”.

Es posible. Lo cierto es que aunque las cosas se den de esa manera, es muy improbable que vuelvan a estar como lo estuvieron en el punto de partida. La Paz difícilmente podrá recuperar la posición que ostentaba antes de la llegada de Evo Morales y el MAS al gobierno. Se han puesto de manifiesto otros liderazgos, entre ellos el ímpetu y la fortaleza de la vanguardia cruceña en el país, el ascenso de Tarija; los resurgimientos de Beni y Chuquisaca (que ahora probablemente repondrá su reclamo de capitalidad plena), la toma de conciencia de Pando como polo fronterizo y la afirmación de Cochabamba como centro territorial integrador, así como el renacer de la industria minera de Potosí y Oruro, al impulso de los altos precios de las materias primas en mercados internacionales.