Protestas

No es más de baja intensidad

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La violencia vista en esta jornada y mostrada por los canales de la TV no es más de baja intensidad. La Paz, Santa Cruz y Cochabamba fueron campos de batalla que desmentían la idea de que en Bolivia los conflictos en curso son de menor intensidad. Casi toda la red troncal de carreteras experimentaba bloqueos.

Piedras contra gases lacrimógenos tronaron en Puerto Pailas, una de las poblaciones de las afueras de la ciudad de Santa Cruz. Los vecinos denunciaban airados que los gases habían caido incluso en escuelas, aterrorizando a niños, a quienes se les suele enseñar que la policía es la representación de la seguridad de la población. La fuerza policial se impuso y consiguió levantar el bloqueo establecido personas de los servicios de salud, en huelga indefinida desde hace más de un mes. Los heridos de la policía eran tres. No se conocía cuántos heridos hubo entre los manifestantes.

En la autopista principal La Paz-El Alto también se desencadenó una batalla campal cuando la policía decidió dispersar a médicos, estudiantes de medicina y funcionarios de salud que bloqueaban el lugar.

En Cochabamba, las imágenes parecían las de una poblada que la policía intentaba contener. Los protagonistas eran los mismos: empleados del sistema nacional de salud y estudiantes, frente a la fuerza policial que no ahorró descargas de gases lacrimógenos.

Los bloqueos iban a extenderse al sur, en las próximas horas hasta afectar inclusive localidades fronterizas con Argentina. Parecía que toda Bolivia –o gran parte del país-  estaba en los momentos más agudos (¿?) de una convulsión generalizada.

Eran los momentos extremos de una crisis, como una olla de presión en pleno estallido. No había un conteo oficial de víctimas, salvo la de los tres policías, incluso un coronel, en Santa Cruz. Dos hechos más se sumaron a la jornada. Sobresalía la voluntad de los marchistas del TIPNIS rumbo a La Paz de continuar su recorrido, a pesar de las amenazas de pobladores de San Ignacio y de otros lugares con fuerte presencia oficialista de someterlos privándolos de agua y alimentación. Hasta ahora, en dos semanas de caminata, los marchistas no han sido frenados ni por el frío ni por el fango de los deteriorados caminos del norte y oriente bolivianos. Esta noche sus dirigentes aseguraron que su ánimo de continuar el trayecto en paz no sería doblegado.

No menos explosiva, por los inevitables peligros que encierra, fue la decisión de la Central Obrera Boliviana (COB)  de apoyar al sector salud en sus demandas y de rechazar el aumento salarial del 8% ofrecido por el presidente Morales el 1 de mayo. La organización decretó un paro general de 72 horas, del miércoles al viernes de la semana próximo. Al concluir este paro, habría una reunión para decidir un paro nacional indefinido. Para el lunes y el martes está previsto un paro del transporte.

Esta noche, era cada vez más insistente la pregunta para la que no había respuesta: ¿Qué vendrá después?

Protesta de un militar

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El ex comandante de las Fuerzas Armadas, general Alvin Anaya, levantó la noche del miércoles una protesta que probablemente resonó por el país tras la condena emitida el martes por la justicia contra cinco ex jefes militares que participaron en la represión a la rebelión que ocurrió en El Alto el año 2003. El ex comandante habló por PAT, programa No Mentirás, y  dijo que la condena había sido un golpe a la institución militar, pues los militares, dijo, obedecen, y convocó a sus camaradas condenados a “mantener la frente en alto”.  Les dijo que la condena que se les ha impuesto (entre 10 y 15 años)  “será por poco tiempo”.

Condenó el lema de “patria o muerte” adoptado por los militares y dijo que si hubiese estado en funciones lo habría rechazado. “Ellos (los que generaron ese grito de combate) vinieron a matarnos y mataron a soldados nuestros”.

Personalmente, nunca escuché a un militar pasivo expresar en la TV  una reacción tan fuerte respecto a una medida judicial y la conducción política y militar del país. Sólo logré anotar algunas de sus expresiones en mi libreta. Pero creo que esa perplejidad también pasaba por la cabeza del entrevistador de No Mentirás, quien le pregunto dos veces si sus expresiones no le causaban miedo. Y dos veces el general le respondió que no. Dijo que no tenía motivos para sentir miedo por pelear por la democracia y por el pueblo. “¿…cómo puedo tener miedo de defender a mi institución, de frente y con valentía? Bolívar decía: “Echémonos el miedo a la espalda”. Entre otras afirmaciones,  dijo que la Constitución Política vigente desde hace dos años, fue aprobada sin consenso.

En cierto momento, el entrevistador le dijo que  el propio presidente Morales podía estar  escuchándolo. El ex comandante (2001) mantuvo los términos que había expresado y dirigiéndose a sus camaradas condenados les dijo:

“Quiero decir a mis camaradas: estén tranquilos. No creo que estén (presos) por mucho tiempo. Los he visto escuchar la sentencia de pie y de frente, porque los militares no dan la espalda…no son delincuentes”. Y a las familias de los condenados les dijo: “… no tengan vergüenza de sus padres ni de sus esposos. Les pido que tengan fe en la institución militar…esto tiene que cambiar”. Habló de pasar el país “a limpio” y que no tenía motivos para sentir miedo por pelear por la democracia y por el pueblo.  Dijo una frase de efecto entre los militares, que una vez leí en una academia militar venezolana: “Cuando el clarín de la patria llama, hasta el llanto de la madre calla”. Pero no elaboróel alccance de  ninguna de sus expresiones.

La TV no fue el único medio ante el que el ex comandante habló. Lo hizo ante Erbol, la cadena de emisoras rurales. Allí dejó abierta una interrogante: Puso en duda la lealtad de todos los mandos medios de la institución militar al gobierno del presidente Morales, de acuerdo a la versión que ofreció Erbol. Pero no dio mayores detalles. Los mandos medios son los que tienen comando efectivo de tropa.  Eran los que tenía a su lado el teniente coronel Hugo Chávez cuando se alzó sin éxito contra el presidente electo Carlos Andrés Pérez en 1992.

No hubo comentarios oficiales sobre estas declaraciones. Tampoco las ví reflejadas en los diarios que ví hoy, jueves. Pero anoche el clima político y social boliviano no era de los mejores. La página web de Radio Fides informaba que un renovado intento(el quinto)  de diálogo entre un grupo de ministros y los marchistas del Tipnis había fracasado. Los marchistas continuaban su camino hacia La Paz. Se creía que en cualquier momento podrían encontrarse con organizaciones que apoyan al gobierno  que han dicho que están dispuestas a detenerlos para que dialoguen con las autoridades.

Revés

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Es el título de una crónica esta semana en The Economist, la revista de economía más influyente del mundo. De  inicio recuerda que cuando el presidente Morales asumió, en enero de 2006, prometió gobernar a favor de los grupos étnicos oprimidos. “Los 500 años de resistencia indígena no  han sido vanos”, proclamó en su discurso inaugural. “De 500 años de resistencia pasamos a otros 500 años en el poder…Estamos aquí para decir que hemos llegado al poder para acabar con la injusticia, la desigualdad y la opresión bajo la que hemos vivido”.

La pretensión del Sr. Morales de que su llegada al poder representaría el fin de la “resistencia indígena” ahora parece algo presuntuosa. Desde fines de 2010, una amplia gama de grupos indígenas ha escenificado protestas contra su gobierno por no consultar suficientemente sobre proyectos de infraestructura o por la distribución inequitativa de los gastos públicos. Hace poco, más de 1.000 personas de varios grupos étnicos comenzaron una marcha de 500 kilómetros hacia La Paz, para oponerse a la construcción de una carretera. Con la tasa de aprobación presidencial en caída desde más de 60% a comienzos de 2010 a sólo 40% y más ahora, las comunidades cuyos intereses él asegura representar han estado entre las primeras en abandonarlo.

La revista dice que  la conversión de Evo Morales a la causa de los derechos indígenas es reciente. Antes de la elección de 2004, era más conocido como líder de los sindicatos de cocaleros y como socialista opuesto a las políticas de libre mercado y la privatización de de estatales. Se puso el manto de cruzado étnico, dice el artículo en la revista, cuando candidateaba para la presidencia, lo que le ayudó a atraer apoyo extranjero para su candidatura y conseguir dinero.

En funciones, Morales ha sido ampliamente leal a los indígenas. Ha logrado una nueva constitución para garantizarles derechos así como garantías de consulta en proyectos gubernamentales que los afecten. Pero implementar esos privilegios –dice el artículo- para las 36 comunidades reconocidas se ha vuelto extremadamente difícil. Las protestas han brotado por todo el país. En el departamento de Potosí, estallaron con la construcción de un aeropuerto y con un departamento vecino que afectará la distribución de regalías mineras. La nota en la revista refiere las protestas en El Alto, por la demora en el censo de población y vivienda que probablemente disminuya la tajada financiera de los pueblos rurales, centro principal del apoyo de Morales, a favor de las zonas urbanas, entre ellas Santas Cruz, el motor económico del país, en manos de la oposición. El carácter de las protestas no ha permitido que el gobierno recurra a su acostumbrada táctica de atribuirles motivaciones racistas.

La marcha a La Paz, recuerda el artículo, protesta por la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, en Beni. La carretera está en discusión desde hace dos décadas, y el gobierno ha decidido llevarla a cabo. Sus proponentes, dice el artículo, tienen fuertes argumentos en un país con una infraestructura pobre que podría, con la obra, establecer un corredor con Brasil y los puertos de Chile. Pero la obra cortaría el parque nacional Tipnis, cuyos residentes temen que sirva para que los sembradores de coca arrasen la floresta,  expandan sus cultivos y diezmen la fauna silvestre. Los nativos demandan ser consultados, se acuerdo a la nueva constitución. El gobierno mantiene su propósito y asegura que mantendrá a raya a los cocaleros, aunque no tiene capacidad para proteger la remota región efectivamente. Ha acusado a los nativos de estar apoyados por Estados Unidos y uno de sus ministros principales ha dicho que la oposición a la obra es para frenar al gobierno en detener el tráfico de tierras y de madera. Las acusaciones han enardecido a los nativos. Al final, es probable que el Sr. Morales se siente a conversar con los marchistas y les ofrezca suficientes concesiones por su consentimiento, Pero el daño político, dice la revista, será mucho más difícil de revertir.

Cuando El Alto ruge

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El pasado martes nos puso al día sobre la fórmula boliviana favorita para obtener resultados: los bloqueos. El Alto, con el segundo conglomerado urbano mayor del país después de Santa Cruz, llevaba 48 horas con su plan de bloquear el acceso a la ciudad desde Senkata, donde se encuentra la planta distribuidora de combustibles para la región occidental,  exigiendo que el gobierno empiece a ejecutar un convenio para colocar alcantarillas y gas a domicilio en esa gigante ciudad altiplánica. El resultado inmediato del bloqueo fue una aguda escasez de combustibles en La Paz: el 50 por ciento de los vehículos de transporte público estaba sin gasolina, diesel o gas, de acuerdo a la información que dieron los bloqueadores y dirigentes del transporte. Miles de personas que requieren del transporte público para movilizarse se vieron paralizadas o tuvieron que cancelar sus planes de la jornada, y quizá de las siguientes. La Paz estaba otra vez como en aquellos días de principios de la década.

El gobierno envió apresuradamente a tres de sus ministros para negociar una solución al reclamo de los alteños.  Ese mismo día hubo un arreglo, cuyo costo más visible e inmediato, fuera de las angustias  ocasionadas al público, fue la verificación de que la doctrina del bloquea y ganarás no está en desuso ni ha perdido eficacia. Por el contrario. Está más vigente que nunca.

Curiosamente, el hambre por combustibles reapareció pocos días después que el presidente de YPFB nos asegurara que para 2014 la empresa producirá 74 millones de metros cúbicos de gas natural, casi el doble de la producción actual y justo lo que el país requerirá para cumplir sus compromisos con Brasil y Argentina (30 a 31 millones de metros cúbicos diarios y 27,6 mm3d respectivamente), y dejar un saldo para el consumo interno (8 mm3d) y para El Mutún (8 mmd3).

Alborozo de El Alto aparte, la pregunta que muchos se hacían era si Bolivia efectivamente dispondrá de esa producción para dentro de tres años. Actualmente produce unos 41 millones. En menos de tres años debe aumentarla en un 75%. Y algo que no se explica es que la industria petrolera trabaja a largo plazo, no para dos o tres años. Sus inversiones son gigantescas para Bolivia: 1.800 millones de dólares anuales en áreas donde probadamente hay hidrocarburos, y 4.400 millones donde “probablemente” los hay. No he visto noticias de ese volumen de inversiones en los últimos años. El principal síntoma de activación de la industria hidrocarburífera es la perforación de pozos. Para el año pasado YPFB había presupuestado dos (escuchen bien: dos, versus más de 60 anuales de la década de 1970). El verdadero volumen del hallazgo de Aquío por parte de la francesa Total estará comprobado sólo en 2020, cuando se afirma que será capaz de producir 18 millones de metros cúbicos diarios de gas. Creo que no hace falta una calculadora para sostener que el combustible que hoy entra a su vehículo, comenzó a ser explorado hace bastante más de una década.

Pero si la primera autoridad petrolífera es la que afirma que llegaremos pronto a producir 74 mm3 diarios, hay que creerle. Veremos que nos dice en 2014. Sin embargo, si está en lo cierto, ya deberíamos tener en marcha planes petroquímicos, gasoducto al Mutún y otros preparatorios para ese período de abundancia gasífera, pues esos planes tampoco aparecen de la noche a la mañana. Nadie quiere que los bloqueos provengan de una eventual escasez, menos del reclamo por obras no ejecutadas.

Todo en uno

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El presidente Morales ha conseguido, arropado en el prestigio institucional de seis ex presidentes, tres acusados por su régimen, llevar la atención nacional alrededor de la estrategia que quiere elaborar para la causa marítima. Ahora no está más amarrado a la agenda de los 13 puntos con Chile como una camisa de fuerza y, necesitado de oxígeno político,  ha buscado el diálogo con los ex presidentes, quienes le han tendido un chaleco para flotar en el mar de problemas cada vez más difíciles en que se encuentra. La COB ha desacelerdo sólo un poco la presión callejera. Según el propio presidente declaró, llegó a temer que los aguerridos manifestantes quisiesen dinamitar el Palacio de Gobierno y, de paso, el Legislativo. A su modo de ver, los dinamitazos cerca de la Plaza Murillo eran una conspiración para apartarlo del poder.

Según un despacho informativo reproducido por el sitio  hoybolivia.com y originado en la agencia oficial ABI, dijo el domingo en Cochabamba:

“Sospechosamente, estos días (viernes y sábado), mineros que son delegados del sector privado, se van a la ciudad de La Paz. Han ido a dinamitar la Plaza Murillo. Hasta puedo imaginarme (que) es como un golpe de Estado”, denunció. A su juicio, si la policía dejaba a los manifestantes entrar a la Plaza Murillo, habrían dinamitado el Palacio Legislativo, el Palacio de Gobierno. “Si me encontraban seguro que me dinamitaban, es como un golpe de Estado. Así pienso porque el sector minero privado ¿qué reivindicación tiene?”, cuestionó.

Al día siguiente parecía existir un pre-acuerdo para las demandas de los manifestantes, pero no variaba el 10% sobre los salarios básicos ofrecido por el gobierno. La COB decidió consultar a sus bases,  mantener la presión y para hoy martes los bloqueos callejeros eran parte del menú. El gobierno no  ha conseguido convencer a los dirigentes obreros de su alegada imposibilidad de conceder un aumento mayor. Ya el 10% ofrecido significaría un déficit en las finanzas públicas de más de $US 800 millones. Pero en la orilla opuesta se argumentaba que el presupuesto se basó en un barril de petróleo en $71 y que estos días está por encima de los $US 100. Sin embargo esto es un alivio sólo temporal. En algún momento los precios caerán. Y eso puede agarrar a las finanzas bolivianas sin el apoyo de las exportaciones no tradicionales, que no fueron debidamente estimuladas por el gobierno, que no mostró mayor interés en el desarrollo de la agricultura cruceña.

Cuando los manifestantes gritaban para acortar el mandato presidencial o un referéndum para revocar el mandato de las principales autoridades, vino el chaleco que apartó parte de la atención del público. Los ex mandatarios no tenían otra opción que reunirse con el presidente, no obstante el proceso que se sigue contra tres de ellos en el congreso. No responder al llamado del presidente Morales para consultarles sobre la cuestión marítima habría sido percibido por la población boliviana como un gesto anti patriótico.

Sin embargo, el alivio puede ser muy temporal. Este martes continuaban las movilizaciones y bloqueos en cinco áreas estratégicas de La Paz. Entre los manifestantes había representaciones de otros departamentos, inclusive de Santa Cruz, donde se registraban marchas de los trabajadores de los hospitales, que cumplían hoy su octavo día de huelga, opuestos al plan para  un solo sistema de salud al que le atribuyen el propósito de querer echar mano sobre todo el dinero del sistema de salud, basado en aportes de los trabajadores a la CNS, para crear uno que atienda a todos los bolivianos.

El círculo de dificultades se completa con el inicio del juicio contra los acusados del fiscal Marcelo Soza. Ya hay tres órdenes de aprehensión, dos de las cuales afectan a dos nombres emblemáticos de las armas nacionales: Gary Prado Salmón y Lucio Añez, el primero por haber rendido a la columna guerrillera de Ché Guevara, y el segundo por su infatigable campaña contra el general García Meza.  Ambos en situación de retiro, se los acusa de ser la columna central del movimiento atribuido a Eduardo Rózsa Flores, el croata-húngaro-boliviano muerto en el Hotel las Américas hace casi dos años. Curiosamente, la acusación contra casi todos los procesados, se basa en declaraciones de uno de los personajes que más ha trajinado por los noticieros bolivianos en los últimos tiempos: Ignacio Villa Vargas, “El Viejo”, quien de “testigo excepcional” pasó a la condición de acusado. Villa Vargas es la persona que aparece en el video revelado el 13 de enero por Cadena A de televisión por el periodista John Arandia, de La Paz, en el que Villa Vargas aparece recibiendo un supuesto soborno de 31.500 dólares. “El Viejo” denunció que el video era una tramoya. Dijo que el dinero que le dieron le fue quitado al concluir la filmación, y reiteró que todo  lo que había dicho al fiscal Soza había sido bajo presión y torturas. Con todo, sus denuncias no han tenido valor, pues las acusaciones basadas en sus primeras declaraciones continúan válidas en el proceso.

Pero un bochorno mayor ocurrió cuando la policía impidió el ingreso a la sala de audiencias en Cochabamba al trío de juristas de la Orden de Abogados de Brasil (OAB) que buscaba observar la audiencia. Les exigieron una visa especial para la audiencia. El trío partía hoy de vuelta a su país y preparaba un informe para presentarlo a la OAB y luego al Ministro de Justicia.

“Lo que intentaron hacernos no lo he sufrido en ninguna parte del mundo”, me dijo Leonardo Avelino Duarte, presidente de la filial de la OAB en el Estado de Mato Grosso. “Si no querían que presenciásemos la audiencia, es porque algo se tramaba”, agregó Tércio W. de Albuquerque, parte del grupo. Dijo que intentarán influenciar para que el gobierno de su país “mire al gobierno de Bolivia con ojos diferentes”, agregó, y dijo “Dilma Rousseff no es lo mismo que Lula”.

Masiva y violenta protesta en La Paz

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La marcha convocada por la Central Obrare Boliviana (COB), sumada a la de otras organizaciones menores en desacuerdo con políticas del gobierno, resultó en la mayor concentración contra el régimen del presidente Evo Morales y una comprobación del estado de ánimo de la población respecto a las autoridades y su gestión. Por primera vez escuché, en las transmisiones de la TV,  estribillos antigubernamentales que eran grito de batalla en tiempos en que Bolivia volvía a la democracia y las marchas contra el régimen militar eran recurrentes.

Creo que eso marca una diferencia muy grande en el estado de opinión que prevalece en las calles del país respecto al gobierno del que se esperaba quizá demasiado. Antes que aminorar las expectativas, las autoridades han orientado gran parte de sus esfuerzos a levantarlas. En mucho han contribuido para ese ánimo los cortos propagandísticos que muestran a Bolivia como  un país con las arcas repletas. Esa  plenitud, sin embargo, no se manifiesta en la mesa ni cuando los jefes del hogar realizan figurillas para llegar al final de mes con el salario que reciben. Como se ha tornado la situación, el año 2014, cuando acaba el gobierno del presidente Morales, parece  muy lejano. La distancia se vuelve mayor cuando periódicamente se reciben  informes nada alentadores sobre la  economía, en gran parte sostenida por los precios internacionales de los hidrocarburos y minerales y ahora con una inflación sobre sus hombros que en tres meses alcanza a 3,86%. Eso es más de la mitad de los 7,18% del año pasado y encaminada a toda máquina a superar la meta de 6%  para este año.

Con la idea muy clara sobre cómo el poder adquisitivo de los salarios ha sido erosionado en los últimos años, la COB salió a marchar desde El Alto y con miles de manifestantes, llegó a sitiar el área de la Plaza Murillo. En sus momentos de mayor concentración, la marcha pudo haber contado con 15.000 adherentes, de acuerdo al sitio HoyBolivia.com. Los manifestantes se desplegaron sobre casi un kilómetro al pasar la ceja de El alto e ingresar a La Paz. El gobierno tuvo que acudir a uno de los mayores despliegues policiales de los últimos tiempos para evitar que la marcha se desbordase y se volviese incontrolable. Hubo profusión de dinamitazos y nubes de gases de lacrimógenos antes de que la marcha se despejara. Se desconocía cuán tos heridos hubo, pero por lo menos un dirigente de la COB fue arrestado por la policía.

La marcha fue un contundente No al aumento de 10% sobre los salarios dispuesto por el gobierno. Pedro Montes, Secretario Ejecutivo de la COB, reclamó un salario de unos 8.000 bolivianos (más de 1.100 dólares y diez veces el vigente.)

La jornada fue una de las más tensas para La Paz. Pocas horas antes, estaba reunido en el Palacio de Gobierno el Consejo de Ministros, de acuerdo a las transmisiones que escuché.

La masiva concentración coincide con el más bajo nivel de aceptación del presidente Morales y sus ministros desde que juró por primera vez a la presidencia: menos del 30%.

No había informaciones inmediatas sobre los próximos pasos de la COB ni cómo el gobierno proyecta sortear el descontento manifestado este miércoles.

En el torbellino

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Los acontecimientos de los últimos días se han juntado para formar un torbellino que pone en jaque al gobierno. Pocas veces bajo el presidente Morales han convergido tantos elementos de protesta e incertidumbre. La raíz principal está en el descontento popular con la avalancha de aumentos de precios de artículos de la canasta familiar que amenaza con un desborde inflacionario. Este torbellino peligroso viene acompañado del temor de que el gobierno habría agotado las posibilidades de su modelo para mejorar la condición de vida de los bolivianos. Por eso la caída vertical e la aceptación del presidente, hasta el 36% de los encuestados en el más reciente sondeo de IPSOS.  Es la aceptación más baja del presidente en sus cinco años de gobierno.

El mismo día en que la policía lanzaba gases sobre comerciantes minoristas que protestaban en las calles de Oruro, un grupo de líderes de las Bartolina Sisa, las mujeres campesinas de La Paz que han sido parte esencial del apoyo al gobierno, salió al escenario en un programa noticioso de PAT, con un reclamo unánime: “Que desaparezca EMAPA”. Es el nombre de la empresa estatal (una de veintidós) que se suponía que iría a distribuir productos alimenticios en suficiente abundancia como para evitar la escasez y subidas de precios.

Por lo menos en el azúcar y otro productos (maíz y arroz), la empresa  ha sido incapaz de frenar precios y de abastecer las necesidades de los consumidores.  El producto escasea y algunos comerciantes ahora lo compran directamente desde Perú, desoyendo el consejo a favor de  edulcorantes naturales (stevia) y miel de abejas. (¿No encuentran alguna semejanza con el general García Meza, quien hace 30 años aconsejó el consumo de charque y yuca?)

El consumidorestá alerta para no dejarse llevar por consejos de esa naturaleza. Cien gramos de azúcar proporcionan 400 calorías, versus 300 de la misma cantidad de miel, que cuesta bastante más. Las calorías son la energía que el organismo requiere para funcionar. Quienes buscan afanosamente el producto ven una contradicción entre la escasez del mundo real y el “spot” televisivo que proclama que las reservas monetarias internacionales han alcanzado su más elevado nivel histórico.  Como la propaganda no llena estómagos, ese tipo de campañas ya no surte  el efecto que pudieron haber esperado los anunciantes . “Los consumidores razonamos, ”  dijo la dirigente Irene Condori en PAT la noche del lunes, al tras afirmar que la empresa gubernamental es inútil y que las “bartolinas” están exhaustas con el racionamiento de las ventas. “No podemos permitir que nos midan el estómago, como en Cuba”.

Los anuncios de marchas y de protestas están en la orden del día. El jueves, los gremialistas de Santa Cruz también se proponen salir a las calles y bloquear algunas arterias centrales. Las autoridades procuran, sin mayor resultado, frenar la onda alcista. En una expresión de impotencia y desaliento, el alcalde Percy Fernández dijo que “bastó que el gobierno tocara la gasolina para que se arruinara todo…”

Esta ensalada sería incompleta sin un ingrediente que la vuelve más ácida: los juicios que encara el gobierno a raíz de del supuesto plan terrorista que se atribuye a Eduardo Rózsa, el combatiente de los Balcanes muerto en la operación policial del 16 de abril de 2009, en el Hotel Las Américas de Santa Cruz.

La novia húngara del combatiente dijo en una entrevista que le hizo El Deber: “…después de la operación policial él estaba vivo, pues un video muestra que no había cadáveres. Piénselo bien: Si hay una explosión (la que ocurrió cuando los policías tomaban el lugar) en el cuarto del hotel, no hay ninguna posibilidad de coger un arma y tratar de defenderse”. El gobierno asegura que la policía había sido atacada por el grupo policial, cuyos integrantes contra-atacaron y se produjo un enrfentamiento del que resultaron muertos Rózsa y dos integrantes de su supuesto grupo.

Los dos sobrevivientes del episodio esa madrugada no debían estar más de dieciocho meses bajo prisión preventiva, de acuerdo a la ley vigente cuando ocurrió todo el episodio. Pasado ese tiempo, podían tener condiciones menos restrictivas. Pero la solicitud para beneficiarse con ese término legal, dijo el abogado de los detenidos en el programa “No Mentirás”, fue denegada porque se les  aplicó una ley vigente desde mayo del año pasado, cuando habían transcurrido trece meses desde la incursión policial en el Hotel Las Américas. La ley se denomina “007”,  como el personaje del novelista inglés Ian Fleming popularizado por el actor Sean Connery.

Temblores políticos

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En los últimos días, el rugido de las calles en el Oriente Medio hace temblar a todo el mundo árabe, la volátil región que guarda la mayor parte de las reservas petroleras del planeta. La suerte política de Hosni Mubarack, el líder egipcio, pende de un hilo. Los temores de que la revuelta se convierta en un trágico Tianamen (China, 1989) habían decrecido. Al contrario, eran cada vezmás en todo el mundo los que percibían este comienzo de semana cómo la fortaleza de un régimen de 30 años se venía abajo. Lo que ocurre en Egipto, tras lo de Tunisia y ahora también Yemen y Jordania, enseña que nada es imposible cuando los movimientos populares tienen por motor básico el desempleo, baja educación y, su secuela, el hambre. En Egipto, casi la mitad de la población vive con menos de dos dólares por día.

Un poco menos del 40% del petróleo que hay en el mundo se encuentra en los yacimientos de los países de esa región, de donde Estados Unidos importa más del 12% de su consumo.  Japón y China más del  40%.   Se entiende, entonces, por qué cualquier cosa que allí ocurre, emite inmediatamente ondas de preocupación por el resto del planeta.

En muy pocos días el mapa político árabe se ha convulsionado.  Desde mediados de la semana pasada, las calles de las principales ciudades de Egipto están repletas de manifestantes que reclaman la salida de Mubarack, el autócrata que rige ese país milenario. Egipto no es un gran productor de petróleo, pero sí es un aliado fundamental de Estados Unidos en la región y hasta hace pocos días era considerado  como la fuerza de equilibrio ante los radicales y  una pieza vital en el juego político en la región, sustentado por la alianza entre Estados Unidos, Inglaterra e Israel. Anualmente,  Estados Unidos destina 1.500 millones de dólares en ayuda a Egipto. El volumen es sólo menor a la asistencia que le otorga a Israel.

La preocupación de  los líderes mundiales yace no en si la protesta popular lleva a la salida de Mubarack, sino quién vendrá y si las ondas del movimiento en las calles empiezan a agrietar la fuerza de los autócratas de la región, comenzado por el reino saudita, los jeques y los emires.  La revuelta trae a la memoria la caída del  Sha de Irán,  Mohammad Reza Pahlavi, y la entrada de los ayatollás.  Los militantes de la   Hermandad Islámica (se ignora cuán radicales son sus dirigentes, pues la organización fue declarada fuera de la ley por el régimen de Mubarack), han estado activos en las protestas. Con todo, no parecen la fuerza dominante ni prevaleciente en las calles, como era la de los fundamentalistas en Irán. Tampoco está probada la fuerza que podría tener el Premio Nobel   Mohamed ElBaradei , quien ha vivido gran parte de su vida fuera de Egipto, y que aparece como uno de  los pocos capaces de conferir cierta tranquilidad, racionalidad y credibilidad a una transición.

El tambaleante gobierno de Mubarack implantó una rígida censura de prensa que llegó hasta el cierre de las comunicaciones vía internet y de Al Jazeera, la popular agencia noticiosa árabe. Sin embargo, el flujo de información que sale al mundo no ha cesado. Y, en medio de todo, era  notable la contención de las fuerzas militares, que han optado por no actuar directamente en el conflicto y evitar un baño de sangre. Así, al amanecer del martes, parecían haber dejado abiertas las compuertas para que los acontecientos deriven en un desenlace menos violento que el que podría anticiparse.

La revuelta árabe trae un mensaje claro y sonoro sobre la fragilidad de regímenes que poco hacen para llegar a los excluidos, que en un momento se alzan contra su marginamiento y apartan del gobierno,  por el voto o por la fuerza, a quienes no los escucharon. Ejemplos los tenemos en casa.

Potosí: Sexto día – Surco: Segundo día

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Potosí culminó este martes el sexto día de huelga general indefinida con un ruidoso cabildo al que asistieron decenas de miles de personas (50.000, según el corresponsal de Radio Fides). En ese escenario surgió el grito de “Potosí Federal”, en el inicio de un nuevo reclamo que podría agravarse si el gobierno del Presidente Evo Morales no encuentra una salida para el planteamiento potosino de negociar en  la ciudad del Cerro Rico los reclamos del departamento cuya riqueza permitió fundar y mantener a Bolivia durante más de un siglo de vida independiente.

Fue un martes 3 de malos augurios, con el Senador Fidel Surco descargando sobre su  chofer la responsabilidad sobre el  “episodio de tránsito” en el que estuvo involucrado el lunes.

Fue también un martes en el que el dirigente aymara Fernando Untoja consideró que el gobierno había iniciado un fuerte declive como el que a principios de 2003 activaría los movimientos que llevaron a la caída del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada. “La rebelión de Potosí se va a generalizar…Así empezó la caída de Goni”, dijo en PAT, en el programa No Mentirás que compartía con la socióloga cruceña Susana Seleme. Untoja vaticinó que los gritos que surgieron de Potosí se extenderán a los otros departamentos altiplánicos: Oruro y La Paz. Pero subrayó que los hombres en el gobierno no eran la representación aymara sino “un grupo” que utiliza a los campesinos. La socióloga Seleme subrayó que el motín potosino contra las autoridades del gobierno fue activado por la pobreza extrema que sofoca a gran parte del departamento, que esperaba del régimen del MAS una gestión eficiente que siquiera la paliase. Dijo que los  hombres del gobierno “no saben gobernar” y se declaró avergonzada con el título de Doctor Honoris Causa que habían otorgado horas antes al  presidente dos universidades argentinas.

La jornada testimonió la furia de Potosí que reflejaba la frustración del departamento, que se sentía desairado e ignorado por el gobierno a favor del cual votó masivamente (en algunos distritos el gobierno y sus candidatos obtuvieron cerca del 100% en las elecciones de abril pasado). Algunos manifestantes apedrearon la prefectura, a cargo de un gobernador del partido de gobierno, y rompieron vidrios de oficinas públicas. Pero ni el ruido ni la rotura de vidrios deben haber resonado tanto como el grito de “Potosí Federal” que Untoja vaticinó que prenderá en otras regiones. Cuando en Santa Cruz se gritaban vivas a la autonomía, el gobierno acusaba a los dirigentes regionales de sedición y querer dividir a Bolivia. Este martes no hubo esas acusaciones.

El vicepresidente García Linera pidió repetidas veces durante la jornada que los dirigentes suspendieran las presiones y dialogasen en Cochabamba, donde debía realizarse una reunión con autoridades de Oruro. Los dirigentes potosinos, ya exacerbados con afirmaciones oficiales de que el movimiento era promovido por “intereses de la derecha”, dejaron plantados a sus anfitriones, el gobierno y la delegación orureña.

El gobernador potosino, Félix González, del  MAS, fue abucheado por la multitud que lanzaba gritos indignados y de fuerte calibre contra el gobierno y su partido. En el cabildo también hubo expresiones duras contra el Vicepresidente García Linera y el Ministro del Interior, Sacha Llorenti. Llorenti había dicho en la víspera que la agitación en  el departamento minero había sido impulsada por el alcalde electo René Joaquino, a quien los concejales del partido de gobierno intentan destituir porque compró vehículos usados para su gobierno departamental porque ahorraría, según ha dicho, algunos miles de dólares a su austera administración.

Uno de los detonantes del conflicto es la jurisdicción sobre riquezas naturales entre  los límites de Oruro y Potosí.  Pero también figura en la lista de reclamos reivindicaciones de vieja data, como carreteras y caminos dentro del departamento.

La tensión de la jornada tuvo un clímax cuando el senador Surco salió brevemente a hablar con los periodistas tras haber declarado ante el fiscal paceño que investiga el incidente del lunes. En una actitud que tanto Seleme como Untoja calificaron como arrogante y cínica, Surco negó que hubiese estado conduciendo el vehículo que produjo el choque y dijo que el conductor era  “mi chofer”, de quien dijo que estaba lúcido. Pero reconoció que él estaba ebrio y aseguró que tras la colisión el chofer salió a buscar ayuda. Él, creyendo que su puerta estaba trabada, se deslizó hacia el asiento del volante y  por eso los vecinos que lo interceptaron creyeron que era el conductor.  Por lo menos en la oposición, nadie le creyó. La asambleísta Norma Piérola dijo que Surco no podrá “tapar el sol con un dedo”. Entre otras afirmaciones, dijo que la vagoneta Toyota 2005 estaba registrada a nombre del senador y que había incumplido preceptos éticos pues el chofer (Edgar Torres) era pagado con fondos públicos.

Paros y marchas

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El presidente en ejercicio Álvaro García Linera anunció este mediodía que un contingente de 700 policías estaba en marcha, desde temprano, hacia Caranavi, con la misión de levantar el bloqueo que ha cerrado todas las vías de acceso al lugar, una llave en el transporte hacia las zonas bajas de Bolivia. El conflicto, que persiste desde hace dos semanas, se origina en la localización para una planta industrializadora de cítricos, si será en Caranavi o en Alto Beni. Los bloqueadores quieren que sea en Caranavi, una de las áreas de Yungas más afectada por los sembradíos y producción de hoja de coca. Las horas que seguirán a esta decisión serán importantes en el curso que siga el gobierno social-indigenista del presidente Evo Morales.

El gobierno decidió atacar simultáneamente al frente formado por los bloqueos y la pugna que lo ha separado de la Central Obrera Boliviana (COB), otrora su brazo derecho y puntal de apoyo. García Linera hizo una prolongada descripción de la imposibilidad del estado de dar curso a las demandas de la organización laboral y calificó de subversiva la marcha anunciada a partir del martes desde Caracollo, a unos 140 kilómetros de La Paz, hasta la sede de gobierno. El anuncio de la marcha es el primer tira y afloja directo entre el gobierno y los sectores obreros disconformes con el aumento salarial del 5% anunciado el 1 de mayo.

El vicepresidente dijo que tanto la marcha como la anunciada huelga general eran producto de unas cuatro personas “de la derecha” que, sin embargo, no logró identificar cuando un periodista, que asistía a la conferencia de prensa-mensaje de la segunda autoridad nacional, le preguntó sobre nombres. García Linera dijo que se trataba de los mismos personajes conservadores que habían provocado el acortamiento del mandato de Hernán Siles Zuazo y de la Unidad Democrática y Popular (UDP) en la segunda mitad de la década de 1980. Esos dirigentes deben haber tenido, en  esa época, unos 40 años. Actualmente estarían bordeando los 70 años, un factor biológico que oscurecería la afirmación vicepresidencial. Dijo tambien que sospechaba que la Embajada de los Estados Unidos estuviese detras de los confli tos de los ultimos días.

García Linera extremó sus cualidades dialécticas para equiparar al estado con un padre de familia, que debe velar por todos sus hijos.  Otorgar un aumento más allá del 5% significaba romper el presupuesto familiar y quitar beneficios ya existentes, como los bonos “dignidad” y  ”Juancito Pinto”, dijo. En resumen, un No redondo a las exigencias de un aumento mayor al ofrecido. Subrayó que, en buena teoría y praxis marxistas, la huelga general que empezaría ese día era la antesala de una intentona de golpe de estado.

Las cualidades didácticas del vicepresidente no deben haber agradado a sus críticos ni a los fabriles que, por decenas, se encuentran en huelga de hambre, ni a los que se proponen marchar desde Caracollo a partir del martes. El dirigente fabril Pedro Calderón dijo airado por Radio Panamericana esta tarde que sus compañeros en ayunas no son personas subversivas ni buscan la caída del gobierno.

La súbita inestabilidad que se vive en Bolivia expresa la dificultad de conciliar la oferta, generosa en términos verbales antes de los dos últimos plebiscitos, con la capacidad real del estado. Nunca ha sido fácil hacer comprender que la riqueza se genera con inversión, trabajo y productividad. Una mayor productividad aumenta los índices de ingresos de las empresas, sean del estado o  del sector privado, y les permite mejorar los salarios y aumentar la inversión, generando un círculo virtuoso. (El estado puede y debe regular una relación armoniosa entre trabajo y capital.) Lo contrario es comerse la propia carne. Ahora le toca al gobierno enfrentar esta realidad.

El gobierno tendrá que apelar a toda su  capacidad para evitar el agravamiento de esta lluvia que, de no aminorar, tiene el potencial de volverse un huracán.