Prefectos

Hay Luz Verde

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Los prefectos enfrentados al gobierno aceptaron el desafío de discutir con el gobierno un gran acuerdo nacional y colocaron la pelota en el campo del presidente Evo Morales. Tras una jornada de tensiones, el prefecto de Tarija Mario Cossio firmó ante el país, con el cardenal Julio Terrazas, primado de la Iglesia Católica como testigo, un documento de dos páginas que establece la agenda a comenzar a ser discutida desde el jueves, con presencia de delegados de UNASUR, Naciones Unidas, OEA y Unión Europea. Todo entró en el juego: Proyecto de CPE del MAS, autonomías y sus estatutos, IDH (que podrá ser restituido en su integridad a las regiones, que asumirán una porción en el pago de la renta a los ancianos). Se suspende la ocupacion de predios y oficinas publicas, que seran devueltos a las autoridades. Un acuerdo final determinará cuáles quedan con los departamentos autonomistas. Tampoco habrá referendum sobre el proyecto de constitucion del MAS, proyecto que queda congelado durante un mes.

El documento ya había sido suscrito por dos subsecretarios del gobierno. El prefecto Cossio pidió esta noche al presidente Morales que lo firme y que convoque a los prefectos y a los facilitadores de las instituciones internacionales a constituirse en Cochabamba.

La sensación que se tenía en toda Bolivia era aún de cierta incredulidad, tras jornadas y jornadas de tensiones. Pero también era visible la sensación de alivio general.

El documento suscrito por Cossio incluye el compromiso de garantías para la salud e integridad fisica del prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, cuya detención puso la guillotina sobre la cabeza de una posible pacificación de Bolivia.

Cossio representaba a sus colegas de Santa Cruz, Beni, Pando y Chuquisaca, ademas de Tarija, cuyos territorios sumados constituyen más de la mitad de la extensión territorial boliviana.

En la mañana, al retornar de una segunda ronda de negociaciones con autoridades del gobierno, Cossio había dicho que el diálogo agonizaba y pidió a los activistas de su departamento, limítrofe con Argentina, que suspendiesen todos los bloqueos y medidas de fuerza en gesto de buena voluntad por la paz.

Cossio dijo que todo estaba previsto para firmar la agenda en la mañana, cuando ocurrió el arresto militar del prefecto de Pando. Las cartas del pre-acuerdo se desparramaron y el dignatario vino a Santa Cruz para consultar con sus colegas. No consiguió que el presidente Evo Morales cambiase de actitud y suspendiese el estado de excepción.

Las apuestas, sin embargo, eran demasiado altas. El Vicepresidente García Linera expuso en líneas generales el pre-acuerdo y convocó a los prefectos a firmarlo, como quien, en juego de poker, pone todas sus fichas en la mesa. Es posible que no haya habido una convergencia planificada de hechos (el llamado de García, el de Cossio a su departamento, las presiones de grupos sociales sobre Santa Cruz, con un cerco de campesinos que amenazaba agravarse). Pero el tiempo apremiaba y es posible que el resultado fue probablemente el que los dos dirigentes buscaban. O tal vez no. Pues para el gobierno habria sido ideal que los prefectos dijesen no a todo el plan de diálogo que se habia conseguido armar. Habria podido decir sin duda alguna al continente: Ellos no quieren. Y asi dar valor a su repetida versión de que en verdad quieren golpearlo.

Sólo un par de horas antes el presidente de la Corte Suprema de Justicia Eddy Fernández había solicitado al gobierno que suspendiese el estado de sitio en Pando. Colocaba al gobierno ante una petición que no podía desoir sin ganarse la sospecha de los países que lo apoyaron el lunes en Santiago. Es decir, ignorar ese pedido era perder apoyo entre los vecinos de Bolivia, pues la voz de un tribuno de la Corte Suprema tiene resonancia en cualquier parte (o deberia tener, inclusive en Bolivia).

Si el gobierno jugaba como un maestro de poker, resultó que le aceptaron la apuesta. Y ahora llegó para el presidente Morales y para los prefectos, el momento de mostrar el juego.

“El triunfo es del pueblo boliviano”, dijo el cardenal Terrazas al cerrar la ceremonia. Y como buen guia que sabe que hay que mantenerse alerta hasta el final de la jornada, agregó: “Vamos a seguir orando”.

Con seguridad todo mundo en Bolivia se quita un peso de encima. Pero el gobierno debe lidiar con otro, terriblemente más pesado. Tiene a los Estados Unidos al frente, que acaba de mostrar solamente la punta de una de sus numerosas cartas. Bolivia ha sido “descertificada” del combate anti-drogas y debe lidiar con la calificación que la coloca ante el mundo como indolente ante la lucha anti-narcóticos. Su mejor defensa -apenas defensa- es frenar y disminuir drásticamente las áreas de cultivo de coca, algo que sus aliados del Chapare no recibirán con agrado.

El diálogo está congelado

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El prefecto de Tarija Mario Cossio salió del Palacio de Gobierno y se vino a Santa Cruz con la noticia: el dialogo pendía de la tela de una araña y agonizaba. “Si el presidente quiere romper el dialogo, que lo rompa el. Nosotros no lo vamos a hacer”, dijo Cossio al llegar a Santa Cruz. Tras cuatro dias de gestiones, no habia manera de lograr una aproximación verdadera entre el gobierno y las cinco prefecturas que le reclaman el Impuesto directo sobre los hidrocarburos, que les es recortado desde comienzos de año.

Pero las largas jornadas se habian plasmado en dos páginas de acuerdos, que no fueron firmados, debido a la detención del prefecto de Pando Leopoldo Fernández. La intención era concluir el acuerdo este jueves en Cochabamba, en presencia de observadores internacionales y remacharlo en Tarija al dia siguiente. 

El diálogo, sin embargo, quedó en suspenso hasta que el gobierno disponga la libertad del prefecto de Pando Leopoldo Fernández. El presidente Evo Morales concordó con la detención de la autoridad departamental y dijo que esperaba que se hiciese justicia.  Algunos juristas subrayaban que al trasladarlo a La Paz, el gobierno tendria que ponerlo en libertad, pues La Paz no es área del estado de sitio.

 Al anunciar el congelamiento del acuerdo, Cossio pidió a quienes realizan todavía bloqueos en las rutas de su departamento sureño la suspensión de las medidas de presión. Como un gesto de buena voluntad hacia la paz entre los bolivianos.

La temperatura al máximo – otra vez

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Actualización urgente:

La Corte Suprema de Justicia declaró esta noche ilegal el estado de sitio en Cobija y pidió al gobierno que lo suspenda. La decisión de la corte, reunida en con otros organismos legales con base en la capital constitucional, fue leída por el presidente del máximo tribunal, Luis Alberto Walter Fernández.

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La fuerza militar detuvo esta mañana al prefecto de Pando, Leopoldo Fernández y lo condujo hasta la base La Paz, donde será sometido a un proceso criminal con la acusación de “genocidio”. Dos personas más serán sometidas a proceso, de apellidos Becerra y Araújo, ambos líderes del departamento de Pando.

Fernández fue “invitado” a abandonar su despacho en la prefectura donde se encontraba y trasladado velozmente en un vehículo hasta el aeropuerto, desde donde fue llevado a La Paz.

El presidente Evo Morales saludó la detención como un paso para enjuiciar al mandatario departamental y dijo que la medida se enmarcaba en el estado de sitio, bajo el que vive Pando.

Horas antes de su detención, Fernández había denunciado que el estado de sitio en su departamento, el menos poblado de Bolivia y en plena región amazónica habia sido dictado “al más puro estado dictatorial”. “Más de una docena de domicilios ha sido violentada. El gobierno dice que el principal responsable (de la matanza ocurrida en Pando la semana pasada) he sido yo. No voy a huir”.

La red Notivisión informó que cuando era conducido al aeropuerto para ser trasladado a La Paz, hubo gritos que decían: “Aguante, Leopoldo”. Organizaciones que respaldan al gobierno dieron apoyo a la medida de detención y pidieron un juicio rápido para el prefecto.

Juristas del Colegio Nacional de Abogados denunciaron la detención como ilegal y que no se podía dar curso a la medida si no existían pruebas fundadas. Dirigentes de esa organización dijeron que los detenidos deben ser presentados ante un juez en el plazo máximo de 48 horas. Autoridades de la Fiscalia de la Nacion, segun imagenes mostradas por la TV, tambien dijeron que la medida era ilegal.

Prestigiosos militares retirados criticaron la medida. “Lo que ha habido en Pando no es un estado de sitio. Ha sido una declaratoria de zona militar. En ese caso las autoridades militares están por encima de las autoridades civiles. Pero es no está ocurriendo”, dijo el general Gary Prado, el jefe del destacamento militar que capturó a Che Guevara en 1967. ”

“Al parecer hay otros intereses, pues el ministro de la presidencia Ramón Quintana no tiene nada que hacer allí” (en Pando), agregó. El ministro, al parecer, coordina las operaciones emergentes del estado de excepción. “Tampoco es tarea de las FF.AA. allanar domicilios”, dijo. Filmaciones de la TV han mostrado escenas de militares allanando domicilios particulares en busca de personas consideradas como sospechosas de los disturbios que conmueven al departamento.

El general Lucio Añez, ex comandante del ejército, dijo que las Fuerzas Armadas “están siendo mal utilizadas. El ejército está para pacificar, pero no para lo que hemos visto en Pando”, dijo a los periodistas.

Las medidas del gobierno, que por primera vez recurre a la medida de excepción, frecuentes entre sus antecesores, parecían haber agregado combustible a las  que vive Bolivia. Las autoridades dijeron que el prefecto desacataba las normas del estado de sitio y que alentaba a su incumplimiento.

Un centenar de personas, especialmente mujeres, se reunió frente a la catedral de la ciudad para expresar apoyo al prefecto detenido.

El presidente del comité Cívico de la ciudad, Branco Marincovik, exhortó a los ciudadanos a no dejarse llevar por provocaciones, y al presidente Morales “que deje de promover la estrategia de violencias”. Denunció “ante el mundo” que cualquier violencia será responsabilidad del gobierno.

Las medidas del gobierno ocurrieron cuando todavía está en curso un proceso de diálogo. Se esperaba una reunión en las próximas horas.

Ante la persistencia y recrudecimiento de la violencia, esta ciudad podría suspender su feria exposición, su más importante fiesta regional  y la mayor feria de Bolivia, prevista para ser abierta la próxima semana.

Callejón oscuro, otra vez

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Los prefectos de cinco departamentos y el gobierno no lograron aproximar sus puntos de vista y el diálogo quedó, cuando menos, congelado. Menos de 24 horas después de haber comenzado los primeros contactos entre el presidente y sus adversarios regionales, Bolivia está nuevamente camino al despeñadero. La gota que colmó el vaso, de acuerdo a los prefectos, fue la declaración que formuló en la mañana el presidente Morales cuando dijo a los periodistas que los dignatarios departamentales “sólo quieren plata”.

La frase presidencial se basaba en la insistencia de los prefectos de la Media Luna (Santa Cruz, Pando, Beni, Tarija) y Chuquisaca de exigir que se les devolviesen los recursos del Impuesto sobre los Hidrocarburos, que el gobierno utiliza desde este año para pagar un bono a los ancianos, como punto principal. (Gran parte de ese bono era antes cubierto con las utilidades de las empresas con inversión extranjera que el gobierno del presidente Morales nacionalizó, entre ellas las de telecomunicaciones). El gobierno planteaba que primero fuesen “compatibilizados” los estatutos autonómicos de los cuatro departamentos de la Media Luna con su proyecto de constitución, aprobado con cuando menos dos docenas de irregularidades, según el Colegio Nacional de Abogados, en la ciudad de Oruro, lejos de Sucre, donde una nueva constitución debía haber sido debatida y aprobada.

Agregado el 21 de agosto: Los prefectos no se cansaron de decir que, efectivamente, lo que quieren es plata para obras infrestructurales en sus departamentos  y que no fueron a Palacio al amenecer para jugar pollita ramada. Quieren, dicen, que a las prefecturas se les devuelva por ley lo que arbitrariamente se es quitó.

Los prefectos agregaron sombras al plebiscito realizado el domingo pasado, al reclamar, en una resolución que aprobaron en la tarde, una auditoría técnica del padrón electoral boliviano, en especial sobre el proceso de carnetización, y exigir que mientras eso no ocurra que no se efectúe ninguna elección en Bolivia. El reclamo viene precedido de numerosas denuncias de fraude en ese plebiscito para revocar o ratificar al presidente, vicepresidente y ocho prefectos. Los más recientes datos de la Corte Nacional Electoral asignaban a Morales dos tercios de la votación, es decir 13 puntos porcentuales más que los que obtuvo en 2005, cuando fue electo con el 53,7% de los votos. El porcentaje es puesto en tela de juicio, pues en dos años y medio el mandatario ha sufrido fuerte desgaste político. En los días previos al plebiscito, no logró presentarse en esos cuatro departamentos y en Sucre, la capital de Chuquisaca, no era bienvenido. Los actos de repudio al mandatario impidieron que llegasen a Tarija, al sur, dos de sus mas estrechos aliados: los presidentes de Venezuela, Hugo Chavez, y de Argentina, Cristina Fernandez de Kirchner. Hubo, esos días, una violencia callejera pocas veces vista en el pais. Decenas de personas resultaron heridas. Dos trabajadores mineros murieron en Oruro el martes 5 de agosto y cuando menos 40 fueron heridos cuando la policía disolvió el bloqueo de una carretera que los mineros bloqueaban en protesta contra el gobierno. Inclusive, cientos de discapacitados en todo el país, muchos en sillas de ruedas, en camillas y con muletas, han protagonizado actos públicos contrarios al gobierno, que se niega a otorgarles un bono que reclaman. La televisión ha mostrado escenas conmovedoras de minusvalidos intoxicados que apenas podian moverse y solo balbuceaban su reclamo envueltos en los gasses lacrimógenos que les arrojaba la policía. Ha habido persistentes reclamos contra las elecciones en las zonas rurales remotas, donde podrían haber ocurrido fraudes masivos para favorecer al gobierno. Un informe de la OEA observó el acto electoral y el escrutinio. Incluso la corte Nacional electoral está siendo enjuiciada por “falsificación” y un comité de Sucre pidió 15 años de presidio para sus miembros.

En esa atmósfera, los cinco departamentos acordaron ir adelante con sus procesos autonómicos, que les permite mayor libertad en decisiones sobre inversiones públicas. Los recursos que les correspondería a los departamentos han crecido debido al alza de los precios de los hidrocarburos que Bolivia exporta a Brasil y Argentina. Y, además, acordaron:

  • Paro cívico para el 19 de agosto.
  • Declarar no grata a las regiones autonómicas la presencia en sus territorios de los funcionarios del gobierno (el presidente y sus ministros).
  • Pedir la suspensión de una huelga de hambre masiva que estaba en curso desde la semana pasada en sus regiones.

     

    En resumen, no ha traído paz a Boliivia el plebiscito del domingo.

 

 

La hora de los prefectos

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Actualización – Miércoles, 23:45

Los prefectos fueron hasta La Paz y se reunieron con el presidente y sus ministros. No hubo avances. La novedad fue que hablaron frente a frente.  Cada sector expuso sus puntos de vista. El Ministro de Defensa, Walker San Miguel, dijo que el presidente había propuesto un “pacto fiscal” para resolver la demanda de reposición de recursos del IDH para las prefecturas, y un “pacto institucional” para buscar conciliar las autonomías departamentales y el proyecto de constitución del MAS. San Miguel dijo que el presidente se había sentido decepcionado por el hecho que mientras el gobierno ponía sus propuestas sobre la mesa, el prefecto de Santa Cruz, Rubén Costas, hubiese tomado medidas “ilegales” convocando a elecciones para legisladores estaduales.

El prefecto de Tarija, Mario Cossío, dijo que nada se había avanzado, y que se había repetido el diálogo del 7 de enero, cuando el la reunión se convirtió en un debate entre sordos. El Presidente debió abandonar la reunión y los prefectos quedaron con los ministros. Precisó que el gobierno necesitaba de 78 millones de bolivianos para pagar el bono a las personas de la tercera edad, pero que a las prefecturas se les quitaban 370 y pico millones de bolivianos. El presidente, dijo, ofreció una comisión para discutir la cuestión del IDH en detalle. Lo mismo se hizo en enero, dijo.

Se abrió un cuarto intermedio hasta las 06:00 del jueves.

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La prefecta de Chuquisaca, Savina Cuéllar, fue la política más aplaudida de Santa Cruz al llegar esta noche para reunirse mañana con sus colegas de la Media Luna y diseñar una estrategia para que el gobierno social-indigenista del presidente Evo Morales devuelva a los departamentos los aportes confiscados del Impuesto de los Hidrocarburos (IDH). Todo eso, en medio de un lento goteo de los resultados del plebiscito del domingo. En la medida en que son computados los resultados de las zonas de provincia y aumenta el caudal de votos para el presidente y sus prefectos adeptos (Oruro), se desarrolla en los departamentos autonomistas una actitud dura ante el envalentonamiento político de los aliados del gobierno: La televisión habló que en La Paz, hay una “fila” de postulantes para ocupar, siquiera interinamente, el cargo de José Luis Paredes, quien no logró superar la enorme barrera que tenía al frente para su ratificación. Las “organizaciones sociales” reclaman que el presidente modifique su equipo ministerial. Y el propio presidente Morales dio lugar a especulaciones sobre una intervención del estado en las exitosas y ricas cooperativas de teléfonos, agua y energía de Santa Cruz. Para Santa Cruz, eso sería como tocarle un nervio descubierto y sensible. A esto se suman informes que hablan de fraude durante el plebiscito, incluso de comunidades rurales que habrían votado “en conjunto”, filmación de votantes desde las áreas de votación, mostrando cómo marcaban su voto, y falsificación de cédulas de identidad. Sin embargo, aun con un supuesto fraude, la magnitud de la victoria alcanzada por Morales, parecía imbatible y fuera de discusión: más del 65% a su favor en todo el país.

Las autoridades de los cinco departamentos (Beni, Pando, Chuquisaca, Santa Cruz y Tarija) decidirán esta semana una estrategia para lograr la devolución de las partidas de aquel impuesto, que parte de una Ley de la República. El gobierno decidió tomar una porción importante para pagar un bono a los ancianos y dice que su actitud es irreversible. Los prefectos dicen que le han demostrado al gobierno que puede pagar ese bono (y ellos están dispuestos a aportar una porción, dicen) sin acudir a la magnitud del corte vigente desde este año.

Inconveniente logístico

La reunión de los prefectos se vio ante un inesperado inconveniente logístico aún antes de comenzar: esta noche el gobierno los convocó a reunirse mañana miércoles en La Paz, Palacio de Gobierno, a las 0:800, la misma hora en que tienen previsto iniciar su propio cónclave en Santa Cruz. Y les ofreció enviar un avión para trasladar a los dignatarios departamentales hasta La Paz.

No había una respuesta inmediata de los prefectos, que ni siquiera habían iniciado consultas informales, pero la medida del gobierno fue ampliamente vista como una manera de obstaculizar el encuentro de los prefectos.

Actualizacion

 

Los prefectos respondieron el miércoles: Previsiblemente, no podían cancelar una reunión que habían planeado con varios dias de antecedencia y le ofrecían al presidente ir por la tarde (del miércoles). Pero sin el prefecto de Santa Cruz, Rubén Costas, a quien los 3.500 metros de altura de La Paz podrían afectarle al cabo de cuatro días de un ayuno que cobra cada hora una dimensión mayor y más dramática. Iría, sin embargo, un representante. En la tarde del miércoles, había más de 2.000 ayunadores en Pando, Beni, Santa Cruz y Tarija.

Un grito de socorro

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La  unica magistrada sobreviviente del Tribunal Constitucional, Silvia Salame Farjat, ha lanzado un grito de socorro para salvar a esa institución, pilar de la legalidad de Bolivia.  “Yo sola no puedo continuar quedándome indefinidamente y tampoco vamos a salvar la situación de los ciudadanos que tienen más de 2.000 causas paralizadas. La justicia constitucional que no es pronta, no es justicia,” dijo la magistrada en una entrevista que hace pocos días publicó El Deber.

Eran cinco miembros. Los otros cuatro renunciaron paulatinamente. Ni el gobierno ni la oposición parecen interesados en llenar las vacantes. Resultado: no hay quién juzgue la constitucionalidad de actos departamentales, prefecturales o gubernamentales. Gracias a ello, hubo este año cuatro referéndums autonómicos y ahora se viene el revocatorio, que no figura en la actual constitución para nada. El gobierno dice “es ley” del Congreso.  Pero esa “ley” es dispar. Establece  condiciones que favorecen al gobierno, desde los porcentajes para ser revocado o no revocado hasta las preguntas mismas.  Santo Tomas de Aquino prescribe que la ley injusta no obliga. Y esta es una ley diseñada para ayudar al gobierno en desmedro de la opción contraria. Que lo diga Jose Luis Paredes, quien para continuar al mando del departamento de La Paz está obligado a duplicar la votación con la que fue electo.

¿Por qué los senadores de oposición extrajeron del baúl el proyecto de ley revocatoria presentado en diciembre por el gobierno, sin modificar ni una coma? No quiero especular, pero ellos deben responder convincentemente.

La magistrada denunció “la falta de interés de la propia oposición para hacer la designación, el hecho de que se haya subalternizado a intereses regionales, personales, políticos y partidarios la designación del TC”. “(Todo eso) para mí ha sido como una puñalada en el corazón”, dijo.

La angustia de la magistrada es la angustia de gran parte de la ciudadanía.

Concentración por el Sí

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En una de las mayores concentraciones registradas en esta ciudad, Santa Cruz reafirmó este miércoles su decisión de ir a las urnas el 4 de mayo para votar por los estatutos que le confieren autonomía. “Nada nos detendrá”, dijeron el prefecto Rubén Costas y el dirigente cívico Branco Marincovick. La concentración fue también un rechazo a la prohibición de exportar soya y a la disminución del IDH, así como una expresión de solidaridad con Camiri, que ha roto con los negociadores oficiales y esta tarde, en un cabildo, dio un plazo de 24 horas para que el propio Presidente Evo Morales comparezca en el lugar para atender sus reclamos.

A pesar de la llovizna de la tarde y el frente frío que siguió, la multitud marchó pacíficamente, desde el monumento ícono de la ciudad –el Cristo Redentor- sobre uno de los anillos de la ciudad flameando decenas de miles de banderas verde-blanco y tricolores hasta desembocar en la Zona Industrial. (En su edicion de hoy jueves, El Deber sostuvo que la asistencia supero’ las expectativas de mas de 100.000 personas, y que los organizadores dijeron que hubo mas de 300.000.)

La concentración fue vista como un ensayo para el referéndum autonómico, pero también como una manera de demostrar a los observadores externos –entre ellos el enviado de la OEA Dante Caputo- que el movimiento cruceño es masivo y no fruto del capricho de “cuatro familias de oligarcas” como reiteradamente ha dicho el gobierno.

Sobre todo, fue una exhibición de la magnitud del desafío que tiene el gobierno del presidente Morales, el mayor en sus 26 meses, pues Santa Cruz y otras tres y, posteriormente, tal vez seis regiones (departamentos de nueve) se le van del control. El otro día, cuando el presidente estaba en Potosí , surgieron manifestantes autonomistas a quienes militantes del MAS intentaron dispersar. Es decir, en pleno Occidente boliviano. Un poco más rezagados, Chuquisaca y Cochabamba siguen sus propios caminos autonomistas. La autonomia departamental es la via crucis del gobierno. 

El gobierno se encuentra impotente ante el reto autonomista y se aferra a dos opciones con escasas posibilidades de frenar el 4 mayo: la Iglesia, a la que ayer, injustamente o por mera ignorancia, atacaba, y un conjunto de “países amigos”, entre ellos Brasil, Colombia, Argentina y Venezuela.

Los cívicos parecen objetar a los últimos dos. Pero en todo caso algunos de sus líderes consideran innecesaria cualquier conversación que quiera incluir el 4 de mayo. Con el referéndum fuera de la baraja, reclaman la derogatoria de las medidas anti-exportación y la restitución de los recursos del IDH.

A estas alturas, ni la anulación oficial del proyecto de constitución del MAS, frenaría el referéndum, pero probablemente sería un elemento en una mesa negociadora posterior al 4 de mayo.

De ese proyecto partió el laberinto en que está el gobierno. En los últimos días se especuló sobre un estado de sitio regional como una salida incierta, que el gobierno inicialmente desmintió.

“Están temblando”, dijo Costas pues “no les hemos dado el pretexto para un estado de sitio”, y revelo algunos de sus planes para el 5 de mayo: Seguro integral de salud y sueldos dignos.

La concentración fue también una advertencia del tamaño de la resistencia que enfrentarían medidas de fuerza que el gobierno quisiere adoptar en las próximas semanas. Por eso, en los discursos de Costas y Marincovick fueron frecuentes las alusiones a los jerarcas de las FF.AA. y a los episodios en Viru Viru y Camiri, cuando la tropa militar resultó abrumada por la multitud que se le oponía. En Camiri, la semana pasada, prácticamente hubo una capitulación. En Viru Viru, una retirada al amparo de la noche, el ano pasado.

Costas dio rienda suelta a su indignación al criticar al decreto anti exportador.  Dijo que el gobierno era “estupido, corrupto y sinverguenza” (textual) y hería mortalmente a miles de pequenos productores que votaron ilusionados a su favor.

La mejor conclusión sobre los acontecimientos de las últimas horas es que el horizonte sigue oscuro, amenazante y peligroso. 

Truenos y relámpagos

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La maraña que envuelve a la relación P2 (presidente-prefectos) se ha vuelto más densa el pasado fin de semana, tras la declaración del presidente afirmando que hay gente de su partido que le pide armas para defenderlo  y renovados ataques al referéndum autonómico convocado para el 4 de mayo en Santa Cruz. No está claro para el gran público de dónde vendrían tales amenazas contra el gobierno (¿otra vez el mismo estribillo?), pero organizaciones que siguen al presidente han visto en la declaración una señal para prepararse (¿Para qué? Para marchar sobre Santa Cruz, Trinidad, Pando y Tarija?). Con toda su gravedad, este nuevo capítulo representa sólo de uno de los frentes de lucha que ha abierto el gobierno.

Los principales:

– El miércoles el presidente deberá reunirse con los prefectos de las regiones más afectadas por las riadas para coordinar planes de asistencia, reconstrucción y prevención. (La cita estaba prevista para este lunes, pero el gobierno comunicó que la suspendía por 48 horas.) Los departamentos más afectados son Beni, Santa Cruz y Pando. Hay dudas sobre la reunión bajo el argumento que la persistencia de los ataques presidenciales al referéndum autonómico no estimula la generación de un clima para hablar de cosa alguna, ni siquiera para decir que el café está bueno. “En 15 minutos estará claro si la reunión vale la pena”, dijo el prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, al programa Caballero Pregunta, de la red televisiva Pat. El gran público querría que ésta sea una reunión pública, transmitida en directo por la televisión del estado.

– El IDH (impuesto sobre los hidrocarburos). Los desastres, dijo el prefecto beniano Ernesto Suárez al mismo programa, este domingo por la noche,  exhiben la urgencia de las prefecturas –la suya, en particular- de contar con recursos propios. El año pasado, cuando el desastre fue de menor magnitud, la prefectura beniana no recibió ayuda directa del gobierno pero se las arregló con los recursos que provenientes del IDH. Ahora no los tiene y el gobierno es lento y renuente a desembolsar. Hay 67.500 personas afectadas en ese departamento (más del 10% de su población), de los cuales 21.818 sólo en Trinidad (uno de cada cuatro trinatarios), casi todos están con dengue y amenazados por otras múltiples epidemias. El año pasado, dijo el prefecto, murieron unas 400.000 cabezas de ganado. Este año podrían ser 1.200.000. Es decir, desaparecería casi el 15% del rebaño vacuno boliviano. Una advertencia inescapable: prepárense para ver subir el precio de la carne en espiral. “No retrocederemos”, dijo Suárez. Los prefectos están amarrados al que consideran un principio legal de intocabilidad de sus recursos y el tema saldrá a flotar en la inundada agenda de la reunión.

– El referéndum revocatorio, propuesto por el propio presidente, está a la vista, pero el Congreso no quiere dar el paso hacia una decisión incierta.

– Y la reunión tripartita de este fin de semana en Buenos Aires es aún más incierta. Bolivia no puede vender a Brasil los 30 millones de metros cúbicos a los que tiene derecho por contrato sin estrangular los suministros, ya mínimos, a Argentina. El año pasado, Brasil no exigió el total y aceptó vender más energía a su vecino porque su producción hidroeléctrica era superior, con sus represas llenas. Ahora no ocurre lo mismo, dicen informes brasileños. Políticamente sería engorroso para el presidente brasileño ceder a favor de argentina en una puja en la que nada tendría que ver.

Otra vez, la semana empieza con truenos y relámpagos.

  

¿Una tregua real?

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El ex prefecto cruceño, Freddy Terrazas Salas, acaba de plantear, a través de Radio Fides, una propuesta que por lo menos merece consideración: Suspender toda iniciativa plebiscitaria, referéndums y propuestas constitucionales hasta 2009, cuando menos, para dedicar los esfuerzos nacionales a los momentos difíciles que enfrenta el país, desde los desastres que golpean a muchas regiones hasta la búsqueda de una ampliación de los beneficios arancelarios estadounidenses para las manufacturas bolivianas.

Terrazas, también ex presidente del Comité pro Santa Cruz, dijo claro y fuerte: Si hay un referéndum constitucional o cualquiera que sea, “no nos vamos a entender”. Puede ser que el gobierno gane con algo más del 50 por ciento, pero eso no resuelve los problemas profundos que han escindido a Bolivia. La otra mitad quedará descontenta y ninguna constitución garantiza gobernabilidad alguna en esas condiciones. Esa sería la verdadera tregua que precisa el país.

En ese año Bolivia tendría que trabajar no solamente para resolver problemas inmediatos, incluso el del estancamiento en que se encuentra la industria gasífera, desprovista de reservas para cumplir sus compromisos externos, como también pavimentar el camino para una reconciliación. Ese trabajo nacional podría ayudar a resolver problemas y a rectificar medidas ilegales impuestas por el ejecutivo, desde el proyecto de constitución del MAS hasta el recorte de los recursos del IDH para las prefecturas departamentales.

¿Alguien agarra el guante?

Miopía televisiva

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Parece que las estaciones de TV, a excepción del canal oficial, no entendieron la magnitud de la importancia del diálogo P2 (Presidente-Prefectos). Tras iniciarse el encuentro en la tarde, PAT transmitió durante unos 15 minutos o más. Después cortó y pasó a su transmisión habitual. TV7, del Estado, cumplió su función y exhibió las ocho horas del encuentro. No sé cuál fue el comportamiento de las estaciones en otras ciudades. Pero lo normal habría sido que hubiesen peleado cuchillo en boca por transmitir todo el diálogo. Al no hacerlo, por lo menos las estaciones comerciales de Santa Cruz, entregaron a TV7 la audiencia en bandeja. No creo que los zapatos y carteras en oferta que presentaban algunas estaciones hubiesen ganado en interés al que suscitaban las intervenciones de los prefectos y de las autoridades del gobierno.

Hay otra cuestión más allá del “rating”: transmisiones de este tipo de actos educan y fortalecen la conciencia cívica de las sociedades. Y dicen mucho sobre el interés de las estaciones en involucrarse en temas de interés para el destino del país.