Ley

Alerta entre los periodistas

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 Los periodistas han declarado alerta ante el propósito de los asistentes a la  “cumbre social”  de anular la Ley de Imprenta que norma la libertad de prensa en Bolivia desde hace casi un siglo (1925). El campanazo lo ha dado la Asociación de Periodistas de La Paz, con el que se abre una nueva disputa entre el gobierno y los medios informativos no oficiales de Bolivia.

Como la mayoría de los bolivianos, desconozco el grado de conocimiento sobre este tema que puedan tener los participantes de esa reunión co-legislativa. Pero se puede anticipar un espinoso conflicto, en momentos que no lucen como los mejores del gobierno.

La institución profesional emitió anoche el siguiente parte informativo:

La Asociación de Periodistas de La Paz, advirtió hoy que la decisión de la denominada cumbre social de anular la Ley de Imprenta de 1925 por una nueva norma “constituye un grave atentado contra la libertad de expresión y el último intento del gobierno del MAS por ejercer un control sobre los medios y el contenido de los mensajes”.

El presidente de la APLP, Pedro Glasinovic hizo notar que “una nueva legislación tendrá como objetivo silenciar a la prensa independiente” y “atentará contra el derecho al trabajo de los periodistas convirtiendo al gobierno de Morales en autoritario”.

“Desde que el presidente Evo Morales inició su gobierno, las amenazas contra la prensa y los periodistas fueron permanentes con la velada intención de que todos los medios de comunicación se pongan al servicio del llamado proceso de cambio”, dijo Glasinovic.

El dirigente del gremio periodístico recordó que “la libertad de expresión es el pilar fundamental de la democracia” y que “sin prensa libre  no hay democracia”.

“Por lo tanto, la administración de gobierno saltará de la democracia a la dictadura”, advirtió.

Explicó que la actual legislación “es más que suficiente para normar el trabajo de los periodistas”. “Si la asamblea Legislativa trata una nueva ley que norme el trabajo de los medios y periodistas debe primero, cambiar la Constitución Política del Estado a través de un referéndum que será un desafío para el pueblo boliviano que debe decidir si quiere  una democracia o una dictadura”, insistió Glasinovic.

“La APLP permanecerá vigilante y espera el pronunciamiento de los organismos internacionales defensores de los Derechos Humanos y de la libertad de expresión”, dijo.

Campaña por presos del 16 de abril

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Un grupo de personas, probablemente en gran parte parientes y amigos de los presos en cárceles bolivianas y exiliados por causa del episodio del Hotel Las Américas ocurrido hace casi cuatro años, ha iniciado una campaña por la red para recolectar firmas a favor de los derechos humanos “severamente y continuamente vulnerados” de los 39 prisioneros y exiliados aún bajo proceso al cabo de 43 meses de los sucesos y de otros 40 de la lista del llamado Caso Terrorismo II.

La campaña pide que se escriba sobre el caso a la oficina del alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en Ginebra, Suiza.

La nota en la web refiere  brevemente los sucesos del 16 de abril de 2009 en el Hotel Las Américas, de Santa Cruz, en los que murieron Eduardo Rózsa Flores, Árpád Mgyarosi y Michael Dwyer. Los europeos Elöd Tóásó y Mario Tadic fueron arrestados y la operación se cumplió sin orden ni presencia de  un fiscal. Sostiene que hasta ahora el gobierno no ha probado que el grupo hubiese sido terrorista.   Pero junto a ellos, dice la carta, han sido procesadas otras 37 personas cuyo único común denominador es ser opositoras al gobierno el presidente Evo Morales. Subraya que hasta ahora, tras 32 meses de detención, las personas no han sido sentenciadas, y  que la ley determina que la sentencia final debe ser anunciada a los 36 meses de iniciado el proceso. A los 18 meses, debía haber cesado la prisión preventiva de algunos, de acuerdo a las leyes vigentes hasta entonces. Pero, agrega, en diciembre de 2010, el gobierno aceptó modificar la ley retroactivamente, algo inadmkinisible en la jurisprudencia moderna, de manera que la prisión preventiva continuase.

La nota dice que al menos cuatro personas han sido torturadas física y psicológicamente; las muertes en el Hotel Las Américas nunca fueron oficialmente investigadas y que el derecho a un tribunal efectivo y competente está siendo violado; tampoco se permite, dice, el derecho a un tribunal independiente, público e igualitario y que  la presunción de inocencia “ha sido negada desde el primer día”.

Dice también que a algunas personas se les quitó propiedades y tierras sin derecho alguno a juicio o sentencia y que la libertad de opinión y expresión de ellas es violada.

Piden que se escriba a las organizaciones de derechos humanos para que el proceso a los detenidos y perseguidos se lleve a cabo en base a las leyes nacionales e internacionales y se evite la creación de nuevas leyes retroactivas.

La Ley contra el Racismo

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El artículo que Uds. podrán leer sobre la ley controvertida contra el racismo proviene del padre Gregorio Iriarte. Discrepo de algunos puntos del trabajo, pero recomiendo su lectura. Por ser de un sacerdote que siempre militó en las causas por la justicia social, nadie podrá poner en duda su honestidad y probablemente habrá muchos, dentro del gobierno o a favor de él, que, a partir de su lectura, pensarán dos veces sobre las supuestas virtudes de esa ley, cuyo rechazo se ha extendido por todo el país y mantiene a los periodistas y a todos los trabajadores de la prensa escrita y audiovisual en estado de alerta. El texto completo se lo encuentra aquí, en la sección Páginas de este blog.

Hacia un millón de firmas

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Los periodistas en huelga de hambre, con sus colegas y muchos simpatizantes movilizados, han reiterado su decisión de no dar marcha atrás y continuar con el ayuno hambre próximo a cumplir dos semanas en rechazo a dos artículos de la Ley contra el Racismo y la Discriminación. La ley, aprobada “sin cambiarle una sola coma”, como demandaba el gobierno, contiene dos artículos que los periodistas juzgan como una guillotina sobre la libertad de prensa. Son los artículos 16 y 23.

En la plaza 24 de Septiembre de Santa Cruz había una veintena de periodistas en ayunas y la recolección de firmas pasaba holgadamente de 110.000 y sumadas a las que se están recopilando en La Paz, Cochabamba, Sucre, Tarija, Potosí, Trinidad, Riberalta el camino parecía expedito para llegar a una cifra varias veces superior. Los organizadores creen que se puede llegar a un millón. No es fácil, pero aun con medio millón,  será un número formidable que, pese a las objeciones sobre su legalidad, será un llamado de atención poderoso al gobierno de que ha puesto en vigencia una norma que tiene a gran parte de la ciudadanía en contra.

Para el domingo está prevista una concentración en la Plaza Central de Santa Cruz que probablemente volverá a llamar la atención del gobierno, pues puede ser una prueba de que la movilización contra aquella ley prosigue. A sólo 24 horas de la llegada de una misión de la Sociedad Interamericana de Prensa  (SIP), que viene para entrevistarse con las autoridades, éstas no podrán decir que se trata de  un movimiento oligárquico ni mucho menos de una exclusividad de los dueños de  los medios. Si cada participante o simpatizante fuese dueño de un medio, en Bolivia habría muchos más que en los Estados Unidos, México, Canadá, y probablemente América Latina juntos.

Pasan desapercibidos, entretanto, otros temas apremiantes. Sólo para citar dos ejemplos:  La violencia que se expande en los centros urbanos y la reducción dramática de las reservas de hidrocarburos (gas y petróleo) que es un adiós a los planes de industrialización, y quizá hasta al Mutún y otros proyectos que surgieron al calor del entusiasmo de creer que Bolivia sería el centro gasífero de América del Sur. Los campos gasíferos fueron estatizados, no hubo más inversiones y las que debían realizarse por parte del estado no fueron hechas. Recuerdan queYPFB recibió un crédito de mil millones de dólares del Banco Central? Pues ese crédito aún no ha sido utilizado.

Ley antirracista

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El siguiente es el más reciente comentario del diplomático Ramiro Prudencio Lizón. Su actualidad me lleva a compartir su lectura con Uds.

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El Congreso está por aprobar una ley contra el racismo.  En verdad, pareciera que nuestro país fuese Sudáfrica, donde no hubo mezcla de razas y donde efectivamente, la población negra sufrió durante siglos un sistema de apartheid que la tuvo sometida y discriminada en forma inhumana.  Pero aquí sucede lo contrario, porque no hay gran diferencia racial en la población boliviana.  Cabe recordar la encuesta que propició hace pocos años el Fondo para la Democracia de Naciones Unidas, donde se determina que siete de cada diez bolivianos se consideran mestizos.  Es decir, el 68% de los encuestados expresó sentirse mestizo, y sólo un 20% indígena.  Los que se suponen blancos apenas sumaron un 5%

Esta encuesta destruye la creencia que dejó en Bolivia, el censo del año 2001, donde absurdamente había una pregunta muy poco clara, ya que su pretensión era cultural y no racista, que consultaba a la población nacional si consideraba tener un ancestro originario.  Basado en ella, el gobierno del presidente Morales ha difundido en la comunidad internacional la idea de que una gran mayoría poblacional boliviana es indígena, la cual anteriormente estaba sojuzgada por un pequeñísimo sector descendiente de europeos.  Esta profundización de lo indígena ha llegado al extremo de que se imponga una constitución política que privilegia al indio y divide a la nación por el racismo.

Cuando las repúblicas latinoamericanas nacieron a la vida independiente, todas ellas contaban con poblaciones indígenas que hablaban sus propias lenguas.  Pero la mayoría se esforzó por unificar culturalmente su país en base a la enseñanza masiva del castellano o del portugués en el caso del Brasil.  El resultado ha sido su conformación en verdaderas naciones, conjuntadas por el idioma, la religión cristiana y la tradición histórica.

En Bolivia se trató de hacer otro tanto, sobre todo después del conflicto del Chaco, ya que hubo la consciencia generalizada de que una de las causas del fracaso de la guerra había sido precisamente el hecho de que una mayoría de sus habitantes no estaba integrada todavía a la vida nacional.  En consecuencia, se consideró perentorio intensificar el nacionalismo y encaminar la política hacia el levantamiento del indio con el fin de hacer de él un verdadero ciudadano.

Pero en los últimos años del siglo veinte, insensatamente se decidió cambiar esta política integradora por otra encaminada a indianizar al campesino.  Se llegó al extremo de que hasta en la anterior constitución política se señalaba que Bolivia es un país pluricultural y multiétnico.  Como era de esperarse, esta peregrina teoría ha dado sus frutos con el brote de un fuerte racismo, ahondado en el actual gobierno, al extremo de que en la nueva constitución, Bolivia dejó de ser una nación para convertirse en un Estado Plurinacional.  Lamentablemente el señor Presidente y sus consejeros no han tomado en cuenta que la ONU ampara a las  naciones de un Estado plurinacional que se sientan sometidas y explotadas por las otras y, algo más grave, les da derecho a separarse  de dicho Estado, como ha sucedido con países de la Europa Oriental.

Es menester destacar además, que desde un principio, muchos de nuestros mandatarios y hombres públicos fueron hijos o nietos de mujeres de pollera.  Por ello, se puede afirmar categóricamente que Bolivia es el país menos racista del continente americano.  En consecuencia, y con el fin de superar estos indicios racistas, es necesario que los bolivianos comencemos a concebir al país como una verdadera nación, en base al reconocimiento de que la gran mayoría del país no es ni indígena ni blanca, sino mestiza: chola o camba.  Y en cuanto a los indios, basta que aprendan castellano o se avecinen a una ciudad para que culturalmente sean mestizos.  Por lo tanto, ¿para qué insistir en una ley antirracista, cuando la inmensa mayoría de la nación, probablemente un 95%, desciende de indígenas y se siente orgulloso de ese vernáculo ancestro?

Se viene nueva ley de hidrocarburos

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 El diario financiero Valor, de Sao Paulo, trae hoy una noticia que asegura que el gobierno del presidente Evo Morales prepara una nueva ley de hidrocarburos que estará lista para discusión y firma después de las elecciones del domingo. El nuevo documento ha generado muchas expectativas entre las empresas y analistas bolivianos. Algunos apuestan, dice la publicación, que Bolivia reducirá la carga tributaria sobre las empresas en procura de más inversiones para aumentar la producción de gas.

La publicación no menciona la controvertida obligación que se impone a las empresas bajo la nueva CPE de reinvertir sus utilidades en Bolivia. Esa obligación, en la práctica, es un veto a las inversiones. (Nota: Es como decirle a un empleado. No le vamos a  pagar. Su sueldo estará depositado en un banco, pero no podrá hacer retiros.)  

Para Carlos Arze Valdez, investigador del Centro de Estudios para e Desarrollo Laborista y Agrario (CEDLA), en La Paz, “el gobierno quiere revertir la situación de bajas inversiones en la industria de gas. Y para eso tendrá que reducir los impuestos de las empresas que exploran en busca de gas, como desean las petroleras,” dice Valor.

Advierte que el gobierno ha evitado hablar en  público sobre el tema. Preguntado por valor este viernes sobre la posibilidad de una flexibilización fiscal de la nueva ley, el coordinador de campaña electoral de Morales, el diputado Jorge Silva, dijo solamente que “no se descarta” y en seguida agregó: “Pero no es la prioridad”.

Agrega Valor: “Para la economista Carmen Crespo, que integra un equipo de especialistas que ayuda al gobierno a redactar el proyecto de ley, el objetivo es producir una legislación compatible con la nueva constitución. La actual ley de hidrocarburos es de 2005 y fue sancionada por el gobierno anterior, del presidente Carlos Mesa. Aunque con el apoyo de la bancada del partido de Morales, el MAS. En 2007, ya en el gobierno, los contratos fueron revisados, como exigía la ley de 2005, pero aún estarían atrasados respecto a la nueva Carta”.

“La nueva ley tiene que aplicar la nueva constitución, tiene que definir, por ejemplo, como las empresas van a pasar a operar como prestadoras de servicios y no más como concesionarias, como es hoy, y cómo es más práctico para ellas”, dijo Crespo a Valor.  Agrega la publicación: Los contratos de prospección y producción coloca a las empresas como prestadoras de servicio, pero los contratos que tratan de otras actividades, como transporte, refinación y distribución para redes internas en Bolivia, aún mantienen a las petroleras como concesionarias.

Los cambios previstos, según Crespo, incluyen aumento de impuestos, incluso en algunos de los contratos de Petrobras, que no quiso comentar el asunto. La empresa, que es operadora de cuatro campos de gas en Bolivia, tiene participación en un quinto, participa en un quinto y también en el transporte y compresión del gas natural.

Las expectativas del gobierno no son de bajar la recaudación, sino de subir en esas y otras etapas”, dijo Crespo,  ex investigadora de Cedla. “En relación a los contratos vigentes (de prospección y producción), no creo que habrá cambios. Los contratos que serán firmados sobre la nueva ley serán más flexibles en términos fiscales”.

Continúa: El ministerio de Hidrocarburos reunió hace un mes a las empresas que tienen contratos en sociedad con YPFB para discutir la nueva ley. Según el ministerio, el gobierno quiere concluir el texto en diciembre o enero y enviarlo a la nueva Cámara Legislativa que también será elegida el domingo. “El mensaje que las empresas dieron al gobierno fue que las empresas ya pueden estar adaptadas a los contratos vigentes para operar los campos que en los que producen. Pero que, para nuevas inversiones, más incentivos fiscales serán necesarios”, dijo Carlos Delius, Vicepresidente de la Cámara Boliviana de Hidrocarburos.

El estado se lleva el 50% de los ingresos de las empresas más de una porción variable que según las empresas puede hacer que la tributación supere el 90%. Carlos Arze Vargas dice que no espera una reducción de la porción de los 50%. “Eso provocaría reacción en las calles”. La salida, dijo, sería crear otros beneficios fiscales.

Para Vargas, el gobierno flexibilizará la cobranza por necesidad política.  Evo no va a conseguir cumplir las promesas de industrialización del gas durante el primer mandato, para industrializar es preciso un aumento de producción y los contratos actuales han desincentivado las inversiones. El gobierno se dio cuenta que no puede obligar a las empresas a invertir”, Según Arze, uno de los reflejos de la falta de inversiones está en la capacidad diaria de producción de gas. Dese 2004 la capacidad se mantiene en cerca de 40 millones de m3 diarios. Hace menos de una década, eran perforados 64 pozos per año. Hoy son sólo cuatro por año.