Ecuador

Contra el desacato

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Un amigo me envió una nota, publicada por diario El Comercio, de Quito, el domingo pasado, que informaba que el relator por la Libertad de Expresión de Naciones Unidas, Frank de la Rue,  se prepara para encabezar una “cruzada mundial” a favor de la despenalización del llamado delito del desacato.  La nota argumenta a favor de la despenalización del desacato, por ser un factor intimidatorio de la libertad de expresión,  pilar esencial de la democracia. Esa figura también existe en Bolivia.

La versión de El Comercio dice que el anuncio lo hizo de La Rue en el curso de una información radial brindada a varias emisoras independientes ecuatorianas. El funcionario, dice,  cuestiona que se utilice la amenaza del delito de desacato como una herramienta de los gobiernos para censurar la crítica, “necesaria en todo sistema democrático.”

El tema resurge cuando aún se debate en medios informativos y académicos de todo el mundo  la condena al diario de Guayaquil El Universo por 40 millones de dólares a favor del presidente Rafael Correa, y el juicio a quienes escribieron el libro “El gran Hermano” y una demanda indemnizatoria de 10 millones de dólares. El comentario subraya que los juicios y los insultos del presidente ecuatoriano a los medios de información llaman la atención de la opinión pública en todo el mundo y causan alertas en los organismos defensores de los derechos humanos en escala planetaria.

Subraya que el desacato es  “una figura anacrónica”, parte de un clima de inquietud que prevalece entre los medios periodísticos y que las organizaciones de derechos humanos son las llamadas a luchar por la despenalización de aquella figura y para proteger a la ciudadanía ante “los embates de Estados y poderes autoritarios que atentan contra la libre expresión”.

Los medios bajo asedio

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Es uno de los subtítulos de un trabajo magnífico sobre el estado de la prensa en los países llamados  “Bolivarianos” que vale la pena leer. Viene en inglés y lo ha escrito el periodista Douglas Farah, para el Freedom House Institute. El trabajo original, de más de 40 páginas, puede ser encontrado en http://www.strategycenter.net/, columna de la izquierda.

Farah, entre otros conceptos, subraya el siguiente:

“La ironía de la situación actual en estos países (se refiere especialmente a los países del grupo bolivariano) es que es muy improbable que los presidentes más hostiles a los medios habrían ganado las elecciones (de las que resultaron electos) si sus antecesores hubiesen utilizado los mismos métodos contra los medios que ellos ahora emplean”.

Sorprendentemente, destaca, estas naciones pertenecen a la OEA, cuya comisión interamericana de derechos humanos tiene una declaración de principios, cuyo primer punto recalca que “la Libertad de Expresión, en todas sus formas y manifestaciones, es un derecho fundamental e inalienable de todos los individuos. Además, es un requisito indispensable para la verdadera existencia de una sociedad democrática”.

Farah es un periodista veterano, que trabajó primero en la United Press International, luego en The Washington Post y actualmente es consultor de varias organizaciones promotoras de la libre expresión.

El estudio, que coloca a Bolivia como un país donde “parcialmente” existe libertad de expresión, sostiene que ese derecho es socavado diariamente.  “Muchos de los métodos empleados para silenciar a los medios no son nuevos, pero ahora son más sistemáticos, más sofisticados y envueltos en un lenguaje de transformación social, renovación legal y revolución como justificativo para cerrar el flujo informativo hacia el público”, sostiene el estudio.

Muchos encontrarán paralelos en esas afirmaciones en nuestra propia realidad boliviana. Pero vean lo que dice después:

“Lo que es quizá más alarmante es que el público afectado en esas naciones, cansado de décadas de corrupción y enfrentado a una creciente inseguridad física y declinación económico, opone muy poca resistencia. Grupos de observadores internacionales, la OEA, la ONU y otros, han, en los últimos años, elaborado un conjunto de informes sobre la deteriorada capacidad de ejercitar la libertad de expresión en la región. En la mayoría de los casos, los gobiernos que se movilizan más agresivamente contra este “indispensable requisito para la verdadera existencia de n a sociedad democrática “han acentuado sus  su esfuerzos para silenciar a los medios independientes sin prestar mucha atención al precio político de hacerlo”.

Farah entrevistó a más de veinte periodistas (editores y reporteros) de Ecuador, Bolivia, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala y Colombia,  personalmente y por cuestionarios vía e-mail.

Irónicamente, subraya Farah, los medios fueron fundamentales en dar fin a las dictaduras en Bolivia y Ecuador y jugaron un papel prominente en exponer la corrupción de los partidos políticos tradicionales que, en fin, los llevó a la elección de líderes populistas. Fue la capacidad de los medios independientes en exponer la corrupción e incompetencia, y en cubrir las voces alternativas que venían de los movimientos sociales, que permitió a líderes populistas a ganar prominencia y vencer elecciones presidenciales. Morales, dice, tuvo una presencia constante en los medios como líder de los movimientos que removieron a tres presidentes antes de llegar a la presidencia en uno de los países más inestables de la región. Sus mensajes fueron cubiertos sin censura.

En Ecuador la prensa ya era persistentemente acosada antes de que ocurriese la condena en primera instancia del periodista Emilio Palacio y una multa descomunal de 40 millones de dólares al diarioEl Universo, de Guayaquil. En El Comercio, de Quito, cuenta Farah,   todas las entrevistas con funcionarios oficiales debían ser autorizadas y monitoreadas (como ahora ocurrirá en Bolivia en el camino hacia las elecciones de octubre), informó el periodista Arturo Torres, cabeza de un grupo que investigaba acusaciones de corrupción en el gobierno.  “Esto ha llevado a que muchos funcionarios dejen de ofrecer informaciones, especialmente las relacionadas con casos de corrupción, porque ahora tienen miedo”, dijo el periodista citado por Farah.

Recuerda que Morales excluyó a la prensa no oficial de cubrir sus raras conferencias de prensa durante seis meses, afirmando que estaba mancomunada con la oposición política. El periodo abarcado por Farah no abarca casos más recientes, como el apresamiento temporal de un periodista en Tarija por la elaboración y edición de un video en el que el presidente es acusado por sus vinculaciones con los cocaleros. Más oscura es la situación en Nicaragua, donde Daniel Ortega no ha ofrecido  una sola conferencia de prensa en más de un año, dice Farah.

Periodistas bolivianos solidarios con colegas de Ecuador

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El caso del diario El Universo ha repercutido en Bolivia como una advertencia de lo que puede pasar en este país con la elección de jueces en octubre, declararon este viernes tres organizaciones fundamentales de periodistas bolivianos. Un documento emitido por la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia,  la Asociación de Periodistas de La Paz y la Asociación Boliviana de Radiodifusión, declara que la sentencia de la justicia ecuatoriana contra El Universo, castigando con tres años de cárcel y una multa de 40 millones de dólares “a quienes se animaron a denunciar la instauración de una dictadura con fachada de democracia, es una advertencia de lo que puede pasar en Bolivia si el Órgano Judicial termina totalmente sometido al gobierno de turno”.

Las tres organizaciones divulgaron un pronunciamiento conjunto y expresaron condena y rechazo para el fallo contra el columnista Emilio Palacio y los directores del diario Carlos, César y Nicolás Pérez. El columnista, en un artículo a comienzos de año, llamó repetidamente de dictador al presidente Rafael Correa y de dictadura a su gobierno, calificativos que desencadenaron una acción judicial cuyo resultado fue celebrado por el gobierno ecuatoriano.

Las mismas organizaciones determinaron advertir a la población boliviana que atropellos, como el ocurrido en ecuador, contra la libertad de expresión y la democracia son posibles “cuando los jueces dejan de lado su deber de acatar lo que dicen las leyes para someterse a los caprichos del autoritarismo”.

El caso ecuatoriano, que ha generado expresiones de condena de la mayor parte de los foros mundiales de periodistas, vino a sumarse a la campaña que hay en Bolivia contra la elección de magistrados prevista para octubre. Los candidatos han sido todos aprobados por el partido de gobierno,  el MAS, que cuenta con una mayoría legislativa de dos tercios. La uniformidad de la aprobación hace temer que la justicia será aplicada en Bolivia de acuerdo a la voluntad del gobierno.

El documento agrega: “Los periodistas de Bolivia expresan su solidaridad con sus colegas ecuatorianos sentenciados a purgar penas en la cárcel por ejercer el sagrado derecho de expresarse y reflejar la realidad y reiteran que continuarán incansablemente defendiendo la libertad de prensa y expresión en Bolivia. Conscientes de la responsabilidad histórica que le toca al periodismo boliviano frente a un proceso de elección de jueces en el que quien se autocalifica como “mestizo” es habilitado como “indígena” y en el que se imponen restricciones que violan la Constitución Política del Estado (las tres organizaciones) reiteran su rechazo a la normativa electoral que refuerza la mordaza jurídica que el Gobierno pretende imponer a la prensa.”

Brasil-Ecuador: Temperatura en alza

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La temperatura de las relaciones entre Brasil y Ecuador subió este viernes al rojo. El termómetro marcó más de 40 grados centígrados de fiebre, cuando la cancillería brasileña anunció que había decidido llamar de vuelta para consultas a su embajador en Quito. El generalmente calmado pero astuto canciller Celso Amorím dijo que Brasil está decidido a reconsiderar las relaciones entre los dos países como secuela del anuncio del presidente ecuatoriano Rafael Correa de no estar dispuesto a pagar un crédito de 320 millones de dólares facilitado por el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) para la construcción de una presa hidroeléctrica en Ecuador.

La poderosa empresa constructora brasileña firma Odebrecht fue expulsada de ese país hace algunas semanas debido a problemas en la estructura de la obra. A la expulsión se sumó otra decisión ecuatoriana: llevar el asunto a la corte Internacional de Arbitraje del Comercio Internacional para defender su posición de no pagar el préstamo.

El apagafuegos en las relaciones internacionales de Brasil, Marco Aurelio García, asesor del presidente Lula, dijo que la decisión ecuatoriana de recurrir a ese tribunal constituía “un error”. Tradicionalmente, Brasil es reacio a multilateralizar los problemas bilaterales. Considera que al recurrir a arbitrajes, quedan secuelas en la parte que pueda sentirse perdedora de un pleito y prefiere buscar soluciones bilaterales directas en que las dos partes se pongan de acuerdo.

La cancillería brasileña declaró escuetamente que veía “con grave preocupación” la decisión ecuatoriana de acudir a ese tribunal. La molestia brasileña se agravó por el anuncio público que hizo el gobierno ecuatoriano de la decisión de suspender los pagos de la deuda antes de haber entrado en conversaciones con Brasil. Es decir, Brasil se enteró por la prensa.

La disputa entre los dos países subraya las dificultades que empiezan a surgir entre países que se creía vinculados por algunas semejanzas ideológicas entre sus gobiernos. La realidad muestra que esas “vinculaciones” basadas en similitudes políticas se evaporan rápidamente. Como se atribuye al Primer Ministro inglés Benjamín Disraeli hace más de siglo y medio, “Inglaterra no tiene amigos. Tiene intereses”.

Brasil empieza a perder la paciencia con los vecinos inquietos. Otro motivo para poner las barbas en remojo.