Disturbios

No es más de baja intensidad

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La violencia vista en esta jornada y mostrada por los canales de la TV no es más de baja intensidad. La Paz, Santa Cruz y Cochabamba fueron campos de batalla que desmentían la idea de que en Bolivia los conflictos en curso son de menor intensidad. Casi toda la red troncal de carreteras experimentaba bloqueos.

Piedras contra gases lacrimógenos tronaron en Puerto Pailas, una de las poblaciones de las afueras de la ciudad de Santa Cruz. Los vecinos denunciaban airados que los gases habían caido incluso en escuelas, aterrorizando a niños, a quienes se les suele enseñar que la policía es la representación de la seguridad de la población. La fuerza policial se impuso y consiguió levantar el bloqueo establecido personas de los servicios de salud, en huelga indefinida desde hace más de un mes. Los heridos de la policía eran tres. No se conocía cuántos heridos hubo entre los manifestantes.

En la autopista principal La Paz-El Alto también se desencadenó una batalla campal cuando la policía decidió dispersar a médicos, estudiantes de medicina y funcionarios de salud que bloqueaban el lugar.

En Cochabamba, las imágenes parecían las de una poblada que la policía intentaba contener. Los protagonistas eran los mismos: empleados del sistema nacional de salud y estudiantes, frente a la fuerza policial que no ahorró descargas de gases lacrimógenos.

Los bloqueos iban a extenderse al sur, en las próximas horas hasta afectar inclusive localidades fronterizas con Argentina. Parecía que toda Bolivia –o gran parte del país-  estaba en los momentos más agudos (¿?) de una convulsión generalizada.

Eran los momentos extremos de una crisis, como una olla de presión en pleno estallido. No había un conteo oficial de víctimas, salvo la de los tres policías, incluso un coronel, en Santa Cruz. Dos hechos más se sumaron a la jornada. Sobresalía la voluntad de los marchistas del TIPNIS rumbo a La Paz de continuar su recorrido, a pesar de las amenazas de pobladores de San Ignacio y de otros lugares con fuerte presencia oficialista de someterlos privándolos de agua y alimentación. Hasta ahora, en dos semanas de caminata, los marchistas no han sido frenados ni por el frío ni por el fango de los deteriorados caminos del norte y oriente bolivianos. Esta noche sus dirigentes aseguraron que su ánimo de continuar el trayecto en paz no sería doblegado.

No menos explosiva, por los inevitables peligros que encierra, fue la decisión de la Central Obrera Boliviana (COB)  de apoyar al sector salud en sus demandas y de rechazar el aumento salarial del 8% ofrecido por el presidente Morales el 1 de mayo. La organización decretó un paro general de 72 horas, del miércoles al viernes de la semana próximo. Al concluir este paro, habría una reunión para decidir un paro nacional indefinido. Para el lunes y el martes está previsto un paro del transporte.

Esta noche, era cada vez más insistente la pregunta para la que no había respuesta: ¿Qué vendrá después?

Yapacaní no ha acabado

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Las organizaciones cívicas de Yapacaní y pobladores del lugar decidieron hoy realizar un bloqueo de seis horas sobre la carretera central hacia Cochabamba y Santa Cruz y amenazan con convertirlo en indefinido a partir de la semana entrante si no son liberados las  cinco personas que las autoridades detuvieron y que inicialmente fueron traídas a Santa Cruz. El bloqueo que vuelve a dificultar el tráfico en ese nudo de la carretera central Santa Cruz-Cochabamba-La Paz y vuelve a plantea un nuevo desafío al gobierno, pues la amenaza de lanzar un bloqueo indefinido exige el despido de sus cargos del Ministro de la Presidencia, Carlos Romero, probablemente el de mayor cercanía e influencia sobre el presidente Evo Morales, y de la comandante de la policía en Santa Cruz, Lily Cortez. Ambos son responsabilizados por los bloqueadores por la represión sobre los manifestantes que el martes celebraron un cabildo y reiteraron la demanda para la renuncia del ahora renunciado alcalde David Carvajal.
Los cinco detenidos están acusados de promover hechos vandálicos el día del cabildo y de la represión en ese lugar de colonos, a sólo 124 kilómetros de Santa Cruz. Mientras el bloqueo se iniciaba, el ministro cuya renuncia los bloqueadores demandan, anunciaba que los responsables de las muertes de dos personas en Yapacaní durante los disturbios del martes recibirían la máxima pena prevista para los delitos en Bolivia: 30 añ0s de presidio. El plazo para la salida de Romero y la renuncia de Cortez vence el domingo, según los dirigentes de los sectores que amenazan con un nuevo bloqueo prolongado.
El bloqueo en curso esta noche se inició tras el entierro de la segunda víctima fatal en los disturbios del martes, el joven Michael Sosa Apata (23 años).
Entretanto, empezaba el trabajo preliminar de comisiones de legisladores y de derechos humanos sobre lo ocurrido.
Otro punto de tensión política se presentó esta tarde en el congreso, donde se intentaba, en medio de una algarabía ensordecedora, la consideración de la ley que prohibió la construcción de la carretera a través del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro-Sécure (TIPNIS).  El Vicepresidente Alvaro García no dio la palabra a los legisladores de oposición que intentaban criticar la actitud del ccambiante gobierno en torno a la ley. La piña espinuda que representa esa ley fue enviada a la Comisión de Constitución y Justicia para determinar su compatibilidad legal.
Cuando hace menos de tres meses fue sancionada por el Presidente Morales, la ley vigente prometía resolver el problema que se había planteado con esa carretera, cuya construcción desconocía la CPE y acuerdos internacionales suscritos por Bolivia. La marcha de más de dos meses que realizaron más de 1.500 nativos de esa región, considerada un santuario ecológico, culminó con una bienvenida a La Paz raras veces vista en La Paz, con cientos de miles de personas que salieron a las calles para saludar y vitorear a los marchistas. Dos días después el presidente promulgó la ley que ahora se quiere modificar.

Ahora, ante la amenaza de una reprobación de la  ley, la marcha del Tipnis podría reanudarse y esta vez también tendría carácter urbano, pues sería enb defensa de la norma aprobada a disgusto por elgobierno. “Ha de ser también  una marcha por la democracia”, advirtió el dirigente fernando Vargas, quien encabezó la marcha original, si la reprobación tuviese el sello del legislativo. “Los que marchan ahora son cocaleros…producen coca para el narcotráfico”, dijo en PAT es noche (No Mentirás).

Marcha, contra-marcha, leyes, contra-leyes; firmo, no firmo. Hay, no hay. Es cierto; no, es mentira; es así, no es así. Parece un sube-y-baja, una inconsistencia que marea. La incertidumbre es enemiga de todos.

Resurge espíritu combativo cruceño

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Los cruceños dieron inicio este viernes al que puede ser un retorno de sus días de mayor combatividad frente al gobierno. En  una masiva concentración en la plaza principal, mucho mayor que las más recientes y mucho menor que la multitud que pretendían los activistas que hablaban por los altavoces, cruceños de todas las capas sociales de la ciudad y representantes de las 15 provincias del departamento, desafiaron las decisiones de la justicia que envió a la cárcel al Presidente de la Asamblea Legislativa Departamental, Alcides Villagómez. La jueza Valeria Salas decidió el jueves encarcelar a la autoridad legislativa, tras un interrogatorio de siete horas gran parte de las cuales el acusado estuvo inconsciente o con sus capacidades mentales limitadas debido al extremo cansancio nervioso que le provocaron las tensiones de los últimos días, dijeron autoridades cívicas.

Villagómez fue enviado a la prisión de Palmasola por desobedecer una decisión del tribunal electoral que le había ordenado la incorporación como asambleístas a Rosmeri Gutiérrez, dirigente indígena de una tribu denominda yuracaré-mojeña, que no aparece entre las que lista la Constitución Política del Estado .Gutiérrez es  considerada como afín al partido oficial. El vicepresidente de la Asamblea, Alcides Vargas, está en la clandestinidad, porque también sobre él pesa una orden de aprehensión por haber secundado la actitud de Villagómez. La decisión del consejo electoral igualmente habilita a Carlos Roberto Cortes, también señalado como afín al partido de gobierno, al lado de la líder indígena. El aumento de dos curules para el partido de gobierno, y la pérdida de otro tanto de la oposición que respalda al gobernador Rubén Costas, coloca al partido oficial  en condiciones de controlar la asamblea, con lo que el cargo de Costas, ganador absoluto de la elección para gobernadores el año pasado, pendería de un hilo.

Los dirigentes cívicos de Santa Cruz alegaban que los mojeños son del Beni y Santa Cruz y los yuracareños de Cochabamba, que la denominación que se da al grupo étnico no existe en ningún documento antropológico y que de  lo que se trata es de aumentar el caudal de representantes del partido de gobierno en la asamblea Legislativa departamental para, en un determinado momento, buscar la destitución del gobernador Rubén Costas.  Dirigentes indígenas cruceños, entretanto, propusieron que la denominación sea dividida y se establezca no una etnia sino dos: una, la Yuracaré, otra, la Mojeña. No existe un estudio antropológico ni biocelular que avale la existencia de una etnia combinada como la que ahora se asegura que existe.

En el hospital, Villagómez  estaba bajo los efectos del suero y otras medicinas que se le administraban mientras ocurría el interrogatorio. La prisión ordenada por la jueza Valeria Salas colmó el ánimo ya tenso de los dirigentes cruceños. Ellos decidieron convocar a los cruceños esta tarde a una concentración de respaldo al dirigente cívico, en la cual la media docena de oradores proclamó su adhesión a los principios democráticos, criticó la actitud de la jueza pues ll3vó a cabo el interrogatorio mientras el supuesto reo estaba con suero y otras medicinas, internado en la Clínica Niño Jesús. La tarde del miércoles había sido tensa pues quienes realizaban vigilia en la clínica en donde se llevaba el inusual interrogatorio reaccionaron enardecidos ante la decisión de la jueza Salas, que tuvo que salir en un automóvil bajo severa custodia policial. Los policías procuraron contener a la multitud que se abalanzaba sobre el vehículo lanzando gases lacrimógenos, a pesar de los otros enfermos de la clínica y de las viviendas privadas en la zona.

La concentración de esta tarde también expresó furia contra la acción policial y llamó a los cruceños a no dejarse intimidar cuando se trata de defender sus derechos.

Dirigentes del partido de gobierno expresaron satisfacción por el comportamiento de la jueza Salas, de la que dijeron sólo había cumplido, pese al estado del acusado, con su deber.

Las crisis trajo la primera prueba para el dirigente cívico Herland Vaca Díez, quien asumió en febrero. Vaca Díez convocó a la concentración de hoy, en la que estuvieron también presentes el gobernador Rubén Costas, el alcalde Percy Fernández y la esposa y  una hija del legislador ahora preso mientras su caso es resuelto. Por ser la primera concentración bajo el nuevo dirigente cívico, la asistencia fue masiva, pues superó ampliamente las de la anterior administración, si bien estuvo lejos de las 30.000 que decían los que agitaban a la multitud. Con la fuerza de su convocatoria, Vaca Diez pidió serenidad a la multitud y agotar todos los esfuerzos pacíficos para lograr, a través de  acciones democráticas, la libertad de Villagómez y  la suspensión de la orden de aprehensión que pesa sobre Alcides Vargas.

Pero el caso apenas empieza y se perfilan nuevas jornadas tensas para la ciudad.

Todo en uno

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El presidente Morales ha conseguido, arropado en el prestigio institucional de seis ex presidentes, tres acusados por su régimen, llevar la atención nacional alrededor de la estrategia que quiere elaborar para la causa marítima. Ahora no está más amarrado a la agenda de los 13 puntos con Chile como una camisa de fuerza y, necesitado de oxígeno político,  ha buscado el diálogo con los ex presidentes, quienes le han tendido un chaleco para flotar en el mar de problemas cada vez más difíciles en que se encuentra. La COB ha desacelerdo sólo un poco la presión callejera. Según el propio presidente declaró, llegó a temer que los aguerridos manifestantes quisiesen dinamitar el Palacio de Gobierno y, de paso, el Legislativo. A su modo de ver, los dinamitazos cerca de la Plaza Murillo eran una conspiración para apartarlo del poder.

Según un despacho informativo reproducido por el sitio  hoybolivia.com y originado en la agencia oficial ABI, dijo el domingo en Cochabamba:

“Sospechosamente, estos días (viernes y sábado), mineros que son delegados del sector privado, se van a la ciudad de La Paz. Han ido a dinamitar la Plaza Murillo. Hasta puedo imaginarme (que) es como un golpe de Estado”, denunció. A su juicio, si la policía dejaba a los manifestantes entrar a la Plaza Murillo, habrían dinamitado el Palacio Legislativo, el Palacio de Gobierno. “Si me encontraban seguro que me dinamitaban, es como un golpe de Estado. Así pienso porque el sector minero privado ¿qué reivindicación tiene?”, cuestionó.

Al día siguiente parecía existir un pre-acuerdo para las demandas de los manifestantes, pero no variaba el 10% sobre los salarios básicos ofrecido por el gobierno. La COB decidió consultar a sus bases,  mantener la presión y para hoy martes los bloqueos callejeros eran parte del menú. El gobierno no  ha conseguido convencer a los dirigentes obreros de su alegada imposibilidad de conceder un aumento mayor. Ya el 10% ofrecido significaría un déficit en las finanzas públicas de más de $US 800 millones. Pero en la orilla opuesta se argumentaba que el presupuesto se basó en un barril de petróleo en $71 y que estos días está por encima de los $US 100. Sin embargo esto es un alivio sólo temporal. En algún momento los precios caerán. Y eso puede agarrar a las finanzas bolivianas sin el apoyo de las exportaciones no tradicionales, que no fueron debidamente estimuladas por el gobierno, que no mostró mayor interés en el desarrollo de la agricultura cruceña.

Cuando los manifestantes gritaban para acortar el mandato presidencial o un referéndum para revocar el mandato de las principales autoridades, vino el chaleco que apartó parte de la atención del público. Los ex mandatarios no tenían otra opción que reunirse con el presidente, no obstante el proceso que se sigue contra tres de ellos en el congreso. No responder al llamado del presidente Morales para consultarles sobre la cuestión marítima habría sido percibido por la población boliviana como un gesto anti patriótico.

Sin embargo, el alivio puede ser muy temporal. Este martes continuaban las movilizaciones y bloqueos en cinco áreas estratégicas de La Paz. Entre los manifestantes había representaciones de otros departamentos, inclusive de Santa Cruz, donde se registraban marchas de los trabajadores de los hospitales, que cumplían hoy su octavo día de huelga, opuestos al plan para  un solo sistema de salud al que le atribuyen el propósito de querer echar mano sobre todo el dinero del sistema de salud, basado en aportes de los trabajadores a la CNS, para crear uno que atienda a todos los bolivianos.

El círculo de dificultades se completa con el inicio del juicio contra los acusados del fiscal Marcelo Soza. Ya hay tres órdenes de aprehensión, dos de las cuales afectan a dos nombres emblemáticos de las armas nacionales: Gary Prado Salmón y Lucio Añez, el primero por haber rendido a la columna guerrillera de Ché Guevara, y el segundo por su infatigable campaña contra el general García Meza.  Ambos en situación de retiro, se los acusa de ser la columna central del movimiento atribuido a Eduardo Rózsa Flores, el croata-húngaro-boliviano muerto en el Hotel las Américas hace casi dos años. Curiosamente, la acusación contra casi todos los procesados, se basa en declaraciones de uno de los personajes que más ha trajinado por los noticieros bolivianos en los últimos tiempos: Ignacio Villa Vargas, “El Viejo”, quien de “testigo excepcional” pasó a la condición de acusado. Villa Vargas es la persona que aparece en el video revelado el 13 de enero por Cadena A de televisión por el periodista John Arandia, de La Paz, en el que Villa Vargas aparece recibiendo un supuesto soborno de 31.500 dólares. “El Viejo” denunció que el video era una tramoya. Dijo que el dinero que le dieron le fue quitado al concluir la filmación, y reiteró que todo  lo que había dicho al fiscal Soza había sido bajo presión y torturas. Con todo, sus denuncias no han tenido valor, pues las acusaciones basadas en sus primeras declaraciones continúan válidas en el proceso.

Pero un bochorno mayor ocurrió cuando la policía impidió el ingreso a la sala de audiencias en Cochabamba al trío de juristas de la Orden de Abogados de Brasil (OAB) que buscaba observar la audiencia. Les exigieron una visa especial para la audiencia. El trío partía hoy de vuelta a su país y preparaba un informe para presentarlo a la OAB y luego al Ministro de Justicia.

“Lo que intentaron hacernos no lo he sufrido en ninguna parte del mundo”, me dijo Leonardo Avelino Duarte, presidente de la filial de la OAB en el Estado de Mato Grosso. “Si no querían que presenciásemos la audiencia, es porque algo se tramaba”, agregó Tércio W. de Albuquerque, parte del grupo. Dijo que intentarán influenciar para que el gobierno de su país “mire al gobierno de Bolivia con ojos diferentes”, agregó, y dijo “Dilma Rousseff no es lo mismo que Lula”.

Miradas del exterior

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Ahora muy poco le va bien…

Así se expresa el respetable The Economist al hablar de la situación del gobierno y del presidente Evo Morales. La extensa crónica refleja mucho de lo que la prensa extranjera ha dicho de Bolivia en los últimos meses y a la que el gobierno procura ignorar. Veamos algunos párrafos (la traducción es del blog):

“Hasta la pasada navidad, Evo Morales parecía ser el más fuerte y más exitoso entre los presidentes de izquierda  en Latinoamérica. Su estatus como primer presidente de descendencia indígena de su país, combinado con políticas de canalizar los ingresos provenientes de impuestos más altos sobre los hidrocarburos hacia la mayoría pobre del altiplano de Bolivia, le trajo una popularidad duradera. Al haberse impuesto a la oposición en las llanuras orientales, ganó fácilmente un segundo período en 2009 con el 64% de los votos.”

“Hasta que de repente muy poco le va bien al Sr. Morales. Una abrupta decisión de suprimir los subsidios sobre carburantes, elevando los precios en más del 70% fue saludada con protestas masivas del tipo que el propio Sr. Morales solía organizar contra los gobiernos anteriores. Retrocedió rápidamente, pero eso no aplacó el descontento. El pasado mes, el Sr. Morales tuvo que abandonar un evento en Oruro, la ciudad altiplánica que previamente le era leal, cuando fue saludado a dinamitazos por quienes protestaban contra los aumentos en tarifas del transporte y alimentos, Cuando el gobierno trató de evitar la subida de tarifas de transporte, los dueños de los vehículos los retiraron del servicio el 25 de febrero.”

Luego vino algo embarazoso, agrega, para citar que René Sanabria, general retirado de la policía que es (era) el principal asesor del gobierno en la lucha contra las drogas, fue arrestado en Panamá el 24 de febrero y extraditado a los Estados Unidos, bajo acusación de tráfico de cocaína. Algunos funcionarios dicen que el arresto fue una venganza de la DEA por su expulsión de Bolivia en 2008. Sin embargo, el Ministerio del Interior arrestó a otros tres funcionarios policiales. Tanto la producción de coca como de cocaína han crecido en Bolivia en los últimos años, según las Naciones Unidas.

“Pero el principal dolor de cabeza para Morales es la economía”, sigue la revista. “El abortado intento de quitar los subsidios a los carburantes, que el año pasado costaron US$ 380 millones, fue  una señal de estrecheces financieras.”

Luego destaca que mientras los gastos continúan creciendo, el breve auxilio a los cofres nacionales proveniente de los impuestos en el gas y el petróleo parece haber acabado. La empresa petrolera estatal carece de los medios, y las multinacionales de la voluntad, para expandir la producción de gas natural, Luis Arce, ministro de finanzas, dice que el gobierno tuvo el año pasado un superávit fiscal por el quinto año  consecutivo,  pero otros lo dudan. Según Jaime Pérez, de la fundación Jubileo, dice la revista, el gobierno entró en rojo (en déficit) en 2009. El propio gobierno vaticina un déficit fiscal de alrededor de US$870 millones (4,2% del PIB) este año, elevado para la región.

Los datos no son nuevos para los bolivianos. Pero que los entregue a sus lectores una revista como The Economist marca una fuerte diferencia. La revista –y su página web- es leída por  todos los que en el mundo se consideran bien informados, especialmente los inversionistas. Ante una crónica así, de poco vale la propaganda del Banco Central y de otras organizaciones gubernamentales sobre una supuesta situación bonancible en Bolivia.

La publicación habla de la inflación, que en los 12 meses corridos hasta enero era del 8,4%, y la subida de precios del azúcar y otros alimentos. Destaca que los problemas climáticos y las riadas tienen que ver con el problema, pero también las políticas gubernamentales. Recuerda que cuando los precios subieron en 2008, el gobierno intervino para frenar las exportaciones e impuso controles de precios. El resultado fue que los agricultores sembraron menos. Entretanto, se formaban largas colas en los centros estatales de distribución de alimentos, algunos e los cuales cerraron al acabarse sus existencias y el temor de violencia. “Los periodistas han encontrado alimentos almacenados en las casas de varios funcionarios del gobierno del presidente Morales y líderes del MAS”.

La coalición de movimientos que lo apoya creía que Morales estaba de su lado y le perdonaba sus metidas de pata verbales. Pero ahora, dice la revista, muchos no le otorgan más el beneficio de la duda. El nuevo dicho del gobierno es “gobernar obedeciendo al pueblo”. El punto final dice: “Al haber comandado las calles durante la década pasada, el Sr. Morales se ve ahora comandando a merced de ellas”.

El turbión – y un diagnóstico

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El viernes fue una jornada de movilizaciones y convulsión en casi todo el  país. Nadie puede negarlo y  atribuir sus orígenes a algún grupo opositor en particular, o incluso a los medios. Eso es esconder la cabeza en la arena. Estamos en días de un alzamiento popular en mediana escala y cámara lenta y los cimientos del gobierno, que creía sólidamente cementados, se han sacudido. El movimiento más masivo se dio en Oruro, el departamento natal del presidente. Cuando menos en las calles de ocho ciudades ha resonado el grito por un aumento salarial importante, por un ajuste racional de los precios de transporte y un freno a alza del costo de la vida. Los precios empezaron a subir a raíz del gasolinazo del día de Navidad y el fenómeno no ha parado desde entonces.

Esto ha puesto contra las cuerdas a la noción difundida por la propaganda gubernamental de que estábamos bien, que las reservas monetarias en el Banco Central eran un sólido blindaje, y que Bolivia era un oasis en un desierto de crisis.

Los acontecimientos que se suceden desde hace meses dejan una conclusión muy clara: Bolivia NO puede ser manejada por un solo partido, un solo grupo o un solo movimiento. Las bases del país, incluso las del Movimiento al Socialismo (MAS), son insuficientes para la conducción eficiente de un organismo tan complejo como el estado.    ¿Por qué?  Porque ningún organismo –llámese partido o movimiento- tiene la suficiente masa crítica de gente preparada, gente capaz de asumir la conducción de la nave estatal. Estas deficiencias las vemos diariamente en los dislates de algunas declaraciones de autoridades, y en algo mucho más grave: la nave del estado no tiene rumbo claro y se desliza en un mar tormentoso. Las decisiones son frecuentemente las menos apropiadas.

Bolivia requiere de miles de técnicos, de profesionales sólidos. Mientras no exista esa masa crítica de gente suficientemente preparada, cuyos servicios son requeridos no solamente por el estado sino también la empresa privada, el país caminará trastabillando. Ejemplos recientes de impreparación son algunas de las empresas del estado. YPFB lanzó hace algunos días una convocatoria para emplear a ingenieros y técnicos de alto nivel (cinco años después de la toma de los yacimientos) con sueldos que van hasta los seis mil dólares mensuales. Eso es el sueldo mediano-bajo en las grandes empresas petroleras. Uno concluye que algunos de los altos cargos de dirección en la empresa no estaban bien remunerados. De ahí se pueden explicar las deficiencias de la empresa: La declinación de la producción, la ausencia de políticas sanas de largo plazo, la falta de exploración, las deficiencias en la distribución, las limitaciones de la distribución de gas a domicilio.

Si no es posible conducir al país con un solo partido o movimiento, no hay otra conclusión que la de formar bloques ciudadanos incluyentes, con todas las organizaciones –con lo mejor de todas las organizaciones a la cabeza- y establecer metas  de diez a veinte años. Es algo así como el Pacto de la Moncloa o de Punto Fijo, que nos dará tiempo para generar aquella masa crítica de ciudadanos en una magnitud mucho mayor que la actual. Algunos de los integrantes de esa masa crítica conducirán al país. Otros irán al sector privado. El país no sufrirá escasez de mano de gente calificada y no habría tantos errores en la toma de decisiones. Como mejorará la producción y la productividad, los sueldos podrán ser mayores y competitivos internacionalmente. Y el gobierno dejará de ser el botín para conseguir empleo.

¿Será soñar demasiado? El tema es amplio y volveré a abordarlo.

País en rebelión

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La jornada de este jueves y la que se anuncia para el viernes muestran a un país en rebelión. Santa Cruz fue escenario durante gran parte de la mañana y de la tarde de disputas entre huelguistas del transporte y quienes querían prestar servicios. En el medio estaba la comunidad angustiada por no encontrar maneras de movilizarse. Por la tarde, la situación retornó parcialmente a la normalidad. Pero sólo para retomar impulso para lo que se ha anunciado para este viernes, cuando todos los sectores más representativos de la Central Obrera Boliviana han anunciado que acatarán un paro general. Por lo anunciado, el paro irá de Tarija hasta Cobija, en el mayor reto al gobierno del presidente Morales para que actúe ante el alza de precios que estalló a partir del frustrado “gasolinazo” del 25 de diciembre. Qué podría hacer el gobierno a estas alturas era algo por descifrar. En la lógica marxista, los paros generales son el preludio de insurrecciones y, eventualmente, cambio de gobiernos. Nadie diría que este es el caso de Bolivia, aunque la situación es una de las más delicadas que le toca enfrentar al régimen del presidente Morales.

En Cochabamba, una manifestación degeneró en un intento de toma de la fábrica de calzados Manaco. Los gritos de orden de los manifestantes eran una condena unánime al alza del costo de la vida.

En Santa Cruz y en otras ciudades, los organizadores del paro han dicho que éste será “movilizado”, lo que en el lenguaje huelguístico boliviano es un llamado para no asomar la nariz a la calle.

Es el estilo al que más acudió el presidente Morales cuando era dirigente cocalero en funciones,  que ha reaparecido con virulencia a partir de la malhadada decisión de aumentar intempestivamente los precios de los carburantes y luego retroceder, para dar lugar al “azucarazo” y otros “azos” que han puesto a la población al borde de un ataque colectivo de nervios.

Pedro Montes, el Secretario general de la Central Obrera Boliviana (COB), convocó esta noche a los ministros, especialmente al de Hacienda, a que viniese a los estudios de la TV (PAT, en cuyo programa era entrevistado) y explicase a la población cómo se hace para cubrir los gastos esenciales con los ingresos que tiene gran parte de la población. “¿Con cuánto el vive?”, preguntó. Fue el ataque más duro que he escuchado de alguien que hasta hace poco apoyaba decididamente al gobierno.

La expectativa para la jornada de hoy se ensombreció con los anuncios de los distintos departamentos de que en ellos habrá paro general del magisterio, en cumplimiento de la orden emanada de la COB. Los estudiantes de todo nivel no podrán ir a sus colegios.

El economista y profesor universitario Gonzalo Chávez expuso un nuevo calificativo para el gobierno: Lo llamó de “gobierno Poncio-Pilato”, porque, dijo, de todo se lava las manos.  “El gobierno –dijo- ha perdido el norte”. Un ejemplo de los varios que citó: Se declara marxista-leninista y anti-capitalista y a la vez aplica las medidas más expresivas del libre mercado y del liberalismo.

Era importante que los ministros, especialmente el de Comunicación y el de Hacienda, apareciesen en las pantallas para explicar lo que está haciendo el gobierno para salir al paso del encarecimiento del costo de la vida y brindar algún sosiego a la población. No supe que lo hubieran hecho por ningún canal privado. Lamentablemente, en momentos críticos, la audiencia no es benevolente con los medios oficiales.

En estas horas previas al paro del viernes, las palabras del presidente ridiculizando un planteamiento para establecer el salario básico de los trabajadores en 8.300 bolivianos fueron gasolina en la hoguera.

Por lo visto nos aguardan jornadas tensas antes de que se restablezca la normalidad.