Corrupción

Santos cae disparando

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En la algarabía de la designación de un nuevo gabinete ministerial, el conflicto Chuquisaca-Tarija, y otros de nuestro menú cotidiano, se perdió el eco que pudieron haber causado las declaraciones de Santos Ramírez, el ex presidente de YPFB, ahora sentenciado a 12 años y preso en San Pedro. La planta que estuvo en el centro de un escándalo dramatizado con el asesinato del empresario tarijeño Jorge O’Connor D’Arlach, el robo de 450.000 dólares y el encarcelamiento de Ramírez, es parte de una trama en un país donde la corrupción, la pobreza y la codicia se funden, igual que en otras geografías, para formar un enredo que suele acabar con autoridades y a veces con gobiernos.
La planta separadora de líquidos extraídos del gas natural iba a ser construida por Catler Uniservice a un costo de 86,3 millones de dólares. Santos Ramírez le dijo a Erbol que la planta que ahora quiere construir YPFB costaría 159 millones de dólares. Son muchos millones de dólares (72,7 millones) de diferencia entre el contrato Ramírez y el de la actual administración estatal.
Al margen de los presuntos daños que habría ocasionado el contrato Ramírez, asombra la danza millonaria de cifras en un país de tantas necesidades. En esa diferencia cabrían varios años de bonos Juancito Pinto. Es legítimo preguntarse si este crecimiento o autenticidad del valor de la planta es investigado.
“Yo varias veces he dicho, ese sí es un acto de corrupción, pero legalizado y permitido por la actual presidencia de YPFB”, denunció Ramírez.
La planta a ser construida debe extraer carburantes que ahora van a las procesadoras de nuestros compradores. Antes se iban gratuitamente. Ahora hay algunas compensaciones, principalmente por gas licuado y gasolina.
La que será construida en Itaú por Exterran Holdings, de Houston, –licitada y asignada por Petrobras, que opera campos de YPFB- procesará 5,66 millones de metros cúbicos diarios, poco más de un quinto de la cantidad convenida con Brasil. Las autoridades no han informado sobre el costo de esta panta.
Ahora que se debate la construcción de la planta de YPFB en una zona indígena y hay una disputa por la licencia previa con los guaraníes de la Capitanía Takovo Mora, es prudente discutir los costos. ¿Es el nuevo valor el que asegura Santos Ramírez? Curiosamente, las dos plantas, que deberán funcionar el próximo año–la que construirá Exterran, y la de YPFB-, procesarán la misma cantidad de gas: 5,66 millones de metros cúbicos diarios. No menos curioso es el que se desconozca oficialmente cuánto costará la planta de Itaú, pues el anuncio que trajo la noticia de la adjudicación a Exterran no incluyó el valor que tendrá el complejo.
En las declaraciones a Erbol, Ramírez dijo que había sido acusado por el actual Ministro de la Presidencia con un papel en blanco. No he leído ningún desmentido ni aclaraciones sobre esta afirmación. “En esos días, el señor Juan Ramón Quintana me tiró con un papel en Palacio y me dijo que el contrato que he firmado es con una empresa fantasma y que no tiene garantías. Me dijo que el dinero que has pagado fue desviado. En ese momento creo que nació la gran duda, y hoy puedo decir de frente y de cara al señor Quintana que (lo que afirmaba al acusarlo) es total y absolutamente falso”, dijo, según Erbol.
Hay un sentenciado, un asesinato, un robo, dos plantas procesadoras, decenas de millones de dólares y la trama continúa bajo una niebla de dudas. ¿Quién será el Sherlock Holmes que derrame luz en estas tinieblas?

Una diferencia importante

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El presidente Morales marcó esta semana una diferencia fundamental con muchos de quienes lo precedieron: ante indicios al parecer abrumadores de que uno de sus ministros estaba envuelto en casos de corrupción, como cobranza de propinas de empresas mineras, gastos injustificados y, por sobre todo, acosamiento sexual a mujeres que dependían de su autoridad, ordenó su destitución sumaria.  Félix Rojas, quien sólo llevaba algunos meses como Ministro de Trabajo, fue substituido por Daniel Santalla, un tiempo dirigente de CONDEPA, el partido de izquierda radical fundado por el desaparecido “Compadre Palenque”, con base principal en El Alto.

Las denuncias de hostigamiento fueron presentadas por mujeres que se sintieron hostigadas y se atrevieron a desafiar el peso político de Rojas, quien dijo que las denuncias eran calumnias.  Al parecer, las mujeres presentaron sus quejas ante asambleístas del  MAS, quienes las hicieron llegar a la ministra de Transparencia, Nardy Suxo, para que las investigase.  Al cabo de poco tiempo, las denuncias eran del conocimiento del presidente Morales. El mandatario, luego de algunas consultas, decidió prescindir del hombre a quien había designado en marzo para dirigir esa importante cartera ministerial. Las denuncias que pesan contra él serán investigadas por la ministra de Transparencia.

La veloz reacción del presidente contra uno de sus colaboradores, quien había enfrentado a  la COB hace un mes, pese a sus fuertes vínculos con la organización de a que  había sido consejero, exhibe una diferencia importante con sus antecesores. La mayoría de éstos echaba la basura debajo de la alfombra. Prefería esconder fechorías antes que castigarlas. La acción presidencial es todavía parcial, pues las denuncias de fechorías bajo este gobierno abarcan otros casos.

Una golondrina no hace verano, pero puede anunciarlo.  ¿Será? Creo que muchos esperarían que sí.

Factor Evo

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La semana pasada fui a renovar mi carnet de conductor. Me imaginaba un alud de trámites kafkiano y un sinfín de traslados a las oficinas de la Policía. Era lo que me había tocado hacer en otras ocasiones. Me imaginaba cómo reaccionaría ante los reclamos indirectos de “comisiones” (coimas) en medio de  la multitud que suele apiñarse, a ratos desordenadamente, en procura de llegar hasta el balcón correspondiente.

Fue una grata sorpresa encontrarme con que pude realizar todos los trámites en menos de 24 horas, y pagar estrictamente lo que estaba establecido por ley: unos 240 bolivianos. No me parecía algo de todos los días. Era un hecho novedoso y esperanzador. Coincidencia o no, días antes el gobierno acababa de imponer normas draconianas contra la corrupción. Si se empeña en seguir el camino de cortar la grande y la pequeña corrupción, ese esfuerzo ganará la simpatía de muchos de los que deben realizar trámites que hasta hace poco parecían interminables y que se convertían en un calvario para el ciudadano. Y como muchos otros ciudadanos, espero ver la conducta de las patrullas nocturnas que “inspeccionan” vehículos…

San Pedro y Santos Ramírez

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El ex presidente de YPFB Santos Ramírez debería tomar nota cuidadosa de lo ocurrido ayer en San Pedro, cuando estalló un motín de presos y visitantes por causa de un cambio de normas para los horarios de visita al penal. Hubo varios heridos por disparos de gas lacrimógeno y ¨balines¨(proyectiles de goma) para sofocar el descontento con el cambio sorpresivo de horario, que debía finalizar a las 18.30 pero fue adelantado, al parecer sin aviso previo. A las 17.00 horas la policía empezó a desalojar a los visitantes. Como algunos visitantes protestaban, la policía procedió a empujarlos hacia el área de salida. Esto provocó la molestia de los visitantes y a los pocos minutos comenzó el estallido de granadas de gas. Los disturbios se esparcieron por las diez secciones del penal. Pronto reinaba un pandemonio en todo el lugar.

En total, hubo cuatro heridos por granadas de gas y ¨balines¨ y unos cinco sofocados por el gas, algunos de ellos niños que acompañaban a sus parientes.

Durante las aproximadamente tres horas de disturbios, en La Paz y otras ciudades hubo un sin fin de rumores. En San Pedro están confinados también el Prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, y dirigentes cívicos.

Había temor por la vida de los detenidos. En penales de otros países, esas riñas internas acaban en venganzas entre presos y no presos.

El Sr. Ramírez, por su condición de fundador del MAS y hasta hace poco No. 2 de ese partido, conoce mucho de su organización y del gobierno, así como de los actos de corrupción de los que es acusado. Es, como se dice en la jerga criminal, ¨un archivo viviente¨. Por eso, no deben ser pocos quienes lo consideran peligroso.

No son todos los que están…

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Ni están todos los que son. El dicho vale para la expulsión de Santos Ramírez del MAS dispuesta el miércoles 11 de marzo por ese partido. Las huellas digitales de esta trama llevan hasta el Decreto Supremo que abrió las puertas para que Ramírez pudiese hacer lo que hizo.

¿Y ahora?

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“Tal vez, al principio, habrá un régimen más justo. Pero nosotros sabemos que todos los hombres son débiles y que las tentaciones del poder son a menudo más fuertes que las de la carne”. Del Papa Francesco, en una obra de ficción del novelista estadounidense Walter F. Murphy (El Vicario de Cristo, 1979).

Cada día de la semana pasada estuvo cargado de nitroglicerina informativa. Muchos bolivianos han vivido pegados a la TV, las radios y medios escritos para enterarse de los detalles que surgían del mayor escándalo del régimen del presidente Evo Morales. El arresto y prisión de Santos Ramírez parecen los últimos clavos en el catafalco de la creencia, cada vez más disminuida, de que el actual gobierno, fundamentalmente por sus orígenes, sería inmune a la corrupción. La creencia de que un gobierno como el actual sería diferente y que con él acabarían la inmoralidad administrativa, las “comisiones” y el cínico surgimiento de ricos de la noche a la mañana, tan comunes en los años más recientes de este período democrático, fue el resorte que catapultó su victoria en 2005. Ramírez parecía inamovible. El propio presidente Morales rehusó, en principio, aceptar las acusaciones contra el dirigente que, dentro del MAS, sólo se ubicaba detrás de él. Pero las evidencias abrumadoras acabaron llevándolo a una decisión que resistía, pero que puede jugar también a su favor.

No existe todavía una cuantificación seria de las pérdidas sufridas por el país, pero nadie duda de que son millonarias. (Todo bajo un gobierno que juraba austeridad y fijó límites para que nadie dentro del estado ganase más que el presidente.) A eso se suma la denuncia sobre la aparición de otra empresa, SIPSA, creada durante la gestión de Ramírez, para servir a YPFB y que agregaría otros seis millones de dólares a las pérdidas del estado. Más grave todavía es el debilitamiento moral de la empresa, refundada con el propósito aparente de apuntalar la economía del país y su desarrollo. (Que ese propósito no hubiese sido tenido norte, incluso por la forma torpe en que se lo condujo -peleando con Petrobras, que debía ser socio permanente de Bolivia, cerrando mercados, ahuyentando inversiones y estancando la producción que la tiene en un callejón sin salida- es otra cosa). Uno pagaría para ver con qué cara YPFB buscará socios extranjeros.

Tampoco se puede cuantificar el daño en el partido de gobierno ni en el gobierno mismo. Pero es sonoro el rugir público por la decencia para llevar la onda anti-corrupción a todos los niveles.

Recuerdo que tras comenzar el gobierno de Lula, en Brasil, estalló un escándalo de proporciones, del que no se libró ni el Ministro Secretario de la Presidencia, Jose Dirceu, quien debió renunciar al cargo que ostentaba todopoderosamente. Le siguió el Tesorero del PT, quien había recibido dinero irregularmente para la campaña de Lula. No aguantó el peso de las evidencias y no sólo perdió el cargo. Fue expulsado del PT, al igual que media docena de otros dirigentes, incluso el propio presidente del partido, que había recibido como “obsequio” un jeep de lujo. Lula cumplió así a cabalidad su promesa de “cortar en la propia carne” para extirpar la corrupción. Fue una amputación masiva que ahora lo tiene con uno de los niveles más altos de aprobación del público brasileño a un presidente, a menos de dos años de dejar el cargo. ¿Será el presidente Morales capaz de llegar a algo semejante?

El enredo

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Reseña: El gerente de una pequeña empresa asume una delicada misión: Entregar personalmente un ¨reconocimiento´ para quien o quienes facilitaron que su firma ganase un contrato de US$ 86 millones para construir una planta separadora de gas y líquidos petroleros. El premio a entregar consiste en US$ 450.000 en efectivo, un décimo de lo que días antes la empresa había recibido como anticipo para la obra. Pero cuando está por llegar al supuesto destino, es interceptado por asaltantes en motocicleta que tratan de arrancarle un maletín con el ¨premio¨ y lo atacan a mansalva. El empresario Jorge O´Connor recibe un balazo mortal. Desaparece el maletín con el dinero. Horas más tarde los asaltantes -dos hombres y una mujer- son detenidos en Cochabamba por la policía y en el interrogatorio de rigor cantan desde La Cumparsita hasta Sombrero de Saó. Todo podría parecer un atraco con final sangriento. Pero, casualmente, la vienda paceña en cuyas afueras se produce el asesinato vive un hermano de la mujer del Presidente de YPFB, Santos Ramírez. Los asaltantes confiesan que fueron contratados por los cuñados del ejecutivo de la principal empresa boliviana, quien subió a las cumbres del poder desde su posición de profesor rural y abogado hasta convertirse en el Número 2 del partido de gobierno, el Movimiento al Socialismo (MAS), sólo precedido en el mando por el presidente Evo Morales.

Hasta aquí un resumen de lo que la prensa ha presentado sobre el asunto, que tiene a la mayoría de los bolivianos como hipnotizados siguiendo cada detalle que anuncian la televisión, la radio y los periódicos. Cuando muchos elementos de la trama aún eran desconocidos, el sórdido y sangriento episodio ganaba un ángulo de macabra frivolidad: Ramírez, quien llegó a ser Presidente del Senado y presidente interino de la República (ahora se duda si con la nueva constitución es correcto decir República de Bolivia), anunció públicamente la decisión de divorciarse de la mujer que había desposado hacía menos de 40 días, el 6 de enero, y que está en cinta y espera gemelos. No se sabe aún de ningún pronunciamiento público de las compañeras de género de la esposa.

Hasta este jueves, se desconoce quién o quiénes eran los destinatarios finales del dinero, del que sólo han aparecido $US 80.000, pero está claro que la empresa Cutler-Uniservice no tiene el tamaño para una obra como la que se le encomendó. Mientras Ramírez transcurría sus primeras noches detenido por los investigadores, el ex ejecutivo todavía alegaba inocencia en el mayor escándalo de corrupción conocido públicamente bajo el gobierno del presidente Morales. (En principio, el presidente se mostró reacio a responsabilizar a su hombre de confianza, e intentó culpar a la ¨oposición¨ por las acusaciones contra Ramírez. Pero al parecer nada pudo hacer ante el peso de las aparentes pero abrumadoras evidencias y tuvo que dimitirlo.)

Los alegatos de inocencia de Ramírez nada han podido hacer para limpiar el episodio que coloca los últimos clavos en el ataúd de la creencia de que el régimen de Morales, por sus orígenes campesinos, era invulnerable a la corrupción. El propio mandatario prometió que será implacable con los ladrones, ´´sean o no sean del MAS´´.

¿Cómo Ramírez llegó a esa posición? Emergió muy próximo al presidente Morales. Fue parte del puñado de dirigentes del MAS que en los albores del gobierno Morales fue a vivir a la residencia presidencial para ¨trabajar¨ y ocupar el lugar, que ¨era demasiado grande¨. El presidente no tenía mayores conocimientos administrativos y buscó apoyo en Ramírez, quien tampoco los tenía, pero recibió carta blanca para ocuparse de empresas del estado. Desde su poderosa posición, Ramírez consiguió que se designara a un subordinado en sus oficinas del senado, Guillermo Aruquipa, como Presidente de YPFB (ha habido seis ejecutivos en el cargo, lo que exhibe las dificultades del gobierno de Morales de contar con técnicos de primera línea, más graves aún con un sueldo que no debe sobrepasar, por ley, de los $US 2.000 mensuales). Sus limitaciones quedaron a la vista. Lo rebajaron a Vice-Presidente de Operaciones. Eran los días en que la escasez de gas para uso doméstico arreciaba y las protestas del público subían de tono. Se vio, entonces, a Aruquipa, cargando botellones al rayar el alba para mejorar el precario sistema de entregas. Un conductor de programas noticiosos dijo con ironía que Aruquipa era el cargador mejor pagado del mundo.

Ahora es uno de los acusados de negligencia que permitió todo el episodio con Cutler-Uniservice y múltiples irregularidades cometidas en la subscripción de ese acuerdo, que debía ser parte de una estrategia gubernamental para mostrar que Bolivia, con su producción de gas estancada, los precios en picada y con las inversiones privadas en prácticamente cero, hacía realidad sus promesas de industrialización.

Ninguna función jerárquica se improvisa, menos aún las burocracias ejecutivas. El precio es alto. Como se ha visto hasta ahora, la factura crece y crece, al igual que el número de involucrados (el presidente Morales ordenó el despido de 10). Y versiones de la TV mostraron al presidente de YPFB aunciando el despido de 74 personas.

El mandamiento del ama q’ella, ama llulla y ama sua se está hundiendo.

P.S. La jornada concluye con el encarcelamiento de Ramirez en el Panal de San Pedro. Está bajo el mismo techo que Leopoldo Fernández. Qué cosas que tiene la vida, como dice el tango.

Puede ser un buen comienzo

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La expulsión de Santos Ramírez como presidente de YPFB resulta de las evidencias abrumadoras que pesaban contra la ahora ex primera autoridad de la primera empresa del país. Antes de tomar la decisión, el presidente Evo Morales se reunió con su equipo de ministros con quienes evaluó el problema, que ciertamente tiene otros episodios y sub episodios que gran parte del país ignora. ¿Cuál fue la gota que colmó el vaso e hizo inevitable la decisión presidencial? Pues el presidente Morales ha siempre defendido a sangre y fuego a sus colaboradores.  Y Ramírez era  considerado como su “hermano”, además de ser el segundo hombre del MAS y parte del puñado de fundadores. Sólo horas antes de su destitución había dicho que contaba con la confianza del presidente. Ramírez es, además, senador con licencia, mientras ocupaba funciones ejecutivas.

En una democracia mejor estructurada, decir toda la verdad es una obligación que los dirigentes nacionales no pueden eludir. No es nuestro caso, infelizmente. Sólo como parte mínima del muestrario de interrogantes: ¿Quiénes iban a ser los directamente “beneficiados” con la supuesta coima de $US 450.000? ¿Quiénes fueron los intermediarios facilitadores de este escándalo? El propio Ramírez debe tener mucho para hablar. Finalmente, es difícil creer que hubiese actuado solo. El descubrimiento de este escándalo fue posible por la muerte a balazos del empresario involucrado, a las puertas del edificio donde viven parientes de Ramírez. ¿Fue éste un caso meramente accidental? ¿Qué otras irregularidades han surgido en YPFB que el gran público desconoce?

La del presidente Evo Morales es una medida correcta. Para que su gobierno resulte creíble sin reparos, debe ir mucho más allá. Para comenzar, las sospechas de envolvimiento que pesan sobre su mano derecha, el ministro Manuel Quintana, en el caso de los 33 camiones de Pando que aún está oscuro. La ineficiencia que ronda YPFB tiene a la población ante una frecuente escasez de combustibles. La cuestión de los tractores destinados al desarrollo agrícola y que debían beneficiar a pequeños productores. Los tractores son ahora fierro viejo. El tráfico de cocaína que involucró a parientes de una cercana colaboradora del presidente. En fin, hay muchas cosas en la agenda anticorrupción que el presidente Morales debe acometer. Podemos estar ante un buen comienzo.

Sobre el tema, me han hecho llegar el siguiente comentario de “El País”, de Madrid. (Inadvertidamente coloqué Tarija. Pido las debidas excusas.)

Editorial “El País”, de Madrid (01-02-09)

Evo, prisionero de si mismo

 ¿Alfiles y carceleros? El recambio en YPFB, provocado por las graves sospechas de corrupción en esa institución, ha desnudado la dramática soledad del presidente y el virtual cierre de un círculo político que controlaría sus decisiones. Claramente, el escándalo por el contrabando de 33 camiones (destapado por un funcionario de alta confianza del propio gobierno), que involucra a su ministro de la Presidencia, ex representante de RESDAL (Red de Seguridad y Defens de América Latina, financiada por el National Endowment for Democracy de Estados Unidos) y ex funcionario del Ministerio de Defensa en tiempo de Banzer, ha tenido un desenlace distinto del que afecta a Santos Ramírez, fundador del partido de gobierno y que pertenece a otra corriente politica interna del MAS-IPSP, pese a que en ambos casos los indicios son comprometedores.

Sin embargo, las sospechas de corrupción contra Quintana, que controla el aparato de inteligencia y seguridad del gobierno, afectan y manchan de forma diferente que las que pesan sobre la cabeza de Ramírez. Al confirmar al primero en su cargo y destituir al segundo, Morales parece entender que debe luchar de forma selectiva contra la corrupción. 

Pero lo anterior – que es un síntoma claro de la influencia de un grupo cada vez más poderoso que rodea al presidente – se ve agravado cuando en el recambio el presidente desnuda su dramática orfandad, al nombrar como presidente interino de la estatal a quien desde el Ministerio de Hidrocarburos se ha empeñado en postergar y dilatar cualquier iniciativa para avanzar en la industrialización del gas y en el incremento del consumo interno de este energético, posturas que sólo benefician a las petroleras extranjeras. 

La solución se torna peor que la enfermedad que intenta curar Morales. La “banda” delincuencial que actuó en la Tejada Sorzano no parece ser exactamente la misma que fue presentada por la Policía. Al menos uno de los detenidos denunció maltratos, torturas y abusos en su detención y afirma no tener nada que ver con el asunto. ¿Quienes proporcionaron información a la verdadera banda delincuencial para ejecutar el “operativo”? Los asaltantes y asesinos, según todos los síntomas, no actuaron solos, y los que andan presos no parecen ser todos los que debieran estar.

 YPFB, a la deriva, en manos de Villegas, el que, de acuerdo a Morales Olivera, supo y avaló los cambios de los Anexos D de los contratos petroleros de octubre de 2006. El Ministerio de Hidrocarburos, convertido en repartición marginal, está prácticamente descabezado, lo mismo que la Superintendencia del sector, uno de cuyos funcionarios estaría involucrado en el “operativo” asalto y asesinato que derivó en la destitución de Ramírez. ¡Que felicidad para Petrobras, Repsol YPF y las demás “socias pero no patronas”!

 Si a lo anterior le sumamos que el actual ministro de Defensa, Walker San Miguel, fue otrora representante de Petrobras en Bolivia y que Ashmore/Shell (Enron), estarían logrando ventajosos acuerdos con el Ministerio de Defensa Legal (Hector Arce, que trabajó con la asesoría del abogado Eric San Miguel, hermano del ministro de Defensa), como resultado de una “nacionalización respetuosa” (reducida a efectuar auditorías para ocultarlas)  como el propio presidente de la República ha afirmado, podemos tener completo el cuadro que revela quien realmente controla los hidrocarburos en Bolivia. A los patrones no les gustan las sociedades que quiere nuestro iluso presidente.

 La corrupción se está devorando al gobierno de Evo. No sólo la de 450 mil dólares (resulta hasta extraño que se haya descubierto esa presunta “coima” relacionada a la separadora de líquidos del gas que va al Brasil, precisamente). Es la multimillonaria corrupción, la que usa transferencias bancarias a bancos off-shore. La Unidad de Investigaciones Financieras de la Superintendencia de Bancos no tiene un lente que las alcance, además de estar controlada por el mismo entorno palaciego.

  

Denuncia contra ministro agita las aguas politícas

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 El ex presidente de la Dirección de Aduanas, general (r) César López, denunció este jueves por la tarde ante una comisión de la Cámara de Diputados que el Ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, está involucrado en un caso de mercadería contrabandeada en 33 camiones en el departamento de Pando. El ministro negó veracidad a la denuncia.

El valor del contrabando esta calculado en 1,5 millon de dolares.

 La denuncia, que involucra también a altos dirigentes del partido de gobierno, el MAS, en Pando, agitó el ambiente político del país y precipitó demandas de dirigentes opositores y del sector empresarial  para que el Ministro, uno de los hombres con mayor poder en Bolivia, renuncie al cargo y enfrente las acusaciones en los tribunales de la justicia. Es la denuncia de corrupción más grave en los 34 meses de gobierno del presidente Evo Morales.

La denuncia involucra también al actual prefecto de Pando designado por el gobierno, contralmirante Rafael Bandeira, quien habría facilitado, según la denuncia, el tránsito del convoy cuando estaba en el Comando de la Fuerza Naval Boliviana. Cobija es zona franca, libre de impuestos y no estaban claro esta noche cuál era la procedencia ni el destino final de la mercadería. La ciudad está sobre la frontera con Brasil.

El ministro negó “categoricamente” veracidad a la denuncia y al calificarla de “temeraria” dijo que el contralmirante Bandeira habia sido, más bien, quien impidió el contrabando. En comunicación con parlamentarios que investigan el caso habia pedido que se le permitiera responder por escrito a las preguntas de los miembros de la comisión legislativa.

El convoy  fue interceptado por fuerzas militares el 27 de julio, en Santa Rosa del Abuná, una pequeña localidad del interior del departamento, informó Radio Fides. Los conductores estuvieron detenidos pero menos de un mes más tarde recuperaron los vehiculos en un episodio que todavia no está muy claro. Despues fueron arraigados en el departamento.

Quintana es considerado como uno de los hombres fuertes del gobierno, probablemente el segundo tras el propio presidente Morales. Su notoriedad aumentó cuando fue visto en un video en el que, dirigendose a una concentración del MAS en Pando, decía que el prefecto electo del departamento, Leopoldo Fernández, debía ser enterrado políticamente y proponía un epitafio: “Que en paz descanse, con los gusanos”. Fernández, opositor al regimen de Morales, está preso en el Penal San Pedro de La Paz desde el 15 de septiembre, por orden del gobierno que lo acusa de ser el responsable de los acontecimientos sangrientos que ocurrieron en ese departamento cuatro días antes. El 11 de septiembre ocurrió un enfrentamiento en un poblado de la jungla amazónica entre grupos de campesinos partidarios del gobierno y opositores y murieron al menos 18 personas.

Colegas prefectos de Fernández han iniciado un juicio contra Quintana acusándolo de ser el responsable de ese enfrentamiento, que el gobierno considera una masacre.

Los colegas del ministro le manifestaron esta noche solidaridad. El Ministro de Defensa, Walker San Miguel, dijo que el juicio abierto contra Quintana era una movida política opositora y que su colega sería considerado inocente mientras no se pruebe lo contrario. “Es inocente”, dijo.

Fernández, el prefecto preso, no ha gozado del privilegio que confiere ese principio. Fue acusado y se le negó el llamado “caso de corte” para ser juzgado por  la Corte Suprema y a permanecer en libertad  hasta que el tribunal emita su veredicto. El gobierno se negó a obedecer la orden de la Corte Suprema, que dispuso que el prefecto fuese trasladado a Sucre, sede del poder judicial, para ser juzgado allí. Las autoridades, por el contrario, iniciaron acciones judiciales contra los tribunos a los que acusaron de prevaricar.

Esta noche, la denuncia de contrabando parecía elevarse como un factor mayúsculo de complicaciones para Quintana y el gobierno, una de cuyas banderas para vencer las elecciones de 2005 fue la lucha férrea contra la corrupción.

De acuerdo a la versión de la emisora Fides, la ex autoridad aduanera dijo ante la comisión investigadora que había escrito una carta al presidente Morales informándole de la anomalía, pero que no sabía su denuncia había llegado al Primer Mandatario, pues nunca recibió una respuesta. También fueron inútiles sus iniciativas para lograr una audiencia con el presidente, dijo.

Los 33 transportistas del convoy están arraigados en Pando, pero Francisco Ramos, identificado por la emisora como uno de ellos, dijo que habían sido contratados “por gente afín al MAS” y citó varios nombres: Jesús Chambi, Jesús Alvarez y Ovidio Herzog. Dijo que el tránsito del convoy fue autorizado en una comunicacion por telefono celular por el Ministro. Posteriormente, dijo, Quintana  los habria reprendido llamándolos de “mentirosos” porque el acuerdo habria sido para el tránsito de 17 caminones pero que los transportistas habian pasado 33 vehiculos.

Dirigentes de oposición y miembros de la Confederación de Transportistas pidieron el alejamiento de Quintana de sus funciones ministeriales. Con el transcurrir de las horas, la miradas del pais estaban enfocadas en el Presidente Evo Morales.  ¿Qué pasos seguirá ahora? Llegó al gobierno hace casi tres años precedido de una enorme fuerza moral que tenía como puntal una esperanza muy fuerte de que sería implacable con la corrupción. ¿Cómo reaccionará? Y ¿qué secuelas políticas dejará este caso que, por lo menos a estas horas, se yergue como un tifón amenazante?

Perplejidades

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Qué extraño mundo informativo, olvidadizo y descuidado, en el que vivimos. Resulta que uno de los mosqueteros del gobierno renuncia sorpresivamente y se va disparando. Alex Contreras se alejó tras dejar varias  interrogantes claves para entender lo que ocurre en Bolivia bajo este gobierno. No he visto ningún informe periodístico que me cuente en detalle y me explique esta historia con su significado. Contreras habló de los “enemigos internos” que nunca identificó (uno podria suponer que el gobierno o el presidente esta circundado de enemigos y traidores), reclamó que se busque  “la unidad de la patria antes que la división” (Bolivia nunca estuvo tan dividida como ahora. Pero quiénes, según el ex funcionario, son los responsables?), diálogo antes que violencia, libertad de prensa antes que censura, y “transparencia antes que corrupción”. Este último punto es piedra angular para un gobierno que prometía ser diferente de sus antecesores, cuya escasa moral, insaciable rapacidad y falta de fundamentos éticos fueron los peldaños sobre los que escaló el presidente Evo Morales. Y, en cambio, con la frecuencia con que aparecen las denuncias de hechos de corrupción, se ha formado un torrente que va apagando lo que queda atrás,  cuya investigación es olvidada o, cuando menos, descuidada.

Ya nadie parece recordar los pasaportes vendidos a $500, en su mayoría a quienes, movidos por la ansiedad de conseguir un empleo en playas remotas, querían irse del país. Tampoco de los tractores ni de los costosos “avales” para obtener cargos públicos ni del “affaire petro-contratos”. Pocos mencionan que el presidente sigue como cabeza principal de las seis federaciones de “cocaleros” del Chapare, una anomalía cuyas consecuencias  en algún momento deberá explicar. No ha habido que yo sepa una verdadera investigación de los hechos sangrientos de Huanuni, por la pugna entre cooperativistas y asalariados mineros, la cual dejó un saldo de siquiera 16 muertos y un número desconocido de heridos a pocos meses de instalado el actual gobierno. Alguien ofreció con frialdad estaliniana “poner los cajones” como contribución para zanjar el conflicto. En otros tiempos y en otras latitudes, por menos  se habría movilizado a la Comisión de Derechos Humanos de la OEA.

La sociedad boliviana también aguarda saber qué pasó con John Jairo Banegas, el colombiano que supuestamente conspiraba al lado del Embajador de Estados Unidos y uno de los líderes empresariales de Santa Cruz contra el presidente Morales y decidió registrar su frivolidad conspirativa con una colorida fotografía en plena avenida de la Feria Exposición cruceña. Que se sepa, estaba preso en Palmasola, en las afueras de Santa Cruz, pero, también que yo  sepa, nunca se intentó una entrevista directa con él para conocer su versión. El interés por deshilvanar toda esta trama probablemente alcance a los presidentes del Grupo de Río y al Rey de España, ante quienes el presidente también exhibió la foto durante la cumbre  iberoamericanaque tuvieron en Santiago (sede del exabrupto real “por qué no te callas…”).  En temas de la otra orilla, ignoro si algún medio publicó todo el proyecto de estatuto autonómico para su análisis y debate por parte de la ciudadania en general.   

Uno también queda perplejo ante la falta de explicaciones oficiales con detalle sobre lo que sería el mundo sin capitalismo del que habló el presidente ante líderes indígenas en las Naciones Unidas. No sé qué dirían los rusos, que vivieron la experiencia sin anestesia alguna durante más de 70 años, y sus nuevos líderes, ahora frenéticos defensores del libre mercado y el consumismo, ni los polacos o los lituanos, que la vivieron “por default”. O los cubanos que hacen fila para comprar un celular, ahora que están autorizados a tenerlo.

Surge una perplejidad mayúscula cuando uno lee que militantes del partido oficial se disponen a “vigilar” las mesas de sufragio del 4 de mayo en Santa Cruz  “para que no haya fraude”. Si el propio partido gobernante dice que el referendo es ilegal, para qué vigilarlo?