Coca

Yapacaní no ha acabado

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Las organizaciones cívicas de Yapacaní y pobladores del lugar decidieron hoy realizar un bloqueo de seis horas sobre la carretera central hacia Cochabamba y Santa Cruz y amenazan con convertirlo en indefinido a partir de la semana entrante si no son liberados las  cinco personas que las autoridades detuvieron y que inicialmente fueron traídas a Santa Cruz. El bloqueo que vuelve a dificultar el tráfico en ese nudo de la carretera central Santa Cruz-Cochabamba-La Paz y vuelve a plantea un nuevo desafío al gobierno, pues la amenaza de lanzar un bloqueo indefinido exige el despido de sus cargos del Ministro de la Presidencia, Carlos Romero, probablemente el de mayor cercanía e influencia sobre el presidente Evo Morales, y de la comandante de la policía en Santa Cruz, Lily Cortez. Ambos son responsabilizados por los bloqueadores por la represión sobre los manifestantes que el martes celebraron un cabildo y reiteraron la demanda para la renuncia del ahora renunciado alcalde David Carvajal.
Los cinco detenidos están acusados de promover hechos vandálicos el día del cabildo y de la represión en ese lugar de colonos, a sólo 124 kilómetros de Santa Cruz. Mientras el bloqueo se iniciaba, el ministro cuya renuncia los bloqueadores demandan, anunciaba que los responsables de las muertes de dos personas en Yapacaní durante los disturbios del martes recibirían la máxima pena prevista para los delitos en Bolivia: 30 añ0s de presidio. El plazo para la salida de Romero y la renuncia de Cortez vence el domingo, según los dirigentes de los sectores que amenazan con un nuevo bloqueo prolongado.
El bloqueo en curso esta noche se inició tras el entierro de la segunda víctima fatal en los disturbios del martes, el joven Michael Sosa Apata (23 años).
Entretanto, empezaba el trabajo preliminar de comisiones de legisladores y de derechos humanos sobre lo ocurrido.
Otro punto de tensión política se presentó esta tarde en el congreso, donde se intentaba, en medio de una algarabía ensordecedora, la consideración de la ley que prohibió la construcción de la carretera a través del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro-Sécure (TIPNIS).  El Vicepresidente Alvaro García no dio la palabra a los legisladores de oposición que intentaban criticar la actitud del ccambiante gobierno en torno a la ley. La piña espinuda que representa esa ley fue enviada a la Comisión de Constitución y Justicia para determinar su compatibilidad legal.
Cuando hace menos de tres meses fue sancionada por el Presidente Morales, la ley vigente prometía resolver el problema que se había planteado con esa carretera, cuya construcción desconocía la CPE y acuerdos internacionales suscritos por Bolivia. La marcha de más de dos meses que realizaron más de 1.500 nativos de esa región, considerada un santuario ecológico, culminó con una bienvenida a La Paz raras veces vista en La Paz, con cientos de miles de personas que salieron a las calles para saludar y vitorear a los marchistas. Dos días después el presidente promulgó la ley que ahora se quiere modificar.

Ahora, ante la amenaza de una reprobación de la  ley, la marcha del Tipnis podría reanudarse y esta vez también tendría carácter urbano, pues sería enb defensa de la norma aprobada a disgusto por elgobierno. “Ha de ser también  una marcha por la democracia”, advirtió el dirigente fernando Vargas, quien encabezó la marcha original, si la reprobación tuviese el sello del legislativo. “Los que marchan ahora son cocaleros…producen coca para el narcotráfico”, dijo en PAT es noche (No Mentirás).

Marcha, contra-marcha, leyes, contra-leyes; firmo, no firmo. Hay, no hay. Es cierto; no, es mentira; es así, no es así. Parece un sube-y-baja, una inconsistencia que marea. La incertidumbre es enemiga de todos.

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El rostro de la represión

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La actuación policial en Yapacaní muestra el rostro de las autoridades cuando se enfrentan a movimientos que las contrarían y escapan a su control. No tienen mejores armas que la represión, que exhibe el rostro más feo del gobierno. Repasen la historia de los últimos años y verán que el libreto se repite año tras año,  gobierno tras gobierno (se esperaba que el actual fuese diferente.)

En Yapacaní había ayer decenas de presos (86, en la cuenta de El Deber) a raíz de un conflicto que venía gestándose durante meses.  Hoy, en un clima de alta tensión, se debe realizar un cabildo.

El centro inmediato del conflicto es el alcalde del partido de gobierno, David Carvajal, quien ayer reingresó a su despacho apoyado por una fuerza policial de entre 500 y 700 efectivos, la más numerosa vista en mucho tiempo en ese centro. El cabildo pretende demandar la retirada de esa fuerza e insistir en la destitución del alcalde.

Cuando fue establecido, a 120 kilómetros por carretera desde Santa Cruz de la Sierra, Yapacaní era una promesa para la colonización. Ahora tendría unos 30.000 habitantes (poco más de 9.000 en el censo de 2001).

El problema afloró en los últimos meses del año pasado, por constantes denuncias sobre la escasa ejecución municipal de programas ya presupuestados.  Era un caso de gestión administrativa que se agravó en espiral cuando los medios audiovisuales del lugar fueron atacados y destruidos por grupos afines al alcalde y al partido de gobierno, según organizaciones cívicas. Los medios atacados eran críticos de la gestión municipal. Más al fondo, sin embargo, parece existir un problema entre plantadores de coca, algunos de los cuales han tomado áreas de la reserva forestal de El Chore.

Un cabildo anterior logró la salida del alcalde, pero una orden judicial dispuso su reinstalación, que tuvo lugar esta semana, con el apoyo de la fuerza policial y en medio de disturbios. Ese tipo de decisiones judiciales no es común.

Las declaraciones de autoridades del gobierno central sobre inversiones en Yapacaní el año pasado irritaron más a quienes protestan contra el alcalde. Dirigentes cívicos retaron ayer a esas autoridades a ir a Yapacaní y mostrar qué obras se han realizado en el lugar.

El diario El Mundo en su edición de hoy cita a Freddy Machaca, presidente de la Federación de Juntas Vecinales, denunciando violación a los derechos humanos por parte de la fuerza policial. “Pido a (las organizaciones de) derechos humanos que vayan a la población”, dijo.

El conflicto no es buen augurio para comienzos de año. Se suma a otro con los plantadores de coca en la localidad yungueña de La Asunta, enfrentados con la fuerza militar que procura eliminar plantaciones ilegales.

La coca contra las cuerdas

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Los países europeos han manifestado impaciencia con Bolivia a raíz del crecimiento de los cultivos de la llamada “coca excedentaria”, que alimenta la producción de drogas, y le reclaman un  “estudio serio” sobre el consumo natural y los excedentes de producción de los que se nutre el narcotráfico.

La información sobre la actitud europea fue dada en las últimas horas por Erbol, que colocó en su página web una entrevista con el embajador de Dinamarca, Morten Elkjaer.

El diplomático dijo que los países europeos aguardan “un estudio bien hecho” por parte de Bolivia respecto al consumo interno de la hoja y sobre el combate al narcotráfico.  “Hay preocupación en todo el mundo sobre el narcotráfico. Es importante que los estudios que se hagan sean bien hechos. Yo creo que es la primera vez que se aprobó hacer un estudio sobre eso, respecto al consumo de la coca. Tiene que ser un estudio bien hecho y de calidad”, dijo el diplomático, citado por Erbol. En lenguaje diplomático, las palabras del representante europeo llevan un mensaje que las autoridades no podrán ignorar: basta con informes que muestran cifras y presentan afirmaciones no comprobables por estudios independientes.

Para ese estudio, la Unión Europea asignó a Bolivia un millón de euros y  debía haber sido entregado en octubre al cabo de año y medio de retraso, dice la ihformación. Pero el mes acaba de vencer y el trabajo aún no llegó a manos europeas, de acuerdo al informe de Erbol.

Bolivia, particularmente bajo el gobierno del presidente Morales, insiste en que el consumo de coca es una tradición ancestral y que los países con alto consumo de cocaína deberían hacer más esfuerzos contra las drogas entre sus propios consumidores.

La noticia viene tras la racha de descubrimientos de laboratorios de producción de droga a lo largo de casi todo el año y la captura de decenas de personas sospechosas de narcotraficar. Similar impaciencia fue exhibida anoche por el presidente del Comité pro Santa Cruz, Herland Vaca Díez. Al leer un mensaje durante una ceremonia en la que se conmemoraban 61 años de la creación de ese comité, Vaca Díez reclamó protección para los parques nacionales del departamento, invadidos por sembradores de coca.

El temor de que el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure se vuelva tierra libre para los cocaleros fue una de las razones para la rebelión pacífica de los nativos que obligaron al gobierno a cancelar el proyecto carretero que atravesaría el lugar. Más de un millar de nativos y simpatizantes de la preservación de ambiente marcharon durante 66 días desde Trinidad hasta La Paz y fueron objeto de una de las mayores manifestaciones de simpatía de la sede del gobierno que con desgano visible tuvo que anular la ley que permitía la construcción de la vía por ese parque.

Erbol también entrevistó al jefe de la Delegación de la UE, Kenny Bell, quien dijo que los países europeos, donde el gobierno del presidente Morales gozaba de amplias simpatías, esperaban recibir ese documento a pesar de la sensibilidad que lo rodea.

Originalmente, el estado boliviano autorizaba  una extensión máxima de 12.000 hectáreas a ser dedicadas a  los sembradíos de coca. Luego, esa cantidad fue ampliada a 20.0o0. El total de área cultivada sería de 31.000, de acuerdo con los más recientes informes de Naciones Unidas. La nota de Erbol, que asocia a más de 300 emisoras rurales, dice que el total excedente llegaría a 19.000 hectáreas, es decir que habría  un total de 39.000 hectáreas de cocales. La cifra anterior ya era un récord para Bolivia, que es el tercer productor de hoja de coca, después de Colombia y Perú.

Nota: Días después (el 7 de noviembre), la representación de las Naciones Unidas en Bolivia reordenó las cifras que reproducía Erbol y que atribuía a delegados europeos. Son sí, 31.000 hectáreas, y es de esa cantidad que se cree que 19.000  van al narcotráfico. Es decir, más de dos tercios de la producción de coca en Bolivia está destinada a la cocaína y al narcotráfico.

Tipnis en La Paz hasta que se cancele plan carretero

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Los más de dos mil marchistas del Tipnis permanecerán en La Paz hasta que el presidente desista formalmente del trecho carretero a través del parque y resuelva otros 15 puntos incluidos en la agenda que los llevó hasta la sede de gobierno. Lo dijo este miércoles Fernando Vargas, presidente de la subcentral Tipnis, ante  una audiencia multitudinaria reunida en la Plaza San Francisco.

(Un grupo de marchistas decidió instalarse en la Plaza Murillo para cumplir allí una vigilia mientras sus demandas son resueltas. Los niños y mujeres mayores fueron instalados en la Universidad Mayor de San Andrés y la alcaldía  declaró Huéspedes Ilustres a todos los marchistas.)

La jornada marcó un ataque intensivo sobre el gobierno del presidente Morales: los parlamentarios nativos alineados con el partido de gobierno dijeron que se desafiliarían, y otros anunciaron un juicio contra el  mandatario por “genocidio y etnicidio”.

Vargas habló  horas después de haber ingresado la marcha a La Paz y  avanzado hasta la Plaza Murillo, al cabo de 65 días de marcha desde Trinidad para oponerse a la carretera ya contratada por el gobierno con financiamiento de Brasil y que partiría aquel parque, uno de los pocos casi vírgenes que quedan en el mundo. El ingreso a la Plaza Murillo tuvo  un carácter emblemático. Hasta ahora había sido reducto casi exclusivo del partido de gobierno, el Movimiento al Socialismo (MAS).

Los marchistas subieron por la empinada calle Ayacucho mientras los más rezagados estaban todavía en la avenida Bush, unos tres o cuatro kilómetros de recorrido, de acuerdo a la narración de radio Fides. Eso representaba algunas decenas de miles de personas, con cinco y seis personas por fila. La Plaza Murillo era insuficiente para dar cabida a “miles y miles” de personas reunidas alrededor de los marchistas, en la descripción del Nicolás Sanabria, reportero de la emisora.

Vargas, uno de los golpeados y maniatados durante la intervención policial de la marcha el 25 de septiembre, le espetó al presidente Morales que no debería mentir. “Dijeron que la marcha venía a quitarles el bono Juancito Pinto, el bono Juana Azurduy y el bono Dignidad; que la marcha venía a quitarles los recursos a los gobiernos municipales, a las gobernaciones y las universidades: una mentira tan grande que un dignatario…no debe mentirle al pueblo. Un dignatario debe sólo decir la verdad”, dijo, citado en una nota desde La Paz por Erbol, la red que agrupa a más de 300 radioemisoras rurales en todo el país.

En resumen, el dirigente dijo que la marcha no era conspirativa ni buscaba el derrocamiento del presidente Morales. “Sólo queremos que honre su palabra”  (respecto a la madre tierra y a los pueblos indígenas, y a los dictados de la CPE).

El despacho informativo de Erbol dijo que la concentración era extraordinariamente numerosa. Vargas, en medio de aplausos y gritos a favor de la causa de los marchistas, subrayó que los pobladores del Tipnis no se oponen al progreso, pero que no quieren la destrucción de la madre tierra. “Queremos que se unan los dos departamentos (Beni y Cochabamba) pero no destruyendo la madre tierra ni el Isiboro-Sécure, no cometiendo delito de genocidio ni etnocidio”, dijo.

El presidente Morales es reacio a cancelar el proyecto, en su etapa intermedia, que es la que atravesaría el Tipnis. Es su proyecto estrella y está financiado  por el Banco de Desarrollo Económico y Social (BNDES) de Brasil. Pero el proyecto está en colisión con la CPE, que veta trabajos de desarrollo en parques habitados por nativos salvo aprobación expresa de los habitantes nativos, y con el propio discurso ambientalista del presidente.

Ahora se encuentra frente a sus pares indígenas que le recuerdan sus compromisos ecológicos y dicen estar dispuestos a obligarlo a modificar el proyecto. La carretera es temida por los habitantes del parque no solo por la devastación que ella causaría sino porque facilitaría el acceso de nuevos colonos sembradores de coca. Durante la caminata hasta la Plaza Murillo, hubo gritos, escuchados en la transmisión de Fides, que decían: “Si Evo quiere más coca, que siembre en Orinoca”, la tierra natal del presidente, en Oruro. Una de las mujeres oradoras en Plaza San Francisco, de apellido Suárez, dijo que los marchistas preferían morir “antes que ser esclavos de los cocaleros”. La frase reflejaba un creciente descontento ciudadano con los sembradores de coca, columna vertebral del respaldo político al presidente Morales.

“Hemos venido a decirle (al presidente Morales) que atienda los 16 puntos de nuestra plataforma; hemos venido a decirle que respete nuestro territorio; que respete nuestras decisiones…”

Fue la primera vez que desde la plaza San  Francisco fueron dichas frases tan duras para el primer mandatario.

La concentración fue uno de los actos finales de una jornada que mantuvo a toda Bolivia a la expectativa. La conmoción que provocó el ingreso de los marchistas a La Paz paró a la sede de gobierno.  Las transmisiones radiales (radio Fides) reiteraban que pocas veces había tanta gente en las calles de La Paz. (El triple de la que hubo en la anterior marcha indígena de pueblos el oriente hasta La Paz, 18 años antes.) Las multitudes se volcaron a las calles para vitorear a los eran considerados como nuevos héroes nacionales.

Los medios audiovisuales dedicaron espacios extraordinarios a la cobertura de la calurosa bienvenida que se otorgó a los marchistas que, sin haberlo pretendido, hicieron de la jornada una fiesta, sin bombas ni dinamitazos.

Sólo una anécdota

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Tiendo a creer que todo lo ocurrido en el trayecto de los marchistas desde Trinidad-San Borja-Yucumo-La Paz quedará registrado por la historia como una anécdota de los días más difíciles de este gobierno y probablemente de su eclipse. En su conjunto, el gobierno  ha sido puesto al desnudo, desprovisto de grandes apoyos e  inerme ante la ofensiva pública de los Tipnis, que han atraído atención universal. Salvo algunos cientos de colonizadores, la mayoría sembradores de coca, el país ha estado al lado de los marchistas con manifestaciones surgidas en todos sus  costados, desde Pando y Beni hasta Tarija, Santa Cruz y La Paz, pasando por Oruro, Chuquisaca, Potosí y Cochabamba. Nadie apoya abiertamente la posición de las autoridades. Podrán los propagandistas del gobierno  mostrar por televisión las imágenes más paradisíacas de la que sería la vida silvestre con la carretera por el medio del parque, pero la opinión contra la obra persistirá. Lo ocurrido este fin de semana será registrado como una anécdota surrealista adicional dentro de la multitud de acontecimientos que ha empezado a surgir por todas las latitudes donde hay interés por la preservación de la naturaleza. En estos momentos, el aparato del gobierno respecto al Tipnis parece un carruaje que desciende sin jinete por una ruta en declive.  Y empezarán a ser repasados algunos momentos crueles de la política boliviana reciente, desde el enfrentamiento de Pando, el apresamiento que lleva ya tres años sin juicio del ex prefecto Leopoldo Fernández; la violencia en Huanuni, Sucre y  Caranavi  hasta la aún dudosa operación magnicida-terrorista- separatista de Santa Cruz atribuida a Eduardo Rózsa Flores.

La incorporación forzosa del canciller Choquehuanca  y del viceministro Navarro a la marcha durante un par de horas para recorrer unos seis kilómetros rumbo a las puertas de Yucumo, ha evidenciado que los indígenas de los llanos también tienen estrategias para debilitar al adversario. Con las dos autoridades a la cabeza de la marcha y rodeados de mujeres, en la mañana del sábado rompieron el bloqueo que había impuesto la policía, que no podía disparar gases lacrimógenos ni utilizar sus armas sin poner en riesgo a las dos autoridades. Ahora están a sólo pocos metros de Yucumo, donde se asegura que los aguarda otro grupo de colonizadores dispuestos a no dejarlos pasar y con la intención de hacer del parque su tierra prometida.  El romper el primer bloqueo policial les dio acceso al agua que se les negaba (no son muchos los que creen que el bloqueo policial era para evitar que los nativos bebiesen de las aguas del arroyo Chaparina supuestamente contaminadas.) Bebieron y no hay noticias de alguien que se hubiese sentido mal. Entretanto, el canciller y el viceministro (otro viceministro logró escapar) fueron también obligados a verificar el daño que caqusaba en muchos de los marchistas la falta de agua. Ayer sábado, dijo el Ministro Sacha Llorenti, había cuatro policías heridos, si bien se conocía la identidad de sólo uno que recibió un flechazo en el cuello. Se ignora la gravedad de los heridos y de la letalidad de la herida causada por el flechazo. El ministro dijo que denunciaría lo ocurrido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde hay varias otras denuncias bolivianas que aguardan un pronunciamiento de los magistrados. Una admisión de la denuncia sería como un dominó que arrastraría a todas las que aún están pendientes. El organismo interamericano está para defender a individuos e instituciones que sostienen que sus derechos han sido avasallados. Pero no se sabe de estados que hubiesen presentado demandas reclamando… ¿qué? ¿Protección ante una marcha de nativos que se oponen a una carretera?

Hasta ahora, la batalla de los Tipnis ha sido ganada por éstos. La causa del gobierno no tiene adherentes públicos sino partes interesadas (los colonos, mayoritariamente productores de coca, actividad que no goza de grandes simpatías en el exterior).

Los días que vienen, como casi todos los de los últimos cuatro años, desde que retorné a Bolivia, no se pintan de celeste.

¿Abandonados?

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La interrogante es por la indiferencia que muchos sectores, antes comprometidos con las causas ambientalistas, exhiben ante la marcha de los Tipnis, próxima a la segunda semana al escribir este artículo.

La marcha de 1990 fue saludada por doquier. Los marchistas fueron vitoreados por donde pasaban. Dirigentes nacionales iban a su encuentro. Hace tres años, el presidente Morales fue hasta Trinidad para conmemorar esa marcha.

El mundo da vueltas y los mismos indígenas y de la siguiente generación, ahora marchan por razones parecidas. Antes pedían que se les reconociese su tierra. Lo lograron. Ahora piden que no se la malogre con una carretera que partiría la reserva, extendida sobre unos 1.100 Km2  (unas catorce veces el tamaño de Nueva York), y causaría depredación inevitable por sus alrededores.  El presidente les dice chantajistas y rehúsa reunirse con ellos. Les ha ofrecido ministros, que en dos ocasiones esperaron en vano a los nativos. En  la tercera, ayer jueves, los nativos exigieron que se presente casi todo el gabinete. Era una situación parecida a la que prevalecía cuando el presidente Morales capitaneaba a los indígenas y desdeñaba reuniones con ministros.
Uno de los emisarios del gobierno, el ministro Carlos Romero, creció políticamente en las filas del CEJIS, una ONG que insufló vida al movimiento indigenista. Romero afirma que hay nativos que utilizan la marcha como  pretexto para el contrabando,  venta ilegal de tierras y  la depredación general. (No ha dicho una palabra sobre las plantaciones de coca mostradas hace pocos días por diarios nacionales, entre ellos El Deber). Para ser consecuente y creíble, el gobierno debería  remover a los colonos (eufemismo por cocaleros), trasladar los campamentos y tender vigilancia permanente sobre los lugares susceptibles de invasión.

Antes, los marchistas eran héroes. Ahora, para muchos de los que los vitoreaban, son villanos. Este trampolín sólo puede explicarse con la fuerza del movimiento cocalero en el gobierno. Los cocaleros creen que es hora de cobrar  promesas de vieja data. El dirigente David Herrera (informaba Erbol), declaró que “el gobierno, durante la campaña electoral (de hace seis años) se comprometió a construir esta carrera añorada…”. El dirigente hablaba, según el mismo medio,  en “la zona colonizada del Polígono 7, que está dentro del Tipnis”.  El presidente tiene razón entonces cuando dice que el Tipnis no es tan virgen. En la zona hay unos 5.000 afiliados a la Federación de Cocaleros del Trópico.

Nadie duda de la influencia benéfica de una carretera como factor de crecimiento y desarrollo económico. Con una obra de esa magnitud, llegan legiones de vendedores de servicios y la oferta laboral crece. Además, se trata de una vinculación necesaria para ayudar al Beni a dejar de “guardar” el hermoso futuro del país, como canta un himno. Pero no a ese costo, con pocos dispuestos a aceptarlo.

Hasta ahora se desconoce alguna justificación seria para el trazado original por el parque en vez de circunvalarlo. No se ha hablado de costos para esa circunvalación ni de una eventual interdicción del lugar para la coca, el nuevo maná boliviano.

El ministro Romero afirma ahora que ha sido en tierras guarayas cruceñas donde ha habido mayor  depredación. De esa región, asegura, se han extraído 1.2 millones metros cúbicos de madera que generaron US$2.12 millones. ¿En cuánto tiempo ocurrió eso? ¿En los últimos cinco años, dos años, 10 años? No ofrece datos.

Como está definido el juego, se trata de Tipnis vs. el gobierno y cocaleros. ¿Qué tienen los Tipnis para equilibrarse? Fuerza legal y moral y la comprensión de los movimientos ecológicos de gran parte del mundo. Con apoyo significativo dentro y fuera del país, su causa puede conseguir que la obra sólo bordee su territorio. Es decir, que el gobierno enganche  su proyecto en retro.

Cruzaron el Rubicón

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Los dirigentes cocaleros del Chapare han ido mucho más allá de lo que la prudencia aconseja a quienes se dedican a  una actividad vista con sospecha en gran parte del mundo. Han pedido la expulsión del Arzobispo de Cochabamba, Tito Solari, italiano de nacimiento pero boliviano hasta los tuétanos al cabo de décadas de vivir sobre la piel del país, entre sus miserias y sus pocas grandezas. A ese pedido se ha sumado la diputada del MAS Emiliana Aiza, quien tomó la delantera y pidió, según Erbol, la expulsión de  la Iglesia Católica.

Estas actitudes intolerantes están llevando a  los cocaleros a perder la simpatía que pudieron haber generado en Bolivia y en otras latitudes. La justificación de que su actividad está guiada por una condición de pobreza y de limitada educación, cuyas pruebas las acabamos de ver con los ataques al arzobispo y el reclamo por su expulsión, ahora empieza a extinguirse.

La falta de argumentación y desconocimiento del mundo del Siglo XXI  lleva a  los cocaleros a manifestarse iracundos contra quien solamente ha repetido una realidad. No vi jamás que las sociedades de Rio de Janeiro o de Medellín se sintiesen estigmatizadas porque hay niños en las favelas que ayudan a los narcotraficantes, pues es entre los niños y jóvenes donde más reclutas encuentra el comercio ilícito de drogas.  Razones hay de sobra, pero sobresalen la falta de empleo, educación y la ausencia de hogares estables. En un día, esos niños pueden ganar más que sus padres en un mes. Es una realidad monstruosa que nadie puede cuestionar.

En Bolivia, sin embargo, se han rasgado las vestiduras los cocaleros del Chapare, la diputada que quiere expulsar a la iglesia y algunos colegas suyos que ven subversión en cada expresión de algún obispo o sacerdote que contradiga afirmaciones, decisiones u obras del gobierno. Quizá nunca se sabrá con certeza cuánto ayudaron –laicos y sacerdotes y religiosas- a pavimentar el camino que en años pasados llevó a Evo Morales a la Presidencia.

Uno podría preguntarse: ¿Por qué tanta bulla por declaraciones de un obispo que conoce la región cocalera hubiera dicho algo que probablemente muchos otros conocen? Al fin y al cabo, el propio presidente Morales recomendó a sus dirigidos del Chapare que se limiten a cultivar coca en el cato que cada persona tiene asignada en la región, en una declaración que implícitamente reconocía el crecimiento de los cultivos. Además, el jefe de la Policía Boliviana, general Nina, acaba de reconocer que menores de 21 años son frecuentemente utilizados como intermediarios del tráfico.

La cadena de eventos tuvo su primer eslabón cuando la Conferencia Episcopal, que congrega a todos los obispos bolivianos, hizo conocer unas reflexiones al pueblo boliviano al concluir su reunión anual, en Cochabamba. El documento repasa algunos de los males políticos y económicos nacionales, entre ellos la falta de empleo, las limitaciones de la educación, las flaquezas de la justicia ante un poder ejecutivo fuerte, y las debilidades de una democracia que, en vez de fortalecerse, parece encogerse. El gobierno dijo que era un manifiesto político y algunos repitieron que la iglesia debía dedicarse a “salvar almas” y circunscribirse a la espiritualidad. Quienes así hablaron probablemente jamás leyeron ni escucharon sobre “Rerum Novarum”, “Quadragessimo Anno”, “Mater et Magistra”, “Pacem in  Terris”, “Populorum Progressio”, y muchos otros documentos de tantos papas desde el siglo pasado y antepasado. Y probablemente olvidan que cuando el régimen comunista polaco se vio forzado a convocar, en 1988, a verdaderas elecciones, de cien escaños en disputa sólo ganó uno. Los otros 99 los obtuvo Solidaridad, el movimiento obrero entonces apoyado por curas y obispos católicos. Fue el comienzo del fin del “comunismo real”.