Chile

Crece la marea

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El ambiente politico boliviano empieza a agitarse de nuevo y anuncia un recrudecimiento de apuestas contra el propósito reeleccionista del presidente Morales y con la mirada puesta en los comicios generales dentro de dos años. A los pronunciamientos periódicos de organizaciones políticas se ha sumado estos días el del MIR, cuyo jefe nacional Jaime Paz Zamora vino a Santa Cruz y afiló las espadas para la lid. Entre las más aceradas figuran la justicia y la administración de los recursos del estado, con acento en las oportunidades ignoradas para una gestión que pudo haber dejado huellas perennes.

Con la recuperación de la identidad política de su partido ante el CNE en puertas, Paz Zamora cree que nada bueno saldrá de la confrontación verbal con Chile. Al reiterar que ¨La Haya no nos dará mar¨ dice que la fase tras el fallo del tribunal de justicia será la negociación. Al igual que muchos especialistas, cree que la mesa para trabajar está lejos de ofrecer condiciones indispensables para un diálogo de esa trascendencia.

Al presentar una obra con apuntes sobre la historia de su partido (¨La Hazaña de la Esperanza¨), escrita por Susana Seleme Antelo y Rolando Aróstegui, el ex presidente destacó dos vertientes con las que Bolivia rompería su dependencia de los puertos chilenos. Ilo, en el sur de Perú, que ya está empalmado por carretera hasta el Desaguadero, pero aún sin la infraestructura de un puerto marítimo, y Puerto Busch, la conexión atlántica que ofrece a Bolivia, con acuerdos de libre navegación suscritos hace un cuarto de siglo con Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, la posibilidad de abrirse al comercio atlántico de manera soberana. ¨Con inversiones equivalentes a poco más de la mitad de lo gastado en el teleférico de La Paz, se podría haber construido una infraestructura portuaria moderna y una carretera asfaltada desde Puerto Suárez¨, dijo a su audiencia. El trasfondo es saber cómo fue administrada la bonanza histórica de los precios de las materias primas.

En otro punto, que repercutió como un desafío, planteó al presidente escoger a los cien mejores jurisconsultos nacionales y proponerlos al Legislativo para designar al Poder Judicial. ¨Él mismo los designaría, pero nosotros y todo el país estaríamos vigilantes a las designaciones¨. El guante que lanzó el 6 de junio no ha tenido respuesta todavía.

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Caminos al mar

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Las jornadas recientes en La Haya favorecen la estrategia en la que el país está empeñado para retomar la condición de vecindad al Pacífico, pero a la sensación de confianza se suman interrogantes que en el corto plazo deberán empezar a ser respondidas. No se vislumbra cuándo la pelota empezará a rodar para las siguientes fases de un juego supremo para Bolivia, pero parece prudente comenzar a analizar cuánto el país está dispuesto a invertir. ¿Canje territorial? ¿Algo menos o algo más? ¿Algo diferente? El tema cautivó a una audiencia selecta que hace pocos días se congregó en la Universidad Nacional Ecológica para escuchar las opiniones de especialistas del tema en sus distintas facetas.
En un paquete académico de seis en uno, Rubén Darío Cuéllar, Antonio Mariaca, Hugo Siles, Karen Longaric, Alberto Zelada y Fernando Salazar concurrieron a una invitación del rector de esa universidad, Carlos Hugo Molina, y la directora de la carrera de Relaciones Internacionales, Roxana Forteza, para exponer puntos de vista sobre el tema que tiene a la diplomacia boliviana bajo alerta máxima.
Cuéllar, ex Cónsul Adjunto en Chile, partió de la premisa en que se apoya la gestión en curso: Bolivia no busca revisar ni desconocer tratado alguno sino recuperar cualidad marítima. Enseguida, el catedrático Mariaca sostuvo que la Corte de La Haya se declarará competente, pero solo al final de la ronda en curso, para la que reclamó “cautela y buenos modales” pues “no es tiempo de confrontación”. “Con Haya o sin Haya, tenemos que negociar”. Cerró su intervención abriendo compuertas hacia el punto que quema en toda discusión a la hora de la cuenta: ¿Cuánto?
En su turno, Hugo Siles, Ministro de Autonomías, aseguró que las reuniones del presidente Morales con expertos nacionales antes de llevar la disputa a La Haya fueron una consulta nacional y que el camino había sido cuidadosamente preparado. En la ronda siguiente destacó las pérdidas económicas del enclaustramiento. Karen Longaric, también profesora de Relaciones Internacionales y ex diplomática, propuso a sus colegas hablar sobre las bases jurídicas de las posiciones de los dos países y de la intangibilidad de los tratados, angular en la diplomacia de Chile. Cada uno puntualizó sus visiones.
Un plato más fuerte lo sirvió el ex vicecanciller y ex Cónsul General en Chile, Alberto Zelada. La delegación boliviana debió haber respondido de inmediato “19 de diciembre de 1975” a la primera pregunta del tribunal, sobre cuándo había concluido un acuerdo para negociar un acceso soberano al mar, dijo. Aquella fue la fecha de la proposición formal de Chile, producto de la reunión Banzer-Pinochet. Y sobre lo que debía plantear Bolivia si llegase un nuevo momento de negociación, el punto de partida debía ser esa fecha. La sala estuvo de acuerdo en que, al margen de declaraciones, los dos países habían ingresado a temas esenciales.
Fernando Salazar, autor de una de las obras de biblioteca sobre la cuestión marítima (“Desatando Nudos”), recordó que en La Haya no se está discutiendo una salida al mar sino sobre reunirse alrededor de una mesa y negociar. También partidario de fórmulas “sub-óptimas” como alternativa (“supremacía territorial”, o todo, excepto soberanía plena), el internacionalista mostró insatisfacción con el desempeño boliviano. “Nuestra respuesta no fue la más feliz”, dijo, respecto a la primera pregunta –la aludida por su colega Zelada- pero destacó la audacia del presidente Morales al romper un ciclo en la ruta de la política marítima y avanzar con la bandera de “los actos propios”.
Zelada prendió una señal. En 1943, recordó, ocurrió un viraje en la política exterior boliviana, que hasta entonces buscaba modificar el tratado de 1904. Ese año el país entregó una memoria al Secretario de Estado norteamericano reconociendo la legalidad de la soberanía de Chile sobre la costa que había sido boliviana. Pero enseguida subrayaba la necesidad que tenía de una salida al mar, que esperaba satisfacer en entendimientos directos con Chile. Sobre esa base llegaron las notas de 1950, Charaña y la proposición de 1975. El hito contrastaba con el peor nivel al que han llegado ahora las relaciones con USA.
Con la sensibilidad de todo el país, Santa Cruz sigue atenta las sesiones de La Haya. De aquí también han partido propuestas para la mediterraneidad, algunas enteramente novedosas. Un estudio del Ing. Germán Carrasco Ardaya, de la Sociedad de Estudios Históricos y Geográficos de Santa Cruz, planteó hace un tiempo intercambiar territorios sin timidez. Si hubiere dificultades en departamentos occidentales para un eventual canje ¿qué tal ofrecer un área cerca a la frontera con Brasil? El estudio tiene un señuelo inescapable: la zona sería imán para inversiones chilenas proyectadas hacia Brasil y el Atlántico. Los vecinos brasileños retribuirían por las mismas razones, asociados al impulso exportador de la economía chilena, en una dinámica que incluiría a todo el cono sur del continente

Amenazas bélicas exageradas

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La más reciente entrega del diplomático Ramiro Prudencio nos habla de un tema de interés grande para Bolivia y Perú. Lo reproduzco con autorización del autor.

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El ministro de defensa de Chile, Andrés Allamand, ha manifestado que las fuerzas armadas chilenas están listas para actuar, refiriéndose a la relación de su país con Perú y Bolivia que él considera que será preocupante en el próximo año.

Esas declaraciones han sido comentadas por el primer ministro del Perú, Oscar Valdés, quien señaló que “tenemos razones para preocuparnos de la reacción chilena tras La Haya.”   Agregó, además, que Chile no tiene fama de ser cumplidor de los tratados.  Recordó que jamás se ejecutó el plebiscito estipulado en el Tratado de Ancón.  A este argumento habría que añadir que el Tratado de Paz de 1904 con Bolivia fue una nueva transgresión del mencionado Tratado de Ancón.  Porque en el primero se determinó la construcción del ferrocarril de Arica a La Paz, lo cual contravenía al segundo, pues el territorio ariqueño  no podía ser tomado en cuenta para ello, ya que no se había definido todavía su posesión definitiva.

Cabe la pregunta, ¿por qué el ministro peruano teme que la sentencia de la Corte de  La Haya pueda crear nuevos contratiempos entre Perú y Chile?   Varios políticos peruanos han comentado privadamente que sospechan que si la sentencia es favorable al Perú, el gobierno del presidente Piñera  no la cumpliría.  Eso podría provocar que los pescadores peruanos, considerando zanjado el asunto, pudiesen cruzar la actual frontera marítima chileno – peruana, y serían recibidos violentamente por la armada chilena.  Como se comprenderá, esta situación bien podría devengar en un conflicto armado.

Es menester recordar que el lamentable Tratado de Lima de 1929, con su Protocolo Complementario, creó una falsa situación en los departamentos de Tacna y Arica, al extremo que durante muchos años Perú creyó tener derechos expectativos sobre Arica y trató de reconquistar ese puerto.  Basta recordar que este deseo complicó grandemente a la negociación boliviano-chilena que se había iniciado en Charaña.  Ahora está sucediendo lo contrario, es Chile quien se  ha armado desmesuradamente y podría tener anhelos de “recuperar” Tacna.

Actualmente, una guerra podría definirse en pocas semanas.  Chile invadiría Tacna y Moquegua, y sería muy difícil hacerle salir de esos territorios.  Y lo importante es que se apoderaría de las mejores minas de cobre del Perú, con lo cual podría llegar a tener el monopolio de la exportación de cobre de todo el continente americano.  Algo semejante a lo sucedido en la Guerra del Pacífico, cuando ocupó Antofagasta y  Tarapacá con el fin de controlar la producción de salitre del mundo.

Si el Perú le preocupa el armamentismo chileno, sería muy conveniente que nuestro gobierno también lo hiciera.  Es decir, no debería provocar a Chile con actos reñidos con el derecho internacional como sería la denuncia del Tratado de 1904 o cortar las aguas del Silala, como lo ha manifestado el gobernador de Potosí.

Respecto al Tratado de Paz, muchos miembros del Gobierno consideran que éste va en contra de la nueva Constitución Política del Estado.  Pero habrá que recordarles que  existe el principio de que hay primacía del derecho internacional sobre el derecho interno.  Es decir que ningún país puede eludir compromisos internacionales alegando su régimen interno.

Y en cuanto al Silala, sabemos que éste es un acuífero nacional pero que sus aguas  bajan a Chile.  Por lo tanto,  es un problema internacional y debe ser resuelto por las partes o por un arbitraje de derecho.  Pero en ningún caso Bolivia podría cortar las aguas unilateralmente, porque crearía un serio perjuicio a Chile.  Además, ese país  puede alegar que se empeñó en buscar una solución al problema cuando suscribió con el nuestro un Preacuerdo que lamentablemente no prosperó.

En consecuencia, si  Perú y Bolivia mantienen su respeto al derecho internacional, entonces bien podrían efectuar una queja internacional ante la OEA o la ONU por las amenazas del ministro de defensa chileno, ya que éstas no condicen con una relación de paz y amistad entre los tres países, como todo el continente lo exige.

Adjudicaciones en Arica

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El título bien podría haber sido “Un tranvía llamado deseo” (Tennessee Williams), pues no es sino un deseo lleno de aristas el expresado por la cancillería boliviana para administrar el ferrocarril Arica-La Paz. Es el tema del artículo del diplomático Ramiro Prudencio Lizón, transcrito a seguir:

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La Cancillería nacional está solicitando a Chile que Bolivia se haga cargo de la administración del puerto de Arica, y también del ferrocarril de Arica a La Paz que próximamente quedará habilitado.  Es meritorio el anhelo de que el país tenga mayor autonomía en su comercio exterior.  Pero, cabe la pregunta: ¿es factible que se concrete tal deseo?

Lamentablemente, nuestra Cancillería no ha ponderado los factores adversos que imposibilitan que el país pueda administrar tanto el puerto ariqueño como el ferrocarril de Arica a La Paz.

Respecto al puerto de Arica, hay que tener presente que el Estado chileno debe subvencionar a la empresa privada que lo administra, la Terminal Portuaria de Arica (TPA), para que pueda sostenerse y efectuar una eficiente labor en beneficio de los usuarios bolivianos y chilenos.  El motivo  de la subvención es el hecho de que TPA no puede cobrar por el almacenaje de la carga boliviana en dicho puerto, ni  de importación ni  de exportación.  Existen tratados bilaterales que libran a Bolivia de pagar por el almacenaje de su carga en todos los puertos chilenos.  Y como ella constituye el 80% de la que se manipula en Arica, sin la subvención del Estado chileno, la empresa TPA no podría subsistir.

Existe además, una acusación muy poco fundamentada de nuestra Cancillería sobre la administración privada del puerto de Arica.  Aquí se hubiera preferido que fuese el propio Estado chileno el que lo haga.  Pero esto es un error, porque cuando EMPORCHI, la empresa estatal chilena, manejaba el puerto, nuestros transportistas que llevaban y traían carga, sufrían lo indecible.  Ellos llegaban a Arica, descargaban su mercancía, y luego debían permanecer, tres o más días en esa ciudad hasta recoger la carga de ultramar, con los consecuentes gastos e incomodidades que esto reportaba.  La mayoría de ellos dormía en su propio camión con el fin de cuidarlos en la noche.  Ahora, con la TPA, eso se mejoró mucho, ya que nuestros transportistas descargan la mercancía en la mañana, y en la tarde de ese mismo día, o a más tardar al día siguiente, reciben la mercancía de ultramar y retornan a Bolivia.

Es evidente que la TPA ha subido las tasas portuarias, pero eso se compensa con el tiempo ganado por la eficiente manipulación de la carga boliviana.

Si las tasas portuarias fueron incrementadas, es porque existe además el cobro que efectúa una empresa autónoma estatal boliviana: ASP-B, radicada en Arica.  Su función se reduce a entregar manifiestos de carga.   Pero su cobranza es arbitraria, porque en Arica es elevada mientras que en Matarani es casi simbólica.  Cabe destacar que el dinero que percibe no lo deposita directamente al TGN sino que ella lo administra autónomamente.

En cuanto al ferrocarril de Arica a La Paz, sabemos que éste no es competitivo desde que se inauguró la carretera de Bolivia a Arica.   Esta carretera determinó que las empresas privadas que administraban el ferrocarril terminaran por declararse en quiebra.  El trazo en la zona chilena, de Arica a Visviri, tiene una pendiente muy alta lo que incide en el rápido deterioro del riel, de las ruedas y de las locomotoras en particular.  Precisamente, y con el fin de mantenerlo habilitado, existía una maestranza en Arica, con más de cien operarios, que se preocupaba de refaccionar y reparar constantemente tanto la vía como los vagones y locomotoras.

Ahora bien, la empresa que se haga cargo del Ferrocarril deberá también ser subvencionada por el Estado chileno, porque la mencionada maestranza es muy costosa.  Y  si el Estado boliviano llegara a controlar este medio de transporte, ¿cómo podrá sostenerse si deberá pagar a más de cien operarios de la maestranza?  Sería ilógico pensar que el Estado chileno subvencionase al Estado boliviano en ese rubro.

En consecuencia, los anhelos de nuestra Cancillería de controlar el ferrocarril y el puerto de Arica son sueños irrealizables.   Sin las mencionadas subvenciones del Estado chileno la administración de los mismos sería un esfuerzo a pura pérdida.

Nuevo acercamiento a Chile

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Comparto con Uds., bajo autorización del autor, la más reciente entrega del diplomático Ramiro Prudencio Lizón, que se publica en La Razón, de La Paz. El tema es de la mayor actualidad.

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Como se sabe, a instancias del gobierno nacional, se reunieron en Lima los presidentes Evo Morales y Sebastián Piñera, con el ánimo de reiniciar el diálogo interrumpido el día 23 de marzo, cuando el primero decidió abruptamente llevar la cuestión marítima a tribunales internacionales.

Ha sido una decisión muy positiva del presidente Morales retornar al plano bilateral ya que es el medio más práctico y seguro de encontrar soluciones a los variados problemas existentes entre los dos países, entre ellos el del Silala, el del río Lauca y el  marítimo nacional.

Hay ingenuos que aún creen en la justicia internacional y propugnan la continuación de la senda hacia los tribunales de La Haya.   Pero dicha justicia es muy relativa.  Además, en lo que respecta a nuestro magno problema, éste no está fundamentado en derechos jurídicos sino sólo en históricos y morales.  Y estos últimos muy difícilmente pueden ser tratados por tribunales internacionales.

Nuestros derechos históricos provienen del hecho de que Bolivia nació siendo un país litoral,  con una costa de más de 300 kilómetros de ancho, reconocida por Chile.  Y los derechos morales, en las veces en que la comunicad internacional, principalmente la OEA, y el propio Chile, apoyaron la existencia del problema marítimo.

Cabe reafirmar que la OEA en once oportunidades emitió resoluciones instando a los dos países a que resuelvan directamente la mediterraneidad de Bolivia.  Y últimamente, muchos de los cancilleres americanos reunidos en la Asamblea General de El Salvador, incluido el representante de USA, han reiterado esa disposición, insistiendo en la necesidad de que se busque un arreglo en forma bilateral.

Evidentemente, el inicio del camino bilateral será ahora más duro de transitar ya que Chile se considera ofendido desde la ruptura del diálogo.  Prueba clara son las declaraciones del canciller Moreno de que “Chile tiene la mejor voluntad de colaborar para que Bolivia tenga un mejor acceso al mar”, pero reiterando  que “Chile no le debe nada a Bolivia”.  En verdad, el gobierno de La Moneda no debiera quejarse por lo sucedido el 23 de marzo, ya que la misma prensa chilena menciona que una de las causas de la ruptura del diálogo fue el “caso Sanabria”, es decir, que el gobierno trasandino no informó al de Bolivia sobre ese operativo organizado conjuntamente con la DEA.  Ese hecho fue calificado por el presidente Morales como una deslealtad.

Retornando a los tribunales internacionales, es menester señalar que ni siquiera un dictamen de la Corte Internacional de La Haya es definitivo.  Los países muy bien pueden eludir su cumplimiento.  Basta citar el “Caso del derecho de Asilo” de Haya de La Torre, en 1950,  entre Colombia y Perú.  La sentencia de la Corte negó el derecho de asilo a Colombia y, por tanto, este país debía entregar a las autoridades peruanas, a ese conocido político, quien estaba refugiado en la embajada colombiana en Lima.  Pero Colombia nunca cumplió la sentencia.

Actualmente, Chile y Perú han llevado el problema de su delimitación marítima a la Corte de La Haya.  ¿Habrá gente tan cándida de creer que si el dictamen de la Corte es adverso a  Chile, este país acataría su cumplimiento, tomando en cuenta que el dominio del territorio marítimo disputado lo tiene desde hace ochenta años?

Si ahora unos disturbios de chiquillos de colegio hacen  trastabillar al gobierno de Piñera, ¿qué le sucedería a éste si aceptara el dictamen y redujese su territorio marítimo de la zona de Arica?  Lo más probable sería que el pueblo chileno y sobre todo sus poderosas fuerzas armadas lo defenestrarían de La Moneda, lo tacharían de traidor a la patria y lo cubrirían de oprobio.

En consecuencia, deberíamos dejar de lado los ingenuos anhelos de una justicia internacional, y abocarnos a solucionar nuestro problema marítimo en forma pragmática, mediante una negociación bilateral, directa, franca y amistosa;  y ello porque Chile necesita de Bolivia, tanto como Bolivia necesita de Chile.

De nuevo a 1904

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Los presidentes Evo Morales y Sebastián Piñera elevaron la temperatura del nivel de cero al que habían descendido tras el discurso del mandatario boliviano el 23 de marzo último. Reunidos en Lima para el juramento del presidente peruano Ollanta Humala, la elevaron en sólo pocos grados, pues el congelamiento de la actitud de Chile continuó vigente, al igual que la que selló el tratado de octubre de 1904. Piñera le dijo a su colega vecino: Hablemos, sí, pero respetando los tratados vigentes, es decir el de 1904, que en sus relaciones con Bolivia, es el que interesa a Chile. La versión sobre las palabras del presidente chileno viene de los medios de ese país.

De momento, los bolivianos ignoran si el proceso de internacionalización judicial del problema dispuesto por el presidente Morales hace cuatro meses continúa en curso.

Una conclusión: Salvo imponderables, en el mejor de los casos volveremos a la “agenda de los 13 puntos”, con el desprestigio de esa agenda con la que el presidente boliviano dijo que había sido engañado y que – él mismo lo afirmó –  fue un ardid chileno para pasar el tiempo.  Por ahora, el gesto del presidente Morales luce como un incidente más en los años que corren desde 1904, que pronto serán 133, 134, y así, sucesivamente.

La OEA y el mar boliviano

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El diplomático Ramiro Prudencio Lizón ha escrito el siguiente artículo. Su actualidad es imperiosa y lo reproduzco en este blog con su autorización.

En estos momentos en que se lleva a cabo la 41º Asamblea General de la OEA, donde nuestro país ha planteado nuevamente su magno problema, es conveniente hacer un análisis de las once resoluciones que dicho organismo sancionó en favor de nuestra causa marítima.

Como se sabe, la primera resolución se promulgó en la Asamblea General reunida en La Paz en 1979, año del centenario del inicio de la Guerra del Pacífico.  Ella es considerada como la mejor de todas, no sólo porque fue la primera vez que la organización dictaminara al respecto, sino porque el texto resumía las condiciones en que nuestro país deseaba negociar con Chile.  Allí se expresa que se debía ceder a Bolivia un territorio que lo vinculara con el océano Pacífico, con una costa que incluyese soberanía sobre los recursos marítimos.  Asimismo, que se estableciera una zona de desarrollo integrado entre los tres países (Bolivia, Chile y Perú), la cual “incluiría un puerto en el actual territorio chileno”.  Y, por último, que no se “deberán incluir compensaciones territoriales”.

Pese a la gran alegría que dicha resolución provocó en el pueblo boliviano, el cual creía ingenuamente, que ya se estaba acercando al mar, la misma no tuvo ningún fin práctico, ya que Chile consideró que le imponía condiciones inaceptables y siempre la repudió.

Luego vinieron dos resoluciones, las de 1980 y 1981, con un texto muy similar que decía lo siguiente: “Exhortar a los Estados involucrados a que, a través de las vías correspondientes, inicien un diálogo que permita la solución más satisfactoria del problema marítimo boliviano”.    Estas fueron aprobadas por consenso, es decir, hasta con el consentimiento chileno.

En 1982, cuando retornó la democracia en Bolivia, se gestionó la obtención  de una resolución muy semejante a la de 1979.  Pero sólo se logró la reafirmación de las tres primeras resoluciones, con una recomendación a las partes involucradas  “que pongan en marcha negociaciones encaminadas a dar a Bolivia una conexión territorial libre y soberana con el océano Pacífico”.  Chile la rechazó señalando que la resolución de 1979, “sigue siendo ilegítima y no empece a Chile”.

Ahora bien, en 1983, y gracias a la gestión del canciller José Ortiz Mercado, se logró que Chile, junto con Bolivia y Colombia, presentara un texto de resolución a la Asamblea.   Este era mucho más extenso que los anteriores, y  exhortaba a las partes a que normalicen sus relaciones para superar las dificultades que los separaban, “incluyendo en especial una fórmula que haga posible dar a Bolivia una salida soberana al océano Pacífico”.  Dicho texto  fue aprobado por unanimidad y mereció aplausos de la sala.  Además, la mayoría de las delegaciones hizo uso de la palabra para manifestar su complacencia por el acuerdo alcanzado.   Cabe destacar que gracias a la resolución de 1983,  se pudo iniciar conversaciones que culminaron en la última negociación sobre la cuestión marítima del siglo pasado, denominada del “enfoque fresco”, entre los años 1986 y 1987.

Posteriormente, las resoluciones emitidas desde 1984 tuvieron un texto cada vez más reducido, y  ya no fueron aceptadas por Chile. La última de ellas, la de 1989, tuvo la virtud de determinar que el problema marítimo se mantendría permanentemente en la organización, “a requerimiento de una de las Partes involucradas”.  Ello fundamentó que Bolivia pudiese presentar cada año un informe sobre el tema sin tratar obligadamente de imponer una resolución.

Es menester tener presente que las resoluciones rechazadas por Chile son sólo declaraciones líricas y no conducen a nada positivo.  Nuestro pueblo debe entender que ni la OEA ni ningún organismo internacional pueden obligar a Chile a efectuar cesiones territoriales.  En consecuencia, se debe negociar con ese país para que el próximo año, cuando la Asamblea se reúna en Bolivia, se apruebe una resolución al estilo de la de 1983, que sea aprobada por consenso y que sirva de base para una futura negociación franca y amistosa que  determine la supresión de nuestro enclaustramiento geográfico.

Ramiro Prudencio Lizón