Hacia el federalismo

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El cabildo del viernes en Santa Cruz ha colocado la piedra fundamental para erguir el sistema federal, que incrementa la libertad de acción y autonomía de las instituciones que constituirían Bolivia. De aquí en adelante,  nadie podrá ignorar que bastante más de un millón de bolivianos dio un paso para ejecutar el útimo intento de dotar al país de un sistema de gobierno estable, con el que se camine con más energía hacia un desarrollo  económico y social equilibrado de toda la nación. Es el  desafío institucional más grande que se plantean los bolivianos en casi dos siglos de historia.

A solo dos semanas de las elecciones presidenciales, la decisión cruceña coloca una piedra gigante en el camino de la candidatura del presidente Morales, empeñado en su tercera reelección, o cuarto mandato. Si consiguiese la meta, que le permitiría estar a la cabeza del gobierno durante veinte años contínuos, período sin precedentes en Bolivia y con raros ejemplos en el mundo actual, tiene de antemano numerosas interrogantes. El primero se refiere a su futuro político: partiría de antemano con más de un millón de opositores solamente en Santa Cruz. Si, en hipótesis, se sumara a la oposición de los demás departamentos, con todo el apoyo que pudiese tener, para el presidente equivaldría a equilibrarse sobre una plataforma rodante. No podría gobernar.

Mucho menos cuando el mundo bajo el que llegó al gobierno ha cambiado y es cada vez mayor el repudio hacia regímenes autoritarios, de los que salen los mayores amigos de la Bolivia actual: Rusia, China, Irán, Turquía, Nicaragua y Cuba. Ha cambiado también la suerte de los precios de las materias primas, con los cuales el país se gana la vida. Los ingresos por exportaciones declinan desde hace más de cuatro años y han perdido un 20% a 25% respecto a los valores récord de 2014, cuando el Instituto Boliviano de Comercio Exterior contabilizó 16.970 millones de dólares. Preguntémosle a cualquier empleado público qué haría si le rebajan al sueldo ese porcentaje.

Por todo lo visto, la del viernes ha sido una de la mayores concentraciones en la historia nacional. Poblaciones enteras de las ciudades aledañas, especialmente de Montero y Warnes, se  volcaron  hacia Santa Cruz.

Siempre al ataque a sus opositores, esta vez el presidente permaneció mudo. Se concentró en su campaña e ignoró las imágenes que mostraba la mayoría de los canales de TV.

Si se agrega la contrariedad que ha causado la tenacidad del presidente en negarse a declarar desastre nacional por la tragedia que vive la Chiquitania, que facilitaría el acceso de ayuda humanitaria del exterior, la animosidad cruceña hacia su gobierno y su partido, la oposición ha crecido en espiral. La tragedia, aunque en escala menor, ha azotado también a regiones del Beni, Tarija, La Paz y Pando. Ya pocos creían en la encuesta que asignó al presidente y su partido un crecimiento que colocaría al oficialismo muy cerca de ganar la contienda en primera vuelta. El descrédito del sondeo ya era mayúsculo antes del viernes del cabildo.  Hay que imaginar cómo lo es en estas horas.

El cabildo decidió asignar a cada uno de los asistentes la responsabilidad de gestionar asistencia externa para aliviar el desastre. Cómo resultará esa orden, no es previsible pero con seguridad derivará en una contrariedad adicional para el gobierno.

No es casualidad sino característica de regímenes de izquierda evitar ayuda externa en tiempos de desgracias naturales. Hugo Chávez hizo lo mismo a principios de siglo, cuando la costa occidental venezolana desapareció en mares de lodo. Tras un intercambio telefónico con Fidel Castro, mandó de vuelta a un trio de barcos norteamericanos que se dirigía a Venezuela.

Tampoco será fácil de cumplir el ultimatum que dio el presidente del comité cívico, Luis Fernando Camacho, el orador principal del cabildo, quien dio un  plazo de cinco días para derogar medidas que facilitaron los incendios y para que el INRA desaloje asentamientos ilegales hasta este lunes 7 de octubre al mediodía. La contrapartida sería desconocer en todo el departamento las normas dictadas por el gobierno.

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