Ánimos crispados

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El Juicio del Siglo reanudará las sesiones orales este lunes, a pocos días de haber sido colocado cerca del colapso cuando un abogado del gobierno y otro de la defensa estuvieron a un paso de llegar a los puños, en un pugilato que sólo habría expresado la decadencia del mayor juicio penal de la historia boliviana.

Desde el inicio de la fase oral en Santa Cruz, hace tres años, el Juicio del Siglo ha estado repleto de incidentes, pero el de la semana antepasada eclipsó los anteriores, en medio de incitativas e interjecciones ante los ojos del tribunal primero de sentencia de La Paz, que preside el juez Sixto Fernández.

El 7 de enero, durante la sesión en la que hicieron crisis algunas de las tensiones y frustraciones acumuladas en años, el magistrado intentó reflexionar ¨a todas y cada una de  las partes¨. Esta semana podrían medirse los efectos de la reflexión sobre los ánimos de los involucrados, en un proceso que no exhibe señales de un final próximo, después de 80 meses de la invasión policial al Hotel Las Américas y la muerte violenta de tres ocupantes que, en la voz del gobierno, iban a cometer magnicidios, terrorismo y una guerra para dividir Bolivia.

¨Hay quienes quieren que el juicio fracase…¨, dijo el juez, al anunciar que había dispuesto mayor vigilancia de los policías siempre presentes en las audiencias para que observen el comportamiento de todos los asistentes. (La chispa de ese incidente había sido una interjección desde algún lugar donde su ubican los acusados y el público visitante). El llamado genérico del juez ¨a todas las partes¨ para que asuman un comportamiento profesional causó molestias en la defensa. Uno de los abogados le señaló que el incidente que acababa de ocurrir había sido causado por la interrupción exabrupta de un representante del Ministerio de Gobierno cuando hablaba un defensor.

Durante gran parte de las audiencias de diciembre y de comienzos de este mes, el tribunal ha estado  abrumado por una crisis interna cada vez más visible. Una de las jueces ciudadanas acusó a un fiscal de pretender imponerles su voluntad; luego las jueces ciudadanas acusaron a su colega técnica de no guardarles respeto y pidieron la intervención del juez presidente. Hace 10 días otro fiscal responsabilizó al juez Fernández de no conducir apropiadamente las sesiones.

En esa atmósfera tensa, el día 7 de enero hubo interjecciones airadas y un abogado defensor y un representante del Ministerio de Gobierno se levantaron de sus asientos con los puños cerrados rumbo al centro de la sala frente al tribunal. La intervención de sus colegas, que sujetaron a los dos, previno el pugilato que estaba por desencadenarse. La sesión iba a continuar, pero prevaleció la sugerencia apaciguadora del abogado defensor de funcionarios de COTAS para suspender la audiencia porque no existían condiciones para continuarla.

Luego de peregrinar por La Paz, Cochabamba, Tarija y Yacuiba forzado por problemas de salud que acosan a los acusados (uno de ellos sufrió un infarto), el caso está radicado en Santa Cruz desde enero de 2013. De los 21 acusados de entonces, quedan 16. Cinco optaron por juicios abreviados y se declararon culpables de delitos que les endilgaba la acusación y que ellos habían negado durante años. La abreviación fue calibrada para que la sentencia coincidiera con el tiempo que habían permanecido presos. Un tufillo evocador de  los Juicios de Moscú en la década de 1930 es inevitable para todo quien haya  leído un mínimo de la historia de esos años.

El juicio continúa en la fase declaratoria de los testigos de la acusación, cuyo número el juez decidió reducir para acelerarlo. Al acabar la presentación de testigos de cargo, deberá ocurrir el turno de los testigos de la defensa. Aún quedaría pendiente la presentación de pruebas en las que se basó el ahora ex fiscal Marcelo Soza Álvarez para articular la acusación. La gestión del ex fiscal duró más de tres años antes de que fuera apartado. Ahora está en Brasil, donde se le brindó refugio tras denunciar que  gran parte de su pliego acusatorio fue resultado de presiones del gobierno para involucrar a dirigentes de Santa Cruz en la trama que asegura buscaba derrotar al ejército y crear una nueva nación. Los documentos que el ex fiscal presentó en Brasil para obtener refugio no han sido aceptados entre las pruebas.

La acusación cree que se podrá llegar a la sentencia en cuestión de meses. La defensa no es tan optimista.  Con la experiencia de los años transcurridos, los abogados de la defensa creen que más realista sería hablar de años, tal vez hasta 2018.

 

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