Aristas

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En días que el gobierno querría que fuesen tranquilos, han empezado a afirmarse focos de controversia destinados a crecer en momentos en que el Papa Francisco ya está en tierra sudamericana y se aproxima el momento de su llegada a Bolivia. Las aristas conflictivas afiladas a lo largo de años que se manifiestan estos días contrastan con los esfuerzos de las autoridades por rodear la presencia de Pontífice de un clima de concordia.

A unos cientos de metros de las vallas oficiales que saludan al Santo Padre desde un escenario conmovedor  por su sencillez y expresivo de la profunda cultura religiosa que plantaron los misioneros jesuitas de la colonia, se alzan otras que celebran la presencia del Papa Bergoglio y reclaman una amnistía como paso de reencuentro entre bolivianos. Flanqueado por banderas verde-blanco de Santa Cruz, y un diseño del perfil del Pontífice, estaba este fin de semana un pedido adherido a los vidrios de gran número de vehículos: “Papa Francisco: Intercede por nuestros familiares, refugiados, presos y perseguidos políticos”.

La oportunidad que ofrece la visita del Pontífice repercutió con fuerza el jueves en el Juicio del Siglo, donde un abogado defensor sugirió sorpresivamente una amnistía que decretaría el  Presidente Evo Morales bajo prerrogativas establecidas por la Constitución Política del Estados. Francisco Aróstegui, el ex prefecto de Santa Cruz, planteó esa mañana, apenas iniciada la audiencia, que la amnistía fuese solicitada al presidente en conjunto por la defensa y por los propios fiscales, ante la insólita extensión del proceso, con más de seis años desde sus orígenes, el 16 de abril de 2009 con el asalto al Hotel Las Américas.

“Fue como hablarle a mudos”, dijo después, al recalcar que los fiscales no respondieron de inmediato a la propuesta. Aróstegui dijo que veía esa posibilidad como una forma legal y expeditiva de resolver el proceso aletargado como pocos en la historia del país. Uno solo de 41 testigos lleva más de tres meses declarando y a ese ritmo “verán llegar a sus bisnietos y tataranietos sin que ocurra una solución”, dijo. De 39 acusados, cuatro siguen en prisión preventiva en San Pedro (La Paz) y Palmasola (Santa Cruz) y cinco recuperaron la libertad tras declararse culpables tras años en la prisión desde la que proclamaron inocencia. (Uno de ellos, acaba de afirmar ante el Parlamento Europeo que no hubo un enfrentamiento entre la policía y ocupantes del hotel, a diferencia de la tesis oficial que sostiene que la policía fue la atacada). Los demás están en el exilio.

Con una magnitud igual o mayor, se desplaza la controversia sobre el TIPNIS. La determinación del gobierno de abrir una carretera por el corazón de ese lugar entre el norte de Cochabamba y el sur del Beni marcó una ruptura con indígenas del oriente boliviano y definió prioridades oficiales superiores a los discursos para preservar la naturaleza. Los indígenas que se opusieron a la carretera y pagaron con una paliza brutal que indignó a ecologistas en todo el mundo, se proponen denunciar la persistencia de los planes para atravesar el lugar y buscan la manera de llegar con su mensaje hasta el Sumo Pontífice. Con cartas oficiales a la Nunciatura Apostólica, la Conferencia Episcopal y al Cardenal Julio Terrazas, han pedido ayuda para hablar ante el Papa Francisco sobre “los problemas de las nacionalidades indígenas” y denunciar que “se siguen violando los derechos de los pueblos indígenas”.

El tema es particularmente sensible para el Papa, que hace solo pocas semanas  divulgó una carta encíclica para la preservación de la naturaleza.  “A los gobiernos se les vende un discurso que no corresponde a la realidad”, dijo Adolfo Chávez de la CIDOB (Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente de Bolivia). Con el tema que representan, opuestos al recorrido de la carretera, los indígenas amazónicos esperan llamar la atención sobre el problema y llevar al gobierno a reorientar su mayor proyecto carretero.

“Es una oportunidad de mostrar esta agresión contra nosotros y la naturaleza”, dijo Lázaro Tacoó,  también de la CIDOB. En el lugar se extiende por unos  9.000 kilómetros cuadrados donde viven más de 4.000 indígenas agrupados en unas 60 comunidades. La mayoría vive de la caza y la pesca y del comercio entre comunidades. En busca de frenar los planes del gobierno realizaron dos marchas con un recorrido de más 600 kilómetros desde el lugar hasta La Paz.

A la controversia se ha sumado la autorización  del gobierno para que empresas petroleras exploren en busca de hidrocarburos en una veintena de parques naturales. La apertura hacia una industria frecuentemente en conflicto con los ambientalistas ha traído a la discusión el estado del sector petrolero nacional, hoy responsable de la mayor tajada de ingresos de divisas y de impuestos que tiene el país. El tema merece ser tratado en otra oportunidad.

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