¿Dónde está el espionaje?

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He leído  y releído el trabajo de La Razón sobre la presentación de la memoria boliviana ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya sin conseguir descubrir en qué consistiría el espionaje o divulgación de secretos de estado que endilga el Procurador General del Estado al periódico. He leído, también varias veces, la nota de la Procuraduría General, que afirma que el diario paceño ha publicado información reservada, de la que no ofrece pistas que iluminen el entendimiento de los bolivianos sobre los motivos de la nueva escaramuza entre autoridades y practicantes del “oficio más bello del mundo”, como definió al periodismo, en un exceso notable de parcialidad, el Nobel García Márquez.

Una clave de la susceptibilidad  del procurador estaría en la mención a una consulta internacional sigilosa para determinar opiniones de entendidos, inclusive de quienes no simpatizan con el Presidente Evo Morales,  sobre la iniciativa boliviana, y en referir el traspié cuando se intentó plantear la cuestión magna boliviana ante la Liga de las Naciones. En el primer caso, la información dice que la reacción fue positiva. En cuanto al segundo, no es ningún secreto y su historia está en todo buen trabajo sobre aquella gestión infructífera.

La nota periodística está formada por retazos informativos con los que muestra un mosaico del que habría sido el camino para llegar al planteamiento boliviano presentado hace casi un mes. Es posible conjeturar que el buen propósito de elaborar el trabajo con extremo cuidado en un plazo limitado torpedeó la norma de orden riguroso y máxima claridad. La descripción de la sesión de abril del año pasado es extensa (los cinco primeros párrafos) y sacrifica espacio útil para otros elementos de la información.

Es natural que, en el epílogo de un trabajo de al menos tres años, la nota final boliviana hubiera sido redactada y revisada varias veces. Innecesario subrayarlo pero también imposible encontrar en ese registro una intención contra la seguridad nacional. Podía haber sido escrita decenas de veces y eso no habría llamado la atención debido a la magnitud del tema y el cuidado que su tratamiento conlleva.

Decir que ese trabajo fue arduo y secreto no compromete la seguridad de nadie. Que haya un equipo de abogados externos con el que fue elaborada la presentación boliviana es también normal. No era ningún secreto que se iba a recurrir a la doctrina de los actos propios. No hay internacionalista boliviano que no se hubiera preocupado por informarse sobre ese concepto y en los últimos tiempos era un tema corriente de discusión y análisis.

Hay  elementos de estilo en la nota que, a estas alturas, uno supone que ha sido desmenuzada por todas las redacciones, inclusive la afectada. No hacerlo sería una falta imperdonable. Asuntos de esta magnitud y apropiados para la autocrítica no se presentan todos los días, menos en vísperas del Día del  Periodista.

No es alentadora la imagen que proyecta de Bolivia el procurador si una nota informativa así lo inquieta y lo lleva a exhibir la actitud secretista que se percibe en algunas autoridades. Esa inquietud puede ser interpretada como inseguridad, algo que debe haber estado lejos de la intención del procurador. Inferir que el periodista y sus jefes cometen traición a la patria es ingresar a la paranoia. Es también desconocer talento y sentido común en el rival.

Nadie podría creer que hay secreto de estado en el calificativo de “impecable” atribuido en la nota al juez de la CIJ Philippe de Couvreur, respecto al trabajo boliviano, ni en la descripción de la escena de la presentación. La frase no es corroborada en la versión, fechada en La Haya. Con todo, es legítimo suponer que a causa del celo del procurador, La Razón ha elevado su popularidad como medio informativo.

Para cerrar, la nota de la Procuraduría ignora al género femenino cuando ordena al periodista “revelar en el plazo de tres días”  los nombres… “del funcionario o funcionarios públicos, exfuncionario o exfuncionarios que le reveló o le revelaron información reservada…”  En tiempos de respeto al género, el lector deberá concluir que no hay mujer o mujeres involucrada o involucradas en la divulgación de la información supuestamente reservada.

Creo que una parte de este problema obedece a la hipersensibilidad de algunas autoridades con un tema que contiene dosis comprensibles de incertidumbre, de la que nadie podría, razonablemente, culparlas. También exhibe la necesidad de que los medios, especialmente los escritos (y también los televisivos), cuenten con una figura que es institucional en otras latitudes: el defensor de lector, el “ombudsman”, que trata de colocarse  al lado del público y de la calidad informativa, no del  medio ni de sus periodistas, menos aún de gobiernos. Salvo experiencias contadas y encomiables, no ha existido esa figura de forma militante en Bolivia.

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