Crónica del “neoaguinaldo”

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{*) Aún se escuchaba el eco del comienzo temprano de la campaña electoral para 2014, estaba en debate el informe oficial sobre la coca y  persistía la inquietud con la salud de algunos acusados en el Juicio del Siglo tras la muerte de José María Bakovic, cuando sobrevino un sacudón con epicentro en la economía: un aguinaldo doble que, para los más críticos, el presidente Evo Morales sacó del sombrero y lo brindó a los asalariados. Fue mayúsculo el sobresalto de empresarios, grandes y pequeños, y de todos los responsables por algún empleo. Las campanas de alarma tocaron a rebato alertando sobre el riesgo de un brote inflacionario y de cierre inminente de emprendimientos pequeños, el grueso de la empresa privada boliviana.

En un país donde predomina la economía informal, el repentino regalo alcanza a sólo una porción de asalariados, probablemente a uno de cada cinco trabajadores. Hubo muchos que se sintieron discriminados, entre ellos los jubilados y los “auto empleados”, que viven de un negocio unipersonal (taxistas, por ejemplo). Marginados del festejo estaban los campesinos, columna vertebral del gobierno, pues en las zonas rurales el bono sólo llegaría a maestros y funcionarios municipales, una ínfima minoría.

El alboroto causó perplejidad  en el gobierno que, a los pocos días, ya anunciaba su disposición a un arreglo que permitiese pagar el neo-aguinaldo en parcelas. Algunos pedían hasta seis meses y pagarlo en productos: la zapatería pagaría en zapatos. La lógica no era muy clara: ¿cómo pagarían a sus empleados los restaurantes y puestos de comida?  Con datos del censo de hace dos años,  se tendría que un 94% de las empresas registradas serían micro y pequeñas empresas. Una empresa es “micro” si tiene hasta cuatro empleados. Pasa a la categoría “pequeña” con  5-15 empleados.

En la segunda semana, cuando estaba resuelto que el bono extra se pagaría hasta fines de febrero, la cuestión de cuánto y a quiénes beneficiaría no había sido definida. Se hablaba de pagarlo sólo a  los que ganasen menos de 5.000 bolivianos mensuales y estuviesen en funciones al menos un año.

Más que de júbilo por un regalo inesperado, la reacción inmediata del país tuvo el rostro del rubor de quien recibe una fruta prohibida (una caricatura en la red mostraba a un presidente Morales festivo que decía: “Yo invito, ustedes pagan”).  El diseño del regalo era excluyente. Lo subrayó el cardenal Julio Terrazas, quien en su homilía antes de partir a Roma para ver al Santo Padre dijo que debía alcanzar también  a los jubilados. “Esas estupideces no tienen nada que ver con nuestra fe. ¿Cómo van a decir que no hacen nada”?, dijo sobre la palabra oficial opuesta a otorgar bonos a los jubilados.

Para el gobierno, el verbo cardenalicio fue como un trueno que deslucía la fiesta. Isaac Ávalos, senador del MAS por Santa Cruz, se  indignó con el cardenal y dijo que sus palabras  no correspondían a un supuesto arreglo del presidente Morales con el Santo Padre: que la Iglesia Católica no interviniese en áreas que el gobierno consideraba propias para que el gobierno no interviniese en cuestiones eclesiásticas. El problema era que regímenes como el boliviano nunca entendieron que él ámbito de la iglesia trasciende la celebración de misas y abarca todo lo concerniente al ser humano, espiritual y materialmente. En los días siguientes el reclamo del purpurado sólo tendía a crecer y marcaba la reaparición de conflictos entre las autoridades y la Iglesia Católica.

El gobierno intentó convencer que la estabilidad de la economía no sería afectada. Al creciente número de quienes sostenían que la medida buscaba beneficios electorales dentro de 11 meses,  aseguraba que era un acto de justicia distributiva porque la economía crecería linealmente en un 4.5%.

El argumento no era muy ortodoxo, y  evocaba el “bono patriótico” creado por el general Hugo Bánzer en tiempos de bonanza, gracias, como ahora, a los precios de los hidrocarburos. Bolivia exportaba algunos miles de barriles diarios de petróleo y empezaba a vender gas natural a Argentina. Ese regalo, a ser pagado a mitad de año, fue barrido por las tormentas que trajo la inflación que sobrevino años después.

Hasta el Banco Central, por definición guardián de las finanzas nacionales, intervino para sostener que no habría inflación y asegurar que el Aguinaldo II era “una medida legítima, necesaria y justa” de redistribución coherente con el desempeño macroeconómico del país que registra superávits desde hace siete años.

Con el bullicio de la controversia, no estaba muy claro cuánto dinero exactamente ingresaría a la circulación con el pago imprevisto. Datos de distintas fuentes aseguraban que unos 7.000 millones de bolivianos entrarían en circulación. De esa cantidad, sólo un tercio vendría del estado. Para los mineros, el aguinaldo extra sería sobre el salario básico, en muchos casos apenas un 20% del ingreso mensual porque el resto corresponde a bonos de producción.

El Banco Central se vio ante una contradicción. Por un lado la economía recibiría un torrente de cientos de millones de dólares que se sumaría a la fuerte liquidez que provocan los pagos de fin de año (sueldo de noviembre y diciembre además del aguinaldo tradicional, al que ahora se sumaría, hasta febrero, otro más);  por otro lado, el instituto emisor instaba a la población a ahorrar lo que iba a recibir. “Es de esperar que gran parte…se destine al ahorro”, proclamaba en un aviso el domingo 24 de noviembre. La oferta incluía tasas de interés de hasta el triple  respecto a las que normalmente rigen el mercado (2% versus 6%). Casi nadie contradecía que, con los niveles de ingresos de los bolivianos, pocos serían los que fuesen a tener capacidad o voluntad de ahorrar. Una perla mereció atención: entre los beneficiados iban a estar los legisladores de la asamblea plurinacional. Sumados los cuatro sueldos, cada uno recibiría el equivalente a unos 7.000 dólares en un mes.

El Ministro de Finanzas Luis Arce trató de conferir racionalidad a la medida al asegurar que, en conjunto, las ganancias de las empresa privada iban a ser de 4.111 millones de dólares en 2013 (US$ 3.700 millones el año anterior), lo que daba pie para pensar que los que resistían el pago eran unos  miserables.

No pensaba así el joven industrial cruceño Fernando Delius (26), que distribuyó entre sus amigos una carta abierta al presidente Morales destacando el agobio de las empresas que había levantado gracias a sus ahorros y estudios en el extranjero. “Me siento impotente y decepcionado”, le dijo al jefe de Estado. “El crecimiento del 4.5% del PIB no logra cubrir  el tremendo aumento en cargas sociales que se tienen que pagar. Como yo, deben de haber miles de empresarios preocupados, y no solo empresarios sino empleados conscientes de que para crecer y ganar hay que aumentar la productividad…”

Con la dinámica de los acontecimientos en Bolivia era legítimo pensar que el fuego de noviembre estará apagado en diciembre, y que pronto sobrevendrá algún otro  acontecimiento que acallará el nuevo ruido. ¿Tiene fin esta cadena? El país semeja desde hace rato una usina  productora de acontecimientos que se sobreponen y se acumulan sin resolución y aumentan la presión sobre una caldera que, llegado el momento, pocos podrán controlar.

(*) Este artículo fue publicado en el número 135 de Nueva Crónica del Instituto Prisma, con la que frecuentemente colaboro.  Es un vistazo en torno al aguinald doble decretado por el gobierno a mediados de noviembre.

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