Desafíos de la coca

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Hay un suspenso que tiene de puntillas a buena parte del país ante el estudio sobre la coca que ha sido financiado por la Unión Europea y cuya divulgación lleva tres años de atraso. Conocer ese estudio se ha vuelto más apremiante con los sucesos sangrientos en Apolo, toque de clarín para un fenómeno solo disimulado por la avalancha persistente de sucesos que acaparan efímeramente la atención pública antes de ser substituidos por otros y desaparecer. La muerte de cuatro personas (asesinato, dijo el ministro de Gobierno; reacción a abusos policiales, dicen los pobladores) pone un epitafio a la pretensión de eliminar el fenómeno o reencauzarlo pacíficamente hacia un nivel controlable.
El negocio de las drogas está afincado en el país, tiende a crecer y combatirlo está más allá de la capacidad de un gobierno. En Colombia, la producción y el tráfico de drogas derivaron en una guerra interna de años que llevó a una alianza con Estados Unidos para evitar que el estado sucumbiera al poder de los carteles.
Un punto crítico del estudio, al escribir esta nota aún desconocido, es la extensión de cocales necesaria para el consumo interno y tradicional, el argumento básico contra la erradicación que endosaron organizaciones europeas y entidades multinacionales. A la hora de la verdad, el gobierno ha vacilado, evitando publicar el informe. Hay versiones recurrentes de que para las necesidades domésticas bastarían de 6.000 a 8.000 hectáreas, una fracción de las 25.300 hectáreas que sumarían las plantaciones, según Naciones Unidas, 31.000 hectáreas, de acuerdo a otros informes, y casi el doble, de acuerdo a datos no oficiales. Se estima que la producción de dos tercios de esas extensiones va a la fabricación de cocaína. El gobierno está ante un terrible dilema: erradicar y enajenarse sin remedio el apoyo de sus fieles aliados cocaleros o enajenarse el de quienes creyeron su promesa de erradicación.
El presidente Morales reconoce que la sobreproducción se destina a la cocaína y que en Apolo, donde muchas comunidades tienen plantaciones, hay fabricación de droga. El problema no se presenta fácil, pues los apoleños dicen que sus plantaciones son legales pero se las utiliza para compensar lo que no se erradica en otras regiones productoras, una referencia apenas velada al Chapare, de cuyos cocaleros el mandatario es también presidente. El problema es un desafío, del que los sucesos de Apolo pueden ser sólo una muestra de la magnitud del témpano que estaría empezando a emerger.

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