Escrito en la pared

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Actualización: Substituyo meses por SEMANAS, en penúltimo párrafo. (*)
La muerte de José María Bakovic ha conmovido al país. Con 76 juicios esparcidos en siete de nueve departamentos a lo largo de todo el gobierno actual, este desenlace es una tragedia que exhibe el rostro maligno de la justicia en Bolivia. El final de este ingeniero, de carrera exitosa de tres décadas en el Banco Mundial, del que fue uno de sus funcionarios más prestigiados pero que había dejado “muchas dudas, muchas preocupaciones” en el presidente Morales antes de despedirlo, era un mensaje escrito en la pared.
La precariedad de su salud era una guillotina pronta a caerle al cuello que nadie podía ignorar, desde las autoridades del gobierno hasta los forenses, desde los jueces y fiscales hasta la propia administración de carreteras. Todo el capítulo es un mensaje cuyas implicaciones deberían leer también los magistrados empeñados en traer de vuelta a Bolivia al ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. Por su magnitud, es improbable que lo ocurrido pase desapercibido para quienes en Estados Unidos examinan el caso del ex mandatario y lo contrastan con la forma de justicia que impera en el país.
En la Bolivia de este tiempo, el episodio no es excepcional. A principios de año, todos los involucrados en el Juicio del Siglo (terrorismo, magnicidio, alzamiento armado y separatismo) tuvieron que hacer maletas y de Tarija trasladarse a Santa Cruz, pues uno de los acusados de participar en ese múltiple complot empezó a sangrar por la nariz y tuvo un infarto durante una pausa en la sala de sesiones. Ronald Castedo ingresó a terapia intensiva tras ser traído desde Tarija y permaneció hospitalizado durante dos semanas. Su organismo logró reponerse relativamente sólo para volver a las sesiones del mismo juicio, pero en Santa Cruz, pues era evidente que su corazón no aguantaría los 1.950 metros de altitud de Tarija, menos aún los 2.570 de Cochabamba, donde había sentido malestares.
No pasaron tres meses antes de que volviera a la misma sala. En mayo, las debilidades de su corazón, que bombea a un cuarto de capacidad, lo llevaron de nuevo a la Clínica Foianini, donde le colocaron un dispositivo adicional en una de las arterias para ayudarla a permanecer abierta y sin obstruir la circulación sanguínea. Fue el quinto insertado en sus canales sanguíneos, me dijo, en una cuenta que empezó en 2005 (dos, con un bypass) y seis años después otros dos.
De típico buen humor, hace pocos días, al celebrar en el Palacio de Justicia de Santa Cruz un nuevo cumpleaños (56, “el mismo día de Fidel”) con sus compañeros de proceso, tenía dificultades al caminar en la sala o para ir al baño, un piso más abajo. Al comenzar octubre lucía físicamente diferente respecto a un par de meses antes. Sus camisas y pantalones parecían tres números más grandes que los que vestía a principios de año. “En semanas he aumentado más de 12 kilos…y esto sigue”, me dijo bajando los brazos y abriendo las manos. Los médicos le han diagnosticado un edema cardiovascular. Su organismo retiene sal y líquidos en proporciones anormales. El manual médico simple explica la enfermedad y la gravedad progresiva que experimenta cuando el paciente es sujeto a un stress superior al que se tendría bajo una vida normal.
Castedo tampoco es una excepción en el caso, que se arrastra desde hace cuatro años y seis meses que le confieren una longevidad nada común en la jurisprudencia mundial. Expresa la regla de un sistema que en las audiencias de Tarija fue proclamado como “patria o muerte” por un fiscal, al responder a las protestas de los acusados por el estado de Castedo y el respeto al derecho a la vida que debe proteger a todas las personas. El fiscal sostuvo que, bajo el gobierno que rige Bolivia, el derecho a la vida es un valor inferior al de la patria.
En el proceso, un militar fue apartado hace tiempo porque su memoria no le responde y sus compañeros en el caso dicen que con frecuencia no logra coordinar ideas. “El Viejo” Ignacio Villa Vargas, testigo clave convertido en acusado clave, sufre frecuentes malestares, agravados por una diabetes mal controlada que a veces le registra 300 en los medidores digitales de glucosa. Los médicos internistas saben que la oscilación normal de glucosa es 70-110. Villa Vargas tiene las piernas hinchadas y debe desplazarse en silla de ruedas.
Alcides Mendoza, ex dirigente de la Unión Juvenil Cruceñista, ha tenido problemas de presión y taquicardia que han obligado al tribunal a suspender las sesiones un par de veces. Juan Carlos Guedes, el mecánico que dijo que había vendido una pistola mugrienta y sin cacerinas a Euardo Rózsa Flores, a quien se atribuye la comandancia del grupo que se proponía derrotar al ejército boliviano, estuvo aquejado por una laringitis aguda y denunció que no se le permitía una atención médica adecuada.
Entre los acusados está el general retirado Gary Prado Salmón, también en silla de ruedas pues tiene paralizada la mitad del cuerpo. No puede permanecer más de tres horas sentado y durante las audiencias debe recibir terapia asistido por su esposa y su hijo.
El espectáculo es extraño para un grupo que supuestamente trabajaba en un plan para someter al ejército y fundar una nueva nación sudamericana.
“La ley protege la vida”, dijo Herman Fries, uno de los defensores de Castedo durante una sesión hace tres semanas, en la que no consiguió que los jurados admitan que la salud de su defendido estaba amenazada. “La ley protege la vida” reiteró exasperado, “pero los fiscales quieren que mi cliente muera aquí mismo”.
La especialista del Instituto de Investigaciones Forenses había dictaminado que la condición de Castedo era crónica y no ameritaba declararlo incapacitado. Junto a otros dos colegas, la forense también examinó a Makovic y dio luz verde para que viajase a La Paz. Jueces y fiscales acuden a ese instituto para que evalúe la salud de los acusados. La tendencia de los informes forenses va generalmente de la mano de la de los fiscales. Tras examinar a Castedo, la forense Sheila Cádiz Gutiérrez decidió que estaba apto para continuar en el proceso. Uno de los fiscales se había apoyado en el informe de la forense para sostener que la condición crónica de Castedo determinaba que podía morir en cualquier momento, en la calle o en el patio de su casa, pero que eso no justificaba excluirlo del proceso.
Con ese razonamiento, habrá que rogar para que la tragedia que ha ocurrido no se vuelva recurrente.
(*) Este artículo figura en la más reciente edición de Nueva Crónica y Buen Gobierno, del INstituto Prisma (Nueva Crónica Nº 133.pdf).

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