Lecciones de Carandirú

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El 3 de agosto, 25 policías fueron sentenciados por una matanza ocurrida en octubre de 1992 en Carandirú (afueras de Sao Paulo), entonces el penal más grande del país vecino. Cada uno recibió 624 años de presidio. Cuatro meses antes, otros 23 policías habían recibido condenas más reducidas en apariencia pero igualmente fatales: 153 años cada uno, por la masacre policial más sanguinaria de la historia moderna de Brasil. Y doce años antes, en 2001, el comandante de la escuadra policial ejecutora, Ubiratán Guimaraes, recibió 632 años de presidio, de los cuales cumplió solamente cinco antes de ser absuelto por un juez y morir asesinado tiempo después. Se  le atribuye haber dicho que su actuación “fue un trabajo como tantos otros en 33 años de servicio”. El fragor de las noticias nacionales dejó poco tiempo y espacio para hablar de esa masacre, que ofrece muchas lecciones sobre la justicia y sus administradores.

El penal fue inaugurado en 1956 para albergar a 5.000 personas. En el momento de la matanza, tenía más del doble. Los encargados de la seguridad facilitaron el motín que dio origen a la brutal intervención de la policía y después fingieron ignorar lo que estaba ocurriendo. Fue tal el horror de la ciudadanía que las autoridades ordenaron el cierre y demolición de la prisión, que con la matanza se había ganado el título de uno de los peores centros de extorsión, violencia e  impunidad en el mundo. El día de la masacre, la policía ingresó a los pabellones sin abrir diálogo alguno con los amotinados y aprovechó para matar presos indiscriminadamente. De los 111 muertos aquel día, 102 fueron ejecutados por la tropa armada que disparó a quemarropa dentro de los pabellones, y nueve por actos de venganza entre los propios detenidos. Cuando fue demolido el penal, uno de los presos dijo: “Se ha demolido al infierno”. Sorprenden algunos parecidos con otras revueltas carcelarias, incluso la reciente de Palmasola, algunos de cuyos detalles empiezan a emerger.

Dos décadas después de la matanza de Carandirú, responsables y ejecutores están arrinconados por condenas equivalentes a la pena de muerte. La magnitud de las sentencias, que ningún reo podrá cumplir sino mínimamente,  reafirma que la impunidad, el abuso y la prepotencia de quienes detentan poder puede durar y hasta parecer insoportables, pero llega un momento en que el destino (la propia justicia) ajusta las cuentas y presenta la factura. Otras dos tandas de acusados recibirán sentencias este año, hasta cubrir a todos los policías que protagonizaron el suceso. “Sic transit gloria mundi” (así pasa la gloria del mundo), habrían dicho los romanos.

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