Mes: agosto 2013

Crisis en el Juicio del Siglo

Posted on Actualizado enn

Un recuento de la jornada de hoy

El Juicio del Siglo que se desarrolla en Santa Cruz desde comienzos de año ingresó este lunes a una zona de crisis con la ausencia de una de las jueces técnicas debido a problemas de salud.
La falta de la juez Luisa Elena Jemio Limachi, que sufre de parálisis facial, fue reprobada por el presidente del tribunal, el juez Sixto Fernández, quien la semana antepasada había asegurado que la juez estaría presente, y por el fiscal del Ministerio Público, Sergio Céspedes, quien dijo que la actitud de la magistrada equivalía a querer apartarse del juicio más controvertido de la historia boliviana este siglo y a la vez pretender ejerciendo funciones. “Es una vergüenza”, dijo, al poner en entredicho las excusas de la magistrada. Dijo también que la actitud de la jueza parecía “una tomadura de pelo”. El juez Fernández remató diciendo que la juez había estado en audiencias el viernes, lo que ponía en duda la imposibilidad de venir a Santa Cruz.
Desde La Paz, donde sigue tratamiento para su dolencia, la juez envió una carta al tribunal, criticando a sus colegas del jurado por haber emitido una orden para comparecer en las sesiones sin tomar en cuenta los certificados médicos que acreditaban su condición de paciente, ni su condición de parte del jurado. El reclamo de la juez era también por el procedimiento, pues no podría ser notificada para comparecer en un acto del que, por integrar el tribunal, es parte. La juez ha sido disidente en algunas cuestiones decididas por sus colegas del tribunal.
A la crisis en el tribunal se agregó la inasistencia de uno de los acusados, afectado por una dolencia estomacal; la falta de abogado para otro, que pidió un defensor público, y un reclamo de El Viejo que demandó garantías para su seguridad, pues en la vivienda donde suele estar con sus hijos en los momentos en que está fuera de la prisión de Palmasola, fueron encontrados explosivos. “Es la tercera vez” que ocurre ese tipo de incidentes que amenazan su seguridad personal y de su familia, dijo Luis Ignacio villa Vargas, próximo en la lista de acusados para declarar ante el tribunal.
Un cuarto incidente fue descubierto durante la sesión: Ronald Castedo, el ex presidente de Cotas, estuvo interno en la Clínica Foianini de Santa Cruz durante seis días recibiendo tratamiento de urgencia a causa de complicaciones en su sistema cardiovascular. Castedo ya fue operado en mayo pasado, cuando le colocaron un extensor en una de sus arterias. Su condición no fue suficiente para avalar el reclamo de su defensa para que se lo aparte del juicio y el juez determinó, con los informes de una forense venida de Sucre, que debía continuar asistiendo a las sesiones. Al informar sobre la recaída de Castedo, la defensa subrayó que el ex ejecutivo de Cotas cumplía con el mandato del juez pese a los riesgos que, subrayó, corre su salud.
La inasistencia de la juez Jemio fue un desaire para el juez Fernández, quien, ante preguntas incómodas de la defensa que reclamaba que Jemio fuese excluida del juicio para reconducir el proceso por un carril normal había afirmado que ésta sí estaría presente este lunes. No hizo ningún comentario respecto a su vaticinio incumplido, pero aseguró que la juez, pese a su dolencia, había asistido a audiencias en La Paz, lo que evidenciaría una actitud discriminatoria sobre el juicio en curo en Santa Cruz.
La sesión fue suspendida hasta este martes en la mañana. Se espera que en las horas que siguen el ex funcionario de Cotas Carlos Eduardo Pereira supere su dolencia estomacal, y que pueda organizarse una defensoría pública para Juan Alberto Kudelka. La abogada Verónica Suárez, que lo defendía, no estuvo presente en la sesión.

¿Sobornos para ceder el Acre?

Posted on Actualizado enn

Entretelones de la historia (*)

Los cesión de territorios bolivianos a Brasil fue resultado no sólo de las debilidades de un país que descuidaba sus fronteras y carecía de una diplomacia consistente como la que estructuraban sus vecinos más importantes. Aparte de las deficiencias logísticas y la fragilidad de Bolivia, que acababa de perder su litoral con Chile, en la guerra del Acre pudo haber existido otro factor desagradable y desconocido oficialmente: la codicia y liviandad de funcionarios bolivianos que se habrían dejado sobornar. Los supuestos sobornos pueden haber sido cartas en la baraja del forjador de las actuales fronteras brasileñas e inspiración permanente de la diplomacia de ese país: El Barón de Rio Branco. Pero la posibilidad de investigarlos documentalmente fue enterrada hace dos años, cuando Brasil acordó cubrir con un “silencio eterno” la información que cursa en sus archivos sobre los conflictos con Paraguay (Guerra de la Triple Alianza) y Bolivia. El motivo era no mancillar la imagen histórica del estadista, reverenciado en Brasil como lo es Bolívar en Venezuela y Bolivia.
Este elemento de las relaciones brasileño-bolivianas es uno de los capítulos novedosos que trae “Relaciones Brasil-Bolivia: La Definición de las fronteras” (Plural Editores, 246 páginas), una obra densa del periodista boliviano residente en Brasilia Walter Auad Sotomayor. Este jueves  8 de agosto tuvo su primera presentación en La Paz. Después lo hará en Cochabamba y en Santa Cruz.
Auad Sotomayor recorre la historia de las relaciones entre Brasil y Bolivia con la óptica de boliviano que reside en el país vecino hace muchos años y la agilidad narrativa de un periodista sazonado. Parte desde la colonia y pasa por las cortes de España y Portugal, hasta desembocar en las guerras libertarias y, de allí, observa el surgimiento de las repúblicas en las que se fragmentaba el imperio español frente al bloque unitario que se consolidaba en la región continental portuguesa.
Se suele decir que Brasil resultó grande porque los portugueses querían tener a España muy distante. A Bolivia, eso le representó 290.000 kilómetros cuadrados, casi una Santa Cruz. Pero el éxito brasileño en permanecer como un conjunto puede también ser atribuido a la visión de la corona portuguesa de traer al reino a Brasil y a mandar desde la colonia, lejos de las guerras que consumían las energías del viejo continente.
Bajo protección inglesa entre 10.000 y 15.000 hombres desembarcaron en Brasil junto a la corte en sólo un par de días en 1807. Probablemente fue una de las mayores operaciones navales hasta entonces conocidas. El historiador sugiere que esta masiva importación de recursos humanos confirió solidez al imperio que se gestó dando continuidad a una gestión administrativa bajo lentes más objetivos que si hubiese buscado una visión autóctona. En poco tiempo había un ejército organizado, un banco oficial y una diplomacia profesional. Bolivia, en contraste, se consumía en su lucha por consolidarse.
De la lectura de la obra se infiere que las relaciones con el gigante surgido al este, al norte y al oeste y que debían haber sido privilegiadas por los fundadores de Bolivia, surgieron de la intermediación de un diplomático colombiano más que de una gestión boliviana inteligente. También deja suponer que una buena gestión diplomática habría prevenido la guerra del Pacífico. El escritor detalla gestiones infructuosas (1838) del Mariscal Santa Cruz para conseguir apoyo naval brasileño que, años después, podían haber disuadido el avance de Chile sobre la costa boliviana y peruana.
La tenacidad de la frágil diplomacia boliviana para defender las conexiones nacionales con la ribera occidental del rio Paraguay resultado del tratado de San Ildefonso (1777) exhibe la incomodidad de depender casi totalmente de puertos sobre el Pacífico y la importancia de consolidar y ganar accesos al Atlántico, como después se insistiría desde Santa Cruz (Memorándum de 1904).
Este es sólo uno de los muchos episodios que emergen de la obra Auad Sotomayor. Por ejemplo, resulta evidente el empeño de Estados Unidos, al que el actual gobierno declara enemigo, por ayudar a Bolivia a paliar sus heridas causadas por la guerra del Pacífico y socorrerla en la cuestión del Acre.
La obra transcribe algunos acápites en la prensa cuando Brasil debatía el “sigilo eterno” sobre capítulos de la historia del vecino país. De un artículo de la periodista Eliane Cantanahede, de Folha de S. Paulo, el 18 de junio de 2011, extrae los siguientes párrafos (la periodista es una de las tiene mayor crédito en Brasil):
“En Itamaraty, los intereses (de sigilo eterno) son la Guerra del Paraguay (Triple Alianza) entre 1864 y 1870, cuando la población masculina fue prácticamente diezmada, y principalmente la compra del Acre a Bolivia (1903).
“Mientras la cuestión con Paraguay es tratada por historiadores, la compra del Acre podría exponer a Brasil internacionalmente bajo dos aspectos: afectar la imagen del Barón de Río Branco, ícono de las Relaciones Exteriores, e incluso generar cuestionamientos jurídicos sobre las fronteras.
“Quien conoce la papelada dice que hay documentos del Barón ofreciendo so¬borno al gobierno de Bolivia en la época”.
El presidente Morales no estaba lejos de la verdad cuando, en 2006, en Londres, espetó sobre delegados brasileños que asistían a una conferencia y en la que se había hablado de la toma militar de las instalaciones de Petrobras en Bolivia, que a su país lo despojaron de territorios extensos y que incluso había llegado a cederlos a Brasil a cambio de un caballo. Sólo que el mandatario boliviano confundió la geografía: Mato Grosso por el Acre y los tiempos y personajes.
La historia es más específica, recuerda Auad Sotomayor. La presencia boliviana en el Acre era mínima y, tras varios incidentes en los años anteriores, la derrota fue decidida cuando el Barón de Rio Branco lanzó un ultimátum: Brasil tenía 8.000 hombres prontos a avanzar sobre la zona. Bolivia, sólo un décimo. La debilidad de Bolivia, derrotada en la guerra del Pacífico, facilitó el avance de las metas de Brasil que, al agudizarse la controversia sobre el Acre, prohibió el tránsito de mercaderías de y hacia Bolivia por las rutas del Amazonas. De la lectura se siente que Bolivia tenía una soga en el cuello amarrada desde dos puntas: en el oeste, con Chile, y en el este, con su vecino mayor.
Otros hechos habían sucedido para desembocar en la orfandad boliviana. La tentativa de formar un consorcio anglo-norteamericano para administrar el Acre y volverlo una región viable para Bolivia fue resistida activamente por Brasil, cuenta el escritor, que temía que el consorcio conllevase propósitos que más adelante pudiesen amenazar su propia soberanía. Los estados locales antipatizaban la instalación de una aduana que empezaba a cobrarles impuestos sobre el caucho, la riqueza que había movilizado a millares de brasileños hacia el lugar en el que eran franca mayoría.
Jugó con la mano de Brasil la torpeza boliviana en sus relaciones exteriores que la dejaba sin amigos decisivos. Belzu había expulsado al encargado de negocios inglés en 1853 en medio de “desmanes”, de acuerdo a la descripción del autor. Ese nivel de relaciones sería repuesto 44 años después y hecho efectivo sólo en 1903, cuando el Acre ya estaba perdido.
Auad Sotomayor registra que la negociación que definiría el futuro del territorio se llevó a cabo en Petrópolis, cerca de Río de Janeiro, en un lugar inconveniente, por lo menos diplomáticamente: la casa del Barón. Con la disputa con Bolivia, el Barón iba a alcanzar el cénit de su prestigio diplomático. Bolivia había rechazado tanto la compra como un canje de territorios y la tensión entre los dos países crecía y se especulaba sobre una guerra. Bolivia llegaba al territorio disputado en meses, a veces hasta más de un año, y los empresarios bolivianos tenían que pasar por territorio brasileño.
La obra subraya que a cambio de los territorios adquiridos, en el Tratado de Petrópolis (1903) Brasil cedió trozos estratégicos: los 2.300 kilómetros cuadrados de Mato Grosso que reabrieron a Bolivia el margen derecho del rio Paraguay sobre una ribera de 400 kilómetros y permitieron construir Puerto Busch, ahora vital para exportar por el Atlántico. Resultado del reacomodamiento fronterizo es también la actitud de Brasil, constituido en garante de la integridad territorial boliviana.

(*) Esta nota fue publicada también hoy en El Diario, La Paz

Chaparina: A dos años quedan pocas dudas

Posted on

Con la declaración del ex viceministro del interior Boris Villegas, ahora preso del mismo sistema que ayudó a estructurar y funcionar, quedan pocas dudas sobre el origen de la orden para reprimir a los indígenas de la octava marcha que caminaban rumbo a La Paz hace dos años. En la declaraci[on que hizo al fiscal que investiga la represión ocurrida entonces, Villegas afirmó que la orden vino del entonces Ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, quien ahora representa a Bolivia ante la Organización de las Naciones Unidas. Correspondería un careo, un mano a mano entre los dos que estoy seguro que el país entero pagaría por ver. Sería interesante una encuesta rápida para ver cuál de los dos merece más confianza –o desconfianza- de la ciudadanía. ¿Será que las encuestadoras encontrarían auspiciador?
La orden dada por el ex ministro compromete al presidente y al vicepresidente, quienes difícilmente podrán argüir que no sabían lo que estaba ocurriendo. Fernando Vargas, el dirigente del Tipnis, asegura que la decisión de intervenir la marcha fue tomada por todo el gabinete de ministros de entonces. La versión de Vargas coincide con las que se han dado desde el asalto policial sobre la marcha. En su momento, la entonces dirigente Justa Cabrera responsabilizó al presidente Morales.
Citado en Erbol, el dirigente dijo: “Don Sacha Llorenti no es el que dio las órdenes porque quiso…la intervención…se la ha decidido en gabinete…eso se lo ha hecho con el consentimiento de todo el gabinete y con el consentimiento del presidente del Estado Plurinacional, don Evo Morales.”
Cerca del segundo aniversario del asalto, no es difícil percibir la magnitud de la brecha de ocurrida desde entonces entre los indígenas del trópico y el presidente y el partido de gobierno. La controversia no ha amainado y Chaparina emerge como río divisor del movimiento indígena que un tiempo lucía compacto.

Olor a guerra fría

Posted on Actualizado enn

Los países integrantes de ALBA estudian formar un bloque militar que evoca el Pacto de Varsovia, forjado por la disuelta Unión Soviética en uno de los momentos más tensos de la guerra fría. La propuesta de una alianza militar (una agresión a cualquier miembro del grupo es contra todos) partió hace unos días del presidente Morales durante un seminario sobre seguridad y defensa en Santa Cruz, al que le siguió una “cumbre anti-imperialista” en Cochabamba, con delegados de organizaciones de aquel grupo de naciones donde la iniciativa ha tenido eco. El presidente fue declarado líder mundial.

El Pacto de Varsovia fue el complemento armado del Comecon, el consejo de asistencia económica mutua que formaron los países de la órbita de la ex URSS para anteponerse a Europa Occidental, que empezaba el proceso de integración que llevaría al Mercado Común, la raíz de la actual Unión Europea. Ese pacto se proponía también anteponerse a Estados Unidos y sus aliados que formaron la OTAN, los que, por su lado, buscaban evitar ser engullidos por la marea que había cubierto a casi todo el vecindario ruso tras la II Guerra Mundial. Los comunistas que asumieron el poder en esos países sólo lo perdieron cuando cayó el Muro de Berlín y la Unión Soviética fue disuelta. Nunca hubo un choque directo entre los dos colosos militares, pero en el lado soviético los ejércitos fueron eficaces en ahogar tentativas libertarias dentro de su geografía. Una gran excepción fue Polonia, en 1989, donde Solidaridad, a la cabeza del católico Lech Walesa, arrasó con casi todos los escaños en la primera elección libre desde la ocupación rusa. La historia que vino después es de ayer.

El planteamiento de alianza militar tiene olor a tiempos de la guerra fría. Es difícil creer que haya una amenaza real de “intervención imperial” sobre los países del ALBA o que éstos tengan dinero e industrias para formar ejércitos equivalentes a los principales de la OTAN (el de Francia o Inglaterra, para no hablar de USA).

Más sensato y de efectivo valor “anti-imperialista” sería una alianza por la educación, y en vez de escuelas militares forjar una “doctrina de la educación” con escuelas normales que impartan mayor y mejor capacitación; con equipos, laboratorios y apoyo masivo a los sobresalientes de todos los colegios. Pero no es sensato proyectar alianzas militares entre naciones donde no son pocos los que todavía van a dormir con hambre.

Juicio del Siglo empantanado

Posted on Actualizado enn

Las dolencias de una juez han puesto en aprietos al tribunal que preside el Juicio del Siglo, donde los cargos de conspiración para matar al presidente Morales van de la mano de los de alzamiento armado, terrorismo y separatismo. Es una de las acusaciones más graves formuladas por el Ministerio Público en contra de un grupo de ciudadanos en toda la historia nacional.
Los problemas de salud no son nuevos para este tribunal, cuyas audiencias tienen lugar en Santa Cruz desde principios de año. Ya tuvo que tomar decisiones cuando uno de los acusados sufrió un infarto en plena sala de audiencias a principios de año, en Tarija. Ahora tiene dificultades para decidir entre apartar del proceso a la juez Julia Elena Gemio o mantenerla. Los miembros del tribunal no son substituibles y deben acompañar los casos que se les asigna hasta el final del proceso. Un alejamiento de la magistrada debilitaría al tribunal pues una baja adicional por cualquier motivo podría llevar a su disolución. Mantenerla conlleva el riesgo de repetidas demoras y pausas en el proceso que estalló el 16 de abril de 2009, cuando ocurrió la incursión policial al Hotel Las Américas y que con el correr de meses y años es causa de exasperación entre los acusados y sus parientes. En el mes de julio hubo sólo dos sesiones parciales, en los días 29 y 31, y el debate fue dominado por la ausencia de la juez.
La magistrada, de 46 años, tiene baja dictada por la Caja Nacional de Salud, corroborada por la forense a la que regularmente recurre el tribunal, la sucrense Sheila Cádiz Gutiérrez. Sufrió una parálisis facial y su rehabilitación puede llevar unos 30 días. El pasado jueves juez Sixto Fernández optó por suspender las audiencias hasta el 12 de agosto. Ante la pregunta de si, por tratarse de una dolencia de origen nervioso, no estaría simplemente prorrogando la decisión de apartar del proceso a la jueza, respondió que estaba seguro que la magistrada se reincorporaría. La afirmación sobre un problema de difícil predicción, pues por su origen nervioso la recuperación depende también de otros factores, dio lugar a comentarios sarcásticos de la defensa. “El juez se ha vuelto un especialista médico que, además, lee el futuro”, dijo Otto Ritter.
La reanudación de las audiencias dentro una semana mostrará si el optimismo del juez era justificado o si la defensa tenía razón al plantear su alejamiento.
La dolencia de la juez plantea otros ángulos que fueron recordados por la defensa en las dos sesiones finales. El tribunal no aceptó separar a Ronald Castedo del proceso colectivo que involucra a 39 imputados. A principios de año, el ex presidente de COTAS sufrió un infarto que obligó a trasladar las audiencias de Tarija a Santa Cruz. En mayo, Castedo sufrió un desmejoramiento notable y otra vez debió ser internado de urgencia. Los médicos le colocaron un “stent” para facilitar el fluido sanguíneo por una de sus arterias. La forense oficial opinó que Castedo podía continuar asistiendo a las sesiones, en línea con la argumentación de la acusación. Desde entonces ha habido sólo tres o cuatro sesiones que han aumentado las semanas que lleva el proceso, rumbo a cumplir 52 meses.
El tribunal ha sido también inflexible con otros acusados, inclusive el general Gary Prado Salmón, a quien se le exigió un examen forense minucioso que también determinó que debe asistir a las sesiones, durante las cuales su esposa María del Carmen y su hijo, el abogado Gary Prado Araúz, lo auxilian con fisioterapia en un angosto corredor al lado de los asientos del público.
La exasperación por la dilación del proceso fue notoria el jueves cuando dos acusados, Gelaffio Santisteban y Juan Carlos Guedes, expusieron brevemente sus propios problemas de salud. Santisteban tuvo una fractura en la muñeca (“ni me acuerdo en qué año ni cuándo; estoy tanto tiempo preso”), pero las autoridades del penal de La Paz no le permitieron ser tratado por un especialista. Le dijeron continuamente que sólo tenía una luxación. Ahora padece de una bursitis crónica y tampoco recibe el tratamiento adecuado.
Guedes, normalmente de voz altisonante, apenas consiguió hablar a causa de una laringitis aguda resultado dijo, de un edema pulmonar causado por “la pateadura que recibí de la UTARC” (la unidad que invadió el hotel. “Estoy perdiendo la voz”, le dijo al tribunal. “Pronto debo declarar y no sé si podré hacerlo”.

Rebelión contra los resultados del censo

Posted on Actualizado enn

Santa Cruz y otros cinco departamentos han desenterrado el hacha del conflicto (prefiero no hablar de guerra…). La chispa han sido los datos del censo que, sin una explicación que convenza, reposicionaron a La Paz como cabeza demográfica de Bolivia y relegaron a Santa Cruz, que había sido ungida en el primer lugar por el presidente Morales a principios de año.

La titular de la cartera de Planificación, Viviana Caro, juró en la TV (No Mentirás) que los datos anunciados por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) son estrictamente correctos y que no han sido manipulados. Esta noche, su juramento (es figura retórica, pues no la vi levantar la mano ni hacer la señal de la cruz) no era creíble, al menos para la representante del MAS en Santa Cruz Margoli Guzmán, quien desde otra red televisiva (Que no me pierda) dijo que el departamento oriental debe actuar unido para defenderse ante la desventaja demográfica en la que ha sido colocado.

Era evidente que incluso el partido de gobierno estaba incómodo con el paso mágico que hizo desaparecer en el sombrero a 362.000 bolivianos (entre ellos 180.000 cochabambinos y 121.000 cruceños) que en enero estaban en el informe que presentó al país el presidente Morales. La Ministra Caro reconoció que el porcentaje era mayor al previsto pero que cabía en el cálculo estadístico para el censo: un margen máximo de error del 3%. Ese margen máximo es la diferencia entre los datos preliminares anunciados por el presidente en enero y los del INE anunciados en julio. Curiosa proximidad.

Así como para los lideres cruceños los nuevos resultados son un píldora díficil de pasar, para Cochabamba la cuestión es igualmente quisquillosa. Los datos del empadronamiento no sólo son la base para calcular las regalías departamentales. Un cuestión de importancia más irritante es que con ellos se define la composición de la Cámara de Diputados. A partir de ahí las especulaciones que escuché no eran un buen augurio de paz en la proximidad de las fiestas patrias.

En Santa Cruz, la jornada fue muy agitada a partir del anuncio oficial de los datos censales. El gobernador Rubén Costas lanzó un discurso encendido y no creyó en los datos. El Comité pro Santa Cruz calificó el anuncio como una provocación y anunció una reunión directiva para este jueves y buscar una consulta de alto nivel con los otros cinco departamentos que han perdido población entre los anuncios de enero y el de esta semana. Dispuso también exigir una explicación detallada del Ministerio de Planificación sobre la variación entre enero y julio. Además, habrá una “Asamblea de la Cruceñidad” que probablemente adoptará otras medidas aún no definidas.

Está reabierta una fase de tensión entre departamentos y el gobierno. Deficiencias e incidentes como los registros y boletas censales abandonadas en un galpón de la fuerza aérea en Santa Cruz, la ausencia de empadronadores (testimonié quejas en las afueras de Santa Cruz, carretera a Camiri) en muchos lugares, la determinación del gobierno de ignorar el término o categoría de “mestizo”  han resurgido con virulencia. Nadie parece creer en la limpieza de los resultados. El comentario prevalecientes es que los resultados, aún con las deficiencias en su tiempo señaladas,  han sido arreglados para llegar al resultado presentado este miércoles.

La controversia tiene para largo, y algunos temen que llegue a ensordecer el ambiente nacional respecto a otros temas en discusión, inclusive el que regula la información del estado. Una de las primeras bajas de lo que está ocurriendo es el deseo del partido oficial de “enamorar a Santa Cruz. No creo que el pretendiente se atreva a presentarse ante la novia ni visitar la casa de sus padres. Correría el riesgo de un terrible desaire capaz de acabar con sus pretensiones.